COMUNIDAD AGRICOLA PROINDIVISA LOTE UNO RESERVA 4 LAS CAÑAS con BANCO DEL ESTADO DE CHILE

Comunidad Agrícola nombre reservado Uno Reserva 4 Banco Estado de Chile Recurso de Protección Rol N°720-2024 La Serena, cuatro de junio de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio 1, comparece don nombre reservado, chileno, casado, profesor, C.I. NºRUT reservado, en su calidad de Administrador nombre reservado UNO PROVENIENTE DE LA SUBDIVISIÓN DEL PREDIO RESERVA NÚMERO CUATRO DEL PROYECTO DE PARCELACIÓN LAS CAÑAS DE LA COMUNA DE ILLAPEL, nombre reservadoº53.318.668-8, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado quien interpone recurso de protección en contra del BANCO ESTADO DE CHILE, representado legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, ubicada en domicilio reservado, Región Metropolitana, por la actuación arbitraria e ilegal consistente en el bloqueo de los productos, claves de accesos y retención de los dineros que se encuentran depositados en las cuentas bancarias administradas por la institución recurrida, cuya propiedad y titularidad pertenece a la nombre reservado Uno proveniente de la Subdivisión del Predio Reserva Nº4 Proyecto de Parcelación Las Cañas de la comuna de Illapel, lo que vulnera sus garantías constitucionales dispuestas en el artículo 19 n° 2 y n° 24 de la Constitución Política de la República.

Funda su recurso en el hecho de ser el administrador proindiviso de la comunidad en virtud de sentencia judicial firme y ejecutoriada pronunciada con fecha 10 de agosto de 2007, por el Juzgado de Letras Civil de Illapel, en los autos rol C-77.044-2007, sobre nombramiento de Administrador Proindiviso, conforme a lo dispuesto en los artículos 653 y 654 del Código de Procedimiento Civil.

Añade que con el acuerdo unánime de todos los comuneros y de manera indefinida, entre otras atribuciones se encuentra “b) La realización de toda clase de inversiones en bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, valores, acciones, bonos, debentures; explotarlos, administrarlos, percibir e invertir sus frutos y cualquier otro negocio o actividad que se relaciones en la actualidad o en el futuro con lo expresado.

Refiere que en cumplimiento de su mandato la Comunidad inició actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, lo que le permitió asumir la representación legal a partir del día 20 de abril de 2012, encontrándose vigente a la fecha, cuestión que es posible constatar en el certificado de “REPRESENTANTES LEGALES VIGENTES” otorgado por el organismo fiscalizador el 30 de abril de 2024. (Doc. 3).

Acota que para efectos de poder operar comercialmente la Comunidad inicialmente abrió con fecha 14 de enero de 2013, la Cuenta de Ahorro a Plazo con Giro Incondicional Nro. [cuenta reservada], administrada por el Banco recurrido, cuyo saldo a la fecha es de $46.794.201.- (cuarenta y seis millones setecientos noventa y cuatro mil doscientos un pesos); y en el año 2018 Comunidad abrió la cuenta corriente Nro. [cuenta reservada] -administrada también por el Banco recurrido- la que a la fecha dispone de un saldo de $123.091.000.- (ciento veintitrés millones noventa y un mil pesos), según información proporcionada verbalmente por doña nombre reservado, agente de la sucursal del BancoEstado de la ciudad de Los Vilos.

Menciona que el Banco recurrido anualmente solicitaba copia de la mencionada sentencia de nombramiento con el objeto de poder constatar que su calidad de administrador proindiviso no hubiese sido revocada por la Comunidad, pese a tener carácter indefinido, proporcionándole de manera oportuna, copia actualizada de la sentencia otorgada por el Conservador y Archivero Judicial de la ciudad de Illapel.

Expresa que el 01 de abril de 2024 remite la documentación en comento, enviando el banco recurrido un email por el cual se le indica:

“los documentos enviados no con idóneos para acreditar la vigencia de la administración.

La administración proindiviso tiene una duración de 5 años, de conformidad al artículo 1317 del Código Civil.

