Protección contra Junta Nacional de Jardines Infantiles

nombre reservado

Junta Nacional de Jardines Infantiles Recurso de Protección Rol N°730-2026.- La Serena, cinco de junio de dos mil veintiséis.

Visto y considerando:

Primero: Que Sebastián Elías Delpino González, abogado, en representación y favor de nombre reservado, interpone acción de protección de garantías constitucionales en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (en adelante, JUNJI), corporación autónoma de derecho público representada por su Vicepresidenta Ejecutiva, nombre reservado, por la solicitud de renuncia formulada en contra de su representado al cargo de Director Regional de la JUNJI de la Región de Coquimbo, la que califica como un acto arbitrario e ilegal que vulnera las garantías constitucionales del artículo 19 numerales 2, 3 inciso quinto, 4 y 24 de la Constitución Política de la República. Expone que el recurrente fue nombrado en dicho cargo a través del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP), mediante concurso público reglado, a contar del 30 de agosto de 2024 y por un período de tres años. Precisa que se trata de un cargo directivo de segundo nivel jerárquico sujeto a un convenio de desempeño evaluado anualmente.

Sostiene que el recurrente obtuvo un desempeño sobresaliente durante su gestión, logrando un 100% de cumplimiento en la evaluación anual del Convenio de Desempeño correspondiente al período 2024-2025, aprobado por la propia Vicepresidenta Ejecutiva mediante Resolución Exenta N° NUM000. Asimismo, detalla que la evaluación parcial del segundo período reflejaba un avance general del 73,75% y que el recurrente lideró una gestión destacada en materias de control financiero, recuperación de recursos y regularización administrativa.

Alega que, mediante Oficio Reservado N° NUM001, de fecha 19 de marzo de 2026, la recurrida le comunicó la petición de renuncia fundada en «razón de confianza y desempeño» y en el supuesto «incumplimiento de los lineamientos y directrices impartidos por la máxima autoridad del servicio», otorgándole un plazo de 48 horas bajo apercibimiento de declarar la vacancia del cargo.

Sostiene que el acto impugnado adolece de un falso supuesto de hecho, pues la causal de desempeño deficiente resulta incompatible con las evaluaciones positivas emitidas por el propio servicio. Añade que el oficio carece de motivación circunstanciada al no detallar qué lineamientos habrían sido infringidos, e incurre en una imputación de responsabilidad funcionaria sin procedimiento sumario previo, infringiendo el debido proceso.

En consecuencia, solicita que se deje sin efecto la petición de renuncia y se ordene la reincorporación del recurrente con el pago de sus remuneraciones devengadas.

Segundo: Que comparece Julio Andrés Saavedra Rojas, abogado, en representación de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, evacuando el informe solicitado, y solicita el rechazo de la acción constitucional en todas sus partes, con costas.

Como cuestión previa, alega que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver la controversia, por cuanto existen otros medios judiciales y administrativos para impugnar el acto y el derecho reclamado no reviste el carácter de indubitado. Asimismo, señala que el oficio reservado que contiene la petición de renuncia no constituye un acto administrativo terminal, sino un acto de trámite preparatorio.

En cuanto al fondo, argumenta que el cargo de Director Regional es un puesto de segundo nivel jerárquico sujeto al Sistema de Alta Dirección Pública regulado por la Ley N° 19.882. Destaca que, conforme a los artículos 35 y 58 de dicho cuerpo legal y al artículo 148 del Estatuto Administrativo, estos directivos poseen la calidad de funcionarios de la exclusiva confianza de la autoridad facultada para su nombramiento, por lo que no gozan de estabilidad en el empleo ni de la expectativa de permanencia ligada a la confianza legítima.

Precisa que, con fecha 18 de marzo de 2026, se notificó verbalmente la solicitud de renuncia al actor, quien voluntariamente presentó su dimisión ese mismo día, fijando el término de sus funciones para el 29 de abril de 2026, renuncia que fue formalmente aceptada por medio de la Resolución RA N° NUM002.

Controvierte la existencia de un falso supuesto de hecho, argumentando que la pérdida de confianza responde a una evaluación estratégica e integral que excede el mero cumplimiento cuantitativo de metas del convenio de desempeño.

