nombre reservado con CENTRO DE COMERCIO MAYORISTA AGROPECUARIO Y PESQUERO S. A.

nombre reservado

Centro de Comercio Mayorista Agropecuario y Pesquero S.A., Recurso de Protección Rol N° 716-2020.- La Serena, siete de julio de dos mil veinte.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don nombre reservado, comerciante, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de Centro de Comercio Mayorista Agropecuario y Pesquero S.A., RUT RUT reservado, representado legalmente por nombre reservado, de quien ignora oficio, domiciliado en domicilio reservado, sosteniendo que con fecha 13 de Marzo del año 2020, adquirió por escritura privada suscrita ante la Notaría servida por don nombre reservado, las acciones pasivas N°s. 7 y 77 de la Sociedad "Centro de Comercio Mayorista Agropecuario y Pesquero S.A”, agregando que las adquirió por venta que le realizara su hija doña nombre reservado en la suma de $5.000.000., monto que fue sufragado en el acto a plena conformidad de la cedente, señalando que la cesión fue realizada entre dos personas conocidas para la recurrida y que su hija fue trabajadora subordinada de dicho Centro de Comercio.

Refiere que el 18 de abril del presente año, entregó en la Administración del centro una copia del título en que consta la cesión o venta de las acciones, solicitando un acuso de recibo del documento, el cual se le negó y desde ese día se le informó que estaría en estudio la cesión de las acciones, sin explicar motivos ni fundamentos y a sabiendas que la cedente es titular de las acciones referidas y que éstas se encuentras vigentes a su nombre, añadiendo que el Administrador del centro comercial don nombre reservado, le señaló que el abogado de la recurrida había indicado aquello, sin expresar el motivo de tal decisión, lo que fue ratificado por su representante legal, agregando que el 20 de abril del 2020, al requerir por última vez la referida inscripción, se le negó, aduciendo que aún se encontraba en estudio por el asesor jurídico, sin que hasta el día de hoy tenga respuesta acerca del registro e inscripción de sus acciones.

Sostuvo que la recurrida, con su negativa los días 18 y 20 de abril del 2020, a inscribir las acciones sin expresión de causa justificada, ha infringido los artículos 12 de la Ley 18.046 y 15 y 16 del Reglamento de Sociedades Anónimas, pues se ha negado a inscribir, como lo ordenan esos preceptos, las referidas acciones a nombre de su nuevo titular, con lo cual se le ha privado del legítimo ejercicio de la garantía asegurada en el N° 23 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, la facultad de adquirir el dominio pleno sobre dos acciones del "Centro de Comercio Mayorista Agropecuario y Pesquero S.A”, añadiendo que el eventual estudio que dicen estar realizando no puede retardar la inscripción en atención a lo previsto en el artículo 12 de la ley antes señalada.

Refiere que conforme a la legislación aplicable a la materia, a una sociedad no le corresponde pronunciarse sobre las transferencias de acciones y está obligada a inscribir sin más trámite los traspasos que se le presenten, a menos que no se ajusten a mínimas formalidades, caso que no es aplicable al tenor de lo expuesto. (artículo 16 del Reglamento), agregando que la sociedad recurrida ha procedido arbitraria e ilegalmente y ello ha producido en el recurrente la privación del legítimo ejercicio del derecho a adquirir plenamente el dominio de las acciones que le fueron transferidas, sosteniendo que si no es admitida su calidad de accionista, no obstante la cesión que le fuera hecha, esa negativa es un obstáculo manifiesto para aquel legítimo ejercicio, consagrado en el N° 23 del artículo 19 y protegido por el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Señala que la inscripción que se practique en dicho registro constituye el dominio y a la vez la prueba de su derecho, añadiendo que la responsabilidad en la decisión de inscribir es trascendental y de una enorme relevancia jurídica, sosteniendo que su negativa injustificada, se traduce en un acto arbitrario e ilegal que atenta contra la garantía constitucional antes citada y a la correcta interpretación que debe darse a las normas y principios que regulan el traspaso de acciones de una sociedad anónima.

