nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de Protección Rol N°726-2025.- La Serena, dieciséis de mayo de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, ciudadano venezolano con cédula de identidad N°RUT reservado, e interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones de Chile, representado por su Director Nacional, Luis Eduardo Thayer Correa.

El recurrente solicita la protección de sus derechos constitucionales garantizados en el artículo 19 N°2, 4 y 24 de la Constitución Política de la República de Chile, alegando que el organismo recurrido ha incurrido en actos ilegales y arbitrarios al retrasar excesivamente la tramitación de su solicitud de nacionalidad chilena, sin otorgar respuesta oportuna habiendo transcurrido todos los plazos legales establecidos.

Señala que ingresó a Chile el 9 de julio de 2017 con permiso de turista. Entre agosto y septiembre del mismo año inició gestiones para obtener una visa de residencia temporal, obteniendo paralelamente un permiso temporal de trabajo que le permitió comenzar a trabajar el 1 de noviembre de 2017. El 2 de febrero de 2019 le fue aprobada la solicitud de residencia temporal por un año, y durante el primer semestre de ese mismo año inició los trámites para obtener la residencia definitiva, la cual fue aprobada el 18 de febrero de 2020.

Indica que el 6 de marzo de 2023, inició los trámites para obtener la nacionalidad chilena a través del portal web del Servicio Nacional de Migraciones. El 19 de diciembre del mismo año, transcurridos más de ocho meses, recibió una notificación solicitando antecedentes adicionales: certificado de viajes que reflejara todas sus entradas y salidas de Chile, otorgándole un plazo de 60 días hábiles para entregar dicha información.

Luego, el 11 de enero de 2024, presentó el documento solicitado, recibiendo confirmación inmediata de recepción. El 12 de agosto de 2024, siete meses después, recibió notificación de que su solicitud avanzaba a la siguiente etapa de análisis. Adicionalmente, el 6 de diciembre de 2024, recibió una llamada telefónica de una funcionaria de la Policía de Investigaciones, quien le realizó diversas preguntas sobre su vida en Chile y sus razones para nacionalizarse.

A la fecha de presentación del recurso, han transcurrido más de dos años desde el inicio del procedimiento, sin que se haya obtenido una resolución definitiva.

Alega la vulneración de las siguientes garantías constitucionales: Derecho a la igualdad (Art. 19 N°2), Respeto y protección a la vida privada (Art. 19 N°4); Libertad de trabajo y su protección (Art. 19 N°16); Derecho a la propiedad (Art. 19 N°24) y Derecho a la nacionalidad.

En cuanto al derecho a la igualdad argumenta que el derecho-principio de igualdad ordena al Estado brindar el mismo tratamiento a todas las personas que se encuentren en igual situación. Destaca dos cuestiones relevantes en el caso concreto: el escaso acceso a la información sobre el estado de su procedimiento de nacionalización y la omisión o negligencia por parte del Servicio Nacional de Migraciones en otorgar una respuesta oportuna, atentando contra su dignidad.

Señala que el Estado, al regular mecanismos de adquisición de la nacionalidad, debe abstenerse de producir regulaciones discriminatorias o que tengan efectos discriminatorios. Además, cita jurisprudencia de la Corte Interamericana que establece que el estatus migratorio de una persona no puede ser condición para el otorgamiento de la nacionalidad.

Respeto y protección a la vida privada menciona que este derecho ha adquirido relevancia respecto a su perspectiva positiva, que otorga a las personas una prerrogativa de control sobre sus datos personales.

Sobre la libertad de trabajo y su protección argumenta que las vulneraciones expuestas influyen directamente en la búsqueda de trabajo de las personas extranjeras en Chile. Destaca que, a pesar de que muchos migrantes cuentan con niveles de estudios importantes, solo acceden a trabajos de mediana o baja calificación, existiendo una subutilización de mano de obra calificada.

En cuanto al derecho a la propiedad sostiene que éste debe entenderse como la posibilidad de acceder a servicios o bienes que una persona puede adquirir cumpliendo los requisitos legales. Argumenta que el derecho a la nacionalidad podría estar recogido tanto por el derecho a la igualdad como por el derecho de propiedad, e incluso formar parte integral de la Constitución mediante el artículo 5 inciso 2.

Finalmente sobre el derecho a la nacionalidad argumenta que la nacionalidad debe entenderse como un atributo adquirido que constituye un vínculo jurídico basado en el hecho social de conexión. Cita el artículo XIX de la Declaración Americana y el artículo 20 de la Convención, que reconocen el derecho a la nacionalidad.

Plantea que el derecho a la nacionalidad no se satisface únicamente con asegurar el inicio de la tramitación, sino que requiere una tramitación ágil, evitando dilaciones e incertidumbres. Aunque el Decreto Ley N°1.094 no establece plazos específicos, invoca la Ley N°19.880, que dispone que los procedimientos administrativos no podrán exceder de seis meses desde su iniciación hasta la decisión final, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

Solicita que se obligue al Servicio Nacional de Migraciones a pronunciarse sobre su solicitud de nacionalización (N°62304311, iniciada el 6 de marzo de 2023), indicando si ésta fue acogida o rechazada y los motivos correspondientes. Fundamenta esta petición en que el retardo en el procedimiento ha generado vulneración a sus derechos fundamentales, sobrepasando el tiempo de tramitación establecido por ley.

