nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA

nombre reservado

Corporación Municipal Gabriel González Videla Recurso de protección Rol Nº716-2025.- La Serena, cuatro de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, profesor, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, representada por su Secretario General nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la ratificación de la sanción de destitución, lo que vulnera sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°2, 3 y 24.

Señala como antecedentes generales, que es docente de música con 26 años de servicios, actualmente funcionario de la recurrida, desde el 2024 profesor del colegio Héroes de la Concepción y del establecimiento German Riesco, ambos pertenecientes a la Corporación Municipal Gabriel González Videla, y que el 8 de abril de 2025 recibió la ratificación de su destitución del cargo.

Indica como antecedentes específicos, que el 28 de mayo de 2024 se encontraba en sala con más de 30 estudiantes en proceso de evaluación de éstos en la asignatura de música, sin ocurrir ninguna situación anómala, luego un estudiante denunció hechos de connotación sexual realizados supuestamente por su persona, los cuales niega. Prosigue indicando que el 30 de mayo de 2024 fue llamado por la Dirección del establecimiento Héroes de la Concepción, donde se encontraban la Directora, Inspector General y Encargada de Convivencia Escolar, y se le informó que había sido acusado de tocar a un estudiante, por lo que sería retirado de manera inmediata del curso. Indica que, se retiró muy afectado al otro establecimiento en donde trabaja, colegio German Riesco, y al finalizar la clase el lunes siguiente fue llamado por la Dirección, en donde se encontraban el Director, la Fiscal y Actuario de la recurrida, y se le informó que quedaba suspendido de sus funciones de forma inmediata, sin aportar mayores antecedentes. Indica que llama la atención, que, por la gravedad de los hechos denunciados, no se activaran los protocolos de convivencia escolar respecto a maltrato entre miembros de la comunidad o de los relacionados con hechos de connotación sexual, y que, dado que ocurrió dentro de la sala de clases no se entrevistara a los estudiantes.

Expone, que se instruyó iniciar un sumario administrativo en su contra, teniendo como vistos el memorándum 321 de la Dirección de Educación de la Corporación por el presunto ejercicio de conductas inapropiadas o indebidas en contra de un alumno del establecimiento Héroes de la Concepción, se designó fiscal y los puntos a investigar fueron: Efectividad de los hechos denunciados y aludidos mediante memorándum 321/2024, del Departamento de Educación y sus documentos adjuntos; y determinar la existencia de responsabilidad de don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, en relación a los hechos denunciados, así como en cualquier otra situación que se relacione sustancialmente con aquellos, y que aparecieran durante el transcursos de la investigación, referente a conductas que pudiesen constituir contravención a las obligaciones y/o deberes funcionarios de conformidad a la normativa legal vigente. Indica que el proceso investigativo incluye la declaración de siete testigos de oídas. Refiere que la investigación finaliza y la Fiscal señala que existen antecedentes que acreditan su supuesta culpabilidad en los hechos.

Arguye que, de la lectura de los antecedentes de la carpeta investigativa, se desprende que todos los testigos dan cuenta de los hechos a partir del relato de lo denunciado por la apoderada del estudiante, es decir que ningún testigo estuvo en la sala, y los estudiantes quienes podrían tener certeza de los hechos no se les entrevistó; por lo que el fundamento de la Fiscal del caso para dar por acreditados los hechos no es más que la repetición de lo señalado por los testigos, y lo que éstos escucharon de la madre del menor.

Refiere que, no se entrevistó a ninguno de los 30 estudiantes que estaban en la sala al momento de que supuestamente ocurrieron los hechos, lo que llama la atención toda vez que siendo la sala de clases un espacio habitado por una gran cantidad de estudiantes se podría haber ratificado o desmentido rápidamente los hechos.

Indica que, la apoderada del estudiante afirmó que los hechos ocurrieron durante una evaluación, en la cual él habría sido el último en pasar antes del recreo, sin embargo indica que eso no se condice con el procedimiento habitual, ya que las evaluaciones se realizaban siguiendo el orden de la lista y llamando a los estudiantes de uno en uno al escritorio, sin excepción, con el propósito de evitar que se sintieran expuestos ante el curso, además él siempre se mantenía sentado en su silla, evaluando a todos de la misma forma, lo que hubiera podido ser confirmado si se hubiera entrevistado a los alumnos.