Acompaña en apoyo de sus aseveraciones, copia del contrato suscrito por escritura privada de 13 de marzo de 2020 ante el Notario Público de Coquimbo don nombre reservado.

Finalmente solicita que se tenga por interpuesto recurso de protección en contra del Centro de Comercio Mayorista Agropecuario y Pesquero S.A, ya individualizado, admitirlo a tramitación y en definitiva declarar que la recurrida debe de manera inmediata y sin más trámite proceder a inscribir las acciones N°s. 7 y 77 de la sociedad "Centro de Comercio Mayorista Agropecuario y Pesquero S.A”, a su nombre en el Registro de Accionistas, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe de rigor, comparece el abogado don Joseph Rivera Rivera, en representación de “Centro de Comercio Mayorista Agropecuario y Pesquero S.A.” Rut RUT reservado, solicitando se rechace el recurso en todas sus partes, con expresa condenación en costas, en mérito de los siguientes fundamentos de hecho y de derecho.

Refiere que es falso que el 18 de abril del año en curso, se le negara al actor acusar recibo de la entrega que hizo en la Administración de una copia del título en que constaba la cesión o venta de acciones, ello porque Perla Durán Díaz, hija del recurrente, fue a solicitar unas fotocopias de una compraventa que realizó su madre nombre reservado el año 2014, y atendido que dicha documentación se encuentra en revisión y está siendo auditada, se le respondió desde la oficina por el administrador nombre reservado, que la entrega de las fotocopias solicitadas, se encontraban en su oficina particular, ya que estaba trabajando en conjunto con los contadores auditores, quienes se encuentran estudiando la gestión de la ex Gerenta General nombre reservado y el ex directorio para determinar los dineros ingresados bajo su gestión y todo lo relativo a las antiguas compraventas y los aportes especiales por adquisición de estas, agregando que la respuesta que se le dio a la señora nombre reservado generó una gran molestia en ésta, provocando que se retirara ofuscada de la oficina, dando un portazo, lo que produjo tensión a la secretaria que en ese momento se encontraba junto con el administrador, quienes después de lo ocurrido, comunicaron la noticia al presidente del directorio nombre reservado, el que junto con los demás directivos, procedieron a enviar una carta de amonestación a la accionista por alterar el normal desempeño de los trabajadores de la sociedad.

Sostuvo que el mismo día 18 de abril, alrededor de las 14:00 horas, nuevamente se produce un altercado con la accionista nombre reservado y su esposo nombre reservado, quienes se dirigieron al local del administrador y accionista nombre reservado a insultarlo, gritarle y amenazarlo por no entregar las fotocopias solicitadas, lo que provocó a dicha persona un gran temor y preocupación, debiéndose llamar a Carabineros de Chile, cursándose denuncia que actualmente se encuentra investigando la Fiscalía de Coquimbo, en causa RUC 2000403834-8, agregando que por estos hechos el directorio de la sociedad envió una segunda carta de amonestación con multa, a la accionista nombre reservado, atendida la infracción del artículo 26 letra f) del Reglamento Interno de la sociedad.

Refiere que con fecha 27 de abril, siendo las 17:27 horas, como abogado de la sociedad, doña Perla Durán Díaz, le envió un correo electrónico reiterando la solicitud que hizo el 18 de abril, que dice expresamente “Yo solo he solicitado una fotocopia nada más, le ruego dé el visto bueno para que mañana se me entregue. De ante mano muchas gracias”. Por ello, a las 18:08 horas de ese día, le respondió por similar medio, de la siguiente forma: “Atendida la solicitud de la accionista Sra. nombre reservado, después de lo conversado con el señor Presidente, autorícese la entrega sin más trámite, de las fotocopias solicitadas de los años 2014 y 2016. Facultase a la señorita secretaria de la oficina nombre reservado para el cumplimento del cometido”.

Precisa que se le entregaron las fotocopias solicitadas por las trabajadoras de la oficina y la hija del recurrente quedó muy agradecida.

