Protección contra COMISION MEDICA CENTRAL de la SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

nombre reservado

Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones Recurso de Protección Rol N° 709-2021.- La Serena, doce de agosto de dos mil veintiuno.

Visto y considerando:

PRIMERO: Que, con fecha 28 de mayo de 2021, comparece don FRANCISCO RIVERA RIVERA, abogado, en representación de doña nombre reservado, y deduce recurso de protección en contra de la COMISION MEDICA CENTRAL de la SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, representada por su Superintendente don OSVALDO MACÍAS MUÑOZ, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, y por la Presidenta Coordinadora de la Comisión doña nombre reservado

nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, denunciando como ilegal y arbitraria la Resolución N° CMC NUM000 de 16 de abril de 2021 de la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones, la cual revocó el Dictamen N° NUM001, de la Comisión Médica La Serena, del 10 de marzo de dos mil veintiuno, y resolvió que no procede otorgar invalidez a la recurrente.

Aduce como garantías vulneradas aquellas consagradas en el artículo 19 N° 1, 2,18 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente, doña nombre reservado, funcionaria por más de 30 años de la Salud Municipal, como Administrativa del Cesfam Tierras Blancas, tuvo que tomar la decisión de jubilarse por invalidez, debido a sus reiteradas licencias médicas.

Indica que efectuado el trámite correspondiente, la Comisión Médica Regional de La Serena en principio le otorgó solamente un 15% de incapacidad, pero aquello fue porque no se le realizaron varios exámenes, por lo que comenzó el trámite nuevamente, y esta vez sí se realizaron los exámenes que correspondían (Scanner, Rx de manos y rodillas), además fue evaluada por un Traumatólogo en La Serena y un Psiquiatra en Santiago, motivos por los cuales en definitiva la Comisión Médica Regional, según consta del Dictamen NUM001 de 10 de marzo de 2021, constató un menoscabo de la capacidad de trabajo de un 52.0 % (igual o Mayor que 50% y menor a 2/3), considerando que las enfermedades alegadas como invalidantes, - lumbago crónico y artritis reumatoide- provocan una pérdida de la capacidad de trabajo mayor (o igual) del 50%, pero menor de dos tercios; determinó aceptar su invalidez transitoria parcial a contar de Noviembre del año 2020.

Agrega que, sin embargo, la Aseguradora efectuó un Reclamo ante la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones, aludiendo entre otras cosas que la Artritis Reumatoide estaba sobrevalorada, por lo tanto, la invalidez de la recurrente solamente alcanzaría a un 25%, lo cual no le sirve para poder pensionarse.

Sostiene que por tal circunstancia, la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones resolvió, mediante Resolución N° CMC NUM000 de 16 de Abril de 2021, que no procede otorgar invalidez, por cuanto la(s) enfermedad(es) alegada (s) como invalidante(s) no alcanza(n) a provocar una pérdida de su capacidad de trabajo (de la recurrente) de a lo menos el cincuenta por ciento, y por ello determinó, revocar el Dictamen NUM001, de la Comisión Médica La Serena, del 10/03/2021, y resolver que no procede otorgar invalidez.

Añade que la Resolución referida carece de todo fundamento, tanto en su fondo como en su forma y que la Resolución N° CMC NUM000 de 16 de abril de 2021 constituye un acto ilegal y arbitrario, por cuanto sin ningún nuevo fundamento desconoce el dictamen regional, efectuado por reconocidos médicos.

Sostiene que la Ecxma. Corte Suprema, en los últimos años, ha ido desarrollando una jurisprudencia consistente y uniforme en materia de motivación del acto administrativo, consagrando una serie de estándares que materializan de manera concreta el mandato del artículo 8° de la Constitución y los artículos 11, inciso 2° y 41° inciso 4° de la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo y que además la pensión de invalidez parcial se encuentra reconocida en el artículo 4° del D.L. 3500 de 1980.

Indica que dicho actuación perturba y amenaza el derecho a la integridad física y psíquica de su representada, ya que, por no tener actualmente su derecho a la pensión de invalidez que de acuerdo con la ley le corresponde, ello le impide solventar los gastos en salud que urgentemente requiere y tener una calidad de vida más digna. Además, señala como vulnerado el Artículo 19 N °2 de la Constitución Política de la República que establece la igualdad ante la ley, toda vez que se ha producido una discriminación en perjuicio de la actora en relación con otras personas que, en condiciones jurídicas equivalentes, han sido favorecidas con procedimientos de calificación de invalidez racionales y justos. Alega que también se ha vulnerado el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24, por cuanto, no ha podido acceder a una pensión que le permitiría tener una mejor situación económica y además, señala respecto de derecho a la seguridad social que, si bien, no se encuentra expresamente reconocido como protegido por el recurso de protección, se debe entender incorporado en este caso, en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República.

