nombre reservado con nombre reservado

nombre reservado

nombre reservado

Recurso de Protección Rol N° 73-2021.- La Serena, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha veintitrés de febrero de dos mil veintiuno comparece nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de nombre reservado.

Expone que el día 14 de febrero de 2020 aproximadamente a las 16:00 horas, al ingresar a su página de Facebook advierte que la señora nombre reservado había publicado en esta red social en un grupo denominado Funas La Serena y Coquimbo lo siguiente: “Atentos los que arriendan, para que no les pase lo mismo con esta sinvergüenza. Quiero funar a esta mujer, nombre reservado, le arrendé mi casa y me quedó debiendo 10 meses más la luz y el agua adeudado aproximadamente $ 3.500.000. Trabajaba en la Municipalidad de La Serena como trabajadora social. Como pueden ver cero ética profesional, estafadora de adulto mayor, se cambia de casas, dejando esas deudas. Quiero compartan para que la persona que le haya arrendado tenga cuidado y no le vaya a pasar lo mismo, empieza a decir que no le han pagado y a pagar de a poco, pone cara de víctima…” (Sic) además de sus datos personales, su profesión, el lugar donde supuestamente trabaja, incitando a quienes veían esta publicación a lo que se ha denominado una funa en su contra, llamándola sinvergüenza, publicación que hasta el día de hoy se ha compartido más de mil veces.

Refiere que doña nombre reservado he hecho estas publicaciones junto a sus dos hijas, quienes se han encargado de multiplicar y compartir una serie de epítetos en su contra que ha vulnerado su integridad psíquica, emocional, su honra, su nombre y su prestigio profesional.

Asimismo estas publicaciones se han realizado subiendo fotos en donde aparece junto a su familia y a sus nietos todos menores de edad, fotos obtenidas sin su autorización.

Asimismo, señala que se han compartido links que lleva directamente a su página de Facebook y se ha compartido estas publicaciones con la I. Municipalidad de La Serena, que fue su ex empleadora, lo que ha significa además que estas publicaciones dañan mis posibilidades de reincorporarme a esa entidad en la que terminó contrato el año 2019 producto del estallido social. Y supo por sus ex compañeros que estas publicaciones habían sido comentadas en la Alcaldía.

Añade que actualmente se encuentra en una situación delicada de salud debido a que esta con depresión, sufre crisis de pánico y esta situación ha agravado su estado de salud mental, debido a que además su familia se ha visto comprometida con el actuar de la recurrida.

Destaca que respecto del contenido de las publicaciones vertidas en las redes sociales por la recurrida doña nombre reservado, tiene su origen en un contrato de arrendamiento que se ventiló en la causa C-4013-2019 del Tercer Juzgado de Letras de La Serena, causa que tuvo como partes a la hija de doña nombre reservado, doña nombre reservado como demandante y que finalizó en una conciliación.

Señala que efectivamente, debido a que se encuentra en estos momentos sin trabajo, no ha podido cumplir con lo acordado, pero esto no es razón para que las personas se tomen la justicia por mano propia y, además se sientan con derecho a denigrar su nombre y el de toda su familia, cuando ya un Tribunal de la República resolvió sobre lo mismo.

Señala como garantías constitucionales vulneradas las establecidas en el artículo 19 números 1 y 4 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones solicita se ordene que la recurrida elimine las publicaciones señaladas de la red social Facebook en forma inmediata y, que en el caso de no ser cumplido por la recurrida, proveer desde ya que se sirva decretar oficio a Facebook con el objeto que elimine dicha publicación, y todas las publicaciones que hayan sido compartidas desde la publicación original, además de disponer de todas las medidas que se consideren conducentes al restablecimiento del Derecho, con expresa condenación en costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Set de pantallazos de la red social Facebook realizado por la recurrida y de los comentarios realizados; 2.- Copia simple de Acta de Conciliación en la causa Rol C-4013-2019 del Tercer Juzgado de Letras de La Serena.

