Recurso de protección

Programa Mi Abogado Dirección Regional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y nombre reservado y Fundación Chilena para la Discapacidad Recurso de Protección Rol N°710-2026 La Serena, veintidós de mayo de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, a folio 1, don nombre reservado

nombre reservado, abogado, perteneciente al programa de representación jurídica especializada e interdisciplinaria de niños, niñas y adolescentes “Mi Abogado”, dependiente de la Corporación de Asistencia Judicial de Coquimbo en convenio con la Subsecretaria de Justicia y Derechos Humanos, con domicilio en domicilio reservado, en ejercicio de la curaduría de los niños, niñas y adolescentes (NNA) nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, deduce recurso de protección en contra de la Dirección Regional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y nombre reservado (SPE), persona jurídica de derecho público, RUT N°RUT reservado, representada legalmente por su directora regional Sra.

Anita Bonell Bravo, cédula de identidad NUM000, ambos domicilios en domicilio reservado, y de la Fundación Chile para la Discapacidad (FCHS), persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, RUT N°RUT reservado, representada legalmente por el Sr. nombre reservado, cédula de identidad NUM001, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana y/o DIRECCION000, Coquimbo, Región de Coquimbo; por vulnerar el derecho a la integridad física y psíquica de sus representados, consagrado en el número 1° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que el SPE es titular de la concesión de uso gratuito del inmueble fiscal ubicado en DIRECCION000, Coquimbo, destinada al funcionamiento de una residencia de protección para niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad, la cual fue adjudicada al proyecto denominado “nombre reservado”, asociado al organismo colaborador acreditado “Fundación Chilena para la Discapacidad”, cuya fiscalización y supervisión técnica, administrativa y financiera recae en la Dirección Regional del SPE de la región de Coquimbo. Continúa citando los objetivos generales y especificas del proyecto conforme consta en el Convenio, indicando que dispone de 18 plazas convenidas, su vigencia rige desde el 05 de enero de 2024 con una duración de 1 años, admitiendo la posibilidad de prórroga, estableciéndose un procedimiento de evaluación del proyecto “nombre reservado”, realizado por el SPE.

Prosigue haciendo presente que desde el 05 de enero de 2026 el proyecto nombre reservado se mantiene en funcionamiento en base a resoluciones de urgencia dictadas por el SPE de Coquimbo, las que son renovadas mensualmente tras el vencimiento del plazo fijado, proyecto que sigue siendo ejecutado por la recurrida FCHD.

En cuanto a los hechos que motivan la interposición del recurso:

En primer lugar, refiere los nudos críticos en la ejecución del proyecto nombre reservado por parte de la recurrida FCHD, visualizándose deficiente infraestructura y habitabilidad del inmueble en el que se está ejecutando el proyecto residencial, observándose, tras 3 años de uso, un deterioro en los espacios físicos y en el mobiliario del lugar, además de una deficiente higiene en espacios comunes y habitaciones utilizadas por los niños, observándose redes húmedas contra incendio en mal estado, a lo cual se suma que existen niños que están pernoctando en zonas de uso común, visualizándose bidones de agua utilizados como receptáculo de orina, estimándose que las condiciones referidas están bajo el estándar de calidad que exige el convenio suscrito por el SPE y la FCHD y las orientaciones técnicas dadas para esta modalidad de intervención residencia, no resultando idóneo para garantizar el bienestar integral de los niño, niñas y adolescentes que se encuentran en dicho proyecto, lo que vulnera sus derechos fundamentales.

Añade que se observa un inadecuado acompañamiento y supervisión de los niños, niñas y adolescentes, que habitan el centro, lo que se relaciona con la permanente rotación de personal, un insuficiente número de educadores, técnicos y profesionales para atender las necesidades que presentan, además de falta de preparación técnica de los educadores para abordar situaciones de crisis y/o conflicto con los NNA, lo que se traduce en un obstáculo insalvable para la atención oportuna de las necesidades de los NNA, lo que resulta particularmente grave al tratarse de NNA que por razones derivadas de una o más deficientes de causa física, mental o sensorial, ligadas a la falta o pérdida de autonomía, requieren la atención permanente de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar las actividades esenciales de la vida, experimentando nuevas vulneraciones de derechos bajo el cuidado alternativo del Estado, por la presencia de agresiones físicas, verbales y transgresión de límites corporales y/o en la esfera de la sexualidad entre pares, inadecuados manejos de situaciones de crisis e incluso, eventuales malos tratos por parte de educadores de trato directo, entre otros eventos de carácter grave que han afectado a los NNA.