Atendido que la resolución judicial en que se designa administrador proindiviso es del año 2007, necesariamente se requiere una nueva resolución judicial o un acuerdo de los comuneros en que oportunamente se haya prorrogado el pacto de indivisión y la designación de la persona del administrador”. (sic)

Acota que el banco efectúa un errado análisis del artículo 1317 del Código Civil, por lo que el abogado de la comunidad envió un email dando a conocer los errores en que se incurrió, indicando en especial que: “a) artículo 1.317 del Código Civil, establece una prohibición para los coasignatarios de pactar y/o estipular la proindivisión de una cosa por más de cinco años, pero en ningún caso respecto a la administración de la misma. b) los comuneros de la Comunidad que representa no pactaron ni han pactado la proindivisión, de manera tal, que resultaba imposible cumplir con el requerimiento del Banco recurrido destinado a renovar el pacto indivisión. c) se explicó que aun cuando se hubiere pactado la proindivisión nada obstaba a que los comuneros transcurridos el plazo de cinco años pudieran mantener el mismo estatus, toda vez que, la expresión "podrá" que utiliza el legislador para aludir a la posibilidad de que los comuneros puedan pedir la partición es facultativa para éstos, en ningún caso tienen el deber o imposición de solicitarla. d) se explicó que la Comunidad se encontraba total y absolutamente vigente de conformidad al certificado otorgado por el referido Conservador y Archivero de la ciudad de Illapel, en tanto, no concurriera alguna de las causales contempladas en el artículo 2.312 del Código Civil y/o derechamente alguno de los comuneros pidiera judicialmente la partición. e) Se explicó que, respecto a la regulación legal del Administrador Proindiviso, resultaba necesario remitirse a lo dispuesto en los artículos 653 y 654 del Código de Procedimiento Civil. f) Se explicó que de acuerdo a la reiterada jurisprudencia judicial el Administrador Proindiviso es un verdadero mandatario de los interesados, de modo que a su respecto se aplican las normas que regulan el mandato general, siempre y cuando no exista consenso u acuerdo unánime de los comuneros para conferir otras facultades, cuestión que no resulta aplicable en la especie, toda vez que los comuneros de la Comunidad concurrieron unánimemente al nombramiento del Administrador Proindiviso, confiriendo facultades o poderes especiales, tales como: disposición de bienes, administración, inversión, etc. Los cuales evidentemente no podrían ser considerado como propios de un mandato general, el que únicamente comprende las facultades de administración y conservación conforme a lo prescrito en el artículo 2.132 del Código Civil. g) Se explicó que el nombramiento del Administrador Proindiviso no estableció fecha o plazo de término para el desempeño de su encargo, manteniéndose en consecuencia vigente a la fecha.” (sic)

Arguye que el banco el 09 de abril de 2024, tomó contacto con él y le solicita el listado de los comuneros que integran la comunidad, requerimiento que respondió enseguida adjuntando copia del certificado de dominio vigente en el que aparecen detallados todos los comuneros que integran la Comunidad; posteriormente el 13 de abril le solicitan vía correo electrónico copia del expediente completo de la sentencia que dio origen a la designación como administrador proindiviso. Antecedente que estima meramente dilatorio puesto al tratarse de un expediente del año 2007, la tramitación correspondiente supone por los menos dos meses.

Conforme a lo anterior, relata que el banco ha retenido indebidamente sus dineros y pese a sus insistencias mantiene bloqueadas los accesos, claves y los productos bancarios asociados a la Cuenta de Ahorro a Plazo con Giro Incondicional Nro. [cuenta reservada] y la Cuenta Corriente Nro. [cuenta reservada], ocasionándonos millonarios perjuicios atendido a que la Comunidad se encuentra impedida de cumplir con sus obligaciones comerciales, tributarias, laborales y de seguridad social, entre otras.

Señala que el actuar del banco es ilegal y arbitrario, por cuanto invocan e interpretan el artículo 1317 del Código Civil en forma errónea.

Agrega que atendido a que el nombramiento de administrador proindiviso fue realizado unánimemente por los comuneros de manera indefinida, los coasignatarios pudieron conferirle -entre otras- la facultad especial de disposición de los bienes y la administración de los negocios que realice y/o pueda realizar la Comunidad, como es posible apreciar en la referida sentencia de nombramiento.