Hace presente que desde el 18 de abril a la fecha, don nombre reservado no ha entregado algún documento de compraventa o cesión a la oficina, ya que lo normal, y por protocolo administrativo, es que la entrega y recepción de documentos se realice con timbres y un memorándum interno, lo que en el presente caso nunca se realizó porque jamás llegó algún documento a manos de las secretarias, del administrador, presidente, directores o a su persona, en su calidad de asesor jurídico de la empresa.

En cuanto al derecho, afirma que en relación a los hechos del 18 y 20 de abril de 2020, su representada no ha infringido gravemente los artículos 12 de la ley 18.046 y 15 y 16 del Reglamento de Sociedades Anónimas, al negarse a inscribir una compraventa del recurrente, toda vez que no tenía idea de su existencia, enterándose de estos hechos con la interposición del presente recurso.

Añade que la denuncia de infracción de los artículos 12 de la Ley de Sociedades Anónimas y 15 y 16 de su Reglamento, es errada porque se encuentran dichas disposiciones derogadas en su totalidad hace más de siete años. Argumenta que el antiguo Reglamento de Sociedades Anónimas, con los artículos citados, fue aprobado mediante Decreto Supremo N°587 del Ministerio de Hacienda en el año 1982. Sin embargo, esta norma citada, por el recurrente y que acusa infracción fue remplazada en su integridad por un nuevo Reglamento de Sociedades Anónimas mediante Decreto Supremo N°702 promulgado con fecha 27 de mayo del 2011 y publicado en el diario oficial con fecha 06 de nombre reservado del 2012.

Indica que los artículos antiguos y citados por el recurrente referían: articulo 15 derogado: “Toda cesión de acciones se celebrará por escritura privada firmada por el cedente y el cesionario ante dos testigos mayores de edad o ante corredor de bolsa o ante un notario público. También podrá hacerse por escritura pública suscrita por el cedente y el cesionario”. Por su parte el articulo 16 derogado, señalaba; “A la sociedad no le corresponde pronunciarse sobre la transferencia de acciones y está obligada a inscribir sin más trámite los traspasos que se le presenten, a menos que éstos no se ajusten a las formalidades que se establece en el artículo precedente.”

Cita, luego los artículos que vinieron a reemplazar a las derogados: el actual artículo 15 del nuevo reglamento de Sociedades Anónimas: “En caso que la sociedad mantenga únicamente un sistema de anotaciones en cuenta o mientras no se hayan impreso y entregado los títulos a los accionistas, éstos tendrán derecho a obtener de la sociedad un certificado que acredite la cantidad de acciones inscritas a su nombre en el Registro de Accionistas de la Sociedad. Estos certificados serán nominativos, intransferibles y no negociables y deberán indicar la fecha de su otorgamiento.

Para los efectos de las formalidades necesarias para la constitución de prenda u otro derecho real sobre las acciones de la sociedad, el certificado reemplazará al título representativo de las acciones que se trate. A la solicitud del accionista, y para facilitar la constitución de prenda u otros derechos reales sobre menos de la totalidad de sus acciones, el accionista podrá solicitar que el certificado se restrinja a sólo parte de las acciones inscritas a su nombre, debiendo el certificado indicar dicha circunstancia. Artículo 16 del nuevo reglamento: “Los pactos particulares entre accionistas relativos a cesión de acciones se entenderán depositados en la sociedad desde que una copia de los mismo autorizada ante notario se entregue en el lugar en que funcione el Registro de Accionistas por un notario público que así lo certifique. No será necesaria la intervención del notario cuando el gerente general o quien haga sus veces, deje constancia escrita de la recepción de la copia referida. Una vez depositado un pacto, el gerente general o quien haga sus veces deberá realizar una anotación en el Registro de Accionistas en referencia al pacto a más tardar dentro de las 24 horas siguientes. Realizada la anotación antes referida, una copia del pacto deberá quedar a disposición de los accionistas y terceros interesados para consulta en el lugar donde funcione el Registro de Accionistas.”