Por lo expuesto pide, que se declare que la que la recurrida ha actuado de manera ilegal y arbitraria al revocar el Dictamen NUM001, de la Comisión Médica Regional de La Serena, del 10/03/2021, y resolver que no procede otorgar invalidez, todo ello a través de la Resolución N° CMC NUM000 de 16 de Abril de 2021 de la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones, y de esta manera ordenando a la recurrida ajustar la resolución a la ley, en el sentido de expresar que a la recurrente le corresponde acogerse a pensión de invalidez, de manera de procurar la debida protección de las garantías constitucionales de la vulnerada, tomando las medidas conducentes para que se resguarden, con costas.

Acompaña copia del Dictamen de Invalidez N° NUM001 de la Comisión Médica Regional de La Serena, de fecha 10 de marzo de 2021; Copia de la Resolución N° C.M.C. NUM000 de 16 abril de 2021, de la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones.

SEGUNDO: Que con fecha 19 de julio de 2021 informa el recurso la Superintendencia de Pensiones.

En primer término, alega la falta de legitimación pasiva de la Superintendencia en atención a que la acción se dirige en contra de la Resolución CMC N ° NUM000 del 16 de abril de 2021, dictada por la Comisión Médica Central y no por dicho Organismo Fiscalizador. Aclara que las comisiones médicas regionales y la comisión médica central no dependen de la Superintendencia de pensiones ni forman parte de su estructura orgánica sino que gozan de autonomía en cuanto al conocimiento y calificación de las solicitudes de invalidez sometidas a su consideración, porque dicho organismo no tiene la representación judicial ni extrajudicial de éstas, razón por la cual sostiene que la representación corresponde al Consejo de Defensa del Estado en tanto le corresponde la defensa judicial del fisco en todos los juicios.

En segundo término, alega la inadmisibilidad de la acción deducida en cuanto exceden el ámbito de un recurso de protección, indicando que por esta vía no corresponde obtener un pronunciamiento declarativo como el que pretende la recurrente en cuanto se deje sin efecto un acto administrativo como son las resoluciones de la comisión médica central, por lo tanto, no corresponde a través de esta vía cautelar conocer de una materia de fondo de lato conocimiento.

En cuanto al fondo del recurso señala respecto del requerimiento de pensión de invalidez que los impedimentos invocados fueron artritis reumatoide, Artrosis (cadera/rodilla), Lumbago, Depresión y Fibromialgia, por los que se solicitó Interconsultas con Reumatólogo (Dr. Roll), Traumatólogo (Dr. Antillanca) y Psiquiatra (Dr. Hitschfeld). Agrega que luego, la Comisión Médica Regional de La Serena en Sesión de 10 de marzo de 2021, estudió los antecedentes médicos y la patología alegada como invalidante por la señora nombre reservado, mediante Dictamen de Invalidez Dictamen N° NUM001, del 10 de marzo de 2021, la Comisión Médica Regional de La Serena, aceptó la invalidez parcial transitoria de la afiliada, configurando Lumbago Crónico con 25% de menoscabo, Artritis Reumatoide con 25% de menoscabo e Hipertensión Arterial con 7% de menoscabo, sumado a 8 puntos por factor complementarios, lo que ponderó un 52% de menoscabo global, con fecha máxima de apelación 9 de abril de 2021. Lo anterior, por cuanto se utilizó la suma combinada conforme a Normas.

Posteriormente, las Compañías de Seguros de Vida adjudicatarias del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia interpusieron reclamo en contra del dictamen de invalidez, ante la Comisión Médica Central el 29 de marzo de 2021, argumentando que el Impedimento Artritis estaría sobrevalorado.

Sostiene que en suma, la Comisión Médica Central concluyó que el impedimento de Lumbago impresiona sobrevalorado en Rango, a nivel Regional. En cuanto al impedimento reumatológico evidenció que el mismo reumatólogo en el proceso anterior había recomendado no configurar la artritis, sin que en la nueva evaluación se incluyeran antecedentes diversos que permitan la configuración.

Finalmente, evidenció que para los impedimentos fibromialgia y el cuadro depresivo existen alternativas terapéuticas susceptibles de aplicar, por lo que dichos impedimentos se encuentran en observación y tratamiento médico (BOT).

En este sentido cabe precisar que las Normas de evaluación y calificación del grado de invalidez de los trabajadores afiliados al Sistema de Pensiones del D.L.

