nombre reservado con PREFECTURA DE CARABINEROS nombre reservado

nombre reservado

Prefectura de Carabineros de nombre reservado

Recurso de Protección Rol N° 746-2024.- La Serena, veintisiete de junio de dos mil veinticuatro.

​ VISTOS:

PRIMERO: Comparece la abogada CONSUELO VARAS CATALAN, en representación de don nombre reservado, interponiendo la acción constitucional de protección en contra del Prefecto de la Prefectura de Carabineros nombre reservado, don nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario contenido en la RESOLUCIÓN EXENTA Nº 441 de fecha 17 de abril de 2023 la cual dispone la baja de las filas de la Institución del Sr. nombre reservado , con efectos inmediatos, por conducta mala.

Señala que el fundamento de dicha decisión recae en que con fecha 17 de abril de 2024, se llevó a cabo audiencia de Formalización en causa RUC 2300063885-4, RIT O-4822-2023, en el Juzgado de Garantía de nombre reservado, en la que su representado tiene calidad de imputado por los hechos que se están actualmente investigando.

Explica que la sanción disciplinaria aplicada se fundamenta en haber “quedado debidamente establecido que pretexto una enfermedad para eludir sus servicios adquiriendo para ello una licencia médica falsa…”.

A su juicio la institución recurrida ha emitido un juzgamiento que no le corresponde, al asumir que su representado es culpable por los hechos que aún se le investigan, convirtiendo la decisión en un mero capricho de la autoridad al no existir razonabilidad en ella careciendo de todo sustento legal, puesto que el sr. nombre reservado en ningún caso ha admitido responsabilidad y/o ha quedado “debidamente establecida”.

Resalta que le resulta curioso lo informado por la Sección de Asuntos Internos de Carabineros, quienes en base a una comunicación como lo es la formalización, establecen que su representado “adquirió licencias médicas extrainstitucionales, las que fueron extendidas por un médico del Cesfam de Tierras Blancas, previo pago de una determinada suma de dinero.”, hechos que son materia de investigación.

Agrega que el documento carece de faltas en el acápite A.1) que transcribe , en donde se indica que “los únicos órganos competentes para ejercer el control técnico de las licencias médicas son la organismo colegiado y técnico que emitió su pronunciamiento a través de la Resolución Exenta Nro. 957, de fecha 15.04.2024 de la Comisión Médica Central de Carabineros, la cual resolvió rechazar por unanimidad de sus miembros las licencias médicas presentadas por el Sgto. 2do. nombre reservado, durante el periodo comprendido entre 27.12.2022 y el 25.01.2023, entre el 01.02.2023 y entre 18.03.2023 y 01.04.2023.”

Al efecto acusa que no se explica el motivo por el cual el documento expone el rechazo de esas licencias las cuales no contemplan el periodo de investigación y que, en segundo término, a su representado se le notificó en su oportunidad de la Resolución Exenta Nº 182 de fecha 31 de julio de 2023, que las licencias que comprenden el periodo de 16.02.2023 al 01.04.2023, se encuentras justificadas y autorizadas, por lo que la Institución cae en una contradicción al señalar que ese periodo y recién con fecha 15.04.2024 en la que ya tenían conocimiento de la formalización de su representado, haya cambiado de criterio respecto de esas licencias, sin perjuicio de que, como ya se expresó, tampoco corresponden al periodo de investigación en la causa penal correspondiente y que además, dicha resolución exenta tampoco le fue debidamente notificada a mi representado.

Expresa que nunca se le objetó alguna licencia médica en sus años de servicio y tampoco se le citó para comparecer ante dicho organismo, por lo que no se explica que lo hayan incorporado entre los funcionarios que estarían siendo objeto de investigación en la causa RUC 2300063885-4, RIT O-4822-2023, en el Juzgado de Garantía de nombre reservado, ya que, incluso uno de los periodos en que don nombre reservado se encontraba con licencia, corresponden a una operación por Hernia Inguinal realizada en el mismo Hospital de Carabineros, la cual fue diagnosticada aproximadamente en noviembre de 2022 a raíz de un accidente que sufrió en acto de servicio.

Manifiesta que existe una falta de proporcionalidad en la decisión adoptada por la Prefectura de nombre reservado consistente en la “baja de las filas por conducta mala y esto con efectos inmediatos”, ya que, a raíz de una investigación que ya se judicializó, lo castigan con la sanción más gravosa dentro del reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile Nº 11, toda vez que, la conducta que se reprocha la supuesta obtención de licencias médicas con la finalidad de evadir el servicio, realizando un juicio adelantado de una materia que actualmente se encuentra en investigación y que es el Ministerio Publico el encargado de demostrar que su representado seria culpable por esos hechos, por lo que no le corresponde al Prefecto o a esa Prefectura avocarse facultades que ni la Constitución ni las leyes les encomiendan, aplicando en consecuencia la sanción disciplinaria más gravosa sin que se instruya previamente un sumario administrativo que le permita a mi representado ofrecer prueba de descargo, declarar, impugnar aquellos actos y en definitiva defenderse según las garantías que están en el marco de un debido proceso administrativo.

