nombre reservado con FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA)

nombre reservado

Fondo Nacional de Salud Recurso de Protección Rol N°73-2024.- La Serena, veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el diecinueve de enero de dos mil veinticuatro comparece PABLO MARTÍNEZ ZÚÑIGA, abogado, en representación de nombre reservado, deduciendo acción de protección en contra del Fondo Nacional de Salud, Dirección Zonal Centro Norte.

Expone que su representado es médico cirujano de profesión, lo cual le ha significado tener que atender a una gran cantidad de pacientes a lo largo de los últimos años. Muchos de ellos acuden a la consulta de su representado mediante “bonos Fonasa”, pues su representado es parte de prestadores de salud inscritos en la Modalidad Libre Elección.

Indica que el 25 de noviembre de 2023 por medio de Oficio Ordinario N° 20949/2023, su representado fue requerido de un gran volumen de información correspondiente a copias de los registros de atención en respaldo de las prestaciones efectuadas a 143 beneficiarios. Para cumplir con esta carga se le otorgó un reducido plazo hasta el 28 de noviembre de 2023 (3 días).

Señala que su representado en ningún momento se negó a tal requerimiento, enviando dentro del breve plazo copia de registros de atenciones médicas de 133 beneficiarios.

Destaca que el pasado jueves 19 de diciembre de 2023, se le notificó por vía de correo electrónico, específicamente al mail correo reservado (que efectivamente corresponde a una cuenta de correo del médico que representa) la resolución exenta N° 13548/2023.

Dicha resolución establece que se le aplica la medida provisional de suspensión en forma transitoria de la inscripción en el Rol de la Modalidad Libre Elección de su representado nombre reservado y la suspensión del pago de los montos correspondientes al Fondo de Ayuda Médica, a contar inmediatamente después de ser despachada tal resolución.

Según FONASA, la razón formal de la aplicación de esta medida provisoria es que en el proceso de fiscalización se observan los siguientes hallazgos:

- Falta de registro para 32 prestaciones, 19 de estos por falta de ficha clínica.

- 49 registros no se han validado, dado que se ha corroborado corresponden exclusivamente a entrega de receta para continuidad de tratamiento farmacológico, entrega de informes y/o certificados médicos, un registro donde se copia información de otro paciente y un respaldo donde acude un tercero a solicitar medicamentos para quién sería el paciente.

- 19 prestaciones donde se corrobora el cobro de BAS con el solo fin de extender una licencia médica.

- 16 prestaciones donde se ha verificado cobro de doble BAS para un mismo beneficiario, en un mismo día, en circunstancias que solo cuenta con una atención, lo que se corrobora con declaración de 2 beneficiarias quienes confirman el cobro de doble bono, y ratifica la denuncia originada en la Sucursal FONASA Ovalle.

- Cobro de 2 prestaciones no realizadas, dado que corresponde a atenciones donde el paciente se encuentra inasistente, según el registro clínico tenido a la vista, con el agravante de entregar la atención en días posteriores, realizando cobro de un nuevo bono.

- Falta de actualización de lugar de atención, dada declaración del mismo prestador quien señala no mantener consulta en Ovalle, encontrándose actualmente atendiendo en la ciudad de La Serena.

- Incumplimiento normativo, dada la realización de atenciones remotas según declaraciones de 4 beneficiarios, lo que fue advertido al prestado por Sucursal Fonasa Ovalle, sin corregir su actuar.

Sostiene que los actos denunciados incurren en una serie de infracciones a la Ley. Invoca el artículo 32 de la ley 19.880. Precisa que la norma que invoca FONASA referente a las bases de los procedimientos administrativos, le permite adoptar medidas provisionales, una vez iniciado el procedimiento, así las cosas, el órgano administrativo podrá adoptar medidas provisionales que estime conveniente, pero siempre que sean necesarias para “asegurar la eficacia de la decisión” que pudiera recaer, “si existiesen elementos de juicio suficientes para ello”. Es decir, tienen un carácter cautelar y establece dos presupuestos para su aplicación: humo de buen derecho y peligro en la demora.