Finalmente, solicita que se tenga por interpuesto el recurso de protección, se declare admisible, se ordene informar a la recurrida de manera de poner pronto remedio al acto ilegal y arbitrario en el cual ha incurrido, restableciendo el derecho y conceder el remedio solicitado en el cuerpo del presente recurso, condenando con expresa condenación en costas a la parte recurrida.

Acompaña: Estado de solicitud en SERMIG y comprobante de solicitud de nacionalización.

SEGUNDO: Que, comparece don nombre reservado, abogado de la Dirección Regional de Coquimbo del Servicio Nacional de Migraciones, evacuando el informe sobre la acción de protección.

Solicita el rechazo de la misma, argumentando que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición. Sostiene que no existe acto u omisión de la autoridad que pueda calificarse como arbitrario o ilegal que atente contra las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Respecto a los antecedentes de hecho, expone que el recurrente, don nombre reservado, ciudadano venezolano, ingresó a Chile por primera vez el 09 de julio de 2017, en calidad de turista, por el Aeropuerto Comodoro nombre reservado. Posteriormente, el 19 de febrero de 2020, el Servicio Nacional de Migraciones le otorgó el beneficio migratorio de permanencia definitiva.

En cuanto a la solicitud de carta de nacionalización, detalla que el recurrente la presentó el 06 de marzo de 2023 bajo el ID de trámite 62304311. El 06 de marzo de 2023 pasa a primer análisis. Iniciada la solicitud, con fecha 19 de diciembre del 2023 se solicitan documentos adicionales, en atención a que los acompañados eran insuficientes. Tras acompañar los documentos solicitados, con fecha 11 de enero del 2024 la solicitud pasa nuevamente a Primer Análisis. Luego, el 12 de agosto de 2024 la solicitud ingresó a la etapa de PDI Asignación, el 03 de septiembre de 2024 a la de Policía de Investigaciones y luego a Análisis el 03 de diciembre de 2024.

El servicio recurrido enfatiza que el plazo de 6 meses establecido en la Ley 19.880 tiene carácter no fatal, citando jurisprudencia de la E. Corte Suprema y dictámenes de la Contraloría General de la República. Además, argumenta que la actual crisis migratoria que experimenta Chile constituye un caso de fuerza mayor que impide al servicio cumplir con los plazos establecidos.

Respecto a la alegación del recurrente sobre vulneración del artículo 19 N°2 de la Constitución, afirma que no se han establecido diferencias arbitrarias, pues todos los trámites solicitados por extranjeros se procesan en igual tiempo y forma. Señala que el recurrente no cumplió con la carga procesal de probar que otras solicitudes hayan sido tramitadas más rápidamente.

En relación con los fundamentos de derecho, desarrolla la naturaleza jurídica de la carta de nacionalización, definiéndola como una concesión constitucional que otorga el Estado de Chile por gracia, en razón del mérito de quien la solicita. Cita el artículo 10 de la Constitución Política, específicamente el numeral 3, que establece que son chilenos "Los extranjeros que obtuvieren carta de nacionalización en conformidad a la ley".

Añade que el procedimiento de nacionalización se encuentra regulado por el artículo 84 de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería, que remite al Decreto Supremo N°5.142 de 1960. Según este marco normativo, la nacionalización se otorga por el Presidente de la República mediante decreto refrendado por el Ministerio del Interior, facultad que puede ser ejercida por delegación por el Ministro del Interior y Seguridad Pública.

Respecto a la duración del procedimiento administrativo, reitera que el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley 19.880 no es fatal, citando específicamente el considerando décimo de una sentencia de la E. Corte Suprema que establece que "el mismo no es fatal y que debe interpretarse la norma en el sentido que obliga a la Administración a pronunciarse o concluir un procedimiento en un plazo razonable".

Finalmente, pide tener por evacuado el informe, solicitando el rechazo de la acción en todas sus partes por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esta autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el rechazo a la condena en costas a este Servicio.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de carta de nacionalización presentada, lo cual califica la parte recurrente de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita que se ordene a las recurridas resolver sin más demora su solicitud o bien adoptar las medidas que se estimen apropiadas para resguardar y restablecer el imperio del derecho.

Por su parte, la recurrida ha señalado que la solicitud de carta de nacionalización de la persona recurrente se encuentra en trámite, haciendo además presente que se trata de una especial gracia que se otorga por el Presidente de la República, en decreto refrendado por el Ministerio del Interior. Asimismo, indicaron que la recurrente tiene su residencia regular en el país y que no ha existido discriminación ni trato desigual en la tramitación de su solicitud, actuando los Servicios con apego a la normativa vigente.

SEXTO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 del mismo cuerpo legal, define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

OCTAVO: Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de carta de nacionalización, cuya presentación fue realizada el 06 de marzo de 2023.

NOVENO: Que, por tanto, la dilación de la recurrida Servicio Nacional de Migraciones en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra del recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente su solicitud de carta de nacionalización, obteniendo una respuesta formal y oportuna, en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en representación de nombre reservado, en contra de la recurrida Servicio Nacional de Migraciones, disponiendo que la autoridad deberá emitir un pronunciamiento definitivo respecto a la solicitud de carta de nacionalización presentada por el recurrente, en lo que le compete, dentro del plazo de treinta días corridos desde que quede ejecutoriada la presente sentencia.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°726-2025 (Protección).