nombre reservado con TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

nombre reservado

Tesorería General de la república Recurso de Protección Rol N° 707-2017.- La Serena, treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:

Que ha comparecido don nombre reservado, contador, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República, en razón de los siguientes fundamentos:

Indica que en Febrero del año 2014 fue víctima del robo de sus implementos de trabajo en dependencias del local Easy, lo que lo afectó seriamente, llevándolo a incumplir una serie de compromisos comerciales entre los cuales se cuenta sus obligaciones tributarias, sumándose a lo anterior la situación de terremoto y maremoto que afectaron la zona y que originaron una caída considerable en la venta de sus productos.

Expone que ha solicitado en dos oportunidades acogerse a un convenio de pago con Tesorería, con la correspondiente rebaja de intereses y multas, sin embargo, dichas peticiones no han tenido respuesta.

Añade que arbitrariamente se le han retenido fondos de su cuenta corriente, mediante embargo de los valores que son producto de su trabajo, solicitándole la suma de 2 millones para llegar a algún acuerdo, sin embargo, se le retienen todos los dineros y no tiene para pagar a proveedores, ni para vivir ni continuar trabajando.

Considera que ha sido discriminado y solicita que se le dé el mismo trato que se ha dado Johnson’s S.A y a otras empresas a las que se les condonan sus deudas, señalando que ello se debe únicamente a que es pequeño empresario y no cuenta con un gran respaldo económico.

Agrega que ha pedido cuenta de las sumas abonadas a su deuda lo que tampoco ha tenido respuesta, estimando que los hechos que refiere alienan toda posibilidad de subsistencia, afectando las garantías contempladas en los numerales 1, 2, 4, 12, 14, 16 y 22 del artículo 19 de la Carta Fundamental, señalando que se afecta su derecho a la vida al embargar la totalidad de sus ingresos no permitiendo el pago de sus gastos de subsistencia, proveedores ni pensión alimenticia, afectando el derecho a la igualdad el que no se le dé un trato similar a los grandes conglomerados, afectando su honra el que no pueda pagar el colegio ni alimentos de su hija, afectando la libertad de opinión e información el que no se le dé información de las causas que se siguen en su contra, lesionando además su derecho al trabajo y el trato igualitario que el Estado debe dar en materia económica.

Solicita que en razón de lo expuesto se acoja este recurso ordenando que se le dé la posibilidad de pagar en cuotas, sin establecer grandes sumas permitiéndole trabajar y subsistir, con costas, aclarando mediante presentación posterior que el acto en contra del cual recurre se materializó mediante embargo de las sumas que le correspondía percibir de Carabineros de Chile, de lo cual tomó conocimiento el 17 de Abril al concurrir a retirar el cheque a Santiago, negándosele la entrega en razón del embargo trabado por la recurrida.

SEGUNDO: Que informando don nombre reservado, Tesorero Provincial de Coquimbo, solicitó el rechazo, con costas, en razón de los siguientes fundamentos.

Expresa que el contribuyente recurrente nombre reservado es deudor del Fisco por concepto de formularios 21, habiéndose incoado en su contra los procesos de cobro de obligaciones tributarias roles 10992-2015, 10489-2016 y 10.996-2016 de Coquimbo, por folios que incluyendo capital, intereses, multas y reajustes totalizan una deuda de $15.533.061.

Indica que el contribuyente solicitó, el 26 de Enero pasado, acogerse a un convenio full especial en atención a su precaria situación económica y no a un convenio normal del artículo 192 del Código Tributario, señalando que el 27 de Enero se tomó contacto con el recurrente para indicarle la necesidad de remitir una declaración jurada de bienes.

Señala - el informante- que sin dar cumplimiento a lo anterior el contribuyente luego del embargo de su cuenta corriente (el 2 de Febrero de 2017) presentó una nueva solicitud de convenio, que al igual que la anterior se halla pendiente a la espera que proporcione el antecedente que se le requirió.