Acusa que la medida administrativa aplicada es totalmente arbitraria e ilegal, ya que, por una parte, no se condice con lo que establece el artículo 41 inciso cuarto de la ley 19.880 que exige que la decisión en resoluciones finales debe ser fundada y que además, se está vulnerando lo dispuesto en el inciso final del artículo 84 ter de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros Nº 18.961 y que en la especie, dispone “suspender” la tramitación del procedimiento disciplinario si respecto de los hechos que lo motivan se formula denuncia o querella por un hecho constitutivo de delito, supuesto que se verifica en el caso en comento por lo que no le corresponde a la Institución ejercer dicha potestad sancionadora en esta etapa del procedimiento sino hasta el término de la causa penal.

Menciona que el recurrente mantiene cargas familiares que al ser menores de edad dependen directamente de él, por lo que esta decisión intempestiva y antojadiza de la autoridad no sólo le provoca un perjuicio a él, sino también a su hija de 13 años de edad y a su hija que está por nacer, las que en estos momentos no cuentan con previsión de salud.

Sostiene que la Ley N° 21.427 en la actividad de mejorar los procedimientos disciplinarios en contra de los funcionarios de Carabineros, se intercala a continuación del artículo 84, el nuevo Título VI llamado “Responsabilidad Funcionaria”, pasando el actual Título VI a ser Título VIII y que establece en el inciso final del artículo 84 ter de la Ley 18.961 lo siguiente:

Con todo, se suspenderá la tramitación del procedimiento disciplinario y el plazo de prescripción de su acción si respecto de los hechos que lo motivaron se formula denuncia o querella por un hecho constitutivo de delito, en los términos que establece la ley, hasta el término de la causa penal.

Comenta que lo que el legislador ha previsto con este nuevo Título VI sobre temas tan importantes como lo es la “Responsabilidad Funcionaria” , específicamente el inciso final del artículo 84 ter de la Ley 18.961, al disponer suspender la tramitación del procedimiento disciplinario, no es otra cosa que materializar distintos principios que resultan vinculantes cada vez que sea ejercido el ius puniendi del Estado, entre ellos, el de presunción de inocencia, el debido proceso administrativo, legalidad, Contradictoriedad, proporcionalidad, entre otros, en efecto, con esta incorporación de norma, en la propia Ley Orgánica de Carabineros, se está garantizando a todo funcionario policial un proceso justo y por lo tanto mientras no se resuelva la causa penal que exista en contra de ese funcionario, no podrá aplicársele ninguna sanción disciplinaria en su contra y por tanto se “paraliza” la tramitación del procedimiento disciplinario dispuesto en su contra.

Es del parecer que la oración legal prevista en el inciso final del artículo 84 ter que dice (...) se suspenderá la tramitación del procedimiento disciplinario ... sí respecto de los hechos que lo motivaron se formula denuncia o querella por un hecho constitutivo de delito”, no es otra cosa que paralizar TODO el procedimiento disciplinario, incluso esta potestad disciplinaria de poder aplicarle a un carabinero algún tipo de sanción disciplinaria, como lo es la “Baja por conducta mala”, sanción disciplinaria prevista en el artículo 23 Número 2 letra e) del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile No 11, la norma es clara y no merece otra interpretación, sin embargo, Carabineros ha actuado de manera ilegal, ya que, a pesar de lo que la ley le mandata en el sentido de suspender la tramitación del proceso disciplinario en contra de su representado, hace caso omiso a esa orden legal y continúa ejerciendo sus facultades, sancionándolo con la medida disciplinaria de baja de las filas de esa institución en forma inmediata, todo lo cual deviene en ilegal y arbitrario, En relación a la sanción disciplinaria de “Baja por conducta Mala”, explica que en el art. 127 No 4 del Reglamento se Selección y Ascensos de Carabineros No 8, aprobado mediante Decreto N° 5.193 del 30 de septiembre de 1959 del ex Ministerio del Interior, se observa que la autoridad institucional facultada y que ostente la potestad disciplinaria para disponer la baja por conducta mala de un Carabinero, deberá establecer esa responsabilidad administrativa previamente en un sumario administrativo o investigación simple, según lo indica el inciso 1o del numeral 4) del artículo 127 y que a la letra señala lo siguiente:

Refiere que al disponer el texto reglamentario anterior, que para que se pueda sancionar a un Carabinero con la sanción de “Baja por Conducta Mala”, debe previamente ser establecida su responsabilidad de un Sumario Administrativo o por Investigación Simple, resulta ser una medida ajustada a derecho y comprensible, ya que tratándose de la manifestación del “ius puniendi”, y constituyéndose la facultad de castigar es una opción de “ultima ratio”, cuando se aplica esta sanción más lapidaria, resulta entonces justo y razonable que para su aplicación se exija a los Mandos de Carabineros la instrucción de un Sumario Administrativo previo y así ́otorgar las garantías mínimas de un debido proceso al inculpado.