Señala que, la Fiscal del caso desconoció el relato de la docente nombre reservado, profesora de artes del 5o básico A, quien fue profesora jefa del curso el año 2023, y que señaló, que dos estudiantes del 5o básico le expresaron su pesar por la situación, toda vez que el estudiante grito a viva voz en la sala “hice que se fuera el profe porque dije que me tocó”, manifestando los estudiantes que la situación denunciada es mentira, porque saben que él miente con regularidad. Indica importante mencionar que, ese mismo estudiante había tenido semanas antes un conflicto con él por una falta de respeto, señalando que el estudiante reaccionó molesto, diciéndole que por su culpa lo habían castigado y obligado a escribir repetidamente la frase "No debo faltar el respeto al profesor".

En relación a la destitución, indica que mediante resolución 11 del 7 de enero del 2025, el sostenedor aceptó la propuesta del Fiscal de destituirlo de su nombramiento como docente titular de la Corporación Gabriel González Videla de La Serena, pero que se advierten una serie de inconsistencia al momento de decidir su destitución, a saber, que la acusación reviste el carácter de delito, pero nunca ha sido notificado, ni tiene conocimiento de una investigación formalizada o desformalizada en sede penal; que de los relatos de las entrevistas la resolución da cuenta de la improcedencia de considerarlos al momento de decidir sobre la sanción administrativa, toda vez que ninguno da cuenta de que cometió una falta; indica que resultar llamativo el poco interés de la madre en realizar una denuncia de un hecho supuestamente tan grave, señalando que ella no tiene tiempo, por tanto solicita que sea el Colegio quien denuncie; que atenta contra el debido proceso, no haber realizado todas las indagaciones necesarias para esclarecer los hechos, prueba de ello es que no se entrevistó a los estudiantes que señalaron que el menor denunciante mintió, lo que resulta una negligencia inexcusable al debido proceso; que habiendo ocurrido los supuestos hechos en clases, resulta inexplicable que no se hiciera ni siquiera el Intento de entrevistar a algún testigo directo de los supuestos hechos, por tanto, es otra negligencia que viene a afectar el debido proceso; que resulta del todo gravoso que en el punto 18, se tenga presente al momento de aplicar la sanción de destitución el hecho de haber sido investigado con anterioridad por un hecho de supuestas similares características, del cual fue sobreseído, más grave aún, por cuanto no se tuvo a la vista ningún antecedente de esa Investigación, sólo por la frase de una testigo que señaló que fue absuelto, no por falta de antecedentes, sino que, por la falta de testigos oculares de la situación.

Indica que, todo funcionario público tiene tres tipos de responsabilidad, a saber: civil, penal y administrativa, cada una de ellas autónoma entre sí, por lo que alega, que llama la atención que la Fiscal señaló que anteriormente no se determinó ninguna sanción, en razón de que el Tribunal de Familia desestimó la medida protección, en cuanto a su responsabilidad administrativa fue sobreseído, existiendo la oportunidad administrativa para haber determinado responsabilidades de ese hecho, lo que no ocurrió. Invoca sentencia TC Rol 4567/2022: "Los antecedentes archivados no pueden ser considerados como prueba en nuevos procedimientos".

Señala que, la destitución de un docente, según el Estatuto Docente, tiene varias causas, entre ellas: b) Por falta de probidad, conducta inmoral, establecidas fehacientemente en un sumario, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 127 al 143 de la ley N°18.883, en lo que fuere pertinente, considerándose las adecuaciones reglamentarias que correspondan. Alega que, en su caso, no se pudo establecer fehacientemente la falta de probidad o conducta inmoral, por las siguientes razones: 1. No se realizaron entrevistas a testigos claves para esclarecer los hechos, es decir los estudiantes que estuvieron en la sala de clases y/o los estudiantes que escucharon decir al estudiante “hice que se fuera el profesor porque dije que me tocó", con lo que se vulnera un derecho esencial del debido proceso; 2. hasta el día de hoy no existe ni formalizada ni desformalizada ninguna causa penal en su contra; 3. Por último, el fiscal señala que se tuvo a la vista el acta de la audiencia preparatoria Rit P 1034-2024; sin embargo, ésta no señala sanción alguna en su contra, excepto la prohibición de acercamiento al estudiante, ordenando el resguardo de no tener contacto con el menor en el establecimiento, y que el informe de diagnóstico clínico especializado, por sí mismo no es una sentencia, por tanto, malamente podría ser utilizado por parte del fiscal como prueba cierta para determinar mi destitución.