Agrega que el proceso interventivo no ha sido idóneo, retardando la restitución del derecho a vivir en familia.

Refiere que lo señalado se configura en un riesgo inminente para la vida e integridad de todos los NNA que se encuentran ingresados en el centro, quienes han sido víctimas de graves vulneraciones a sus derechos, se encuentran separados de sus familias de origen y, además, poseen una discapacidad física, mental y/o sensorial que incrementa su vulnerabilidad, existiendo respecto de ellos un deber de protección reforzado.

En segundo lugar, alude a las falencias en la calidad de los cuidados y los procesos interventivos que han sido otorgados durante la ejecución del proyecto nombre reservado, por parte de la recurrida FCHD, aludiendo a la situación particular de cada uno de sus representados.

En tercer lugar, indica que el rol fiscalizador y supervisor en la ejecución técnica del proyecto nombre reservado por parte de la FCHD, que debe ejercer el SPE en los hechos denunciados, ha sido insuficiente.

Cita el artículo 39 de la Ley N°21.302 e indica que el SPE ha ejercido de manera inadecuada sus facultades de fiscalización y supervisión del proyecto de cuidado alternativo denominado nombre reservado ejecutado por la FCHD, pues estando en conocimiento de los distintos nudos críticos que han sido expuestos, ha dado continuidad a la ejecución de un proyecto de cuidado alternativo que no ha cumplido con los estándares técnicos y de calidad dispuestos por la ley, reglamentos o por la autoridad, otorgando prestaciones y procesos de intervención que han vulnerado gravemente garantías fundamentales de los NNA que representan. Agrega que desde enero de 2024 el SPE ha efectuado 3 procesos de fiscalización con resultados negativos, obteniéndose indicios que dan cuenta de incumplimientos atribuibles a la gestión del organismo colaborador FCHD, confirmándose la existencia de hechos constitutivos de incumplimiento normativo, siendo sancionada la recurrida FCHD, con amonestación escrita, a pesar de aquello, el SPE ha permitido que la FCHD siga ejecutando el proyecto nombre reservado de Coquimbo, asumiendo un rol pasivo frente a las vulneraciones.

Prosigue refiriendo consideraciones jurídicas, artículo 19 N°1 y 20 de la Constitución Política de la República, artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 6.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 4.1, 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 7 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, artículos 24, 25 y 36 de la Ley N°21.430.

Indica que se reprocha jurídicamente el proceder de la FCHD durante la ejecución del Proyecto Residencial “nombre reservado”, por cuanto sus representados se han visto expuestos, directa o indirectamente, a vulneraciones a su indemnidad sexual, violencia física, psicológica o emocional, falencias en el cuidado, procesos de intervención alejados de los lineamientos, formas, plazos, contenidos y rigurosidad y condiciones de habitabilidad, higiene, seguridad y ambientales lejos de los estándares de calidad y especiales que exige la normativa.

Señala que el actuar de la FCHD resulta ser ilegal, arbitrario y con efectos que se mantienen, al verificarse incumplimiento al convenio suscrito con el SPE para la ejecución del proyecto nombre reservado de Coquimbo, incumplimientos a bases, lineamientos y protocolos técnicos otorgados por el SPE, incumplimientos reiterados a resoluciones judiciales, incumplimientos a los principios, fines y obligaciones que deben regir el proceder de todo organismo colaborador acreditado en la ejecución de programas de cuidad alternativo y, acciones y/u omisiones en los cuidados de los NNA que residen en la citada residencia Concluye solicitando se acoja el recurso, resolviendo la cesación inmediata de la ejecución y administración del Proyecto “nombre reservado” por parte de la recurrida Fundación Chilena para la Discapacidad, dar continuidad a la oferta pública de cuidado alternativo, ordenado al Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia asuma inmediatamente y sin intermediarios la administración directa o provisional del centro residencial, y, se otorgue un plazo breve y perentorio al Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia para confeccionar e implementar un plan de trabajo que otorgue una solución efectiva a los nudos críticos que han sido expuestos, el que deberá dejar expresa constancia de las medidas, plazos, procedimientos y responsables de su cumplimiento.