Señala que en el inciso 5o de la letra b) del mismo numeral 4) del artículo 127, se establece una situación de excepción, que permite al Jefe que dispuso el Sumario eliminar inmediatamente a un Carabinero cuando se cumplan los requisitos copulativos que la referida norma exige y que la letra dice: “No obstante lo anterior, cuando la comisión de una falta que dé origen a un Sumario Administrativo o Investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución, y, el inculpado confiese su responsabilidad, o ésta se haga evidente, el Jefe que ordene la instrucción del Sumario podrá́ eliminarlo de inmediato por "conducta mala", sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumarial o de la investigación, oportunidad en la cual deberá fijar la nota que en definitiva le corresponda, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja, según el mérito del Sumario o investigación”.

Al efecto comenta que la norma antes trascrita es contraria a la observancia de un proceso justo y debido, al permitir una decisión alejada de todo respeto a las garantías constitucionales y procesales que aseguran un debido proceso: primero impone el castigo (Baja inmediata por conducta mala) y después investiga, lo que, a su juicio, es una aberración jurídico- procesal en materia de derecho administrativo sancionatorio.

Precisa que la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile N° 18.961 establece como conducta básica para el ejercicio de la potestad disciplinaria, que esta sea mediante un procedimiento racional y justo, disponiendo el inciso 2° del artículo 84 bis de la referida Ley lo siguiente “(...) La potestad disciplinaria será ejercida por las autoridades ministeriales e institucionales competentes a través de un racional y justo procedimiento administrativo. Asevera que la “regla general” en el ámbito de la protestad disciplinaria administrativa al interior de esta institución policial uniformada es ofrecer un procedimiento previo al inculpado, sea este, un Sumario o Investigación y posteriormente si el mérito de los antecedentes lo ameritan aplicar sanción.

Menciona que el art. 43 de la misma Ley orgánica Constitucional al referirse a las distintas causales en las que procede el retiro absoluto de un funcionario de Carabineros y en su letra d) considera como causal la siguiente, sic (...) “Por haber sido eliminado por lista de clasificación o sanción disciplinaria de carácter expulsivo, en proceso administrativo”. Es decir, señala la recurrente, lo que el legislador está garantizando en las normas anteriores es la garantía de un debido proceso y frente a una sanción de carácter expulsiva, medida que sólo podría adoptarse en un proceso indagatorio administrativo previo, en la especie un sumario o investigación y posterior a ello, para sólo después aplicar una eventual sanción de expulsión.

Sostiene que a la luz de la norma del en el inciso 5° de la letra b) del mismo numeral 4) del artículo 127 del Reglamento N° 8 de Carabineros, en este caso no se cumplen los requisitos copulativos que se exige para disponer su desvinculación inmediata, a saber, que los hechos sobre los cuales se funda la baja, sean de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la institución y que el inculpado confiese su responsabilidad, o esta se haga evidente.

En resumen, la recurrente es del parecer que la aplicación de la expulsión inmediata de su representado, sin esperar el término del sumario administrativo que se ha dispuesto incoar y además sin esperar el término de la causa penal, tal como lo ordena el inciso final del artículo 84 ter de la Ley 18.961, resulta ser una decisión ilegal y arbitraria, ya que, lo priva del derecho a defensa, impidiendo que el inculpado presente sus descargos, rinda prueba y pueda defenderse en la etapa procesal respectiva, y además, sin que concurren los requisitos copulativos que establece el artículo 127 No 4) Inciso 5° del Reglamento de Selección y Ascensos de Carabineros No 8, para decretar la baja inmediata, al no haber confesado su responsabilidad, ni menos ser esta evidente, lo que precisamente deberá ser determinado en el sumario dispuesto.

Resalta que la Resolución Exenta N° 441 de fecha 17 de abril de 2024 que impone la sanción administrativa más gravosa de las posibles a su representado, sin que previamente fuera tramitado y concluido el proceso indagatorio penal como administrativo, está amparada en una norma que, por cierto, no se aviene con el derecho administrativo sancionatorio y por ende colisiona con la Carta Política y también vulnera las exigencias de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que las normas y principios del debido proceso se aplican a toda forma de procedimiento sancionatorio del Estado, es decir, cada vez que el Ius Puniendi se ejerce por este, debe respetarse las normas del Debido Proceso.

Expresa que el acto arbitrario e ilegal que denuncia, consistente en la baja inmediata de las filas de Carabineros de Chile dispuesta en la Resolución Exenta Nº 441 de fecha 17 de abril de 2024, dictada por el Prefecto de Carabineros nombre reservado, amenaza, perturba y priva del ejercicio legítimo de las garantías establecidas en el artículo 19 N° 1, 2, 3 inciso 4o y art. 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, específicamente los derechos de “Igualdad ante la Ley”, “A no ser juzgado por comisiones especiales” y “De Propiedad” respectivamente, Cita en apoyo de sus argumentos diversa jurisprudencia: sentencia dictada en causa ROL 517-2024, Corte de Apelaciones de Valparaíso; en causa ROL 10.685-2023, Corte de Apelaciones de Santiago:

Pide que se acoja el recurso de protección interpuesto, y en definitiva se declare: Que la Resolución Exenta Nº 441 de fecha 17 de abril de 2024, dictada por señor Prefecto de la Prefectura de Carabineros nombre reservado, don nombre reservado, es un acto arbitrario e ilegal, por cuanto, afecta las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 Nº 1, 2 y 3 inciso 4o y artículo 24 de la Constitución Política de la República; que se ordene a la recurrida la urgente e inmediata reincorporación a la Institución de Carabineros de Chile del referido Sargento 2° de Carabineros y por tanto deje sin efecto la Resolución Exenta en lo que se refiere a disponer la Baja inmediata de las Filas de la institución por conducta mala, lo que sólo podrá eventualmente decretarse después que termine la causa penal que dio origen a la denuncia e investigación causa RUC 2300063885-4, RIT O-4822-2023, en el Juzgado de Garantía de nombre reservado, y consecuencialmente terminado también el Sumario Administrativo, ello con plena observancia a lo que dispone el inciso final del artículo 84 ter de la Ley orgánica Constitucional de Carabineros 18.961; que, se ordene el restablecimiento de las remuneraciones del empleo en actividad desde la fecha de desvinculación, restitución de la tarjeta de identificación profesional y credenciales de medicina curativa que le garanticen atención de salud para él y sus cargas familiares legalmente reconocidas; que se adopte toda otra medida que esta Corte estime pertinente conforme al mérito de autos; y que se condene en costas a la recurrida.

Acompaña a su recurso los siguientes documentos:

1. Copia Resolución Exenta 441, de fecha 17 de abril de 2024, emitida por el Coronel de Carabineros, Prefecto nombre reservado J. nombre reservado;

2. Copia Resolución Exenta 182, de fecha 31 de julio de 2023, firmada por el Teniente Coronel (S) de Carabineros nombre reservado, Presidente de la Comisión Medica Local de Valparaíso; 3. Copia acta de audiencia de Formalización de la Investigación de fecha 17 de abril de 2024, del Juzgado de Garantía de nombre reservado, causa RIT 0-4822-2023; 4. Copia mandato judicial de fecha 23 de junio de 2023 de don nombre reservado. nombre reservado a la abogada Consuelo Varas Catalán, en la Notaría Pública de don nombre reservado, en el que consta su personería para representarlo.

SEGUNDO: Que, a folio 10 comparece don nombre reservado, Coronel de Carabineros, PREFECTO de la Prefectura de Carabineros nombre reservado, evacuando el informe requerido.

Comienza precisando que si bien la parte recurrente se dirige formalmente en contra de la Resolución Exenta N° 441, de fecha 17.04.2024, por cuyo medio se dispuso su "Baja por conducta mala, con efectos inmediatos", del libelo queda en evidencia que lo realmente impugnado es la Resolución Exenta (R) N° 957, de fecha 15.04.20224, de la Comisión Médica Central de Carabineros, por cuyo intermedio le fueron rechazadas las licencias médicas presentadas por el Sargento 2do. nombre reservado.

En base a lo antes precisado, siendo del parecer que lo realmente reclamado es la decisión adoptada por la Comisión Médica Central de Carabineros, tercero que no es parte en este recurso y que tampoco ha sido emplazado en esta causa, el recurso intentado debe ser rechazado.

Enseguida, procede a informar que mediante Resolución Exenta N° 441, de fecha 17.04.2024, se dispuso la "Baja por conducta mala, con efectos inmediatos", del entonces Sargento 2° nombre reservado, por justificarse que habría pretextado una enfermedad para eludir sus servicios, adquiriendo para ello licencias médicas falsas configurándose la falta descrita en el Titulo V, articulo 22, N° 3, letra h) del Reglamento de Disciplina de Carabineros, Nro. 11.

Explica que lo anterior, tiene su génesis en los siguientes antecedentes:

a) Lo informado por el señor Fiscal Regional a través de su Oficio FR N° 4190, de fecha 30.12.2023, direccionado al señor Prefecto de esta Repartición, mediante el cual informa que se interconectó escrito de formalización en causa R.U.C. N° 2300063885-4, para formalizar a los funcionarios señalados en dicha misiva entre ellos, al Sargento 2° nombre reservado.

b) Lo resuelto por la Comisión Médica Central de Carabineros, mediante Resolución Exenta (R) N° 957, de fecha 15.04.2024, que dispuso el rechazo de las licencias médicas anotadas en el respectivo Sistema de Registro Institucional entre el 27.12.2022 y el 25.01.2023; entre el 01.02.2023 y el 02.03.2023; entre el 18.03.2023 y el 01.04.2023, por un total de 75 días, con diagnóstico(s) de: "Hernia inguinal"; "trastorno de adaptación", presentada(s) por el (la) actual Sargento 2° nombre reservado (nombre reservado Rut. N° RUT reservado), de dotación de la 5ta. Comisaría Casablanca, dependiente de la Prefectura de Carabineros Valparaíso, por haberse acreditado en investigación por parte del Ministerio Público, que habría simulación de enfermedad, transgrediendo lo establecido en el Articulo 71 Letra D, de la Orden General N° 1970 de 2010, Directiva Complementaria del Reglamento de Feriados Permisos, Licencias y Otros Beneficios de Carabineros, N° 9."(SIC).