Respecto al proceso y en cuanto al derecho a presentar e impugnar pruebas, alega que fue imposibilitado de participar en forma activa en la producción de la prueba, particularmente interrogando, repreguntando y tachando o recusando a testigos, prueba de ello es que en ninguna de las entrevistas que realizó el fiscal a los testigos participó, toda vez que jamás se le invitó o informó que podía estar presente, siendo esta una grave afectación a su derecho a defensa, y una franca vulneración al debido proceso.

Indica que, en cuanto al debido proceso en particular lo consagrado en el artículo 19 N°3 inciso sexto de nuestra Carta Magna, se aplica el mismo criterio sobre los procedimientos disciplinarios que son seguidos al interior de cada uno de los organismos de la administración del Estado, cuenten o no estos con persona jurídica propia, principalmente orientado en el supuesto de que todo procedimiento administrativo descansa sobre la base del Derecho Fundamental que tiene toda persona a la Tutela Judicial Efectiva, y con ello, como parte de su contenido esencial, toda persona tiene derecho a un justo y racional procedimiento. Desde una arista estrictamente adjetiva en materia de procedimiento disciplinario, la norma de referencia sobre esta materia lo constituye inciso segundo del artículo 18 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, norma que indica que "En el ejercicio de la potestad disciplinaria se asegurará el derecho a un racional y justo procedimiento", invoca el considerando noveno del fallo de la Excma. Corte Suprema en rol N°16.660-17.

Refiere que el justo y racional procedimiento, se funda en diversos criterios o manifestaciones que lo componen, y para el caso de autos, y en consideración a los hechos descritos, los criterios que se ven vulnerados es el derecho a un debido proceso, por cuanto el fiscal no ha realizado todas las actuaciones tendientes a conocer en profundidad los hechos, por otro lado no tuvo acceso a ninguna de las declaraciones de los testigos, por tanto, se le negó la posibilidad de preguntar o tachar testigos.

Arguye que, se ha vulnerado la igualdad ante la ley del artículo 19 numeral segundo, pues queda de manifiesto de los actos descritos que ha quedado en desigualdad respecto a los derechos que le asisten a toda persona, máxime frente a tan gravosas sanciones, en primer lugar, porque no puedo ser que un informe de un organismos que no tiene facultades jurisdiccionales sea prueba suficiente para determinar su supuesta culpabilidad, lo que vulnera su igualdad ante la ley toda vez que no se le puede aplicar una sanción en que no existe una sentencia condenatoria, por tanto, alega vulneración de derechos en el acto terminal de destitución, toda vez que ha dejado al recurrente en una situación de desmedro respecto a cualquier otro funcionario de Instituciones públicas, que investigados por hechos que puedan ameritar responsabilidad administrativa, tienen derechos que deben ser respetados.

Prosigue refiriéndose a la garantía del artículo 19 N°24 de la Carta Magna, y señala que las actuaciones de Corporación al respecto han sido claramente vulneratorias de este derecho, esto en el entendido de que a través de la notificación efectuada el 8 de abril del año 2025 pudo tomar conocimiento de que, no existiendo ninguna otra instancia administrativa, fue despojado del dominio sobre el cargo que tenía como titular, esto a través de un procedimiento seguido con vulneraciones de sus derechos, aplicando la destitución, la más gravosa de las sanciones, con acciones y omisiones ejecutadas por la recurrida que privan y perturban todas y cada una de las facultades del dominio que mantiene sobre sus derechos.

Concluye solicitando que, se acoja el recurso, y se deje sin efecto la expulsión impugnada, con expresa condena en costas.

Acompaña a su recurso: Notificación de la resolución de 8 de abril de 2025; expediente; y causa de protección.

SEGUNDO: Que, a folio 9, evacua informe el abogado David Oyanadel Leiva en representación de la Corporación Municipal Gabriel González Videla.