SEGUNDO: Que, a folio 16, don Jacob Guajardo Gutiérrez, abogado, en representación de la Fundación Chilena para la Discapacidad, evacúa el informe, solicitando el rechazo del recurso de protección, con expresa condena en costas.

Indica que la acción es improcedente, primeramente porque el recurso de protección no es la vía idónea para ventilar una controversia que se encuentra conocida por los Tribunales de Familia y mediante el procedimiento sancionatorio administrativo en curso ante la autoridad recurrida, en segundo lugar, porque el petitorio supone que esta Corte ejerza una potestad reglada que la Ley N°21.302 reserva con exclusividad al Director Regional del SPE, previa aprobación de un consejo de expertos, y, en tercer lugar, porque los hechos descritos no configuran acto u omisión ilegal o arbitraria imputable a la FCHD, ya que opera bajo cobertura administrativa expresa del Servicio recurrido, cumpliendo íntegramente los planes de mejoramiento exigidos, mantiene comunicación permanente con los Tribunales de Familia y los curadores ad litem, y desarrolla su labor en una población infantil y adolescente con discapacidad severa o profunda y alta dependencia, cuya complejidad clínica y conductual hace inevitable la ocurrencia de eventos que el recurrente, presenta como prueba de incumplimiento.

Prosigue señalando que la FCHD se encuentra acreditada por colaborador del SPE, desarrollando diversos programas, en énfasis en cuidados alternativos para NNA con discapacidad severa o profunda y alta dependencia, segmento que constituye uno de los más complejos y de menor cobertura en la oferta programática del Servicio. Añade que mediante Resolución Exenta N° NUM002, de 25 de octubre de 2023, el SPE adjudicó a FCHD el proyecto de Residencia para NNA con Discapacidad “nombre reservado”, en el marco del 7° Concurso Público de Cuidados Alternativos, cuya domicilio reservado NNA con discapacidad severa o profunda en situación de alta vulnerabilidad, con condición de dependencia severa, derivados por orden judicial, situación en la que se encuentran los 5 NNA referidos por el recurrente, ejerciendo los Tribunales de Familia, respecto de cada uno, control judicial.

Continúa señalando que el relato del recurrente revela que su pretensión, antes que apuntar a un acto u omisión especifica, se dirige respecto de la calidad de la gestión de un proyecto residencial complejo, en el que confluyen múltiples actores, no constituyendo el recurso de protección una instancia general de revisión de gestión, siendo su ámbito el cautelar derechos indubitados frente a actos u omisiones específicos, ilegales o arbitrarios, susceptibles de ser corregidos por una providencia particular y concreta.

Agrega que el recurso describe múltiples hechos producidos el año 2024, 2025 y los primeros meses del 2026, siendo anteriores al plazo fatal de 30 días corridos establecido para la interposición del recurso, siendo la acción extemporánea. En cuanto al fondo, señala que no hay acto u omisión especifico, ilegal o arbitrario imputable a la FCHD.

Refiere que la FCHD continúa ejecutando el proyecto porque la autoridad recurrida – conforme las atribuciones que detenta establecidas en los artículos 41 y 49 de la Ley N°21.302 - ha decidido renovar mes a mes su confianza en la Fundación, por lo que mal puede calificarse su actuar de ilegal o arbitraria, cumpliendo íntegramente los planes de mejoramiento exigidos por el SPE, aplicando de manera sistemática y oportuna los protocolos institucionales, por lo que cada vez que ha tomado conocimiento de un hecho eventualmente constitutivo de delito que afecta a un NNA bajo su cuidado, ha activado el protocolo, ha comunicado el hecho al Servicio, al Tribunal de Familia, a la Fiscalía Local, al curador ad litem y a quien correspondiera. Añade que se han remitido a los respectivos tribunales de familia los diagnósticos integrales, los planes de intervención individual y los informes de avance, asimismo, ha capacitado a su personal y mantiene la dotación profesional vigente, promoviendo la vinculación familiar y ejecutando inversión en infraestructura más allá de lo financiado, además, el inmueble es de propiedad fiscal, por lo que las decisiones de inversión estructural sobre dicho inmueble corresponden al Servicio recurrido, no al colaborador.

