nombre reservado con MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

nombre reservado, nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol Nº7276-2022 La Serena, uno de diciembre de dos mil veintidós.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparecen don nombre reservado y don nombre reservado, ambos abogados, interponiendo acción constitucional de protección a favor de don nombre reservado, de nacionalidad peruana, Pasaporte NºRUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, dirigida en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representada por don nombre reservado, Sociólogo, con domicilio en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la omisión en el pronunciamiento de la solicitud de regularización migratoria, realizada con fecha 14 de agosto de 2021, acto que vulnera su derecho fundamental de la igualdad ante la ley del artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente, ingresó al país como turista, y luego, estando dentro del país, decidió cambiar su condición migratoria postulando al proceso de regularización migratoria, con el propósito de establecerse y desarrollar su proyecto de vida en Chile.

Agrega que con fecha 14 de agosto de 2021, el recurrente inició proceso de regularización migratoria, de acuerdo al artículo 8º transitorio de la nueva Ley de Migración Nº21.325.

No obstante, indica que a la fecha no ha recibido ninguna respuesta por parte de la recurrida, lo que lo mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre ante un trámite por demás demorado, situación que vulnera su derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 Nº2 de la Constitución Política.

En este sentido, destaca lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de la Ley Nº 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, en particular los artículos 7 y 27 que regulan el principio de celeridad, con la obligación de impulsar el procedimiento de oficio. Del mismo modo, hace referencia al artículo 9 del mismo cuerpo legal, en cuanto al principio de economía procedimental, que establece que la Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por lo anterior, solicita acoger la acción interpuesta, y ordenar a la recurrida que se pronuncie sobre la solicitud de regularización migratoria del actor en un plazo no superior a 30 días corridos, y en general adoptando las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Acompaña a su presentación: 1. Comprobante de solicitud de regularización migratoria. 2. Pasaporte del recurrente. 3. Resolución Exenta N°21123671 con fecha 14 de agosto de 2021. 4. Comprobante de pago de beneficio migratorio.

SEGUNDO: Que, a folio 6 compareció la recurrida SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES (ex Departamento de Extranjería y Migración), informando al tenor del recurso, y solicitando el rechazo de la acción por improcedente, al no existir acción u omisión ilegal o arbitraria, que pueda atentar contra alguno de los derechos constitucionales garantizados en el artículo 20 de la Carta Política.

Expone que con fecha 14 de Agosto de 2021, el recurrente solicitó ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública regularizar su situación migratoria en virtud del Proceso de Regularización contemplado en el artículo 8° transitorio de la Ley 21.325.

Que mediante la resolución exenta N°21123671 de 14 de agosto de 2021, del Servicio Nacional de Migraciones, la solicitud de regularización del recurrente se acogió a trámite. Mediante dicha resolución, se tuvo por desistido todo trámite pendiente en materia migratoria presentado por el recurrente y se le otorgó un permiso de trabajo vigente mientras la su postulación se encuentre en trámite.

Que, actualmente, la solicitud de regularización extraordinaria del extranjero recurrente, se encuentra en trámite, en etapa de Análisis Jurídico con fecha 25 de julio de 2022.

Luego, señala que la Ley N°21.325, estableció un proceso de regularización en su artículo 8° transitorio, respecto de aquellas personas que hubieren ingresado al territorio por pasos habilitados y se encuentren irregulares, pudiendo postular online a través del sitio web de Extranjería.

Que contra la presentación de su solicitud se emitió certificado de solicitud de regularización migratoria en trámite, el que conforme al artículos 1° número 25 de la Ley N°21.325, acredita la residencia regular del recurrente durante todo el período de tramitación de su solicitud.

En cuanto al tiempo de tramitación, indica que no es efectivo que se esté dando un trato desigual al recurrente, ya que su solicitud ha seguido la misma tramitación para cualquier extranjero. Agrega, además, que el plazo previsto en el artículo 27 de la Ley 19.880, no es de carácter fatal, y que al solicitante se la otorgado el documento que acredita su residencia legal.

Agrega, que la vía idónea para alegar la falta de respuesta de la Administración, es la figura del silencio administrativo, establecido en los artículos 64 y 65 de la Ley Nº19.880, invocando para ello el voto disidente contenido en sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema con fecha 7 de julio de 2022.