Así las cosas, existe una amenaza evidente a los derechos de su representado, pues se ha impuesto una medida provisional sin existir presupuestos para una necesidad de cautela. Pues la resolución exenta nro. 13548 no da mayores fundamentos respecto del humo de buen derecho o de cierta verdad en la pretensión y tampoco se explica por qué en el caso concreto imponiendo una medida provisional se asegura la eficacia de la resolución. En este escenario, se le ha impuesto un medida provisional por 180 días o hasta el término del proceso administrativo, que priva a su representado de poder seguir atendiendo a sus pacientes bajo la Modalidad de Libre Elección, a quienes se les impide poder acceder a un servicio tan esencial como es el de la salud.

Aduce, como primera ilegalidad detectada, la falsa aplicación del artículo 32 de la Ley N ° 18.880. En efecto, la ilegalidad se produce, primero, en la falsa aplicación del artículo 32 de la Ley N° 18.880, referente a la motivación del acto que permita imponer tales medidas.

Como segunda ilegalidad que se observa, invoca la falsa aplicación del artículo 21 de la Resolución 7 Exenta que aprueba procedimiento para la fiscalización y aplicación de sanciones a los prestadores inscritos en el Rol de la Modalidad de Libre Elección por infracciones a las normas que la regulan.

En efecto, en el artículo 21 del mencionado cuerpo legal se establece un plazo de tres días para cumplir con los antecedentes clínicos solicitados dentro de un procedimiento de fiscalización.

Ahora bien, este plazo resulta completamente razonable en el entendido de que se trate de UNA o UN PAR de solicitudes de registros de atención relacionadas a un mismo paciente. Pero no de información referente a un centenar de pacientes.

Como tercera ilegalidad que se observa, señala lo vago e impreciso de los requerimientos.

En efecto, se exigen centenares de copias de registros de atención, sin una motivación manifiesta acorde a la ley, sin fundamentos, registros de atención de cientos de pacientes atendidos por diferentes patologías a lo largo de los años 2022 y 2023, sin siquiera un orden sistemático de ninguna índole. Destaca que la información contenida en la ficha clínica de los pacientes es un dato sensible, conforme lo dispone el artículo 12 de la ley N°20.584 sobre deberes y derechos del paciente, en relación al artículo 2 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. Esta última ley define y establece quién es el responsable de los registros: “n) Responsable del registro o banco de datos, la persona natural o jurídica privada, o el respectivo organismo público, a quien compete las decisiones relacionadas con el tratamiento de los datos de carácter personal”. Lo anterior, en relación con el artículo 13 de la Ley N°20.584.

Aduce que su representado puede, no exento de dificultad, acceder a la información para aportar con las copias de registros de atenciones otorgadas, pero no está facultado para extraer y ventilar copias de datos sensibles para responder de los antecedentes exigidos por FONASA, motivo por el cual su representado debe actuar con mayor cuidado en la recolección de los registros exigidos.

En concreto, no es razonable, y de ahí la arbitrariedad e ilegalidad, formular un requerimiento genérico sin precisar lo que se pide, a quien no tiene facultades para entregar antecedentes clínicos, sin orden sistemático, designación del año y carácter del prestador, menos aún en tan solo 3 días.

Refiere como una cuarta ilegalidad que se advierte, que el requerimiento impugnado comprendería la revisión de registros de atenciones médicas de hace más de 6 meses, esto es, superando entonces el plazo de que disponen los órganos de la Administración del Estado para ejercer su potestad administrativa sancionatoria, de conformidad con los artículos 94 y 97 del Código Penal.

Con todo, si se llegase a estimar como legal el proceder del recurrido, se trata sin lugar a duda, al menos, de un actuar manifiestamente arbitrario.

Profiere que la solicitud de la recurrida vulnera también el Principio de la Proporcionalidad, que puede extenderse a la cuantificación y carga de lo requerido al administrado, inexorablemente unido al plazo.