En primer término, señala que la acción de protección no es la vía idónea para resolver el conflicto que se reclama, ya que el recurrente pretende insistir en las mismas alegaciones que formuló en sus descargos y en el recurso de reposición en contra de la resolución que dispuso su destitución, a fin de que la Corte en esta excepcional sede, revise la prueba rendida en el sumario administrativo y el mérito del pronunciamiento sobre el fondo del mismo, siendo que el actor podría recurrir a la Contraloría General de la República, ente fiscalizador que controla que el actuar de su representada se ajuste a derecho. Añade que, al tratarse el asunto controvertido sobre una desvinculación laboral, la cuestión planteada podría ser discutida en un proceso de lato conocimiento de carácter laboral, siendo competente el Juzgado de Letras del Trabajo, según reconoce el artículo 420 del Código del Trabajo. Asimismo, refiere que, al impugnarse una resolución emitida por el Secretario General de la Corporación Municipal Gabriel González Videla que dispone la destitución del recurrente, la que implica un acto administrativo, bien podría deducirse la denominada "acción de nulidad de derecho público", acción contenciosa administrativa encaminada a obtener por parte de un tribunal de la República la anulación de un acto administrativo. Indica que, el auto acordado que regula el procedimiento de protección, no contempla un período de discusión ni de prueba, que establezca la verdad de los hechos discutidos, así lo ha fallado el Tribunal Constitucional, por sentencia de 9 de septiembre de 2014, dictada en Causa Rol 2538-14. Invoca asimismo fallos de la Excma. Corte Suprema causa Rol 11.753-2011 y de esta Corte Rol 294-2020 protección que sustentan su alegación de improcedencia.

Sobre el fondo del asunto expone, que mediante Resolución N°63 de 30 de mayo de 2024, se instruyó la realización de un sumario administrativo para determinar la eventual responsabilidad del recurrente en los hechos denunciados mediante Memorándum N°321/2024 del Departamento de Educación de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, consistentes en tocaciones hacia un alumno. Indica que don nombre reservado es un docente, cuya relación contractual con la Corporación Municipal se rige por el estatuto de los profesionales de la educación, Ley 19.070, por esto, ante la denuncia de graves hechos que podría configurar, entre otras, su responsabilidad administrativa, se ha procedido en conformidad al artículo 72 letra b) del DFL N°1 de 1996, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°19.070 que aprobó el estatuto de los profesionales de la educación, y de las leyes que la complementan y modifican, norma que dispone en lo pertinente: “ Los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal, dejarán de pertenecer a ella, solamente, por las siguientes causales: ..b) Por falta de probidad, conducta inmoral, establecidas fehacientemente en un sumario, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 127 al 143 de la ley N°18.883, en lo que fuere pertinente, considerándose las adecuaciones reglamentarias que correspondan.

En el caso que se trate de una investigación o sumario administrativo que afecte a un profesional de la educación, la designación del fiscal recaerá en un profesional de la respectiva Municipalidad o Departamento de Educación Municipal o de la Corporación Municipal, designado por el sostenedor.”

Así agrega que, para la investigación de los hechos denunciados, se aplicó lo establecido en los artículos 127 al 143 de la ley N°18.883, normas que regulan el sumario administrativo aplicable a los funcionarios municipales. Y en la fase indagatoria del sumario administrativo seguido en contra del recurrente, la fiscal a cargo de la investigación tuvo presente los siguientes medios de prueba: a) Atención de apoderado(a) 2024, de 29 de mayo de 2024, doña nombre reservado, madre del alumno de iniciales FARR, quien indica que su hijo le contó a su abuela, con quien vive, que el profesor jefe (5° básico) le había tocado sus partes íntimas; b) Relato Apoderado 2023, de fecha 29 de mayo de 2024, de doña nombre reservado, madre del alumno FARR, quien indica que su hijo le señaló que su profesor jefe le tocó la pierna y al lado de sus partes íntimas, y también sus nalgas en la hora de música, el día 28 de mayo; lo que le contó a su abuela con quien vive y a ella, al repetir el mismo relato; c) Resolución N°205, de 20 de diciembre del año 2023, mediante la cual se absuelve a don nombre reservado respecto de los hechos denunciados mediante Memorándum N°896/2022 del Departamento de Educación, que dicen relación con tocaciones indebidas al alumno JZG del Colegio Pedro Aguirre Cerda, ordenándose su traslado a otro establecimiento educacional; d) Ingreso medida de protección P-1034-2024, de 29 de mayo de 2024, en favor del estudiante FARR; e) Informe situacional, de 29 de mayo de 2024, elaborado por la directora del colegio Héroes de la Concepción, para el Juez Titular del Juzgado de Familia de La Serena, en donde se solicita otorgar medida proteccional al estudiante a raíz de su relato, en el cual indica que habría sido tocado por el profesor jefe en la pierna y al lado de sus partes íntima y también sus nalgas; f) correo electrónico del 29 de mayo de 2024, mediante el cual se da cuenta a la Fiscalía de la denuncia realizada por la apoderada del alumno FARR, por sospecha de abuso sexual infantil; g) Formulario de denuncia a Fiscalía, de 29 de mayo de 2024, mediante el cual se plasma el relato de la madre del estudiante FARR, quien habría sido tocado en la pierna y al lado de sus partes íntimas y también en sus nalgas por parte del profesor nombre reservado.