Refiere que los actuales textos de estas disposiciones nada tienen que ver con los fundamentos que ha señalado el recurrente en su libelo de protección, ya que los preceptos legales se refieren al sistema de anotaciones que existen en la sociedad, la posibilidad de entregar un certificado de accionistas en lo relativo al artículo 15 y al pacto entre accionistas de acuerdo con el artículo 16, y en ningún momento hace referencia con una transferencia de acción y su procedimiento. Lo anterior, se reafirma, con lo expuesto por el recurrente en el numeral 7 de su recurso que “a una sociedad no le corresponde pronunciarse sobre la transferencia de acciones y está obligada a inscribir sin más trámite los traspasos que se le presenten, a menos que no se ajusten a mínimas formalidades, caso que no es aplicable al tenor de lo expuesto. Se continúa citando normas que se encuentran derogadas y las actuales, nada tiene relación con peticionado y alegado por el recurrente.

Concluye que no se puede pretender acusar a su representada en base a hechos falsos y denunciar infracciones, ilegalidad y arbitrariedad, citando normas que fueron derogadas hace más de siete años, lo anterior, ya que los actuales y vigentes artículos 15 y 16 del nuevo reglamento, nada tienen que ver con el fundamento esgrimido y citado por el recurrente en su libelo de protección.

Sobre el supuesto atentado o vulneración de la garantía constitucional del número 23 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, respecto de “La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellas que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así”, explica que es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria, y que no es posible sostener que su representado el Centro de Comercio Mayorista Agropecuario y Pesquero S.A., haya cometido un acto ilegal o arbitrario, ni haya incurrido en una vulneración de la garantía constitucional denunciada por el recurrente, desde el momento que dicho acto no existe, ya que sólo se solicitó una fotocopia de un documento determinado, que se encontraba en proceso de estudio jurídico y de auditoria, el que después, cuando se reiteró su solicitud por correo electrónico, se entregó, teniendo una respuesta de agradecimiento de la hija del recurrente. De igual forma, dice, jamás existió una vulneración a la garantía constitucional, ya que un hecho falso, no puede considerarse como una vulneración de un precepto tan relevante de nuestra Carta Fundamental, más cuando esto viene fundamentando de normas derogadas hace años, añadiendo que considera grave el hecho de querer el recurrente, hacer creer que existe un hecho inexistente, sin fundamento legal alguno, precisando que no se puede permitir que se acoja una denuncia, que acusa de infracción y arbitrariedad a normas actualmente no vigentes en nuestro ordenamiento jurídico hace ya siete años.

Aduce que se está tratando de ocultar o simular un hecho concreto y que se encuentra consagrado en el artículo 77 de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas y que dice relación con evadir las eventuales responsabilidades que establece dicha ley, y a la que está sujeta la actual accionista Perla Durán Díaz, como ex gerenta general de la sociedad requerida, hasta el mes de enero del presente año y directora revocada por segunda desaprobación de balance con fecha 09 de marzo del 2020.

Acompaña prueba documental consistente en: 1.Copia simple de Carta de Amonestación de fecha 18 de abril del 2020; 2. Copia simple de segunda carta de amonestación con multa, en contra de la accionista Perla Durán Díaz, de fecha 19 de abril del 2020; 3. Copia simple de Correo electrónico enviado por la accionista Perla Durán Díaz con fecha 27 de abril del 2020, reiterando solicitud de fotocopia; 4. Copia simple del Reglamento del Centro de Comercio Mayorista Agropecuario y Pesquero S.A., de fecha 25 de abril del 2013; 5. Copia de escritura pública de Mandato Judicial, otorgado ante la Primera Notaria de Coquimbo, servida por don nombre reservado, con fecha 24 de abril del 2020, por el representante legal de la sociedad don nombre reservado.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que el acto cuya arbitrariedad reprocha el recurrente es la negativa de la recurrida, sin causa justificada, a inscribir en el Registro de Accionistas de la sociedad "Centro de Comercio Mayorista Agropecuario y Pesquero S.A”, las acciones pasivas N°s. 7 y 77 que adquirió por venta que le realizara su hija doña nombre reservado, en la suma de $5.000.000., sosteniendo que se han infringido los artículos 12 de la Ley 18.046 y 15 y 16 del Reglamento de Sociedades Anónimas, privándolo del legítimo ejercicio de la garantía contemplada en el N° 23 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEXTO: Que atendido lo expuesto por el recurrente y la recurrida y los antecedentes que se han aportado a esta Corte, se han logrado establecer los siguientes hechos:

a) Que, con fecha 13 de marzo de 2020, doña nombre reservado, vendió a don nombre reservado, dos acciones pasivas N°s, 7 y 77 de la sociedad Centro de Comercio Mayorista Agropecuario y Pesquero S.A., Centro Agropecuario y Pesquero La Garza, en la suma de cinco millones de pesos ($5.000.000.), mediante instrumento otorgado ante el Notario Público Interino de Coquimbo, don nombre reservado.

b) Que, con fecha 19 de abril de 2020, el Directorio de La Garza, envió a la accionista Perla Durán Díaz, una Carta de Amonestación, por haberse dirigido junto a su marido al lugar de trabajo del Administrador, procediendo a gritarle y amenazarlo, aplicándole una multa de 0,5 Unidades de Fomento, de conformidad a lo establecido en el artículo 30 letra a) del Reglamento Interno de Garza S.A.

c) Que con fecha 27 de abril de 2020, doña nombre reservado, envió al abogado Josep Rivera, un correo electrónico solicitándole una fotocopia de la compraventa que su madre doña nombre reservado celebró el año 2014 y que el 2016 había traspasado a su nombre, documento que se encontraba en el archivador de compra y venta de acciones en la Administración, señalándole que solamente había pedido una fotocopia y nada más.

d) Que con fecha 27 de abril de 2020, el abogado Josep Rivera, envío un correo electrónico a Perla Durán Díaz, comunicándole que después de lo conversado con el presidente, se autorizaba la entrega sin más trámite de las fotocopias solicitadas de los años 2014 y 2016, facultando a la secretaria de la oficina nombre reservado para el cumplimiento del cometido.

SEPTIMO: Que con los antecedentes que se han agregado a la causa no se logrado acreditar el acto cuya arbitrariedad reprocha el recurrente, consistente en la negativa de la recurrida a inscribir en el Registro de Accionistas de la sociedad "Centro de Comercio Mayorista Agropecuario y Pesquero S.A”, las acciones pasivas N°s. 7 y 77. En efecto, lo único que se ha comprobado es que el demandante adquirió mediante compraventa celebrada con su hija doña nombre reservado, las acciones antes referidas, en la suma de $5.000.000., mediante instrumento otorgado ante el Notario Público de Coquimbo don nombre reservado. Sin embargo, no se ha acompañado ningún antecedente en orden a acreditar los hechos en que fundamenta su recurso de protección y que permitan demostrar la supuesta afectación de las garantías fundamentales denunciadas como vulneradas.

OCTAVO: Que atendida la naturaleza y finalidad del recurso, para que se restablezca el imperio del derecho y se asegure la protección del afectado, es necesario que quien lo invoca acredite la existencia de un derecho o garantía que le asista, que se encuentre debidamente determinado y que corresponda a alguno de los referidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

NOVENO: Que para que el recurso de protección sea acogido es esencial que los hechos arbitrarios o ilegales que se invocan, se encuentren comprobados y que ellos hayan producido privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos taxativamente en el citado artículo 20 de la Constitución Política de la República.

DECIMO: Que, en consecuencia, al no haberse acreditado un acto ilegal ni arbitrario por parte de la recurrida, supuesto necesario para verificar la supuesta afectación de las garantías fundamentales denunciadas como quebrantadas, solo cabe rechazar el presente recurso de protección.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra del “Centro de Comercio Mayorista Agropecuario y Pesquero S.A.”.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactado por el ministro suplente don Jorge Corrales Sinsay.

Rol N° 716-2020 Protección.