A todo lo anteriormente expuesto se le debe sumar el hecho de que a su representado no se le ha permitido formular descargos en un plazo razonable respecto de las medidas provisionales impuestas, lo que afecta garantías fundamentales como el debido proceso y el derecho a defensa.

Adiciona que las acciones de la recurrida vulnera los derechos y garantías consagrados en los números 1, 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, el derecho a la salud, la libertad de trabajo y el derecho de propiedad. Incluido también el numeral 26 del mismo artículo por afectar los derechos en su esencia, por imponer trabas directas que impiden el libre ejercicio, en este caso, el derecho a informar en un plazo razonable y sobre un número razonable de registros de atención, bajo aplicación de medidas provisionales como la suspensión transitoria de la inscripción en el Rol de la Modalidad de Libre Elección suscrita por su representado y la suspensión del pago de los montos correspondientes al Fondo de Ayuda Médica asociados a bonos de atención cobrados por el prestador afectos a revisión, ambas por 180 días o hasta el término del proceso administrativo.

En cuanto al derecho a la vida y la integridad física y psíquica. Más allá del perjuicio evidente a la integridad de su representado, se está arriesgando la vida de sus pacientes. Como se dijo en su oportunidad, la profesión de su representado exige que atienda, identifique enfermedades y entregue a sus pacientes un adecuado tratamiento para sus afecciones. Suspender a su representado de la Modalidad de Libre Elección priva a cientos de pacientes que se tratan con él de acceder a sus servicios como médico, afectando el derecho a la vida e integridad física y psíquica de estos.

Agrega que el requerimiento hecho a mi representado, amenaza el derecho a desempeñar su actividad profesional y atender bajo la Modalidad de Libre Elección, afectando así también el derecho a su integridad psíquica, precisamente por la medida provisional que se ha aplicado. En efecto, ante el hecho de estar sufriendo duras medidas provisionales, que afectan su actividad. Además, existe un temor real y verdadero a que este arbitrario procedimiento le genere aún más perjuicios, viviendo a diario una angustia y preocupación constante y significativa.

Respecto a la igualdad ante la ley, al verse expuesto su representado a una segura e injusta sanción, que afecta su patrimonio, por la suspensión de pago asociadas y pérdida de capacidad de trabajo vinculado a la imposibilidad de recibir pacientes con bono Fonasa bajo la Modalidad de Libre Elección, es evidente que se encuentra en una hipótesis de desigualdad frente a otros profesionales a quienes no los hostigan con solicitudes de información que no se pueden cumplir, o, si se quiere, a quienes se les otorguen plazos razonables respecto de registros de atención.

La libertad de trabajo de su representado también se ve gravemente perjudicada, porque se le priva injustamente de una ingreso fundamental para su consulta, esto es la atención de sus pacientes bajo Modalidad de Libre Elección, quienes no podrán acceder a la recurrente para ser tratados o ésta deberá delegarse con otros profesionales atendida su incapacidad de poder atenderlos.

Ahora bien, amparándose en la protección constitucional del derecho de propiedad en sus diversas especies, sin hacer distinción entre cosa corporal o incorporal, el derecho como profesional de ejercer la medicina en forma libre es parte de su patrimonio y está siendo amenazado. También, se afecta su patrimonio, pues claramente frente a la suspensión de su inscripción en la Modalidad de Libre Elección y la suspensión del pago de los montos correspondientes al Fondo de Ayuda Médica asociados a bonos de atención, se ha afectado su relación con sus pacientes, quienes deberán recurrir por sus patologías a otros profesionales.