Luego transcribe las declaraciones de los testigos: nombre reservado, profesora de Educación General Básica del Colegio Héroes de la Concepción; nombre reservado, Jefe Técnico del Colegio Héroes de la Concepción; nombre reservado, Inspector General del Colegio Héroes de la Concepción; nombre reservado, Trabajadora Social del 2° ciclo del Colegio Héroes de la Concepción; nombre reservado, Encargada de Convivencia Escolar del Colegio Héroes de la Concepción; nombre reservado, Director del Colegio Héroes de la Concepción; Paulina Cantuarias González, Asistente Social del Departamento de Educación de la Corporación Municipal; nombre reservado, Jefe Técnico del Colegio Germán Riesco; nombre reservado, Profesor de Educación General Básica del Colegio Germán Riesco; nombre reservado, Profesora General Básica del Colegio Germán Riesco; nombre reservado, apoderada del alumno denunciante; y nombre reservado, Director del Colegio Germán Riesco. Prosigue trascribiendo la declaración del inculpado nombre reservado.

Indica que, conforme al análisis de estos medios de prueba, la fiscal a cargo del sumario, consideró que existían antecedentes suficientes para formular cargos al inculpado, dado lugar a la siguiente etapa procesal del sumario administrativo; y el 12 de agosto de 2024, consta en el expediente administrativo la formulación de cargos a don nombre reservado, donde se imputa un cargo único: "El día martes 28 de mayo del 2024, en la clase de música, don nombre reservado le propinó tocaciones indebidas al menor de iniciales F.A.R. del 5° básico A del Colegio Héroes de la Concepción. Mientras el estudiante tocaba la flauta, el docente se aproxima por atrás, le tocó las piernas, su espalda, y, por último, le realizó tocaciones en su trasero y en su ingle, al lado de sus genitales. Lo anterior infringe lo dispuesto en: Art. N°16 letra d) de la Ley 20.536; Art. N°10 letra a) del DFL N°2/2010, del Ministerio de Educación; Art. N°10 letra c) del DFL N°2/2010, del Ministerio de Educación; y Art.52 letra b) de la Ley 19.070”

Indica que la resolución con formulación del único cargo es notificada al inculpado, y, en respuesta, por correo electrónico de 13 de agosto del mismo año, el sumariado solicita ampliación de plazo para presentar sus descargos, solicita copia de la carpeta investigativa y señala forma de notificación, a lo cual accede la Fiscal. Luego, el 27 de agosto de 2024, don nombre reservado presenta sus descargos, oportunidad en que ofrece sus defensas fácticas, cuestiona las conclusiones de la fiscal, y en cuanto a los medios de prueba que solicita y ofrece, se limita a presentar una lista de 3 testigos para ser interrogados conforme a un pliego de preguntas que él mismo aporta. Que, consta en el expediente que los 3 testigos cuya declaración fue solicitada por el inculpado fueron citados por la fiscal, sin embargo, sólo 2 de ellos comparecieron a declarar, y lo hicieron al tenor del pliego de preguntas presentadas por don nombre reservado: nombre reservado, docente de religión del Colegio Héroes de la Concepción y nombre reservado, profesor de matemáticas del Colegio Héroes de la Concepción. Por lo que indica que, habiéndose realizado todas las diligencias investigativas, la fiscal procedió a emitir su vista fiscal, en la que propuso al Secretario General de la Corporación Municipal aplicar la medida disciplinaria de destitución a don nombre reservado.