N° 3.500 de 1980, establece que el período mínimo de observación para las patologías de salud mental en general es de doce meses.

Señala que, conforme a lo expuesto, la resolución alegada como ilegal y arbitraria se encuentra debidamente motivada luego de un acabado estudio de todos los antecedentes médicos recabados. Su tenor explica claramente que las patologías, a la data de su evaluación, no provocan un menoscabo laboral permanente, pues aún son susceptibles de tratamientos médicos accesibles para la afiliada.

En cuanto al derecho expone que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 4° del D.L. N° 3.500 de 1980, desde el punto de vista médico, el derecho a pensión de invalidez de los trabajadores afiliados al Sistema está condicionado al hecho que presenten o sufran un menoscabo laboral permanente de a lo menos un cincuenta por ciento, para invalidez parcial y, mayor de dos tercios para invalidez total, a causa de enfermedades o debilitamiento de sus fuerzas físicas e intelectuales.

Acompaña a su informe copia del expediente virtual generado por la evaluación y calificación de invalidez de la señora nombre reservado.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, antes de entrar a revisar la procedencia de la acción de protección interpuesta, corresponde hacerse cargo de la alegación de falta de legitimación pasiva formulada por la Superintendencia de Pensiones Dicha entidad fiscalizadora sostiene que la acción debió dirigirse en contra de la Comisión Médica Central, por ser este organismo el que dictó la Resolución CMC N° NUM000 del 16 de abril de 2021, tildada de ilegal y arbitraria por la recurrente.

Lo anterior lo funda en la circunstancia que la referida comisión médica no depende de la Superintendencia de pensiones ni forma parte de su estructura orgánica sino que goza de autonomía en cuanto al conocimiento y calificación de las solicitudes de invalidez sometidas a su consideración.

Pues bien, de la revisión de la resolución que ha dado origen a la acción de autos, se identifica al ente que la emite como "Superintendencia de Pensiones Comisión Médica Central" y también figura un timbre en que se lee: "Superintendencia de Pensiones Comisión Médica Cuarta Región La Serena Chile", lo cual explica que la recurrente haya dirigido su acción en contra de la "Comisión Medica Central de la Superintendencia de Pensiones".

En este sentido, dada la entidad de los bienes jurídicos cuya cautela constituye el objetivo de la acción constitucional de protección, las Cortes de Apelaciones se encuentran autorizadas para determinar "la persona o personas, funcionarios o autoridad que en su concepto son los causantes del acto u omisión arbitraria o ilegal que haya podido producir privación, perturbación o amenaza del libre ejercicio de los derechos que se solicita proteger...". Así, por lo demás, lo dispone expresamente el numeral 3º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia.

Pero en la especie, con fecha 23 de junio de 2021 se hace parte el Consejo de Defensa del Estado asumiendo la representación de la Comisión Médica Central, entendiendo que es la recurrida en estos autos, y en virtud de esa representación, el 27 de julio pasado alegó la abogada Cynthia Masías, en contra de la acción de protección.

En consecuencia, en base a los antecedentes expuestos, no existe impedimento para conocer el fondo de esta asunto, y adoptar eventuales medidas, al estar plenamente identificada la entidad recurrida, siendo la discusión sobre la legitimación pasiva que opone la Superintendencia de Pensiones, más aparente que real, al no existir duda en cuanto a que la recurrida es la COMISIÓN MEDICA CENTRAL.

SEXTO: Que, de los antecedentes que obran en autos, se desprenden los siguientes hechos: 1.- Que la Comisión Médica de la Región de Coquimbo determinó mediante Dictamen NUM001 de 10 de marzo de 2021, aceptar la invalidez transitoria parcial de doña nombre reservado a contar del mes de Noviembre del año 2020, luego de haber constatado un menoscabo de su capacidad de trabajo de un 52.0 % (igual o Mayor que 50% y menor a 2/3). En la referida resolución en base a los antecedentes médicos consignados en el expediente médico que menciona y a la comparencencia de la recurrente ante dicha comisión médica con fecha 16 de noviembre de 2020 establece como impedimentos que fundamentan la incapcidad determinada los siguientes: Lumbago crónico y artritis reumatoide. 2. En contra de la antedicha decisión, las compañías aseguradoras interpusideron reclamo ante la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones. 3.- La Comisión Médica Central conoció de dicho reclamo y mediante Resolución N° CMC NUM000 de 16 de Abril de 2021, dispuso que no procede otorgar invalidez, por cuanto la(s) enfermedad(es) alegada (s) como invalidante(s) no alcanza(n) a provocar una pérdida de su capacidad de trabajo de a lo menos el cincuenta por ciento, y en virtud de ello determinó, revocar el Dictamen Nº NUM001, de la Comisión Médica La Serena, del 10/03/2021, y resolver que no procede otorgar invalidez, estableciendo que la incapacidad global alcanza el 25%.- SÉPTIMO: Que, el artículo 11 del Decreto Ley N° 3.500 establece el procedimiento al que se deben someter las solicitudes de calificación de invalidez, contemplando una primera etapa en que ésta es efectuada por la respectiva Comisión Médica Regional, cuyas decisiones o dictámenes son reclamables por el solicitante, por el Instituto de Previsión Social o por las compañías de seguro, según el caso, mediante solicitud fundada ante la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones, conforme las reglas establecidas entre las letras a) y d) del mismo artículo.