Por estas consideraciones solicita se acoja la acción, declarando ilegal y/o arbitrario el proceder de la recurrida, ordenando: Que, la recurrida deje sin efecto todos los requerimientos de información remitidos a su representado mediante correos electrónicos de 24 de noviembre de 2023, absteniéndose de formular un requerimiento en términos similares y desproporcionados en lo sucesivo; Que, a todo evento, sea en este procedimiento u otro que inicie la recurrida en la posteridad, se limite al requerimiento a una copia de registro de atención y que se encuentre dentro de los plazos de ejercicio de la potestad administrativa sancionatoria, esto es, a una copia de registro de atención por cada requerimiento y por separado, permitiendo a la administrada recurrente el plazo razonable que ofrece la Resolución 7 Exenta para cumplir dicha solicitud y que alcanza el máximo de 3 días, de manera tal que el periodo legal proceda para la recopilación de antecedentes de las copia de registro de atención médica de manera exclusiva, y no de forma paralela para 2 o más copias de registro de atención. En su defecto, que el requerimiento solo pueda recaer en el número razonable de copias de registro de atención que estime esta Corte, debiendo precisar y mantener FONASA un orden o criterio unificador para requerir informe, por ejemplo, acotando el requerimiento a copia de registro de atención respecto de un paciente, sin que corran simultáneamente varios plazos; Que, a todo evento, de mantenerse intacto el actual requerimiento de informe de centenar de licencias médicas en un solo procedimiento iniciado el 24 de noviembre de 2023, se conceda a su representado un plazo equivalente a una copia de registro de atención cada tres días; En su defecto, el plazo razonable y humanamente posible que se estime conveniente para dicho fin, que en ningún caso pueda ser inferior a un registro de atención diario, con costas Acompaña los siguientes documentos: 1) Oficio Ordinario 5R N° 20949/2023; 2) Resolución Exenta N° 13548/2023; 3) Mandato Judicial de 6 de enero de 2023.

SEGUNDO: Que, evacuó informe ALEJANDRO VENEGAS RAMIS, abogado, por el FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA).

Expone, en lo pertinente, que el Fondo Nacional de Salud constantemente está llevando a cabo un proceso general (Programa Nacional de Fiscalización) de fiscalización respecto de Convenios en que, de acuerdo a sus antecedentes, surgen indicios de su mal uso y por consiguiente un posible perjuicio patrimonial para el Fondo Nacional de Salud y sus afiliados.

En el caso del prestador referido, el 12 de octubre de 2023 se recibió una denuncia, contenida en la Solicitud Ciudadana Folio 1762457, por parte de una beneficiaria de Fonasa, doña nombre reservado que indicaba: “ayer lunes 11-12-2023, fui atención medica con el Dr. nombre reservado el cual no me quiso atender con el bono ya que para lo que yo iba con mis síntomas necesita por lo menos fármacos y licencia médica y el me inda que para licencia médica debía ir con el atención particular el cual tenía un monto de $40.000”. (sic).

Ante lo expresado por la Sra. nombre reservado, se procedió a revisar los bonos emitidos por el profesional desde el año 2019 detectándose entre otras cosas, lo siguiente:

- Prestador que presenta alza de 17% en cobros brutos en el año 2020, seguido de disminución de 15% en 2021 y de 57% en el 2022.

- Al 05 de noviembre de 2023 se observa que revierte la tendencia, manteniendo cobros un 24% superior al total cobrado en 2022. No obstante lo anterior, si se compara los cobros 2023 con 2020, aun con mayor cobranza, estos son un 55% inferiores.

- Respecto de los cobros de Fondo de Ayuda Médica (FAM) mensuales, se observa alza exponencial hasta junio de 2023, alcanzando los $514.200, manteniendo en julio una disminución ($217.800), seguido de nuevas alzas.

- Se debe considerar que el promedio FAM del periodo noviembre 22 a noviembre 23 es de $364.830. Consecuentemente, mantiene alerta por variación FAM superior al 30% de promedio de los 12 meses anteriores, en 7 meses, con las mayores variaciones en mayo (76%) y junio 2023 (72%).

- Prestador reporta atención de lunes a domingo, con mayor atención en días lunes. Se observa un 0.69% de prestaciones con atención en sábado y/o domingo.