Añade que, en el caso, no exista consenso u acuerdo unánime entre los comuneros o coasignatarios respecto a las atribuciones que serán conferidas al administrador proindiviso, éste último no tendrá otras que las del mandatario general de conformidad a lo dispuesto en los artículos 653 y 654 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 2.132 del Código Civil, de manera tal, que, “las facultades serán sólo de conservación y administración, sin que le competa la disposición de los bienes, debiendo, por lo tanto, circunscribirse a ellas las atribuciones que el juez confiera al administrador pro indiviso, como subsidiario del consenso absoluto.

Destaca, en lo relativo a la exigencia del banco respecto de que el nombramiento de administrador proindiviso, debe necesariamente ser inscrito en el “Conservador de Comercio”, previa reducción a escritura pública de la sentencia, con el objeto de que sea posible acreditar la vigencia del nombramiento y con ello poder operar como mandatario comercial en el Banco.

Dice que el banco recurrido continúa confundiendo las instituciones jurídicas, ya que la exigencia respecto a la cual hace referencia y pretende imponer a la Comunidad, es propia de los factores de comercio regulados en los artículos 237 y siguientes del Código de Comercio, figura que no tiene relación con la de un administrador proindiviso que administra una Comunidad.

A mayor abundamiento, el Capítulo 2-2 sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques contenido en compendio elaborado por la Comisión para el Mercado Financiero, no exige ni comprende la obligación que la facultad de administración bancaria se encuentre inscrita en el Registro de Comercio.

En lo relativo a la arbitrariedad, menciona que al exigirse requisitos y/o exigencias a fin de habilitar los productos bancarios que no están dispuestos por ley, representa un claro ejemplo de una conducta arbitraria o caprichosa que además carece de fundamentación.

Respecto de las garantías constitucionales mancilladas cuenta en cuanto al derecho a la igualdad, que resulta evidente que existe una infracción a esta garantía, toda vez que el banco no realiza el ejercicio de diferenciación que exige el constituyente, por cuanto, impone a la Comunidad que cumpla con condiciones que son propias del mandato comercial, de una sociedad comercial y/o civil, a quienes sí podría requerir o exigir que el comisionista, administrador y/o representante se encuentre inscrito en el Registro de Comercio.

En cuanto al derecho de propiedad, indica que al bloquear los accesos, claves y productos bancarios asociados a la Cuenta de Ahorro a Plazo con Giro Incondicional Nro. [cuenta reservada] y la Cuenta Corriente Nro. [cuenta reservada], ha perturbado el legítimo ejercicio del derecho de propiedad que ostenta la Comunidad sobre su único patrimonio monetario que asciende a la cantidad de $169.885.201- (ciento sesenta y nueve millones ochocientos ochenta y cinco mil doscientos un pesos), cuestión que ha ocasionado millonarios perjuicios, al impedir que a través de su Administrador Proindiviso, pueda disponer libremente de los recursos y con ello cumplir con las obligaciones comerciales, tributarias, laborales, seguridad social, entre otras, que mantiene vigentes.

Previas citas legales pide tener por interpuesto el presente recurso de protección en contra de del BANCO ESTADO DE CHILE, representado legalmente por don nombre reservado, ya singularizado, por la acción arbitraria e ilegal consistente en el bloqueo de las claves, accesos y productos bancarios asociados a la Cuenta de Ahorro a Plazo con Giro Incondicional Nro. [cuenta reservada] y a la Cuenta Corriente Nro. [cuenta reservada], cuya propiedad y titularidad pertenece a la nombre reservado Uno proveniente de la Subdivisión del Predio Reserva Nº4 Proyecto de Parcelación Las Cañas de la comuna de Illapel, que represento, solicitando se acoja la acción y en concreto se ordene que la institución bancaria recurrida habilite las claves, accesos y productos bancarios contratados y permita su adecuada operación.