Hace presente que se incorporó al expediente del sumario administrativo, como medida para mejor resolver, atendida su relevancia para la investigación en comento, Acta de Audiencia de Juicio de Medida de Protección, de 10 de septiembre del año 2024, en causa RIT P-1034-2024 del Juzgado de Familia de La Serena. Y que, por Resolución N°11 emitida por el Secretario General de la Corporación Municipal, de 07 de enero de 2025, se resuelve el sumario administrativo instruido por Resolución N°63 de fecha 30 de mayo de 2024, seguido en contra de don nombre reservado, oportunidad en que se revisa la vista fiscal, y se analizan los medios de prueba agregados al expediente, indicando que este análisis se puede resumir con los siguientes considerandos de la resolución señalada: “16 - Que, en lo que respecta a los 15 testimonios que constan en el proceso, se puede desprender que al menos 5 de ellos sostienen una misma versión de los hechos, pero tal como lo señala el sumariado, puede obedecer a que son producto de un mismo relato, por lo que no se tendrá como plena prueba, porque además ninguno de ellos fue testigo presencial de los hechos. Por otra parte, 2 de los entrevistados, restan credibilidad al estudiante, al calificarlo de "mentiroso”, pero sin dar fe de sus dichos, es decir, sin prueba alguna en dicho sentido; por lo que tampoco se puede tener como acreditado el hecho de que el denunciante sea mentiroso con el mero testimonio de dos personas, ya que aun cuando haya mentido en ocasiones anterior, cosa que todos los niños hace, no significa necesariamente que esté mintiendo esta vez. En lo que respecta a la declaración de la fiscal del sumario anterior, Paulina Cantuarias, no se tendrá presente para la resolución del caso, ya que en su declaración utiliza la palabra "lamentablemente”, lo que le resta imparcialidad. En cuanto a los relatos respecto de la labor profesional del docente, es materia que escapa al objeto de la presente investigación ya que en ningún caso se ha cuestionado el cumplimiento de las obligaciones contractuales del docente, lo mismo con las declaraciones en el sentido de que constituiría un hecho aislado, ya que aun cuando fuese así, es igual de grave.

17. - Que, así las cosas, existiendo dos versiones contrapuestas, la del estudiante y la del docente, toca estarse a lo establecido por el Tribunal de Familia, que tal como lo señala el propio sumariado en su escrito de descargos, son los especialistas en la materia. En efecto, según consta en Acta de Audiencia de Juicio Medida de Protección, de fecha 10 de septiembre del año 2024, en causa RIT P-1034-2024, que se incorpora a estos autos como medida para mejor resolver, en base a las conclusiones y sugerencias del Informe Diagnóstico Clínico Especializado, a la opinión de la curadora ad litem y de la consejera técnico, se establece que efectivamente el niño presenta daño por los hechos denunciados y requiere intervención de un programa de la red proteccional, por lo que se decretó como medida de protección el ingreso del estudiante FARR al Programa de Reparación de Maltrato por un plazo de 6 meses, más la prohibición de acercamiento del docente nombre reservado al niño, otorgando así, los profesionales competentes en la materia, total credibilidad al relato del alumno.

21. - Que, el artículo 52 de la ley N° 18.575, establece en el inciso 2° que "El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”.

22. - Que, al analizar la prueba rendida, las alegaciones y antecedentes aportados en este proceso, el suscrito estará por compartir las conclusiones del Fiscal a cargo del presente sumario, por las consideraciones ya latamente expuesta.

23. - Que, en atención a lo expuesto, y considerando que el actuar del docente constituye una conducta inmoral contraria al principio de probidad administrativa, habiéndose constatado por parte del tribunal de Familia la afectación del menor por los hechos denunciados, resulta procedente aplicar la única sanción que contempla el ordenamiento legal al respecto, que es la destitución (...)”