- Entre enero y noviembre de 2023 presenta 7 alertas en sistema de Fonasa (RNA) por no cumplir condiciones de límites financieros para las prestaciones (frecuencia y edad).

- En el periodo revisado, se observa emisión de 578 prestaciones para 238 beneficiarios, con un promedio de 2.4 prestaciones por beneficiario. Corroborando que existen 5 pacientes que cuentan con 11 a 20 prestaciones en el periodo revisado.

Lo anterior sumado a la denuncia realizada determinó iniciar en su contra una fiscalización por posibles irregularidades en el cumplimiento del convenio celebrado y las normas que regulan la MLE, lo cual le fue notificado al prestador, mediante OFICIO ORDINARIO 5R N° 20949/2023, además de exigirle los antecedentes necesarios para esclarecer su situación.

Señala que una vez recopilados los antecedentes requeridos y teniendo a la vista la base de datos de Fonasa respecto de este prestador se comprobó una serie de irregularidades razón por la cual, para precaver que se continuara generando un perjuicio para Fonasa, y como un deber de resguardar el patrimonio público ante evidentes indicios de irregularidades por parte de este prestador, se dicta, al amparo de las facultades que la normativa vigente le entrega, la resolución exenta N° 13548/2023, que dispone:

1. Suspéndase en forma transitoria la inscripción en el Rol de la MLE suscrita por el prestador nombre reservado, RUT RUT reservado, por un plazo de 180 días o hasta el término del proceso administrativo, iniciado por las eventuales irregularidades detectadas.

2. Suspéndase el pago de los montos correspondientes al Fondo de Ayuda Médica, asociados a bonos de atención cobrados por el prestador afecto a revisión, por 180 días o hasta el término del proceso administrativo.

Refiere que los fundamentos para dictar la resolución en cuestión aparecen claramente señaladas en los considerandos uno a nueve de la misma, incluso con detalle, de tal modo de que el prestador pudiera entender claramente su motivación y necesidad de dictarse.

Así se señala:

1. Que, el prestador nombre reservado, RUT RUT reservado, se encuentra inscrito en el Rol de Prestadores de la Modalidad de Libre Elección que lleva FONASA, desde el 01 de febrero de 2013.

2. Que, la inscripción obliga al prestador a dar cumplimiento de todas las normas legales, reglamentarias, técnicas y administrativas indicadas en la cláusula primera del mismo.

3. Que, el Fondo Nacional de Salud está llevando a cabo un proceso de fiscalización al prestador, basado en la denuncia recibida desde la Sucursal FONASA Ovalle, por cobro de doble bono y realización de consultas médicas vía remota.

4. Que, del proceso de fiscalización, se observan los siguientes hallazgos: - Falta de registro para 32 prestaciones, 19 de estos por falta de ficha clínica. - 49 registros no se han validado, dado que se ha corroborado corresponden exclusivamente a entrega de receta para continuidad de tratamiento farmacológico, entrega de informes y/o certificados médicos, un registro donde se copia información de otro paciente y un respaldo donde acude un tercero a solicitar medicamentos para quien sería el paciente. - 19 prestaciones donde se corrobora el cobro de BAS con el solo fin de extender una licencia médica. - 16 prestaciones donde se ha verificado cobro de doble BAS para un mismo beneficiario, en un mismo día, en circunstancia que solo cuenta con una atención, lo que se corrobora con declaración de 2 beneficiarias quienes confirman el cobro de doble bono, y ratifica la denuncia originada en la Sucursal FONASA Ovalle. - Cobro de 2 prestaciones no realizadas, dado que corresponde a atenciones donde el paciente se encuentra inasistente, según el registro clínico tenido a la vista, con el agravante de entregar la atención en días posteriores, realizando cobro de un nuevo bono. - Falta de actualización de lugar de atención, dada declaración del mismo prestador quien señala no mantener consulta en Ovalle, encontrándose actualmente atendiendo en la ciudad de La Serena. - Incumplimiento normativo, dada la realización de atenciones remotas según declaración de 4 beneficiarios, lo que fue advertido al prestador por Sucursal FONASA Ovalle, sin corregir su actuar.

