nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de protección Rol N°723-2024 La Serena, once de junio de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece don nombre reservado y nombre reservado, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, en favor de nombre reservado interponiendo recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO).

Expone que a la época en que se desencadenan los hechos, nombre reservado, de 48 años, se desempeñaba como encargado de bodega, y comenzó a sufrir varios episodios que afectaron su salud física durante el año 2021, teniendo dolores lumbares que progresivamente afectaron también su pierna derecha. En febrero de 2022, comenzó a sentir adormecimiento en ambas manos, lo que interferían en su trabajo como encargado de bodega. Fue derivado por su empleador a la Mutual de Seguridad, luego fue remitido a un médico neurocirujano para finalmente y tras una hospitalización fue diagnosticado con “polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (CIDP)” y “Diabetes Mellitus, tipo LADA, con daño en órgano blanco cataratas, retinopatía diabética y polineuropatía”.

Da cuenta que el actor presentó debilidad motora significativa, con atrofia severa en varios músculos y una pérdida considerable de fuerza que le causaba dificultades de movilidad, requiriendo el uso de un bastón inglés. Desde el punto de vista sensitivo, el actor sufría una severa hipoestesia en ambas extremidades inferiores en todas sus modalidades sensitivas, lo que le causaba múltiples caídas, impidiéndole realizar sus actividades cotidianas y laborales. En septiembre de 2022, inició un tratamiento con inmunoglobulinas endovenosas cada dos meses, extendiéndose hasta febrero del año en curso, logrando mejoras graduales pero lentas.

Dado el diagnostico, comenzó un tratamiento farmacológico, experimentando lentas mejoras, por lo que el 14 de febrero de 2024, solicitó una pensión de invalidez ante la Comisión Médica de la Región de Coquimbo, proceso que aún se encuentra en evaluación, haciendo presente que todas las licencias médicas previamente presentadas por nombre reservado habían sido aprobadas sin objeciones.

Señala que a través del presente recurso se reclama por el no pago de las licencias médicas N°RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 60 días de reposo, a contar del 25 de octubre de 2023.

Explica que la resolución de rechazo de dicha licencia médica dictaminada por la COMPIN no da cuenta de ninguna explicación de la causa de justificación invocada, limitándose en indicar “POR REPOSO NO JUSTIFICADO”.

Contra tal rechazo don nombre reservado presentó apelación ante la Superintendencia de Seguridad Social la que por Resolución R-01-UME-57831, de fecha 08 de abril de 2024, confirmó el rechazo de las licencias médicas, siendo en contra de esta última resolución que se interpone el presente recurso de protección.

La Superintendencia agrega en su resolución, “Esta conclusión se basa, en que las alteraciones que presenta son de curso crónico y no susceptibles de modificar con el reposo (570 días), debiendo ser evaluado por la Comisión Médica correspondiente al sistema previsional al que se encuentre afiliado y por consiguiente no corresponde acoger más licencias médicas por dicha patología”.

Señala que el diagnóstico de la enfermedad del actor se encuentra suficientemente fundamentado y acreditado con los informes acompañados en su oportunidad. Es más, se logra evidenciar el carácter de permanencia en el tiempo de los tratamientos psicológicos y medicamentos que debe mantener debido a la complicada situación de salud física y metal a la que se ve enfrentado, logrando con los tratamientos y fármacos recetados retomar su función laboral y desarrollar su vida en calma y tranquilidad.

Explica que la enfermedad de don nombre reservado se ve además acreditada con los mismos argumentos entregados por la recurrida en la Resolución impugnada al señalar que “… las alteraciones que presenta son de curso crónico y no susceptibles de modificar con el reposo (570 días), debiendo ser evaluado por la Comisión Médica correspondiente al sistema previsional al que se encuentra afiliado y por consiguiente no corresponde acoger más licencias médicas por dicha patología”.

Sostiene que la actuación del ente administrativo no obedece a los parámetros de razonabilidad y motivación que deben observar los actos administrativos, y que la especie, el rechazo de las licencias médicas por parte de la SUSESO carece de una adecuada fundamentación que explique, al menos con mediana claridad o mínima fundamentación, los motivos de su rechazo, por lo que la decisión de la recurrida deviene en arbitraria, porque se ha fundamentado lisa y llanamente en el mero capricho o la sola voluntad del ente recurrido, precisamente debido a que no contiene las motivaciones mínimas que justifique su decisión.

Sostiene que, la arbitrariedad consiste es que es la misma SUSESO la que tiene normas precisas que la obligan a autorizar las licencias médicas mientras dure el proceso de evaluación y calificación de invalidez y, en este caso, sin motivo o razón alguna han omitido aplicar, haciendo referencia a lo señalado en la Circular N°3433 de 03 de julio de 2019 de la Superintendencia de Seguridad Social, señala: “La jurisprudencia reiterada de esta Superintendencia, en concordancia con la Circular W2C/134, de 24 de Junio de 1985, del Ministerio de Salud, ha señalado que mientras dure el primer trámite de calificación de invalidez y hasta que se emita el dictamen definitivo y éste se encuentre legalmente ejecutoriado, se deberán continuar autorizando las licencias médicas del trabajador y pagando el subsidio correspondiente cuando cumple con los requisitos legales habilitantes”

Agrega la Circular que, “En todo caso, la circunstancia de que la persona se encuentre en el primer trámite de declaración de invalidez no implica bajo ningún aspecto que sus licencias médicas no puedan ser rechazadas, por otras causales, por ejemplo: falta de justificación médica, incumplimiento de los plazos por parte del trabajador para la presentación de la licencia médica, incumplimiento de reposo u otras causales reglamentarias”.