c) Lo informado mediante Oficio (R) N° 84, de fecha 16.04.2024, de la Subdirección de Asuntos Internos de Carabineros, a través del cual informan audiencia de formalización que involucra al Sgto. 2° nombre reservado, indicando que en su oportunidad la Sección de Asuntos Internos nombre reservado, efectuó la denuncia de los hechos a la Fiscalía Local de La Serena, a través del Oficio N° 1, de fecha 13.01.2023, y que en este contexto se inició una investigación por parte del Ministerio Público y se otorgó orden de investigar a la referida Sección SAICAR. nombre reservado, enmarcada en la causa RUC N° 2300063885-4, RIT N° 4822-2023, quienes lograron establecer que los funcionarios que serán formalizados, adquirieron licencias médicas extrainstitucionales, las que fueron extendidas por un médico del CESFAM de Tierras Blancas, previo pago de determinada suma de dinero.

d) Lo informado por la Guardia de la 2da. Comisaría de Carabineros nombre reservado, a través del Documento Electrónico N.C.U. 204705451, de fecha 17.04.2024, mediante el cual informó que se efectuó audiencia de formalización de la investigación en los autos R.U.C. N° 2300063885-4, R.I.T. N° 48222023, del Juzgado de Garantía de nombre reservado, oportunidad en la cual fueron formalizados cinco P.N.T, en servicio activo, entre ellos el Sgto. 2° nombre reservado, quienes quedaron en calidad de imputados y, en definitiva, fueron formalizados por el delito de "uso, emisión o certificación de licencias médicas falsas".

Señala que en razón de lo anterior, y tal como se consignó en la Resolución recurrida, el Mando de Repartición de acuerdo con las atribuciones y facultades que le confiere el ordenamiento jurídico institucional, se formó la convicción de que los hechos, y en consecuencia, las inconductas en las que incurrió el ex Sargento 2° nombre reservado, eran de tal gravedad y trascendencia que hacían meritoria la aplicación de una medida administrativa de tal entidad como lo es la "Baja por conducta mala, con efectos inmediatos".

Aclara que lo resuelto mediante Resolución Exenta Nro. 441, de fecha 17.04.2024, encuentra sustento normativo en el artículo 127, Nro. 4), inciso quinto, del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, Nro. 8, que precisa que ello tiene el carácter de condicional y se encuentra sujeto al resultado final del Sumario Administrativo que sobre el particular se haya ordenado instruir, asistiéndole al recurrente de autos, el derecho de ejercer las instancias de impugnación a partir de la notificación de la Vista Fiscal, en la forma y plazos que regula el Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile, Nro. 15. Agrega que la precitada Resolución no solo señala en su letra F.1), que si se le aplicase en definitiva una sanción disciplinaria que no importe necesariamente su baja, será reintegrado a la Institución, caso en el cual le corresponderá percibir las remuneraciones devengadas durante el tiempo que duró su licenciamiento. Asimismo, se consigna en la letra F.2), que a contar de la fecha en que se haga efectiva la sanción disciplinaria expulsiva, el ex Sargento 2° nombre reservado será desvinculado de las Filas de la Institución, por lo que desde esa data no tiene derecho a percibir las remuneraciones del empleo en actividad, tal como lo ha precisado la Contraloría General de la República en sus Dictámenes Nros. 53.449 y 60.053, ambos de 2019, y 31.214 de 2011, entre otros.

Menciona que la Prefectura de Carabineros "nombre reservado", dispuso la instrucción de un Sumario Administrativo mediante la Orden de Sumario Nro. 20198/2024/1, de fecha 17.04.2024, a cargo de la Fiscalía Administrativa dependiente de dicha Prefectura, con la finalidad de establecer la forma, causas y circunstancias en que ocurrieron los hechos descritos precedentemente. Agrega que dicho proceso sumarial fue suspendido mediante Resolución Exenta Nro. 622, de fecha 30.04.2024 de esta Repartición, conforme a que la Ley N° 21.427 conforme lo dispuesto en el artículo 84 Ter, que prevé la suspensión de la tramitación de un procedimiento disciplinario hasta el término de la causa penal, si respecto de los hechos que lo motivaron se formula denuncia o querella por un hecho constitutivo de delito.

Asevera que el objeto de la interposición de la presente acción constitucional, refiere a la intención por parte del actor de utilizar la vía de protección como una instancia administrativa; lo anterior, toda vez que reprocha el acto administrativo recurrido en lo que refiere a la medida administrativa que por intermedio del mismo se resolvió aplicar, como asimismo, en cuanto a la cesación de sus remuneraciones y derechos previsionales desde la fecha en que se hace efectiva su eliminación de las Filas de la Institución con efectos inmediatos.