5. Que, se recibe una Solicitud Ciudadana Escalable, Folio N°1762457, de la beneficiaria nombre reservado, quien refiere que, al acudir a la consulta médica del prestador, se rechazó atención a través de bono FONASA, dado que según su cuadro clínico requeriría indicación de fármacos y licencia médica, para lo que debía cancelar $40.000. Que, lo anterior infringe la Normativa Técnico Administrativa vigente, según los puntos 30.1 letra g), b.11), b.9), b.4), h), a), los que señalan, respectivamente: “No contar con los registros de respaldo por las prestaciones realizadas, sea este físico o electrónico”; “Presentación para el cobro o cobro indebido de órdenes de atención de salud y programas de atención de salud, pudiéndose distinguir: Por cobro de BAS, emitido con el sólo fin de extender una licencia médica”; “De recargos improcedentes, por cobro de doble BAS por atención, salvo las excepciones contempladas por la normativa de acuerdo a la especialidad”; “De prestaciones no realizadas”; “Falta de actualización de la planta de profesionales, lugares de atención y otros antecedentes” e “Incumplimiento de las normas legales, reglamentarias y arancelarias que rigen la Modalidad de libre elección; y regulan la aplicación de su Arancel, incluyendo en ellas las Resoluciones dictadas por el Ministerio de Salud y publicadas en el Diario Oficial, además de las Instrucciones que dicte el Fondo Nacional de Salud”, esto por contravenir el punto 7.1.6 letra B) “Requisitos generales. a) El prestador o establecimiento de salud que otorgue atenciones de teleconsulta y/o telerehabilitación, deberá contar con una plataforma en convenio o propia, para brindar las prestaciones del subgrupo 08 la cual deberá ser acreditada previamente por FONASA o por un tercero autorizado por FONASA que podrán ser utilizadas hasta por seis meses, luego de publicados todos los reglamentos y normas técnicas dictadas por Minsal, lo anterior en el marco de la ley 20.584 vigente”.

6. Que, en conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 19.880 del 2003, y el Art. 24 de la Resolución Exenta Nº7/2021 del Fondo Nacional de Salud, este Servicio se encuentra facultado para adoptar, de oficio o a petición de parte y mediante resolución fundada, las medidas provisionales que estime oportunas, para asegurar la eficacia de la decisión que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello.

7. Por otro lado, debe también, adoptar las medidas de resguardo que impidan que el patrimonio institucional se vea afectado o, en su caso, que el posible daño ya sufrido, aumente, lo que no es más que dar cumplimiento a su deber de precaver por el cuidado de los bienes y patrimonio de la institución.

8. Que, los hechos relatados en las consideraciones precedentes resultan suficientes para justificar la aplicación de medidas provisionales, a fin de resguardar el correcto funcionamiento de la Modalidad de Libre Elección por parte de los prestadores inscritos en ella.

Destaca que la Resolución Exenta N° 7/2021 de Fonasa que Aprueba procedimiento para la fiscalización y aplicación de sanciones a los prestadores inscritos en el rol de la modalidad de libre elección por infracciones a las normas que la regulan, establece la facultad de Fonasa en los procesos de fiscalización como el de autos, de tomar las medidas de resguardo que sean necesarias para, entre otras, la protección provisional de los intereses implicados, en otras palabras, resguardar el patrimonio de la institución ante el posible mal uso del sistema, y también, los intereses de sus propios beneficiarios que, como en este caso, existió una denuncia de una beneficiaria afectada, según lo dicho anteriormente.

Así, la norma específica aplicable al caso es el artículo 24 de dicha Resolución, la cual contempla dos posibles momentos para dictar la resolución que decrete estas medidas provisorias de resguardo, uno antes del inicio del proceso de fiscalización propiamente tal, y otro, como ocurrió en este caso, después de iniciada esa fiscalización.