En cuanto a los hechos puntuales invocados por el recurrente, señala que los episodios reseñados por el recurrente como agresiones físicas o vulneraciones a la indemnidad sexual entre los NNA, ello corresponde a interacción entre los niños, niñas y adolescentes, la existencia de los episodios es consustancial a una población con características asociadas a discapacidad severa o profunda y con trayectoria previa en el sistema, respecto a los demás hechos, indica que son anécdotas singulares y respecto de aquellos que lo han requerido se han adoptado las medidas pertinentes.

Reitera señalando que no hay derecho indubitado, toda vez que las controversias sobre la calidad de la prestación del cuidado alternativo, la idoneidad técnica de las intervenciones, la suficiencia de la dotación o el estado de la infraestructura del inmueble concesionado, son cuestiones complejas, que requieren prueba técnica calificada y que están sujetas a múltiples opiniones, lo que es propio de un juicio declarativo y no de una acción cautelar, además, no existe causalidad acreditada entre la actuación de FCHD y una efectiva privación, perturbación o amenaza del derecho a la vida o a la integridad física y psíquica de los NNA, y, no hay actualidad en los hechos, ya que muchos de los hechos invocados son notoriamente anteriores al plazo del Auto Acordado, y los más recientes son episodios singulares cuyo manejo concreto está siendo activamente conocido por los Tribunales de Familia competentes y por el procedimiento sancionatorio en curso ante el SPE.

Concluye solicitando el rechazo del recurso.

TERCERO: Que, a folio 17, doña Cinthya Fabiola del Carmen Muñoz Mejías, abogada, en representación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y nombre reservado, evacúa el informe, solicitando el rechazo del recurso de protección, por no existir una acción u omisión ilegal o arbitraria, que haya privado, perturbado o amenazado los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes.

En primer término, alude a los antecedentes generales del Servicio, indicando que la Ley N°20.032 establece como se relacionará con sus colaboradores, definiendo que se entiende por colaboradores acreditados. En cuanto a la función fiscalizadora del Servicio, refiere que esta se consagra en el artículo 6 letra h) de la Ley N°21.302, citando los artículos 41 y 42 de dicha Ley.

En cuanto al proyecto nombre reservado, indica que, a través de la resolución exenta NUM003, de 06 de septiembre de 2023, la Dirección Nacional, autorizó el 7° Concurso Público de proyectos para la Línea de Acción Cuidado Alternativo, adjudicándose mediante Resolución Exenta N° NUM002 de 25 de octubre de 2023, al colaborador acreditado Fundación Chilena para la Discapacidad.

En cuanto a los hechos aludidos en el recurso, refiere:

Respecto de las condiciones de infraestructura y habitabilidad, indica que es efectivo que han existido aspectos deficientes que se han visualizado en nombre reservado, lo cual ha sido objeto de levantamiento de observaciones y constante monitoreo, efectuando diversas acciones – elaboración de plan año 2025, carta remitida al colaborador FCHD respecto de las observaciones relevantes y compromisos vencidos, presentando el colaborador proyecto de mejoramiento, carta reiterando el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el colaborador derivados de las supervisiones efectuadas al proyecto nombre reservado, y, adquisición de bienes en el mes de mayo del año en curso.

En lo que respecta al inadecuado acompañamiento y supervisión de los NNA que habitan el centro residencial, indica que se adoptaron medidas consistentes en instrucción de una supervisión de urgencia, a fin de levantar información respecto de los hechos denunciados, arrojando hallazgos que iniciaron un proceso de fiscalización, el cual se encuentra en desarrollo, indicando que el colaborador ya cuenta con una sanción firme producto del funcionamiento deficiente de la residencia; acompañamiento sistemático a la residencia, a fin de evaluar la situación de cada NNA; autorización de contratación de 2 duplas psicosociales adicionales; solicitud de desvinculaciones conforme el último informe de supervisión, resguardando el bienestar de los NNA; y, plan de acompañamiento e instrucciones entregadas al director de la residencia.

En cuanto a las falencias en la calidad de los cuidados y en los procesos de intervención, refiere a cada NNA en particular, asimismo, respecto de las alegaciones comunes, señala que la información sobre diagnósticos presentan retrasos en su elaboración, superando los 12 meses de desface, en cuanto a los planes de intervención individual, se constatan brechas importantes en la elaboración y/o actualización, observándose intervenciones de carácter reactivo, de baja frecuencia y con limitada coherencia respecto de las necesidades, asimismo los informes de avances de los periodos 2024-2025 fueron remitidos en abril de 2026, configurándose atraso significativo que ha limitado la actualización de la situación proteccional de los NNA, en cuanto a programas especializados de salud, se encuentran vigentes dos, no encontrándose cubiertos todos los cargos. Al respecto, indica que se elaboró un plan de acompañamiento y mejora del funcionamiento de la residencia, el cual describe.

