nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA

nombre reservado, nombre reservado

Ilustre Municipalidad de la Higuera Recurso de Protección Rol N° 7401-2022.- La Serena, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, ha comparecido don Hernán Valdivia Cortés, Abogado, en representación y a favor de don nombre reservado, interponiendo una acción constitucional de protección en contra de la I. Municipalidad de La Higuera, por la dictación del Decreto Alcaldicio N.º 003203 de 07 de octubre de 2022, que declaró vacante el cargo de Jefe de Departamento de Administración de Educación Municipal, que ha sido servido por el referido Sr. nombre reservado.

Sostuvo que a su representado le han sido concedidas licencias médicas, en tanto que la recurrida yerra al basar su actuar en que su salud sería incompatible con el desarrollo de las funciones, más aún existiendo un pronunciamiento de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (o, también “Compin”) que indica que su salud es de tipo recuperable.

Reforzó indicando que el actual inciso 3º del artículo 151 del Estatuto Administrativo obliga al jefe superior del servicio a contar al efecto con una declaración de salud incompatible de parte de la Compin.

Así, indicó que han sido vulneradas las garantías constitucionales del derecho de propiedad, a la igualdad ante la ley y al derecho a la protección de la salud.

Concluyó solicitando que se ordene dejar sin efecto el decreto alcaldicio N.º 003203 de la I. Municipalidad de La Higuera, que se ordene reintegrar a su representado a sus funciones habituales, en la misma calidad jurídica que servía hasta antes de la declaración de vacancia del cargo, que se ordene pagarle todas la remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados, desde la fecha de la separación y hasta la de su efectivo reingreso al servicio, y que el citado municipio sea condenado al pago de las costas de la causa.

A vía de prueba acompañó el texto del Decreto Alcaldicio referido.

SEGUNDO: Que, a fin de informar, en representación de la I. Municipalidad de La Higuera, compareció el Abogado don Iván Olavarría Domínguez, solicitando el rechazo de la acción.

Indicó que los servicios públicos deben satisfacer las necesidades ciudadanas de manera continua y permanente, y que en tal sentido el actor registraba un total de días con licencia médica más que suficientes para declarar vacante el cargo que desempeñaba, por adolecer de salud incompatible con su ejercicio.

Al efecto, citó el tenor del artículo 148 de la ley 18.883 sosteniendo que, si la Compin concluye que la salud del funcionario no es irrecuperable, la jefatura del servicio podrá declarar la salud incompatible del funcionario, no obstante el pronunciamiento de la aludida Compin.

Puntualizó que el actor ha gozado de 14 licencias médicas contabilizando más de 180 días de reposo, sin que ellas hayan sido declaradas como de origen profesional o de tipo irrecuperable; legitimándose así la decisión que fue adoptada.

Sostuvo que es improcedente la acción intentada ya que el acto impugnado ha sido cursado por la autoridad competente al efecto, fundado en circunstancias idóneas y en el marco del procedimiento aplicable de acuerdo con el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, concluyendo con la petición de que se rechace íntegramente la acción de protección, con costas.

Acompañó el texto de las 14 licencias médicas otorgadas al actor, así como el Decreto Alcaldicio N.º 3203 de 07 de octubre de 2022.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

Que, de ello aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto, la jurisprudencia de los Tribunales superiores de Justicia ha sostenido que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que para la acertada resolución del asunto es menester detenerse en el tenor de la norma del artículo 148 de la ley 18.883 que aprobó el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, cuyo actual texto (luego de la reforma introducida por la ley 21.050) es el que sigue:

“El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerarán para el cómputo de los seis meses señalado en inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

QUINTO: Que, la forma de conciliar lo indicado en los incisos 1º y 3º de la norma trascrita, consiste en que, para declarar a un funcionario afecto a salud incompatible con el ejercicio de su cargo, el Alcalde debe requerir siempre y de manera previa el pronunciamiento de la Compin competente en relación a una eventual irrecuperabilidad, en términos de que si así fuera se habrá de seguir el camino dado por dicha la declaración de salud irrecuperable regulado en el artículo 149 de la misma ley; en tanto que si la salud fuere estimada como recuperable podrá procederse – en su caso- al ejercicio de la prerrogativa establecida en el primer inciso de la norma del artículo 148.

SEXTO: Asentado lo expuesto, cabe revisar los términos del Decreto objeto de la acción.

En dicho documento, se hace referencia al Dictamen N.º 17.351 de la Contraloría General de la República, a un Oficio del mes enero de 2022, en que se solicitó una evaluación de antecedentes del Sr. nombre reservado y el pronunciamiento de la Compin, indicándose que se está ante un caso de salud incompatible con el desempaño del cargo, procediéndose en su parte resolutiva a declarar vacante el cargo servido por aquel de Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal.

SÉPTIMO: Que resulta fundamental, en consonancia con el mandato legal, el que el acto administrativo se encuentre debida y suficientemente fundado, pues es sólo en dicha virtud que se explicitan cuáles han sido las razones o fundamentos (no sólo legales sino también fácticos) que han conminado a la Administración a decidir en tal o cual sentido.

Ello es exigido por la ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado (aplicable en la especie en mérito del inciso 1º de su artículo 2), dado el tenor del artículo 11 inciso 2º y 41 inciso 4º.

OCTAVO: Que, regresando la mirada al Decreto en cuestión, se tiene que en él no se explicitó cual es la base factual que motivó tal determinación, al tenor de la facultad concedida en el artículo 148 de la ley 18.883, esto es cual es que ha sido concretamente el periodo continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos años previos, así como su respaldo, que permite sustentar lo que se resolvió.

Esta sola circunstancia torna al acto en ilegal, desde que no cumple con la exigencia de estar debida y suficientemente motivado al tenor del requerimiento dado por la ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, vulnerándose con ello - en relación con el actor- las garantías de Igualdad ante la Ley y el Derecho de Propiedad respecto de su cargo servido; lo que impone que la acción de cautela de estos antecedentes deba ser acogida tal como será dicho.

Lo anterior se concluye, más allá de que el Municipio haya dado un grado de detalle sobre el particular en el texto de su informe y haya acompañado a éste copias de las licencias médicas de interés puesto que, de validarse aquello por este Tribunal colegiado, se estaría permitiendo – en su caso- una motivación dada ex post respecto de la dictación del acto, lo que es totalmente contrario al Ordenamiento Jurídico.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara:

Que, SE ACOGE, con costas, la acción de protección interpuesta por don Hernán Valdivia Cortés, Abogado, en representación y a favor de don nombre reservado, en contra de la I. Municipalidad de La Higuera, declarándose que se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio N.º 003203 de 07 de octubre de 2022, que declaró vacante el cargo de Jefe de Departamento de Administración de Educación Municipal, servido por el aludido Sr. nombre reservado.

Redacción a cargo del abogado integrante don Fernando Roco Pinto.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

ROL Nº 7401-2022 PROTECCIÓN.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los Ministros titulares señor nombre reservado, señora nombre reservado y el abogado integrante señor Fernando Roco Pinto. No firma el señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por haber cesado en su cargo.

En La Serena, a veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.