Acompaña la siguiente documentación: 1. Copia del Certificado de Dominio Vigente de fecha 13 de diciembre de 2023. 2. Copia de la sentencia de nombramiento de Administrador Proindiviso de fecha 29 de febrero de 2024. 3. Certificado de Representante Legal otorgado por el Servicio de Impuestos Internos de fecha 30 de abril de 2024. 4. Fotografía de la Cuenta de Ahorro a Plazo con Giro Incondicional a nombre de la Comunidad. 5. Correo electrónico de fecha 01 de abril de 2024. 6. Correo electrónico de fecha 03 de abril de 2024. 7. Correo electrónico de fecha 09 de abril de 2024. 8. Correo electrónico de fecha 13 de abril de 2024. 9. Correo electrónico de fecha 15 de abril de 2024. 10. Correo electrónico de fecha 15 de abril de 2024.

SEGUNDO: Que, a folio 7, evacúa informe la recurrida BANCO DEL ESTADO DE CHILE, indicando que la recurrente funda su recurso es un extenso pero parcial relato, en que se cambia la fecha y se distorsionan hechos para generar la falsa sensación de un escenario de arbitrariedad, omitiendo que el meollo del asunto es simplemente que no se ha acreditado la vigencia del poder del administrador de la Comunidad para operar en las cuentas bancarias, ya que éste ha insistido en solo acompañar una copia de una resolución judicial dictada hace más de 16 años atrás –de designación de administrador proindiviso-, sin certificado de vigencia alguna dada por el propio tribunal y/o por el Conservador de Comercio competente.

Refiere que los hechos ocurrieron 01 de marzo de 2024, esto es un mes antes de lo indicado por el recurrente, por lo que el recurso es extemporáneo.

En cuanto al fondo de la discusión indica que el poder del administrador proindiviso, en los términos en que fue otorgado en el año 2007, no es otra cosa que un “mandato comercial”, por contemplar facultades para realizar actos de comercio al gestionar negocios de terceros, en el giro comercial con que inició actividades ante el SII; de manera que dicha resolución debe ser reducida a escritura pública e inscribirse en el Registro de Comercio pertinente, para que éste último funcionario otorgue las vigencias correspondientes, conforme el artículo 22 del Código de Comercio.

Añade que el banco solo se ha limitado a pedir, a quien dice ser el representante de dicha Comunidad, que acredite la vigencia de su poder como administrador de la misma, planteando varias opciones para hacerlo: desde la inscripción en el Registro de Comercio como mandato y hasta un nuevo Acuerdo de Comuneros, por cuanto copia autorizada de una resolución judicial dictada hace más de quince años (año 2007), no es idónea para acreditar “la vigencia” de dicho poder, debido a que los poderes no son perpetuos y que la indivisión es un estado absolutamente temporal.

Indica que el reparo efectuado por el banco es de 01 de marzo de 2024, 61 días antes de la interposición del recurso de protección-, indicándosele al cliente que el documento acompañado era ineficaz para acreditar dicha vigencia.

Menciona que los fondos no están bloqueados, desde que se ha dado la oportunidad al recurrente de emitir un vale vista a nombre de la “Comunidad”, para que lo depositen en el otro banco y ante dicha institución acrediten la personería “vigente” del administrador de la Comunidad.

Añade que el recurrente una “COMUNIDAD CIVIL” de aquellas reguladas en los artículos 2304 y siguientes del Código Civil, en relación con el artículo 1437 del mismo cuerpo legal no tienen personalidad jurídica; por tanto, carecen de patrimonio propio. Acota que bien el S.I.I. les otorga nombre reservado (RUT) a la “comunidades”, ello no implica que tengan personalidad jurídica ni que por ello cambie su calidad de mera “comunidad”. El SII otorga RUT incluso a las “sociedades de hecho”, ya que la finalidad del otorgamiento del rol es simplemente facilitar la recaudación de impuestos, nada más.

Refiere que son absolutamente transitorias y su administración se rige por lo dispuesto en el artículo 2305 y 2081 del Código Civil, pudiendo además optar por la designación de un administrador proindiviso, conforme el artículo 653 del Código de Procedimiento Civil. Agrega que los acuerdos referentes a ella se tomarán en comparendo por la mayoría absoluta de los que concurran siempre que representen la mitad, a lo menos, de los derechos de la comunidad, o por resolución del tribunal a falta de mayoría, con las limitaciones contempladas en el artículo 654 del C.P.C. Siendo del caso que el recurrente fue designado en sede judicial, administrador proindiviso de los bienes de la Comunidad recurrente, por resolución judicial de fecha 10 de agosto de 2007, dictada en autos rol 77.044-2007 del Juzgado de Letras de Illapel, indicando que si bien dicha resolución no se fija tiempo de duración al cargo de administrador proindiviso, ello no implica que sea eterno o a perpetuidad, precisamente porque dicho cargo y poder puede revocar de la misma forma en que se otorgó.

