Protección contra Tesorería Regional de Coquimbo

nombre reservado, nombre reservado

Tesorería Regional de Coquimbo Recurso de Protección Rol N° 743-2020.- La Serena, veinticinco de septiembre de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que nombre reservado, escultora, con domicilio en domicilio reservado, interpuso acción constitucional de protección en contra de la Tesorería Regional de Coquimbo, representada por nombre reservado, de quien ignora profesión u oficio, con domicilio en domicilio reservado, alegando la conculcación del derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expresa que en su calidad de contribuyente de segunda categoría efectuó las declaraciones de rentas de los años 2019 y 2020 ante el Servicio de Impuestos Internos, teniendo como resultados devoluciones por $764.336 el año tributario 2019; $327.659 el año tributario 2020; y $322.500 que corresponde a un adelanto de devolución de impuesto del año tributario 2021.

A pesar de ser informado el derecho a dichas devoluciones, la Tesorería Regional de Coquimbo, de forma ilegal y arbitraria, habría comunicado que dichas cantidades fueron retenidas dado que mantiene una deuda con la Universidad de Chile correspondiente a un crédito CAE.

Acusa que Tesorería no tiene funciones de organismo retenedor y que con su obrar está conculcando lo dispuesto en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental.

Solicita se ordene a la recurrida que efectúe la devolución de los montos consignados en el escrito, con costas.

Segundo: Que, evacuando el informe requerido por esta Corte, nombre reservado, Tesorero Provincial de Coquimbo, alegó, en primer término, la extemporaneidad de la acción deducida, pues no se ha señalado en su libelo la fecha en que habría tomado conocimiento del acto que importa la lesión a la garantía constitucional invocada. Por lo demás, sería inverosímil sostener que solo ha tomado conocimiento de la retención si hace referencia a devoluciones de la operación renta del año 2019.

Prosigue invocando la falta de legitimación pasiva, toda vez que de conformidad al artículo 1° de la Ley N° 19.989, se faculta a Tesorería General de la República para efectuar la retención que se trata e imputar el monto retenido al pago del crédito solidario universitario regulado en la Ley N° 19.287, por lo que solo ha cumplido un deber legal sin que se pueda acusar que ha incurrido en un acto ilegal o arbitrario.

En cuanto a los hechos, señala que se consultaron los sistemas informáticos del Servicio y registra que el Administrador del Fondo de Crédito Universitario Solidario de la Universidad de Chile ha informado una deuda que la actora mantiene con esa casa de estudio por concepto de Crédito Universitario Solidario, que asciende actualmente a 434.86 Unidades Tributarias Mensuales, siendo procedente así la retención.

Pide se rechace la acción intentada.

Tercero: Que esta Corte, asimismo, requirió se evacuara informe por la Universidad de Chile, concurriendo por ella nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana.

Expresa que la Universidad recabó información con el Administrador General del Fondo Solidario del Crédito Universitario, quien informó la deuda de la recurrente por concepto de crédito universitario solicitando la retención para el año tributario 2019 y 2020 ante la Tesorería General de la República. Particularmente, al 2 de septiembre de 2020, la actora adeuda 428,96 Unidades Tributarias Mensuales.

Por lo anterior, es que en cumplimiento de la normativa de la Ley N° 19.989 y su Reglamento, se procedió a solicitar la retención. De lo anterior, como medida de publicidad, se remitieron sendas cartas certificadas al domicilio que tenía informado la recurrente.

Conforme a ello, sin que se haya aclarado la deuda por la recurrente, procedía practicar la retención.

Hace presente que la protegida se encuentra en conocimiento de la deuda, pues existe un juicio en que la misma está intentando se declare la prescripción de la deuda, el cual es seguido ante el 27° Juzgado Civil de Santiago.

Sin perjuicio de los argumentos anteriores, hace presente que todo lo vinculado a los créditos universitarios, por expreso mandato legal, se encuentra entregado al Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Chile y no a la Universidad de Chile en sí. Ese fondo constituye un patrimonio de afectación distinto del de la universidad.

Por su parte, el fondo se encuentra a cargo de un Administrador General que es quien lo representa.