Indica que, la resolución citada fue recurrida, dentro de plazo, por el sumariado, el 02 de abril del año en curso, presentación donde realiza prácticamente las mismas alegaciones que ha deducido en el presente recurso de protección, solicitando también que se dejara sin efecto la sanción impuesta, y que cada uno de los argumentos del recurrente fueron abordados en Resolución N°95 de fecha 07 de abril de 2025, emitida por el Secretario General de la Corporación Municipal, la primera alegación decía relación con haberse vulnerado los principios rectores del Debido Proceso y , fue aclarado lo siguiente: “El sumariado señaló que la Fiscalía incumplió con su deber esencial de garantizar su derecho a controvertir pruebas al no permitírsele interrogar al alumno acusador, solicitar pericias psicológicas que acrediten credibilidad y omitir entrevistar a 24 testigos directos. Es dable señalar que el sumariado en la formulación de descargos de fecha 27 de agosto de 2024, específicamente en segundo otrosí, ofreció prueba, limitándose solamente al ofrecimiento de prueba testimonial, sin realizar ningún otro tipo de ofrecimiento o solicitud probatoria y, por tanto, su derecho precluyó con fecha 27 de agosto de 2024.

El sumario reviste la calidad de secreto, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 135 inciso 2° de la Ley N° 18.883 que establece lo siguiente: será secreto hasta la fecha de formulación de cargos, oportunidad en la cual dejará de serlo para el inculpado y para el abogado que asumiere su defensa.

Siendo la suspensión preventiva y temporal una de las etapas que comprende el sumario administrativo previa a la formulación de cargos, no era posible entregar las copias solicitadas, las que sí se entregaron al momento de solicitar el sumariado copia de la carpeta investigativa con fecha 13 de agosto de 2024, tal como consta a foja 74 y 75 del respectivo sumario administrativo.”

Y en cuanto a la alegación de incumplimiento de deberes procesales por parte de la fiscal del sumario administrativo, pero se refiere al respecto: “Es facultad del Fiscal la solicitud de antecedentes previos, lo cual no está sancionado por ley y que, en todo caso, es un antecedente que no implicó un sesgo confirmatorio, toda vez que el documento fundante que dio total credibilidad al relato del alumno sobre los hechos denunciados proviene directamente del Juzgado de Familia de La Serena, a través de la Causa RIT P-1034-2024, en la cual, la pericia realizada al estudiante acredita daño a este último a raíz de los hechos denunciados y, en consecuencia, se ordenó el ingreso del menor a un programa de reparación por el lapso de 6 meses y decretó la prohibición de acercamiento del docente hacia el alumno.

En cuanto a lo expuesto por el sumariado, se hace presente que éste no realizó dichas solicitudes de prueba en su escrito de formulación de descargos y, por tanto, su derecho se encuentra precluido.

Las declaraciones en etapa sumaria son personales y, por tanto, la oportunidad para haber solicitado careos era justamente en la etapa de formulación de descargos. Del escrito tenido a la vista, no existe tal solicitud, por lo que no se configura la vulneración al Principio de Inmediación señalado por el docente.”

En definitiva, señala que se rechaza el recurso de reposición, señalándose: “Que los argumentos presentados, no permiten desvirtuar los hechos acreditados en el sumario, a través del Juzgado de Familia de La Serena, quien dio lugar a la medida de protección deducida por vulneración grave de los derechos del niño F.A.R.R., tras haberse acreditado vulneración por los hechos denunciados, tal como se señala en Acta de Audiencia de Juicio de fecha 10 de septiembre del año 2024, causa Rit P​1034-2024, ordenando el ingreso del niño a Programa de Reparación de maltrato por el plazo de 6 meses y prohibición de acercamiento del docente hacia el niño. Y, por otra parte, el recurso incoado por el sumariado carece de fundamentación legal al no haber sido formulado en la norma legal pertinente.”

Expone que como se puede apreciar, el sumario administrativo instruido por Resolución N°63-2024, se ha ajustado plenamente a derecho, y, específicamente, el inculpado ha sido emplazado legalmente mediante las correspondientes notificaciones, ha ejercido su derecho a defensa, mediante las prerrogativas pertinentes, como haber presentado sus descargos, ofreció y rindió su prueba, y ejerció su derecho al recurso respecto de la resolución que lo sanciona. Invoca el considerando segundo del fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso en causa ROL Protección-5509-2023, confirmado por la Excelentísima Corte Suprema.