SEGUNDO: Que, evacuó informe nombre reservado, quien expone que desde hace 12 años aproximadamente que arrienda un inmueble, propiedad de su hermano, el cual se lo ha cedido para poder sustentarse de él, debido a que es una mujer perteneciente a la tercera edad, divorciada, con cuatro hijos que mantener desde ese entonces.

Añade que al necesitar generar más ingresos en el hogar, y como bien menciona la recurrente, su relación tiene su origen en un contrato de arrendamiento celebrado el 16 de noviembre de 2016 por su hija, nombre reservado, y la recurrente nombre reservado. Precisa que independientemente que su hija es la que figura en el contrato de arrendamiento como arrendadora, siempre fue ella la que tenía contacto con la entonces arrendataria y manejaba las rentas y cualquier asunto que tuviese relación con el arrendamiento.

Refiere que al principio de la relación contractual, la recurrente cumplía diligentemente con los pagos del arriendo y los pagos de luz, agua y extracción de basura, pero a partir del mes de junio de 2019 comienza con atrasos en los pagos del arriendo y consecuencialmente con los pagos de las cuentas antes señaladas. Al advertir esta situación es que se comunicó insistentemente con la recurrente a fin de alcanzar algún acuerdo con las deudas del arriendo, le señaló que comprendía su situación económica y laboral a lo cual ella evade constantemente las comunicaciones y rompe con todos los acuerdos y plazos propuestos para el pago.

Ante la situación antes descrita y al no contar con los recursos suficientes para contratar un abogado, es que se acercó en octubre del año 2019 a solicitar orientación y ayuda a la Corporación de Asistencia Judicial de La Serena. Destaca que para ese entonces la situación del incumplimiento reiterado del pago del arriendo y las cuentas de servicios básicos asociadas al inmueble, la tenía muy acomplejada psicológicamente y con problemas para conciliar el sueño.

Agrega que con la asistencia otorgada en la Corporación, presentó una demanda de terminación de contrato de arrendamiento por no pago de rentas el 8 de noviembre de 2019, causa ROL C-4013-2019 seguida en el Tercer Juzgado de Letras de La Serena. De dicha causa y como bien indica la recurrente llegaron a conciliación el 29 de enero de 2020, pero la recurrente una vez más reiterando su conducta poco responsable e indolente, de nuevo, no cumple con los acuerdos llegados en la etapa de conciliación.

Profiere que en dicha conciliación se acuerda, además, que la recurrente hará abandono del inmueble en perfectas condiciones el día 04 de mayo del año 2020, sin embargo la recurrente no cumple con lo acordado, tanto con las deudas impagas como con la propiedad, por lo que el 19 de mayo del mismo año se solicita el cumplimiento incidental de la conciliación.

Destaca que desde la solicitud del cumplimiento incidental y durante todo el año 2020 se hicieron todas las gestiones posibles para obtener el cumplimiento de las obligaciones pendientes por su parte, y respecto de la entrega del inmueble recién el 16 de diciembre del año 2020 hizo abandono del mismo, dejándolo con daños en ventanas, paredes, sin ampolletas, enchufes dañados y el lugar en pésimas condiciones.

En tales circunstancias se encontraba tremendamente afectada psicológicamente con episodios depresivos, crisis de pánico y con decaimiento emocional, síntomas que mantiene hasta el día de hoy, pues el arriendo de su casa se utilizaba para generar ingresos al hogar y poder financiar el arriendo de la casa donde reside con sus hijos, ingresos de los cuales a raíz del incumplimiento de la recurrente, le fueron privados por más de un año, durante ese periodo de tiempo tuvo que recurrir a la ayuda de su familia para poder subsistir, sobretodo en esos periodos que comprende el estallido social y la pandemia mundial a la que estamos afectos. Además señala que incluso al día de hoy se le adeuda el dinero que me corresponde.

Manifiesta que en la liquidación practicada el 12 de enero de 2021 da cuenta que la deuda de la recurrente asciende a los RUT reservado (tres millones y medio) de pesos aproximadamente. En ese entonces no se pudo trabar el embargo por desconocer completamente el paradero de la recurrente.