Además, plantea también la extemporaneidad de la acción impetrada, conviniendo con los argumentos de la Tesorería General de la República.

Prosigue indicando que no existe un actuar ilegal o arbitrario de su parte ni del Fondo Solidario, pues se ha obrado con estricto apego a la ley, siendo la retención una cuestión regulada legalmente.

Adiciona que se respetaron las reglas procedimentales para cursar la retención, según ya se expuso y, por su parte, poseyendo la certificación del Administrador General del Fondo Solidario de Crédito Universitario el mérito suficiente para establecer la existencia de la obligación, tampoco se aprecia que se esté vulnerando el derecho de propiedad.

Tampoco puede estimarse que se tenga un derecho de propiedad sobre la devolución de los impuestos, ya que aquella solo procede en la medida que se cumplan con los requisitos legales para ello.

Continúa indicando que, en cualquier caso, no es la acción de protección la vía idónea para discutir la pretensión de la actora y que incluso existen acciones ordinarias que se encuentran vinculadas al presente asunto.

Pide el rechazo de la acción intentada, con costas.

Cuarto: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Quinto: Que, en cuanto a la extemporaneidad que ha sido alegada por las recurridas, aquella, incuestionablemente se verifica respecto de la devolución de impuestos del año 2019, pero aquello no se verifica respecto de las ulteriores devoluciones de impuestos, pues bien puede tener conocimiento de la deuda la recurrente, pero aquello no importa, necesariamente, que haya tomado conocimiento de la retención.

Cabe recordar en este punto que el acto que se acusa como ilegal o arbitrario es la retención misma, no es la existencia de la deuda ni la amenaza de una eventual retención, que podría comprenderse dadas las notificaciones que efectuó el Fondo a la recurrente.

Así las cosas, efectuándose las devoluciones de impuestos durante las últimas semanas de los meses de abril de cada año, y siendo interpuesta la acción el 5 de mayo de 2020, aparece que no se verifica la extemporaneidad de la acción, al menos en cuanto a las devoluciones que debían efectuarse en el año 2020 y el anticipo del año 2021.

Conforme a lo anterior, como la extemporaneidad sólo sería parcial, es decir, de un primer acto de retención, de todos modos se tendrá que emitir pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión.

Sexto: Que, en cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva intentada por la Tesorería Regional de Coquimbo, aparece que sus argumentos se refieren al fondo de la cuestión, es decir, si obró o no de conformidad al ordenamiento legal, por lo que se tendrá que proseguir al análisis.

Séptimo: Que, dispone el artículo 1° de la Ley N° 19.989: "Facúltase a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley N° 19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora, en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda...". Por su parte, el Reglamento N° 297 de la Ley N° 19.989, que entrara en vigencia el 19 de noviembre de 2009, señala lo siguiente: "Apruébase el Reglamento del artículo 1° de la Ley 19.989, que regula el procedimiento mediante el cual la Tesorería General de la República retendrá, de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario, regulado por la ley N° 19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora".

Lo señalado precedentemente queda de manifiesto en el artículo 13 del mismo Reglamento, respecto de la devolución de impuestos y, si esta no es suficiente, subsistirá la obligación del deudor.

En definitiva, el procedimiento de retención se encuentra regulado en la ley de manera íntegra, sin que sea esta cede la apropiada para realizar cuestionamientos sobre la constitucionalidad de dichas normas.

Octavo: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes aparece que la recurrente fue debidamente notificada de su deuda y la retención conforme a sendas notificaciones que fueron realizadas los meses de enero de 2019 y 2020 respectivamente, sin que se hubiere regularizado la deuda.

Por lo anterior, la retención impugnada es legal, sin que padezca de algún vicio de arbitrariedad, y se dictó dentro de las facultades entregadas a la Tesorería General de la República.

Noveno: Que, en consecuencia, no existiendo antecedentes de una actuación ilegal o arbitraria de la recurrida, se tendrá que rechazar la presente acción.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se declara que, se acoge parcialmente la alegación de extemporaneidad en cuanto a la devolución de impuestos del año 2019 y se rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Tesorería Regional de Coquimbo.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N° 743-2020.-