Dado lo anterior, resulta arbitraria, ilógica e injustificada la decisión de la Superintendencia de Seguridad Social (SUCESO) en orden a privar al recurrente de su subsidio de incapacidad laboral, durante el lapso en que se tramita y resuelve su solicitud de pensión de invalidez, teniendo en consideración la demora que lleva consigo este trámite, dejando a la persona vulnerable desamparado económicamente hasta que la Comisión Médica resuelva dicha solicitud.

En cuanto a las garantías vulneradas, sostiene que la conducta del órgano recurrido constituye una perturbación y amenaza al derecho a la vida e integridad física de la recurrente, el que se encuentra garantizado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, pues su obrar le priva de ejercer el derecho que significa gozar de licencia médica, o sea, de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso, para restablecer su salud. Además, afecta y lesiona el derecho de propiedad, consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Magna, en atención a que la recurrente se le priva de gozar, durante la vigencia de las licencias médicas rechazadas, del respectivo subsidio de incapacidad laboral o de la remuneración regular de su trabajo, según fuere el caso.

Por lo expuesto pide que se ordene dejar sin efecto la resolución que rechazó las licencias médicas materia del presente recurso de protección y, en definitiva, resolver que se deberán autorizar dicha licencia médica, disponiendo su pago.

SEGUNDO: Que, evacuó informe TOMÁS GARRO GÓMEZ, Abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Solicita, en primer lugar, se declare improcedente la acción por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio, informa en cuanto al fondo del asunto.

Indica que según consta en el expediente administrativo, PAE código R-20800-2024, el interesado recurrió a su representada el 9 de febrero de 2024, reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 60 días a contar del 25 de octubre de 2023 emanado de la ISAPRE CRUZ BLANCA S.A., por reposo no justificado.

Por lo anterior, mediante la Resolución Exenta Nº R-01-UME-57831-2024, de 8 de abril de 2024, previa solicitud de informe, y del estudio de los antecedentes del caso, se concluyó que: “…el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa, en que las alteraciones que presenta son de curso crónico y no susceptibles de modificar con el reposo (570 días), debiendo ser evaluado por la Comisión Médica correspondiente al sistema previsional al que se encuentre afiliado y por consiguiente no corresponde acoger más licencias médicas por dicha patología”.

Concluye dicha Resolución que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, de acuerdo con lo anteriormente expuesto”.

Luego, reseña el marco normativo de las licencias médicas, el procedimiento al cual se encuentran sujetas y las facultades que posee.

Agrega que, el 6 de abril de 2024, la profesional Dra. nombre reservado, informó lo siguiente en relación con la situación del Sr. nombre reservado: “Fundamentos de la resolución: 48 años, 570 dias aut, polineuropatia inflamatoria(dm-pn-retinopatia), sol. 60 dias dd. 25-10-23, neurología Administrativo31-8-23 neurologia hospital u de chile: paciente con diabetes mellitus-retinopatia-amputacion ortejo izq5ª, polineuropatia 2º. inicia polineuropatia inflamatoria, en tto con inmunoglobulina endovenosa, c/ 2 meses.adjunta hospitalizacion reciente -epicrisis.//22-11-23 im similar.29-2-2024 sicologa depresion -en terapia2016 , tpi rechazado, diabetes-cervicalgia.34%han pasado 7 años de su ultimo tpi.reposo prolongado.enf.cronica. suseso acogio y solicito tpi.no lo realiza.rechazar”. (SIC)

Alega la ausencia de ilegalidad y arbitrariedad en atención a que los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de “supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes”.

Sostiene que la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes y que en el presente caso la parte recurrente no es titular del derecho a licencia médica y del consecuente subsidio por incapacidad laboral”, por cuanto no se ha cumplido los requisitos legales para que éste nazca a la vida del derecho y produzca sus efectos, de tal forma que no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado.

Sostiene la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales reseñados por la recurrente y que la Superintendencia de Seguridad Social resolvió dentro del ámbito de su competencia.

Y finalmente alega que la materia sobre la que versa el recurso dice relación con un ámbito que pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

Por estas consideraciones solicita rechazar en todas sus partes el recurso, con costas.

Acompaña copias de los antecedentes que obran en los expedientes administrativos.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción recurrida por tratarse de materias de seguridad social, garantizadas en el N°18 del artículo 19 de nuestra Constitución Política de la República, que no se encuentran amparadas por la acción cautelar que se ejerce, dicha argumentación no puede prosperar, debido a que de los fundamentos fácticos del recurso, aparece meridianamente claro que con, el rechazo del pago de la licencias médica, se ha visto vulnerado el patrimonio y la integridad psíquica de la recurrente, derechos que sí se encuentran tutelados por el recurso que se ejerce.