Afirma que el actor no cuenta con un derecho de carácter indubitado, sin que tampoco en la especie se cumpla con el supuesto básico del recurso de protección, esto es, la perturbación, privación, o amenaza de un derecho, que en este caso la parte recurrente ciertamente no posee, como consecuencia de la ilegalidad y/o arbitrariedad de un acto, supuesto fáctico que tampoco se verifica, pudiendo colegirse que la cautela de derechos fundamentales intentada, carece de sustento normativo requerido que permita al actor impetrar la presente acción constitucional.

Cita en abono de sus conclusiones el articulo 84 bis, de la Ley Nro. 18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile; los artículos 23 N° 11 y 25 N° 9 del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile; el artículo 127, N° 4, inciso quinto, del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, Nro. 8, y señala que esta normativa permite que, cuando concurran los supuestos indicados, la baja será dispuesta por la autoridad policial aun cuando el procedimiento disciplinario no se encuentre del todo afinado, en cuyo caso, la eliminación tiene el carácter de condicional, pues se encuentra supeditada al resultado final de dicha investigación, lo cual tiene su fundamento último en la necesidad de alejar de sus funciones a aquellos Carabineros respecto de los cuales los primeros antecedentes recabados, den cuenta que éstos están involucrados en hechos de carácter grave.

Puntualiza que la Contraloría General de la República ha indicado que la determinación de mayor o menor gravedad de la falta cometida por el personal institucional queda entregada a la calificación de la Jefatura Institucional respectiva (dictámenes Nros. 997 de 2021; 16569 de 2019; 4.401 de 2018; 35.714 de 2017). En otras palabras, es la Autoridad Institucional la que aprecia y pondera los hechos para determinar la sanción o medida a aplicar, sin perjuicio que ello deba expresarse en un acto administrativo.

Arriba a la conclusión que 6al subsumirse legítimamente los hechos en la normativa asimismo, en la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, resulta imposible sostener fundadamente que Carabineros de Chile actuó arbitraria o ilegalmente, puesto que el acto administrativo y sus efectos tienen sustento jurídicos y fácticos: lo anterior sin perjuicio además que cualquier análisis ulterior acerca del Sumario Administrativo instruido al efecto, excede con creces la naturaleza cautelar del Recurso de Protección, debiendo tramitarse en un juicio de lato conocimiento.

Agrega que no se vislumbra la conculcación de las garantías fundamentales invocadas por la recurrente, toda vez que el actuar administrativo se encuentra ajustado a la normativa vigente, conforme a todo lo latamente expuesto.

Cita ciertos fallos dictados por la Excma. Corte Suprema, en las causas Rol N° 969-2018 y Rol N°16.057-2019, según los cuales la remuneración constituye la retribución por el trabajo que toda persona recibe por su desempeño efectivo y que, sin embargo, si como consecuencia de la adopción de una medida administrativa como la de autos se produce la desvinculación inmediata de sus labores, el lógico efecto de ello es que dicho pago, conjuntamente con los respectivos derechos previsionales, sea suspendido, pues en estricto rigor la labor a remunerar ya no se realiza. Adiciona que este criterio ha quedado reflejado en los Dictámenes ros. 53.449 y 60.053 de 2009, 20.513 de 2011 y 26.406 de 2012, pronunciamientos que de acuerdo con los artículos 6 y 9 inciso cuarto de la Ley Orgánica de esa Entidad son obligatorios para la Institución, de manera que al denegarse el pago de las remuneraciones del recurrente de autos, Carabineros de Chile actuó de acuerdo a la ley, no pudiendo reprocharse ilegalidad ni tampoco arbitrariedad en su actuar.

También indica que la resolución que dispone la baja de las Filas de la Institución no causa ejecutoria, de modo que, si la misma es posteriormente revocada, el efecto inmediato de ello será ordenar la reincorporación, disponiéndose el pago de las remuneraciones que debieron ser percibidas en el tiempo intermedio, por lo que tampoco hay agravio que por esta vía haya de ser reparado, razón por la cual, el recurso necesariamente debe ser desestimado.

Niega que se hayan vulnerado derechos fundamentales y solicita que se rechace el recurso de protección de autos, con expresa condenación en costas.

Acompaña a su informe los siguientes documentos:

1.Orden de Sumario N° 20198/2024/1; 2. Resol. Ex. N° 441, del 17.04.2024, con su acta de notificación; 3.Resol. Ex. (R) N° 957, del 15.04.2024, con su acta de notificación.

TERCERO: ​ Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República se define como una acción cautelar de derechos fundamentales, frente a los menoscabos que puedan experimentar las personas como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares, y tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y dar protección al afectado.

Se trata de una acción cautelar destinada a restablecer de manera rápida y eficaz el imperio del derecho cuando se ha vulnerado, perturbado o amenazado, por acción u omisión arbitraria o ilegal, el ejercicio legítimo de las garantías señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, que en el presente caso se hacen consistir en el numeral 7 literal a) de su artículo 19.- Constituye una acción por cuanto ha sido establecida para provocar el ejercicio de la función jurisdiccional, de manera urgente, excepcional y concentrada, con el objetivo de dar protección eficaz a ciertos derechos reconocidos en la Constitución.