Respecto del rol del Servicio en los hechos descritos en el recurso, indica que corresponde al Servicio la supervisión técnica, administrativa y financiera del cumplimiento de la norma legal, según lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N°21.302. Al efecto, señala que se han realizado, desde el año 2024, 15 supervisiones técnicas, consignándose los hallazgos detectados, compromisos y plazos otorgados para el cumplimiento, y, respecto a la residencia Casa Esperanza, han existido 4 procesos, 1 derivado a plan y 3 en proceso sancionatorio, 1 de ellos sancionado a través de amonestación escrita, pese a lo cual, respondiendo a la interrogante del recurrente, señala que para adoptar una decisión que afecte la continuidad de la FCHD en la ejecución del proyecto nombre reservado debe derivar de una sanción administrativa firme, y, actualmente existen 2 procedimientos sancionatorios en curso y solo uno con sanción ejecutoriada, resultando improcedente aplicar medidas de termino anticipado, por lo que la continuidad del colaborador responde a la aplicación estricta del principio de legalidad y del debido proceso.

En cuanto a las medidas solicitadas por el recurrente, respecto del cese de la ejecución del proyecto nombre reservado por parte de la recurrida FCHD, dicha solicitud corresponde a una sanción contemplada en el artículo 41 de la Ley N°21.302, la que debe enmarcarse en un procedimiento sancionatorio, el que se encuentra pendiente de resolución, al respecto, señala que estando pendiente el proceso administrativo, no resulta procedente deducir la presente acción, conforme lo dispone el artículo 54 de la Ley 19.880; en lo que respecta a la petición relativa a que el Servicio administre directamente el centro residencial, señala que no es posible que otro órgano del Estado le ordene a un Poder diverso la adopción de medidas concretas como la solicitada en el presente recurso, ya que se estaría infringiendo el principio de juridicidad y legalidad dispuestos en los artículo 6° y 7° de la Constitución Política de la República, lo que, además, ha sido plasmado por la jurisprudencia; y, en cuanto a la confección de un plan de trabajo, precisa que ello ya se ha confeccionado, conforme se señaló precedentemente.

Concluye solicitando el rechazo del recurso de protección.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantía constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, la presente acción constitucional se erige en contra del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia y en contra del organismo colaborador, Fundación Chilena para la Discapacidad, en su calidad de encargado del proyecto nombre reservado, proyecto que, alega el recurrente, ha incurrido en diversos actos vulneratorios del derecho establecido en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, respecto de los niños, niñas y adolescentes que representa el actor.

Al efecto, los recurridos, sin perjuicio de hacerse cargo de las imputaciones efectuadas por el actor, en lo que respecta a la función de cada uno, son contestes en alegar que esta no es la acción idónea, fundados en que no existe derecho indubitado ni acto ilegal y/o arbitrario, la situación proteccional de los niños, niñas y adolescentes es conocida por los respectivos Tribunales de Familia, y, que el Servicio ha adoptado las medidas pertinentes para hacerse cargo de las negligencias de la residencia, encontrándose en tramitación un procedimiento sancionatorio al respecto, no siendo procedente que esta Corte adopte alguna de las medidas solicitadas por el recurrente.

SÉPTIMO: Que, atendido el mérito de los antecedentes, los hechos consignados en el libelo y que los recurrentes identifican como actos ilegales o arbitrarios, dicen relación con asuntos que se encuentran sujetos al imperio del derecho y, por ende, esta no es la vía para resolverlos.

OCTAVO: Que, en efecto, por una parte, en lo relativo a la Ley N°20.032 y referido a la gestión ejecutada por la recurrida Fundación Chilena para la Discapacidad y la eficiencia en la fiscalización que de ésta hace el Servicio de Protección Especializada, el abordar tal asunto por esta vía constitucional importa emitir una declaración sobre la idoneidad de las recurridas en el cumplimiento de sus deberes constitucionales, legales y contractuales, lo que escapa a los márgenes de una acción constitucional como la de marras, pues este tipo de recursos necesita imperiosamente de derechos indubitados, extendiéndose al debate no a si cumple o no el convenio, sino a la ilegalidad o arbitrariedad de las actuaciones. Lo contrario importaría entender que, por esta vía y sin un probatorio de por medio, se pudiera concluir la eficiencia del modelo público y del convenio celebrado para, en caso de no ser así, adoptar medidas que impactarían en contratos públicos, lo que destruye la lógica de urgencia y cautela propios de un recurso de protección.