SEXTO: Que, la recurrente impugna la Resolución N.º R-01-UME-57831, de 08 de abril de 2024 a través de la cual la Superintendencia de Seguridad Social, confirmó lo resuelto por la COMPIN Región de Coquimbo, en orden a mantener el rechazo de las Licencias Médicas N°s. RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 60 días de reposo, a contar del 25 de octubre de 2023.

Que la resolución impugnada señala al respecto que: “Esta conclusión se basa en que las alteraciones que presenta son de curso crónico y no susceptibles de modificar con el reposo (570 días), debiendo ser evaluado por la Comisión Médica correspondiente al sistema previsional al que se encuentra afiliado y por consiguiente no corresponde acoger más licencias médicas por dicha patología”

SÉPTIMO: Que, para resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Corte, por vía de la presente acción cautelar, cabe señalar que el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, contenido en el Decreto Supremo Nº3, del Ministerio de Salud, de 1984, señala que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez de este. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

OCTAVO: Que, además es necesario tener presente que el artículo 21 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional prescribe que “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.

Sin perjuicio de lo anterior la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”.

NOVENO: Que, en conformidad a las normas legales precedentemente referidas, aparece que la resolución recurrida dictadas por la Superintendencia de Seguridad Social carecen de la fundamentación exigida por el ordenamiento jurídico, en la medida que su decisión contenida en los actos administrativos objeto de la presente acción, se funda exclusivamente en que la patología por las cuales se prescribieron las licencias médicas son de curso crónico y no susceptibles de modificar, debiendo ser evaluado por la Comisión Médica correspondiente al sistema previsional al que se encuentre afiliado y por consiguiente, no corresponde acoger más licencias médicas por dicha patología”.

DÉCIMO: Que, si bien el rechazo de la licencia médica fue realizado por la entidad llamada por la ley a resolver, no puede desatenderse que la falta de sustento fáctico en la decisión configura un motivo que amerita que ella sea calificada, a lo menos, de arbitraria, y que, de paso, deja en la indefensión al recurrente al no tener certeza de cuál o cuáles eran los antecedentes que debía aportar para superar la insuficiencia esgrimida.

A lo anterior se suma, la falta de ejercicio de atribución legal conferida por el artículo 21 del Decreto Supremo Nº3, del Ministerio de Salud, de 1984, aparece como antojadiza, pues bien pudo el ente administrativo llamado a resolver, disponer la práctica de diligencias que permitieran despejar sus dudas en torno a la procedencia de autorizar el pago de licencias médicas.

Que los mayores y mejores antecedentes que pudo haber aportado la práctica de peritajes, la elaboración de informes y otras medidas tendientes a recabar de mejor forma los fundamentos para el rechazo de la licencia médica, no aparecen vertidos en el acto administrativo que se reclama, el que se limita a indicar que lo resuelto por la Isapre se encuentra justificado y que los antecedentes no permiten justificar el reposo prescrito, sin siquiera mencionar los efectivos datos que pudieron otorgar basamento a su decisión, impidiendo de ese modo a la destinataria tomar debido conocimiento de las razones por las que sus licencias médicas fueron rechazada, dejándola, como ya se ha dicho, en una situación de indefensión frente a los actos de la autoridad administrativa.

UNDÉCIMO: Que, en estas circunstancias, el actuar de la recurrida es arbitrario, ya que la falta de la necesaria fundamentación de su resolución de rechazo de las licencias médicas transforma su decisión en caprichosa y carente de razones e injustificada, y este acto vulnera el derecho de propiedad del actor, protegido en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues, como es obvio, dice directa relación con su patrimonio que se vio mermado por la referida decisión que le impiden acceder al subsidio por enfermedad, todo lo cual conduce a conceder la protección impetrada del modo que se dirá.

DUODÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, lo razonado es coherente con lo resuelto recientemente por la Excma. Corte Suprema en la causa Rol N°157.728-2022, en cuanto consideró que “al basarse el ejercicio de la facultad de rechazar una licencia médica únicamente en la revisión de la información contenida en el documento rechazado, sin que se haya tomado previamente alguna de las medidas que permiten, según el Reglamento aplicable, fundamentar ese rechazo, la decisión recurrida carece de sustento y deviene en un acto meramente discrecional de la recurrida y, por ende, arbitrario y contrario a nuestro ordenamiento jurídico.” (Cons.5°, sentencia pronunciada el veintidós de marzo de dos mil veintitrés en la causa Rol 157.728-2022 sobre recurso de protección).

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor nombre reservado, y en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, debiendo la recurrida autorizar el pago de las licencias médicas N°RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 60 días de reposo, a contar del 25 de octubre de 2023, procediéndose a su cancelación dentro del plazo de cinco días desde que se encuentre ejecutoriado el presente fallo.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-723-2024.