En estas circunstancias, los proceso administrativos de calificación de invalidez no sólo deben ajustarse a la legalidad y, en especial, a las disposiciones que contiene la norma recién aludida, sino que deben también estar dotados de la necesaria racionalidad, cualidad que demanda la debida exposición de los fundamentos que justifiquen arribar a una decisión diametralmente distinta a aquella adoptada por la Comisión de Medicina Preventiva Regional .

En este punto no deja de llamar la atención que la Comisión de Medicina Preventiva Regional, en base a las enfermedades invalidantes que padece la actora (lumbago crónico y artritis reumatoide) constató un menoscabo de su capacidad de trabajo de un 52%; en cambio la Comisión Central arriba a una conclusión diversa, esto es, que dichas enfermedades sólo alcanzan a provocar en la actora una pérdida de su capacidad de trabajo global del 25%, sin que en su resolución se exterioricen los fundamentos de esa determinación, no explicando en términos completos y racionales por qué en el caso concreto de la actora las dos patologías estimadas invalidantes "no alcanza(n) a provocar una pérdida de su capacidad de trabajo de a lo menos el cincuenta por ciento" .

En este sentido no es menor considerar que en todo proceso administrativo de calificación y/o recalificación del grado de incapacidad de una persona, la autoridad llamada a resolver no sólo debe ajustarse a la legalidad, sino que también debe dotar sus decisiones o resoluciones de la necesaria racionalidad, exigible en general al actuar de la Administración, cualidad incompatible con el comportamiento de la Comisión Médica Central, evidenciado en que dicho ente fundó su decisión únicamente en la revisión documental, sin fundamentar racionalmente el grado de invalidez al cual arribó, conforme se explicó en el párrafo precedente, con el agravante que no adoptó medidas tendientes a la realización de una reevaluación presencial que permita lograr certeza sobre el real estado actual de la salud de la recurrente, teniendo especialmente en consideración la naturaleza de las patologías que fueron la base de la declaración original, como en cambio si lo realizó la Comisión Médica Regional.

OCTAVO: Que, de esta manera, el comportamiento de la Comisión Médica Central deviene en arbitrario, por falta de la racionalidad exigible, en cuanto su determinación carece de la debida fundamentación, atendida la ausencia de un examen físico a la luz del cual pudiera ponderarse adecuadamente de los antecedentes médicos aportados. Ello, además, importa una discriminación en perjuicio de la recurrente, en relación con otras personas que, en condiciones jurídicas equivalentes, han sido favorecidas con procedimientos de reevaluación racionales y justos.

NOVENO: Que, en consecuencia, habiendo incurrido la Comisión Médica Central en un comportamiento arbitrario que atenta contra la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, la presente acción cautelar debe ser acogida, ordenándose a la recurrida que disponga una reevaluación de la actual condición de salud de la recurrente, por profesionales diversos de aquellos que ya han intervenido en el proceso y que, luego de una evaluación médica y psiquiátrica presencial y, a la luz de los informes aportados por la actora, emitan un diagnóstico actualizado y completo.

Por estas consideraciones y de conformidad, igualmente, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, SE DECLARA que se acoge el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en cuanto se deja sin efecto la Resolución N° CMC NUM000 de 16 de abril de 2021 de la Comisión Médica Central, que constituye el acto recurrido y, en su lugar, se dispone que la referida autoridad deberá disponer, para resolver el reclamo deducido por las Compañías aseguradoras en contra del Dictamen NUM001 de 10 de marzo de 2021 de la Comisión Médica de la Región de Coquimbo, la realización de una completa reevaluación de la condición de salud y grado de invalidez de la recurrente, con exámenes médicos actualizados, por una comisión de médicos diversa de aquella que ya ha intervenido en el proceso, y resolver enseguida el referido recurso ajustándose a las conclusiones a que ésta arribe.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado integrante señor Jorge Fonseca Dittus.- Rol Nº 709-2021.-