Señala que no es efectivo lo afirmado en cuanto a que el Fondo Nacional de Salud, haya actuado en forma arbitraria o haya incurrido en actuación ilegal, ya que no ha privado al recurrente de ninguna de las garantías constitucionales que este señala, ni ha infringido ninguna otra disposición legal o reglamentaria.

Pues bien, no ve como las medidas de resguardo dictadas por Fonasa puedan afectar la el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica del recurrente o de cualquier otra persona, ni menos de sus pacientes, trata de establecer una mera especulación, sin prueba ni fundamento para tratar de dar sustento a su recurso.

En cuanto a la igualdad ante la ley, precisamente lo que ha hecho Fonasa es actuar respecto del recurrente, como lo ha hecho en muchos procesos de fiscalización en los que, incluso con antecedentes de menor gravedad que el caso de autos, también ha adoptado aquellas medidas de resguardo, impidiendo que el daño patrimonial ya sufrido, aumente. Actuar de una manera distinta, es decir, no adoptar las medidas de resguardo, habría implicado darle a este prestador un trato privilegiado respecto de otros casos.

Tampoco lo resuelto por Fonasa impide que el prestador ejerza libremente su profesión afectando la garantía del artículo 19 N° 16 de la Constitución toda vez que puede atender libremente a todo tipo de pacientes, solo que en ese ejercicio libre, no podrá afectar el patrimonio de Fonasa.

Finalmente en cuanto al derecho de propiedad, las fiscalizaciones instruidas por Fonasa a sus prestadores por infracción a las normas que regulan la denominada Modalidad libre Elección, están amparadas en la facultad que le entrega el artículo 143 del DFL N° 1, de Salud, de 2005, al cual ya se hizo referencia. Por otro lado, en el convenio celebrado con Fonasa, todo prestador declara aceptar las normas que rigen la MLE, en consecuencia sabe perfectamente que ante un proceso de fiscalización en que aparezcan irregularidades, como en este caso, Fonasa puede adoptar este tipo de medidas, sin que ello implique afectar su derecho de propiedad sobre prestaciones no realizadas.

Por estas consideraciones solicita se rechace en todas sus partes el recurso de protección intentado en contra del Fondo Nacional de Salud (FONASA), por no configurarse en la especie una acción u omisión arbitraria o ilegal por parte de éste en los términos que se alegan; determinando una expresa condena en costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, atendido el mérito de los antecedentes y lo expuesto por el recurrente en audiencia, se advierte por estos sentenciadores que lo que se solicita a través del presente recurso es modificar la tramitación de un procedimiento reglado, sin que se efectué petición alguna en relación con la aplicación de las medidas provisionales de suspensión en forma transitoria de la inscripción en el rol de la modalidad libre elección y la suspensión del pago de los montos correspondientes al Fondo de Ayuda Médica, no obstante dirigirse casi la totalidad de los reproches y argumentaciones que se desarrollan en el cuerpo del recurso en contra de las aludidas medidas.

SEXTO: Que, así las cosas, no guardando relación los fundamentos del recurso con el acto que se impugna –requerimiento de antecedentes y el plazo otorgado para ello- es que solo cabe entender que esta Corte carece de los antecedentes necesarios para acceder a la petición del actor, circunstancia que por sí sola determina el rechazo del recurso.

SEPTIMO: Que, a mayor abundamiento y como ya se anticipó, lo que se pretende en la especie es atacar y en definitiva modificar un procedimiento establecido por ley y desarrollado reglamentariamente, circunstancia que resulta ajena a esta vía cautelar y de protección de derechos indubitados, por lo que solo cabe concluir que en la especie no hay acto u omisión ilegal o arbitraria atribuible a la recurrida, no verificándose en consecuencia el presupuesto básico de procedencia de esta acción, lo cual abona al rechazo de la misma.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por PABLO MARTÍNEZ ZÚÑIGA, en representación de nombre reservado, en contra del Fondo Nacional de Salud, Dirección Zonal Centro Norte.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 73-2024 (Protección).-