nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL

nombre reservado, nombre reservado

Municipalidad de Illapel Recurso de protección Rol N°729-2026 La Serena, siete de mayo de dos mil veintiséis.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece José Antonio Núñez Collado abogado, interponiendo acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, médico quien presta funciones en establecimientos de atención primaria de Illapel, y en contra de la Municipalidad de Illapel por la falta de instrucción de un procedimiento administrativo para conocer de denuncia realizada por la actora al alero de la Ley N° 21.643, conocida como “Ley Karin”, así como par la falta de adopción de medidas de resguardo de sus derechos. Como garantías vulneradas indica aquellas contenidas en los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que la actora se desempeña como médico en postas rurales de la comuna de Illapel desde el año 2000 y que desde hace algunos meses ha visto siendo objeto de hostigamientos y malos tratos reiterados de parte de un compañero de trabajo, los cuales denunció ante la municipalidad recurrida el pasado 19 de marzo conforme al protocolo de prevención del acoso laboral, acoso sexual y la violencia en el trabajo dictado para dar cumplimiento a la Ley N°21.643. Señala que de acuerdo a lo prescrito en el mencionado protocolo, la municipalidad debió instruir en el plazo de 10 días hábiles procedimiento administrativo para determinar la eventual responsabilidad administrativa de los involucrados; designar un fiscal a cargo de la investigación y adoptar medidas de protección para los involucrados, nada de lo cual habría acontecido a la fecha de interponerse el presente recurso. Añade que frente a la omisión en que incurre la recurrida la actora realizó dos presentaciones formales solicitando dar curso progresivo al procedimiento previsto en el protocolo las cuales no fueron respondidas por la municipalidad.

Sostiene que los hechos descritos conculcan el derecho de la recurrente a la física y psíquica al exponerla a un menoscabo emocional por la falta de adopción de medidas de resguardo, así como su derecho de propiedad en tanto la actora ha debido hacer uso de 05 días de vacaciones y se encuentra con reposo medico por eventual enfermedad profesional, debido a que se le ha puesto en situación de seguir relacionándose con el denunciado.

Previas citas de derecho solicita acoger el recurso intentado y, en definitiva, ordenar a la recurrida que instruya el procedimiento administrativo correspondiente e implemente las medidas de protección que sean procedentes, con costas.

SEGUNDO: Que, evacuó informe la Municipalidad de Illapel solicitando el rechazo del recurso.

Alega, en primer término, que el recurso no puede prosperar pues éste no constituye la vía idónea para cuestionar actos trámite de un procedimiento administrativo.

Por otra parte, sostiene que recibida la denuncia de la actora el 19 de marzo de 2026, la Municipalidad instruyo un sumario administrativo mediante Decreto Alcaldicio N°1.535, de 28 de marzo de 2026, designando como Fiscal Instructora a doña nombre reservado, quien fue notificada de su designación el 30 de marzo de 2026. Agrega que la fiscal originalmente nombrada no pudo continuar desempeñando su función por lo cual se designó nuevo fiscal mediante Decreto Alcaldicio N°1.830, de 16 de abril de 2026, encontrándose el proceso en plena tramitación. Precisa que de acuerdo con lo establecido en la Ley N°18.883 el plazo legal de indagatoria es de 20 días hábiles por lo que, en el caso de la recurrente, el plazo se encontraría vigente.

Respecto a la adopción de medidas de resguardo, sostiene que al encontrarse la afectada con licencia médica -como reconoce en su libelo- no existe riesgo de contacto con el denunciado por lo que no hay condición de trabajo que resguardar, sin perjuicio de aquellas que se implementen una vez que la funcionaria retome sus labores.

Finalmente, niega que se haya incurrido en un actuar ilegal o arbitrario que conculque las garantías constitucionales de la recurrente.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que, el recurso será rechazado en cuanto por éste se persigue el inicio del procedimiento necesario para conocer de la denuncia planteada por la actora, pues del tenor del informe de la recurrida surge que el sumario administrativo correspondiente ya fue instruido mediante Decreto Alcaldicio de 28 de marzo de 2026, por lo que en ese extremo el recurso ha perdido oportunidad.

QUINTO: Que, sin embargo, en lo tocante a la falta de adopción de medidas de resguardo, cabe tener presente que conforme a lo establecido en los artículos 211 bis del Código del Trabajo y 133 de la Ley N°18.883 sobre Estatuto Administrativo el fiscal a cargo de la investigación se encuentra en la obligación de implementar aquellas acciones que sean necesarias para proteger a las personas involucradas.

Al respecto, el informe de la recurrida -evacuado precisamente por la persona que cumple el rol de fiscal del sumario incoado a raíz de la denuncia de la actora, quien, además, realizó las alegaciones orales en audiencia en representación de la municipalidad- señala en forma expresa que “no existe contacto laboral entre la denunciante y el denunciado, y el riesgo que las medidas de resguardo están llamadas a prevenir la exposición a conductas de acoso en el lugar de trabajo no se verifica en los hechos. No hay condición de trabajo que resguardar mientras la funcionaria no presta servicios”. De ello se sigue que, en el caso en examen, ninguna medida se ha adoptado en favor de la recurrente y denunciante, ignorando que su reposo médico -según el mismo comprobante de licencia aportado por la recurrida en su informe-comenzó recién el 30 de marzo de 2026, en tanto no existe controversia en que la denuncia fue realizada el 19 de marzo de 2026. Tal constatación hace caer el fundamento en que se pretende justificar la falta de adopción de medidas de resguardo de los involucrados.

SEXTO: Que, a partir de lo expuesto en el motivo que antecede, se puede concluir que la Municipalidad de Illapel, en su calidad de empleadora de la recurrente y a través de la persona del fiscal a cargo del sumario, ha incumplido su deber de protección de la trabajadora denunciante, incurriendo en una omisión contraria a las normas legales citadas precedentemente y amagando de ese modo el derecho a la integridad física y psíquica de la actora al exponerla a continuar sometida a las situaciones que ha denunciado y en incertidumbre respecto a las condiciones de trabajo a las que se enfrentará una vez concluido su reposo médico.

Por los motivos expresados, el recurso deberá ser acogido con la finalidad de que la recurrida adopte las medidas de resguardo que resulten procedentes para el resguardo de los involucrados en los términos que lo mandatan los artículos 211 bis del Código del Trabajo y 133 de la Ley N°18.883 sobre Estatuto Administrativo Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado y en contra de la Municipalidad de Illapel, solo en cuanto se dispone que el fiscal instructor del sumario incoado para conocer de la denuncia de la recurrente deberá adoptar las medidas de resguardo que resulten procedentes de conformidad a lo establecido en los los artículos 211 bis del Código del Trabajo y 133 de la Ley N°18.883 sobre Estatuto Administrativo dentro de un plazo de tres días corridos a contar de la ejecutoriedad de la presente sentencia.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°729-2026 (Protección).-