Arguye que la designación de administrador no es otra cosa que un “MANDATO”, en los términos del artículo 2116 del Código Civil, mandato que estima ser comercial, por lo que se debe registrar su poder en el Registro de Comercio del Conservador de Comercio.

Acota que la solución está dada por reducir a escritura pública la resolución de designación de administrador proindiviso, para luego requerir su inscripción en el Registro de Comercio –conforme las normas ya citadas-, a fin de que sea el Conservador de Comercio quien acredite la vigencia de ese poder de administración, al tenor de sus propios registros, preservando la seguridad jurídica.

Añade que el estado de indivisión es eminentemente temporal y la normativa, tanto el artículo 1377 del Código Civil, como Ley N° 19.386 del año 1995, normativa especial, establecen medidas para ponerle termino, por lo que resulta razonable la exigencia de documentación que acredita la vigencia del poder conferido, lo que además es un deber del banco En cuanto a los derechos vulnerados, indica respecto del derecho de igualdad ante la ley, que él recurrente acusa el Banco discriminar a la Comunidad, al imponerle que cumpla condiciones que son propias del mandato comercial, de una sociedad comercial y/o civil, a quienes sí podría requerir o exigir que el administrador se encuentre inscrito en el Registro de Comercio, afirmación que deja en evidencia que la discusión no trata de un derecho indubitado amagado, sino simplemente versa sobre los requisitos e interpretación de las normas que regulan las facultades de un mandatario para operar un producto bancario y la forma de acreditar la vigencia de su poder.

En lo relativo a la vulneración del derecho de propiedad, indica las cuentas están vigentes y activas. La Comunidad puede disponer libremente de sus fondos, concurriendo todos los comuneros o a través de un apoderado o administrador proindiviso que acredite un poder vigente. Lo único que está bloqueado son las facultades del Sr. nombre reservado, mientras no acredite la vigencia de su poder. Añade que incluso se le dio la posibilidad de retirar todos los fondos mediante la emisión de un vale vista.

Conforme lo anterior, concluye no haber incurrido en acto ilegal o arbitrario, al haber actuado dentro de sus facultades, de conformidad a la ley y con fundamentos, dándole al recurrente tres vías de solución para el problema que le afecta, inscribir el poder y obtener del Conservador de Comercio el certificado de vigencia, en su papel de ministro de fe; obtener una nueva declaración judicial, atendido el tiempo transcurrido; o celebrar un nuevo acuerdo de comuneros para renovar el poder del administrador. Las copias de correos acompañados en un otrosí del recurso solo demuestran el claro y constante afán del Banco de ayudar al cliente a solucionar las falencias que afectan al poder de su administrador, nada más.

Acompaña: 1.- Copia del informe de reparo de fecha 01 de marzo de 2024, emitido por el abogado regional. 2.- Copia de consulta tributaria del RUT del recurrente en el SII, de fecha 09 de mayo de 2024. 3.- Cartola instantánea de Cuenta Corriente del cliente, al 10 de mayo de 2024. 4.- Cartola de la cuenta de ahorros del cliente, al 10 de mayo de 2024, que demuestra que está vigente, activa y sin bloqueos.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, conforme al mérito de los antecedentes emerge como un hecho no discutido, que la Comunidad pro indivisa del nombre reservado Uno Proveniente de la Subdivisión del Predio Reserva Número Cuatro del Proyecto de Parcelación las Cañas de la comuna de Illapel, es representada desde el año 2007 por don nombre reservado en su calidad de administrador pro indiviso judicialmente designado en los autos Rol C77.044-2007 del Juzgado de Letras de Illapel.