Finalmente, alega que el abuso de la vía judicial ha vulnerado la garantía de la igualdad ante la ley de los demás solicitantes de permisos de residencia que, siguiendo la tramitación regular del procedimiento, no han utilizado la vía de la acción de protección para obtener la aceleración en la tramitación de su solicitud, circunstancia que pugna con la garantía de igualdad ante la ley.

En virtud de lo informado, sostiene que no existe actualmente un acto que genere vulneración al derecho a la igualdad ante la ley, y que el Servicio de Migraciones ha actuado con apego a la normativa que regula la materia.

Por lo anterior, solicita el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de dicha autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20, y que no se le condene en costas.

Acompaña a su informe: 1. Copia de escritura pública de mandato judicial Repertorio N°1361/2022, otorgada ante la Notaría de Coquimbo, de don nombre reservado. 2. Publicación de Resolución Exenta N°50.422, de fecha 9 de junio de 2022, del Director Nacional del Servicio nacional de Migraciones en el Diario Oficial del día 22 de junio de 2022. 3. Resolución Exenta N°21123671, de fecha 14 de Agosto de 2021.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de regularización migratoria presentada, lo cual califica el actor de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica. Solicita que se ordene al recurrido acoger a trámite sin más demora su solicitud o bien adoptar las medidas que se estimen apropiadas para resguardar y restablecer el imperio del derecho.

Por su parte, la recurrida ha señalado que mediante las resoluciones exentas que individualiza en su informe la solicitud de regularización del recurrente se acogió a trámite y que con la dictación éstas se le tuvo por desistido de todo trámite pendiente en materia migratoria y se le otorgó un permiso de trabajo vigente mientras su postulación se encuentre en trámite. Además, sostiene que dicho permiso de trabajo otorgado acredita su residencia regular en el país durante todo el período de tramitación de sus solicitudes, lo que tiene fundamento en el artículo 1° N° 25 de la Ley N°21.325 en relación con el artículo 45 del Decreto N°296, Reglamento de la Ley de Extranjería.

SEXTO: Que respecto de la alegación en orden a que la excesiva demora de la recurrida en emitir el pronunciamiento sobre regularización migratoria, se debe considerar que es un hecho pacífico en esta causa que los recurrente cuenta con un certificado de solicitud en trámite, emitido el mismo día en que efectuaron su petición de lo cual se desprende, según lo ya expuesto, que se encuentran en una situación migratoria regular y puede desempeñar las actividades remuneradas.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, y aun en el evento que se estimase que la tardanza en resolver la solicitud del recurrente es una omisión que puede estimarse infundada o arbitraria, con ello no se configuran todos los requisitos para conceder la protección requerida, desde que es un hecho no discutido en esta causa que mientras dure la tramitación de su solicitud, el recurrente se encuentra en situación migratoria regular, con cédula de identidad y permiso para realizar actividades remuneradas vigentes, y sin prohibición de desplazamiento en Chile o para entrar o salir del país, por lo que no se constata una eventual privación, perturbación o amenaza a alguno de los derechos constitucionales que ampara la acción constitucional del artículo 20 de la Carta Magna, recurrible por esta vía.

OCTAVO: Que, asimismo es posible advertir que no concurren en el obrar de la autoridad administrativa antecedentes de un proceder discriminatorio, ya que podrá reprochársele demora en gestionar la solicitud de la parte recurrente, sin embargo, no existen en el proceso noticias que den cuenta que haya un trato diferenciado o desigual entre extranjeros en el tiempo de tramitación y respuesta de este tipo de solicitudes migratorias que impliquen una afectación a la garantía constitucional del Nº 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, lo que lleva al rechazo de la presente acción.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones (ex Departamento de Extranjería y Migración) dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile.

Acordada con el voto en contra del abogado integrante Sr. Enrique Labarca Cortés, quien fue del parecer de acoger la acción interpuesta, por estimar que la dilación de la recurrida en el pronunciamiento respecto a la solicitud de residencia, ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, como también lo previsto en el artículo 27 de la Ley N°19.880, siendo por tanto una omisión arbitraria e ilegal.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 7276-2022 (Protección).-