Puntualiza que aun en ese entonces logró comunicarse con la recurrente para poder llegar a un acuerdo para el pago de la deuda, incluso tratando de comprender la supuesta situación que ella se encontraba, pero lamentablemente, otra vez, no se llega a nada, recibiendo respuestas negativas y evasivas de su parte para con el cumplimiento de sus deudas.

Menciona que durante todo el tiempo que estuvo como arrendataria, trató de entender las razones por las cuales no cumplía con el contrato, declarando ella su estado de desempleo y el contexto nacional del momento, tuvo varias discusiones con sus hijos por intentar entenderla teniendo sus propias necesidades, económicas y médicas.

Es por todo lo anterior, y especialmente por su estado de salud, que decide hacer el relato de los hechos que la ligan a la recurrente a través de una publicación en la red social Facebook, llevaba más de un año sin recuperar su casa y la recurrente arrastrando una deuda de más de tres millones de pesos. Esta publicación tenía como objetivo más que nada un grito de auxilio, la intención de comunicar la odisea que vivió, así para que más personas no pasen por la situación antes descrita, en que personas se ven en la necesidad de arrendar su casa con la esperanza de mejorar su situación económica y aparezcan personas inescrupulosas que no tienen consideración alguna con sus obligaciones y con las demás personas, esto en virtud de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 numero 12° de nuestra Constitución.

Acota que SUS hijas son mayores de edad, capaces, responsables de lo que hacen y dicen, en consecuencia no es ella la persona facultada para controlar sus actos y tener responsabilidad por sus hechos, lo que decidan hacer en sus redes sociales corresponde lisa y llanamente a su voluntad como personas adultas y capaces.

Por otra parte, la recurrente señala en su escrito que la publicación la realizó con fotos de su familia y nietos menores de edad, y además que publicó las imágenes sin su consentimiento. En primer lugar, señala que no las unió ni una relación de “amistad” por la red social Facebook, en segundo lugar las personas que aparecen en las fotos de la publicación aparecen con sus caras cubiertas con stickers resguardando su identidad, ya que sus descargos fueron netamente con la persona de la recurrente, en ningún momento con la intención de dirigirse contra nadie más, y en tercer lugar, la red social Facebook tiene reglas de privacidad para que, a excepción de tus “amigos” en la red social, tengan acceso a su información personal no siendo el caso de la recurrente, que tenía su cuenta pública, y todas las personas tengan acceso a su información, esto relacionado con el primer punto a que las fotos utilizadas en la publicación fueron las que la recurrente tiene con acceso para todo púbico, y no solo para sus “amistades” en dicha red social.

Precisa que la recurrente señala en su escrito que diversas personas han realizado comentarios en relación a la publicación, frente a esto no se puedo responsabilizar y controlar por las opiniones que realizan las personas en su libre ejercicio de libertad de opinión, y no fueron ellas las llamadas en calidad de recurridas.

Añade que la publicación en Facebook aludida solo manifiesta los hechos que están vertidos o amparados en la causa civil ya indicada, causa que por lo demás es pública, y con el solo fin de informar y hacer sus descargos respecto de hechos, por lo que no existe nada inventado que pretenda intencionadamente dañar la honra de la recurrente.

Por último, hace presente que desde hace un tiempo por salud de índole psicológica y mental, que la publicación no se encuentra disponible, decidió eliminarla, por lo que el recurso ha perdido su sustento fáctico, cual es, las publicación de Facebook en cuestión, no existiendo ningún hecho que perturbase un supuesto derecho que invoca la recurrente.