​CUARTO: Que, tal como reiteradamente ha expresado esta Corte, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1 del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

​ QUINTO: Que, son presupuestos de esta acción cautelar: a) Que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria atribuible al recurrido; b) Que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; c) Que dicho derecho esté señalado en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República; y d) Que exista posibilidad de que el órgano jurisdiccional ante el cual se plantea pueda adoptar las medidas de protección o cautela adecuadas para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

​ SEXTO: Que, en el presente caso la acción ilegal y/o arbitraria que se le reprocha a la institución de orden y seguridad recurrida es haber dispuesto, mediante RESOLUCIÓN EXENTA Nº 441 de fecha 17 de abril de 2023 de la Prefectura de Carabineros, la expulsión inmediata del Sargento Segundo don nombre reservado, de las filas de Carabineros de Chile, con efectos inmediatos, por conducta mala, sin esperar el término y resultado del sumario administrativo incoado ni el término de la causa penal, tal como lo ordena el inciso final del artículo 84 ter de la Ley 18.961, y además, sin que concurran los requisitos copulativos que establece el artículo 127 No 4) Inciso 5° del Reglamento de Selección y Ascensos de Carabineros No 8, para decretar la baja inmediata, ya que no ha confesado su responsabilidad, ni menos esta puede estimarse como evidente, lo que deberá ser determinado en el sumario dispuesto al efecto.

Así las cosas, corresponde determinar si la baja con efectos inmediatos, pero condicionados al resultado final del sumario pertinente, y el consiguiente cese en el pago de remuneraciones que afecta a don nombre reservado, constituye una medida ilegal o arbitraria , vulneratoria de su derechos fundamentales del recurrente susceptible de resguardo por esta vía.

SÉPTIMO: Que, primero que es indispensable dejar asentado que el artículo 84 ter de la Ley 18.961 efectivamente dispone la suspensión de la tramitación del procedimiento disciplinario si respecto de los hechos que lo motivaron se formula denuncia o querella por un hecho constitutivo de delito, hasta el término de la causa penal, lo cual no implica que también quede en suspenso la medida condicional de baja inmediata por conducta grave del carabinero investigado, de modo que la interpretación que hace la recurrente no se ajusta a derecho, lo que permite concluir que no existe ilegalidad en el obrar de la institución policial por la circunstancia de aplicar esta medida y luego suspender el procedimiento sumarial por existir una formalización en sede .

OCTAVO: Que respecto a la norma reglamentaria del inciso penúltimo del N° 4 del artículo 127 del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros de Chile, del tenor de la misma aparece que la baja inmediata con efectos inmediatos, por conducta mala, condicionada al resultado del proceso disciplinario, para que pueda ser aplicada, requiere que concurran los siguientes requisitos copulativos:

1° Que se trate de una falta de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución.

2° Que el inculpado confiese su responsabilidad, o ésta se haga evidente.

Este mismo precepto establece que es el jefe que instruye el sumario el facultado para adoptar esta medida provisoria.

NOVENO: Que, la Resolución Exenta N° 441 de fecha 17 de abril de 2024 que impuso la medida de baja con efectos inmediatos, ha sido dictada por el Prefecto de Carabineros nombre reservado, estando jurídicamente habilitado para adoptar tal decisión, por detenta la calidad de jefe que dispuso el inicio de un sumario administrativo en contra de don nombre reservado, conforme la normativa citada en el basamento precedente, y por detentar Además, la referida medida aparece suficientemente fundada en los términos requeridos por el N° 4 del art. 127, del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros de Chile, ya que en la misma se consigna que personal del Departamento Asuntos Internos, tomó conocimiento respecto de audiencia de formalización por el delito de "Fraude al Fisco", en la que se encuentra involucrado el Sgto. 2do. nombre reservado; que los hechos fueron denunciados por la Sección de Asuntos Internos nombre reservado, a la Fiscalía Local de La Serena, mediante Oficio Denuncia N° 01 de fecha 13.01.2023; y que en ese contexto la Fiscalía Local de La Serena, otorgó la respectiva Orden de Investigar a la citada Sección especializada, la cual enmarcada en la Causa RUC. 2300063885-4 R.I.T. N° 4822-2023, estableció que el Sgto. 2do. nombre reservado, adquirió licencias médicas extrainstitucionales, las que fueron extendidas por un médico del Cesfam de Tierras Blancas, previo pago de determinada suma de dinero.

Para el Prefecto recurrido, los antecedentes tenidos en vista, que detallada en la resolución en comento, le permitieron arribar a la conclusión que los hechos en los que participó el recurrente “revisten tal gravedad que hace inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución”. En la misma resolución se indica que la evaluación de los antecedentes y la calificación de mayor o menor gravedad de una falta que origina la aplicación de una medida disciplinaria, queda entregada a la autoridad competente, en este caso, al referido Prefecto.