Del mismo modo, la institución bancaria recurrida no ha controvertido el hecho que en tal calidad, y en representación de la comunidad, don nombre reservado celebró contrato con Banco Estado mediante el cual en un primer momento se abrió a nombre de la Comunidad una cuenta de ahorro a plazo con giro incondicional Nº[cuenta reservada] en el año 2013 y luego, la cuenta corriente Nº[cuenta reservada] en el año 2018, ambas cuentas con saldo positivo a la fecha de interposición del recurso.

QUINTO: Que, las anotadas circunstancias dejan en evidencia que al momento de apertura de las cuentas bancarias la designación del administrador pro indiviso había sido pronunciada con más de seis y once años de antigüedad, sin que en dicha oportunidad fuese un obstáculo para la apertura de las cuentas, y tampoco lo fuera para su mantención, pues durante un extenso periodo de tiempo posterior no fue cuestionada la vigencia del nombramiento del administrador, aceptando en las oportunidades requeridas, la acreditación de dicha situación a través de copia autorizada de la correspondiente sentencia judicial.

SEXTO: Que, ante tal escenario, la decisión del Banco en orden a bloquear las claves de acceso a las cuentas bancarias, hecho reconocido por el recurrido, y que se mantiene a esta data, evidentemente constituye un cambió unilateral del statu quo vigente durante un largo lapso, y que afecta el normal y ordinario funcionamiento de la recurrente, privándole de la posibilidad de disponer del dinero de su propiedad en la forma y oportunidad que estime conveniente, a fin de cumplir con sus compromisos comerciales, laborales o económicos que dentro de su giro mantenga, causando con ello una real afectación al derecho de propiedad sobre las sumas de dinero existentes en las cuentas bancarias antes individualizadas; cambio de conducta que, de alguna forma, constituye un desconocimiento de los actos propios y, por ende, un actuar que no se armoniza con la buena fe.

SÉPTIMO: Que, tal acto, no se condice además, con el carácter bilateral y consensual que posee el contrato de cuenta corriente bancaria, naturaleza que obliga a las partes a solucionar los conflictos que con ocasión de su ejecución se susciten, de manera formal, en los plazos y, a través de los procedimientos legales correspondientes, de manera que en tanto así no ocurra, las vías de hecho ejercidas por el Banco, como resulta ser el bloqueo de los accesos a las cuentas a través de internet, vía telefónica u otra análoga, resultan carentes de toda racionalidad, ello con independencia de si la interpretación que el representante de la recurrida sobre el artículo 1317 del Código Civil, y la representación que ostenta el administrador pro indiviso sea la que jurídicamente corresponda, pues en ese caso, a lo menos debió notificar con una antelación prudente al cliente a fin que adoptase las medidas conducentes para dar respuesta a los requerimientos de información que se le planteaban, o tomar otra decisión sobre el asunto, lo que en definitiva no aconteció.

OCTAVO: Que, atento a lo que se ha concluido, y satisfaciéndose en el caso que se analiza los presupuestos que hacen procedente la cautela del derecho de propiedad amagado mediante la acción de protección, esta deberá ser acogida en los términos que se dirá a continuación.

Por lo expuesto, y teniendo en vista además, lo previsto en el artículo 19 Nº2 y 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado sobre el Recurso de Protección, se declara:

Que, se acoge, sin costas, el deducido a folio 1, por don nombre reservado, Administrador nombre reservado Uno Proveniente De La Subdivisión Del Predio Reserva Número Cuatro Del Proyecto De Parcelación Las Cañas De La Comuna De Illapel, en contra del Banco Estado de Chile, y, en consecuencia, el recurrido deberá alzar el bloqueo de las claves de acceso a las cuentas bancarias, y productos anexos que la recurrente mantiene en dicha institución, lo que deberá concretar dentro de segundo día desde que el presente fallo se encuentre ejecutoriado, debiendo además, conceder un plazo razonable para que la Comunidad adopte las medidas que estime necesarias tendientes a cumplir con los requerimientos de la institución bancaria para seguir operando las cuentas de marras, sea adecuando su documentación, sea poniendo fin al contrato, o cualquier otra que estime adecuada, el que en ningún caso será inferior a tres meses.

Redactada por la Ministra señora Gloria Negroni Vera.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 720-2024 (Protección).