Agrega que en cumplimiento del mandato legal con fecha 28 de Marzo se ordenó el embargo de cualquier suma que el deudor debiere percibir de la Dirección de Bienestar de Carabineros de Chile, siendo el caso que la institución recurrida no se ha negado a la suscripción de un convenio sino que es el propio contribuyente el que en tres años no ha podido suscribirlo por no reunir el pie necesario y al no proporcionar los antecedentes que se le han solicitado para optar a un convenio full especial, habiéndosele reiterado la solicitud de los referidos antecedentes mediante oficio de 10 de Abril pasado.

De esta forma estima que no existe actuación ilegal o arbitraria del Servicio recurrido, teniendo a la vista las disposiciones y mandatos de los artículos 2 del DFL N° 1/1994 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto de Tesorería General de la República y 168 y 192 del Código Tributario que asignan a la recurrida la obligación de realizar el cobro coercitivo de los tributos, teniendo además presente el derecho de prenda general que asiste al acreedor en relación a los bienes del deudor.

En consecuencia indica que no existe acto ilegal o arbitrario por parte del servicio y que se ha actuado con estricto apego a las normas legales que rigen en la materia, sin que exista infracción a las garantías que se señalan en el recurso.

TERCERO: Que preciso es explicar para que pueda prosperar el recurso de protección previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, debe existir un acto u omisión arbitraria o ilegal y que signifique o una “privación”, o una “perturbación”, o una “amenaza” en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos constitucionales asegurados y garantidos por el recurso y que esa privación, perturbación o amenaza transgreda o afecte precisamente de modo real, efectivo o inminente el legítimo ejercicio de los derechos que garantiza la Constitución; que amén de lo expresado debe resaltarse, que de acuerdo a la doctrina la “arbitrariedad” implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin o finalidad que alcanza, ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o sea, una actuación carente de fundamentación, antojadiza; en tanto lo “ilegal” se da en el ámbito de los elementos reglados de las potestades jurídicas; es decir, de lo contrario a la ley; en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal cuando, fundándose en algún poder jurídico que se posee o detenta, se excede en su ejercicio, cualquiera sea el tipo, modo o manera que el exceso adopte.

Por su parte, la jurisprudencia ha señalado que la ilegalidad y la arbitrariedad pertenecen al género común de las acciones antijurídicas, pero que la primera resulta de una violación de los elementos reglados de las potestades jurídicas conferidas a un sujeto público o reconocidas a un sujeto natural, y que la segunda importa una vulneración del uso razonable con que los elementos discrecionales de un poder jurídico han de ser ejercidos.

CUARTO: Que, de lo dicho precedentemente, se deduce que lo cuestionado por el recurrente no es la facultad de la recurrida de ordenar el embargo – aparece del expediente N° 10996-2016 Coquimbo sobre cobranza judicial, tribunal especial artículo 170 Código Tributario, cuya fotocopia se tiene a la vista - sino la oportunidad en que se ejerció pues con tal embargo no puede reunir dinero para realizar convenios con ésta, y que al estar los fondos de su cuenta corriente embargados, atenta contra su derecho a la vida y el desempeño de una actividad comercial..

QUINTO: Que, al respecto, debe descartarse en primer lugar que el acto sea ilegal, pues fue realizado por Tesorería dentro de sus facultades reguladas en el Código Tributario, no habiéndose cuestionado, por lo demás, alguna vulneración al debido proceso en la causa de cobro ejecutivo en que se efectuó el embargo.

SEXTO: Que, en segundo lugar, se estima que el actuar de Tesorería no resulta arbitrario, antojadiza, pues precisamente actúa en el marco de una cobranza ejecutiva de las obligaciones tributarias morosas, acorde con lo que disponen los artículos 168 y siguientes del Código Tributario, Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 1994 de Hacienda sobre Estatuto Orgánico de Tesorerías y artículo 35 del Decreto Ley 1263 sobre Administración Financiera del Estado.

En consecuencia, al no haberse acreditado que la recurrida incurrió en un acto arbitrario o ilegal corresponde desestimar la acción intentada, por no concurrir los requisitos de procesabilidad exigidos por la Carta Fundamental.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Tesorería General de la República.

Notifíquese, regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redactó el ministro Sr. Humberto Mondaca Díaz.

Rol Nº 707-2017 Civil.

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por los Ministro titulares señor nombre reservado, señor Humberto Mondaca Díaz y señor nombre reservado. No firma el Minsitro señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse con permiso.

La Serena, a treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.