Por lo demás, la intervención constitucional que el recurrente pretende de esta Corte dejaría en la ineficacia una serie de normas que entregan al Servicio de Protección Especializada un sinnúmero de medidas de control y sanción, como son artículos 2.6, 14, 26 bis, 36, 36 bis y 37 de la Ley N°20.032; el incumplimiento de esos deberes permite al Servicio adoptar medidas y, por su parte, el incumplimiento de estos controles por el propio Servicio lo deja expuesto a acciones declarativas como las reguladas en los artículos 2 bis incisos 5, 6 y 7, 8 letra d), de la Ley N°21.302, legislación que lo creó.

NOVENO: Que, la improcedencia de la acción que venimos sosteniendo se apoya, además, en el petitorio del recurso, el que pretende, entre varias otras medidas, el término del convenio y decretar la administración provisoria a cargo del Servicio, institución que se regula en el artículo 49 de la Ley N°21.302 y cuya ejecución queda de cargo de las administraciones regionales (art. 8 letra d) y que resuelve finalmente el Consejo de Expertos, según expresamente regula el artículo 9 letra h). Si el legislador estableció un procedimiento, no resulta posible evitarlo y saltarse una serie de análisis y declaraciones que -reiteramos- resultan en exceso alejadas del marco competencial de este tipo de arbitrios constitucionales.

DÉCIMO: Que, por otra parte, la Ley N°19.968 sobre tribunales de familia, establece diversas medidas de cargo de la judicatura especializada de familia en torno al rol de fiscalización de las residencias y de sus ejecutores. Al respecto, el artículo 78 mandata que “[L]los jueces de familia deberán visitar personalmente los establecimientos residenciales, existentes en su territorio jurisdiccional, en que se cumplan medidas de protección”, y ello justamente a fin de constatar la situación puntual de cada niño sujeto a la medida de protección, consistente en el cuidado alternativo del Estado o mal llamado “sistema residencial” y de la residencia que lo albergue, para exigir la satisfacción de estándares de protección reforzada a la luz del artículo 51 de la Ley N°21.430. Es ese el contexto al que deben someterse estas peticiones, siendo el juez de familia que ordenó la medida quien debe revisar periódicamente su correcto cumplimiento, como se desprende inequívocamente de los artículos 59 y 69 de la Ley N°21.430.

UNDÉCIMO: Que, finalmente, si lo anterior no fuera suficiente para rechazar el libelo, parece oportuno agregar además que, como el propio abogado que compareció a estrados en representación de los recurrentes sostuvo en sus alegatos, este termina siendo un asunto de política pública que, por compartidos que puedan ser algunos de sus pasajes, lo cierto es que esta no es la vía adecuada para hacerlos valer. Es más, la propia ley estatuye un sistema de responsabilidad del Servicio en su artículo 2 bis, tres incisos finales.

DUODÉCIMO: Que, existiendo acciones de lato conocimiento que buscan analizar el debido cumplimiento de deberes legales de autoridades y/o terceros vinculados con espacios de infancia vulnerada, la vía escogida, de suyo cautelar, excepcional de urgencia, no resulta la vía idónea para hacer valer tal estatuto de responsabilidad y los eventuales perjuicios que de aquello emane. A lo anterior se une, por último, que todos los intervinientes reconocieron la existencia de un procedimiento administrativo pendiente por los mismos hechos que sirven de base fáctica a este recurso de protección, de manera que tampoco aparece oportuno éste, a la luz del artículo 54 de la Ley N°19.880.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el Programa Mi Abogado en contra de la Dirección Regional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y nombre reservado y la Fundación Chile para la Discapacidad.

Lo anterior, sin perjuicio de remitir estos antecedentes al Juzgado de Familia de Coquimbo, a fin de considerarlo en una nueva visita al centro residencial y adopte u ordene adoptar todas las medidas que sean de su competencia para despejar las denuncias o restituya los derechos que se hallaren vulnerados.

Comuníquese, regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°710-2026 Protección.