DÉCIMO: Que, de acuerdo a lo señalado en el basamento noveno precedente, aparece que la autoridad recurrida, en uso de sus atribuciones, dispuso la baja de carabineros de don nombre reservado, fundándose para ello en las circunstancias fácticas que le fueron dadas a conocer, las que consideró revestían características de gravedad y que tienen relación directa con hechos que pueden revestir el carácter de delito, habida consideración de la formalización llevada a cabo el17 de abril de 2024, en causa RUC 2300063885-4, RIT O-4822-2023, ante el Juzgado de Garantía de nombre reservado, en la que el recurrente tiene calidad de imputado.

Cabe precisar que la medida ordenada por la Resolución Exenta N° 441, que se impugna por la vía de la acción de protección, es de naturaleza eminentemente cautelar y provisoria, condicionada al resultado final del sumario administrativo dispuesto al efecto para investigar hechos calificados de graves por la jefatura respectiva, y encuentra su fundamento en la necesidad de velar por la buena conducta de los integrantes de Carabineros de Chile, dada la relevancia y alcances de la función pública que desempeñan, lo cual hace aconsejable, la separación de las filas de la institución del funcionario mientras dure la investigación administrativa o penal (si respecto de los hechos que lo motivaron se formula denuncia o querella por un hecho constitutivo de delito), según sea el caso.

Por lo mismo, no se trata del ejercicio de una potestad sancionadora, como reclama el recurrente, sino que cautelar, lo cual explica, que, para el caso que el sumario administrativo se suspenda en aplicación del art. 84 ter de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, dicha medida se mantenga.

Además, tal como se ha resuelto la Excma. Corte Suprema “… no existe contraposición entre el ejercicio de dicha facultad y el texto de la letra d) del artículo 43 de la Ley N 18.961 , Orgánica Constitucional de Carabineros, conforme al cual el retiro absoluto del personal de la institución se produce, entre otras causales, Por haber sido eliminado por lista de clasificación o sanción disciplinaria de carácter expulsivo, en proceso administrativo , puesto que una separación definitiva del funcionario, resulta un evento que no forma parte del reclamo en el caso, y pende del afinamiento del sumario administrativo respectivo.” (Rol N° 167.174-2023, sentencia de 13 de noviembre de 2023; Rol N° 26.985-2019, sentencia de 18 de marzo de 2020; Rol 5446-2019, sentencia de 11 de julio de 2019)

Y tal como se sostiene en los fallos antes citados, que se pronuncian en casos similares al de autos, “tampoco se advierte una privación de derechos constitucionales de orden procesal”, pues la baja inmediata “no perjudica las herramientas de defensa de que puedan valerse los recurrentes en el proceso sumarial que se seguirá contra ellos”, lo cual ratifica la naturaleza cautelar y provisoria y no sancionatoria e irreversible, de este tipo de medida. En este sentido, la decisión impugnada no constituye una especie de juzgamiento que emane de una “comisión especial” como sostiene la recurrente.

UNDÉCIMO: Que, en relación con lo expuesto en los motivos anteriores, es necesario subrayar que la función de esta Corte no es valorar el mérito de la decisión adoptada por la autoridad policial, sino verificar si dicha decisión se ajustó a la legalidad y si está debidamente fundamentada en antecedentes concretos. Estos aspectos, es decir, la conformidad con la legalidad y la existencia de una fundamentación basada en hechos concretos, se encuentran presentes en la resolución objeto del recurso.

DUODÉCIMO: Que, en cuanto a la suspensión del pago de las remuneraciones del actor ello es consecuencia de que labor a remunerar ya no se realiza, lo cual se encuentra en armonía con el artículo 33 de la Ley Orgánica de Carabineros que dispone que: “El personal de Carabineros tiene derecho, como retribución por sus servicios, al sueldo asignado al grado de su empleo y demás remuneraciones adicionales, asignaciones, bonificaciones, gratificaciones y estipendios de carácter general o especial que correspondan.”

Además, la resolución que dispone la baja de las filas de Carabineros está condicionada al resultado del proceso disciplinario, “de manera que si la sanción final aplicada no es la eliminación, el efecto inmediato de ello será ordenar la reincorporación a la Institución y el pago de las remuneraciones que debieron ser percibidas en el tiempo intermedio, neutralizándose la pérdida de tales remuneraciones durante la tramitación del sumario.” (Considerando séptimo, sentencia de la Excma. Corte Suprema, Rol 5446-2019)

DÉCIMO TERCERO: Que, en consecuencia, la institución recurrida ha actuado sin apartarse de la legalidad y de manera justificada, cumpliendo con los procedimientos y normas establecidas. Así, no se observan en este caso los presupuestos necesarios previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República para la procedencia del recurso de protección, lo que lleva a su necesario rechazo.

DÉCIMO CUARTO: Que, al haberse descartado tanto la ilegalidad como la arbitrariedad denunciada, no resulta pertinente analizar la posible vulneración de garantías constitucionales. La ausencia de estos elementos hace innecesario profundizar en la evaluación de cualquier infracción a los derechos fundamentales protegidos por la Constitución.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, la acción deducida a favor de don nombre reservado, y en contra del Prefecto de la Prefectura de Carabineros nombre reservado, don nombre reservado.

Redacción del Abogado Integrante señor Jorge Fonseca Dittus.- Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 746-2024 Protección. –