Indica que, lo que puede ser objeto de análisis en esta excepcional sede cautelar, es el control de juridicidad formal del sumario administrativo instruido contra el recurrente, que fue resuelto con la sanción de su destitución, a diferencia de lo que pretende el recurrente, que espera una revisión fáctica, de fondo, y de revisión de las probanzas y conclusiones de la resolución impugnada. Al respecto, invoca fallo de la Excma. Corte Suprema en causa ROL N°40.371-2022. Por lo que arguye que el proceder de su representada se ha ajustado plenamente a derecho y se encuentra fundado, de tal suerte que su obrar no puede derivar en una vulneración de derechos fundamentales de don nombre reservado.

Niega categóricamente que mediante el legítimo ejercicio de una facultad ajustada a derecho y debidamente fundamentada, la Corporación Municipal haya podido generar afectación en el derecho de propiedad del recurrente, su derecho a la igualdad ante la ley, o el debido proceso.

Concluye solicitando tener por evacuado informe y rechazar el recurso, con costas.

Acompaña a su informe a folio 10: Contrato de trabajo de don nombre reservado y nombre reservado de Sumario Administrativo instruido por Resolución N°63 de fecha 30 de mayo de 2024.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, conforme se desprende de las alegaciones vertidas por el recurrente en su arbitrio lo pretendido es cuestionar el mérito del proceso administrativo llevado en su contra, en tanto lo que advierte es la ausencia de los principios del debido proceso en su tramitación, pues asegura no habérsele permitido participar en diligencias probatorias, falta de notificación y falta de diligencias, circunstancias que escapan de la competencia de esta Corte por la vía excepcional cautelar, en tanto no se ha alegado que en el procedimiento incoado la decisión final haya sido adoptada por una comisión especial, única vía por la cual es posible a esta corte emitir un pronunciamiento respecto de la legalidad y arbitrariedad de las actuaciones administrativas llevadas a cabo dentro del sumario.

De esta manera, el establecimiento de los hechos, la participación y la valoración de la prueba rendida en el procedimiento, como asimismo la calificación de gravedad de la infracción que se le atribuye al funcionario, son cuestiones privativas del superior que adoptó la decisión, y no pueden ser objeto de escrutinio en esta sede, salvo en el caso que concurran los elementos para estimar que dicha valoración y calificación ha sido adoptada contra ley y/o producto del capricho de la autoridad.

SEXTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe tener presente que, de la revisión del expediente administrativo, consta que el recurrente fue notificado del cargo realizado por la Fiscal designada para el sumario administrativo, presentó sus descargos, aportando las pruebas tendientes a desvirtuar los hechos que se le imputaron, así como también dedujo recurso de reposición en contra de la resolución que dispuso su destitución, desprendiéndose que ejerció aquellas acciones tendientes a ejercer su derecho de defensa, por lo que no se advierte una vulneración al debido proceso.

SÉPTIMO: Que, abona al rechazo del recurso que en causa proteccional a favor del niño víctima de los hechos que dieron origen al sumario en contra del recurrente, se determinó la presencia de daño asociado a dichas situaciones, sumario que concluyó con la posterior destitución del actor, por lo que precisamente teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 21.430, con el actuar reprochado a la recurrida se ha dado cumplimiento a lo preceptuado en términos de garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a no ser sometidos a violencia, malos tratos físicos o psíquicos, descuidos o tratos negligentes, abusos sexuales o de cualquier otra índole, y que constituye un deber del Estado tomar las medidas conducentes a prevenir, investigar y sancionar civil, penal y/o administrativamente, según corresponda, toda forma de violencia en contra de niños, niñas y adolescentes.

OCTAVO: Que, resulta de los antecedentes acompañados, así como de las alegaciones formuladas, que lo reclamado por medio de la presente acción cautelar dice relación con derechos no indubitados, por lo que, en esta sede proteccional, no es dable una discusión para obtener la declaración de un derecho, lo cual, desde luego, presupone un conflicto de intereses de lato conocimiento, declarativo de derechos cuestionados, y ante la judicatura especial que corresponda, por lo que sus alegaciones deben ser discutidas en un juicio de lato conocimiento, que otorga a las partes en conflicto la posibilidad de discutir, formular alegaciones, deducir excepciones, rendir pruebas y deducir los recursos que sean procedentes.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra de la Corporación Municipal Gabriel González Videla.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°716-2025 (Protección).-