Por estas consideraciones solicita negar lugar a la acción constitucional interpuesta en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Captura de su perfil de Facebook correspondiente al link: https://m.facebook.com/loretto.pazrojas en donde no se aprecia ninguna publicación que aluda a la recurrente y sus acciones; 2.- Demanda presentada ante los tribunales de justicia, su certificado de envió y resolución de que la admite (causa ROL C-4013-2019, tercer juzgado de letras de La Serena); 3.- Acta de conciliación y su solicitud de cumplimiento (causa ROL C-4013-2019, tercer juzgado de letras de La Serena); 4.- Liquidación de crédito (causa ROL C-4013-2019, tercer juzgado de letras de La Serena); 5.- Certificado médico.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, de manera preliminar, cabe consignar que la alegación de perdida de oportunidad formulada por la recurrida será desestimada, toda vez la actora ha controvertido expresamente la alegación de la denunciada consistente en la supuesta eliminación de las publicaciones materia de autos, acompañando antecedentes que darían cuenta de nuevas publicaciones formuladas por la recurrida de similar tenor a aquellas que motivaron la interposición de la presente acción, lo cual en definitiva no permite otorgar valor a la referida defensa.

SEXTO: Que, dilucidado lo anterior, es dable señalar que, en atención a los antecedentes allegados a esta causa, particularmente, de las capturas de pantalla de las publicaciones efectuadas por la recurrida en la red social Facebook, se constata que efectivamente aquella formuló expresiones escritas a través de dicha red social, publicaciones en las cuales, además de relatar diversas circunstancias de la relación contractual que la vinculó con la actora, añade calificaciones respecto de esta última, tales como “sinvergüenza” o “estafadora”. Por lo demás, la denunciada reconoce expresamente la autoría de tales publicaciones en el informe evacuado, no obstante entender que su actuar se encuentra amparado por la garantía constitucional de la libertad de expresión.

SEPTIMO: Que, la libertad de expresión, como toda garantía constitucional, reconoce ciertas limitaciones, siendo la primera de ellas los demás derechos fundamentales que, en el caso concreto, puedan colisionar con tal prerrogativa; en la especie, la honra de la actora.

OCTAVO: Que, teniendo presente tal premisa básica, estiman estos sentenciadores que la publicación efectuada por la recurrida no puede tener amparo en la garantía constitucional que invoca, desde el momento que, no obstante indicar en su informe que en la publicación cuestionada solo se habría limitado a informar respecto de una situación que la aquejó y que consta en antecedentes que son de publico acceso, lo cierto es que la mera lectura de la publicación permite apreciar que aquel excede los márgenes de un comentario meramente informativo, al contener expresiones y juicios de valor que no solo son susceptibles de dañar la honra de una persona (sinvergüenza), sino que, además, atribuyen derechamente la comisión de un ilícito (estafadora), sin que exista constancia de denuncia o persecución penal alguna respecto de aquel ilícito, ni de sentencia ejecutoriada que establezca fehacientemente el mismo; expresiones que de su propio tenor se entienden peyorativas y que por ende afectan la imagen que terceros tienen o pudieran tener de la actora, no siendo óbice a tal conclusión la circunstancia de existir una causa civil afinada entre las partes, por cuanto, más allá del incumplimiento contractual atribuido y reconocido por la propia recurrente, aquello en caso alguno permite calificar a la demandada como estafadora, al ser aquella una materia ajena a la judicatura civil.

NOVENO: Que, por las circunstancias ya señaladas –falta de conocimiento de los hechos por los órganos pertinentes y consecuente falta de corroboración de los hechos imputados- las expresiones consignadas en el perfil personal de la red social Facebook de la recurrida no encuentran amparo en la garantía de libertad de expresión, la cual, en este caso concreto, debe ceder ante la protección de la honra de la recurrente.

DECIMO: Que, lo señalado permite sostener que efectivamente la recurrida incurrió una acción -consistente en efectuar una publicación en una red social- de carácter arbitraria, al carecer de antecedentes que sustenten y justifiquen la misma, lo cual ha perturbado el derecho a la honra de la actora, en su dimensión heterónoma, esto es, entendido como prestigio, buen nombre e imagen, lo cual hace procedente acoger la presente acción constitucional, en los términos que se dirán en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE DECLARA que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de nombre reservado, y en consecuencia se ordena a la recurrida la eliminación del contenido publicado en su perfil personal del sitio web de facebook que alude a la recurrente, debiendo abstenerse en lo sucesivo de seguir realizando publicaciones de ese tipo por cualquier vía.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 73-2021 (Protección).-