Asimismo, descarta la necesidad de un sumario administrativo previo, toda vez que no se ha aplicado una sanción disciplinaria, dejándose expresa constancia en la resolución de aceptación de renuncia de que el recurrente no se encontraba sujeto a procesos de responsabilidad administrativa vigentes.

Por todo ello, concluye que la autoridad actuó dentro del marco de sus competencias legales, descartando cualquier arbitrariedad o ilegalidad.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

Cuarto: Que lo requerido en autos dice relación con dejar sin efecto la petición de renuncia no voluntaria y posterior vacancia o cese de funciones del recurrente en el cargo de Director Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la Región de Coquimbo, ordenando su reincorporación al servicio.

Quinto: Que para dilucidar la legalidad y razonabilidad del acto impugnado, cabe precisar el estatuto jurídico que rige al cargo desempeñado por el recurrente. De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 19.882, que crea el Sistema de Alta Dirección Pública, y el Decreto con Fuerza de Ley N° 38 del Ministerio de Hacienda de 2003, los cargos de Directores Regionales de la JUNJI corresponden al segundo nivel jerárquico y revisten, por expresa disposición del legislador, el carácter de empleos de la exclusiva confianza de la Jefa Superior del Servicio.

Sexto: Que, en el contexto de la función pública, la institución de la exclusiva confianza implica una excepción constitucional y legal al principio de carrera funcionaria y estabilidad laboral. Conforme lo disponen los artículos 146 y 148 del Estatuto Administrativo (DFL N° 29 de 2004), los servidores que desempeñan dichos empleos se mantienen en ellos únicamente mientras cuenten con la confianza de la autoridad facultada para el nombramiento, de tal manera que la pérdida de dicha confianza impone la obligación jurídica de abandonar el cargo a requerimiento de la jefatura.

Séptimo: Que, analizados los antecedentes, consta que la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI formalizó la petición de renuncia del recurrente mediante el Oficio Reservado N° NUM001, invocando razones de confianza y desempeño, de acuerdo con la naturaleza del cargo y la necesidad de coordinación con la Dirección Nacional.

Frente a las alegaciones del recurrente sobre la concurrencia de un “falso supuesto de hecho” fundado en sus excelentes calificaciones de gestión cuantitativa, debe tenerse presente que la relación de confianza de un directivo público de segundo nivel jerárquico no se agota ni se condiciona exclusivamente al cumplimiento numérico de las metas de un convenio. El desempeño estratégico, la conducción del equipo, el alineamiento político-institucional con las directrices de la autoridad superior y la adaptabilidad a las políticas generales del servicio constituyen elementos esenciales del juicio fiduciario de permanencia, cuyo análisis y ponderación corresponden por ley de manera exclusiva y discrecional al Jefe Superior del Servicio. Así lo autoriza expresamente el artículo quincuagésimo octavo de la Ley N° 19.882 al prescribir que la solicitud de renuncia de estos cargos podrá fundarse indistintamente en razones de desempeño o de confianza.

Octavo: Que, por otra parte, no se advierte vulneración al derecho al debido proceso por la falta de tramitación de un sumario administrativo previo. La solicitud de renuncia no voluntaria de un alto directivo público no tiene naturaleza sancionatoria, punitiva ni disciplinaria; constituye, en cambio, el ejercicio de una facultad estatutaria de carácter organizativo y discrecional de la administración. Al no haberse imputado responsabilidad administrativa disciplinaria ni aplicado medidas correctivas de dicha índole —lo que queda refrendado en la propia Resolución RA N° NUM002, que acepta la renuncia del actor y certifica que no se encontraba sometido a sumario—, no resultaba legalmente exigible la instrucción de procedimiento disciplinario alguno.

Noveno: Que, en consecuencia, habiéndose dictado el Oficio Reservado N° NUM001 por la autoridad competente en el ejercicio de las atribuciones expresas conferidas por el artículo 148 del Estatuto Administrativo y el artículo quincuagésimo octavo de la Ley N° 19.882, y habiendo el propio recurrente presentado formalmente su renuncia no voluntaria, incluso antes que se formalizara el acto que impugna, la que fue aceptada por la resolución correspondiente, no se constata la existencia de un acto ilegal o arbitrario que afecte las garantías constitucionales denunciadas por el actor, razones por las cuales el presente arbitrio no puede prosperar. Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado

nombre reservado, en favor de don nombre reservado, en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 730-2026 (Protección).-