Protección contra POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

nombre reservado

Policía de Investigaciones de Chile Recurso de protección Rol Nº7-2026 La Serena, veintidós de enero de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Karen Paola Delgado Gómez, abogada, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en favor de nombre reservado, Comisario de la Policía de Investigaciones de Chile, con domicilio en domicilio reservado, dirigido en contra de POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, Región Policial de Coquimbo, RUT N°RUT reservado, representada por su Jefe Regional, Prefecto Inspector Sr. nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por el acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en la dictación de la Resolución NºNUM000, de 02 de diciembre de 2025, mediante la cual se rechazó el reclamo contra la resolución PRI NºNUM001 del 18 de noviembre de 2025, que aplicó la medida disciplinaria de “un día de permanencia en el cuartel”, actuar que vulnera sus derechos fundamentales a la igualdad ante la ley y su derecho al debido proceso, de los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política.

Señala que el recurrente comenzó a prestar funciones en la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (BRISEX) de La Serena el 10 de octubre de 2023. Añade que, desde su llegada, se le habría asignado una carga laboral significativamente superior a la del resto de los funcionarios de la unidad, lo que se acredita mediante la cantidad de 652 endosos de decretos judiciales asignados durante el período comprendido entre octubre de 2023 y noviembre de 2025, haciendo presente que el funcionario que le seguía en cantidad tenía 531 endosos.

Señala que, pese a la elevada carga laboral y al atraso estructural existente en la unidad, ningún otro funcionario fue objeto de sanción disciplinaria, aun cuando todos mantenían decretos atrasados.

Relata que, paralelamente a sus funciones, cursaba estudios universitarios de psicología fuera de su horario laboral y con recursos propios, lo que lo llevó a solicitar permiso sin goce de remuneraciones para realizar su práctica profesional, permiso que fue expresamente autorizado por su jefe directo, quien le indicó que presentara una cuenta escrita y una minuta informativa, en las que transparentó el estado real de su carga laboral y los decretos pendientes, con el objeto de que fueran redistribuidos, práctica habitual en la unidad frente a licencias médicas u otras ausencias, sin consecuencias disciplinarias.

Luego, explica que la sanción disciplinaria se originó precisamente a partir de la información entregada por el propio recurrente, quien actuó de buena fe y con ánimo de transparencia, sin intención de eludir responsabilidades.

Alega que el jefe de unidad, pese a haber autorizado el permiso, aplicó una medida disciplinaria de propia iniciativa (PRI), desconociendo sus actos propios y trasladando toda la responsabilidad administrativa al funcionario subordinado, sin analizar su propia responsabilidad como jefe en la asignación de cargas y control de plazos.

Afirma que la sanción se fundamenta en la supuesta infracción consistente en “no cumplir con el debido interés y resolución los deberes funcionarios”, aun cuando el recurrente era uno de los funcionarios con mayor número de endosos y mantenía evaluaciones mensuales positivas.

Enseguida, refiere que el 03 de diciembre de 2025 se notificó al recurrente la Resolución NºNUM000, que confirma la sanción disciplinaria, consignando que el recurrente mantenía 176 decretos judiciales fuera de plazo, infringiendo la Orden General Nº2.402 y el Reglamento de Disciplina del Personal de la PDI.

Alega que la sanción se activó únicamente tras la solicitud del permiso sin goce de remuneraciones, y que, de no haber mediado dicha solicitud, no se habría iniciado procedimiento disciplinario alguno, pese a tratarse de una situación estructural preexistente en la unidad.

Enseguida, reprocha que la resolución no pondera adecuadamente la excesiva y desigual carga laboral, la imposibilidad material de cumplir todos los plazos, la existencia de funciones adicionales (guardias, turnos, apoyos a otras unidades), así como las evaluaciones positivas y conducta funcionaria previa.

Asimismo, enfatiza que en ningún apartado de la resolución se fundamenta efectivamente una falta de “debido interés o resolución”, requisito central de la norma disciplinaria invocada, configurándose así una falta de motivación.

En cuanto a los derechos fundamentales afectados, señala que la resolución infringe su derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, al sancionar solo al recurrente y no a otros funcionarios en iguales o peores condiciones.

Asimismo, sostiene que vulnera su derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 19 N°3, al no existir una ponderación imparcial y racional de los antecedentes.

También, cuestiona que la sanción es selectiva y discriminatoria, y que el proceso disciplinario es ilegal al exculpar implícitamente al mando directo, sin análisis de su deber de supervisión del funcionamiento de la unidad respectiva.

Culmina solicitando que se acoja el recurso de protección, y se deje sin efecto la Resolución NºNUM000 de 2 de diciembre de 2025, que confirmó la sanción disciplinaria, se ordene a la recurrida ponderar las circunstancias de fuerza mayor alegadas como liberatorias de responsabilidad, en igualdad de condiciones con otros funcionarios.

SEGUNDO: Que, a folio 4 de la carpeta digital, se evacuó informe por la Policía de Investigaciones de Chile, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Previamente, explica la dinámica operativa de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales La Serena, citando la Orden General N°2774, que regula su funcionamiento y establece las funciones del Jefe de Brigada, entre ellas: la distribución ecuánime de decretos judiciales, la fiscalización de plazos, así como la supervisión del diligenciamiento de órdenes del Ministerio Público y tribunales.

Precisa que dentro de la Brigada existen distintos escalafones (Oficiales Policiales, Agentes Policiales y Asistentes Administrativos), cuyas funciones no son equivalentes, por lo que no resultaría válido comparar cargas laborales de manera homogénea.

Explica que el “endoso” de decretos judiciales, corresponde a la asignación formal del decreto a un funcionario para su diligenciamiento dentro de plazos reglamentarios. Asimismo, hace presente que el endoso es solo una variable orientativa, pues los funcionarios también cumplen múltiples funciones operativas (guardias, turnos, patrullajes, apoyo a otras unidades, etc.), por lo que no refleja por sí solo la carga real de trabajo.

Luego, desmiente las cifras entregadas por el recurrente, y da cuenta de un listado de endosos, indicando que entre octubre de 2023 y noviembre de 2025 el actor registró 458 endosos, ubicándose en cuarto o quinto lugar, no como el funcionario con mayor carga. Asimismo, afirma que, conforme a un promedio mensual de endosos, se desprende que el recurrente presenta un promedio de 18,32 decretos mensuales, inferior al de otros oficiales de la Brigada.

Por ello, concluye que la distribución de trabajo ha sido proporcional y ecuánime, considerando además funciones especiales de ciertos funcionarios (entrevistas Ley N°21.507, mesas interinstitucionales, cometidos funcionales).

De otro lado, enfatiza que los Agentes Policiales no pueden ser comparados con Oficiales Policiales, ya que conforme a la Orden General N°2872, los agentes no pueden recibir órdenes de investigar, limitándose a diligencias puntuales. Por ello, descarta que exista discriminación al comparar al recurrente con agentes policiales que, por normativa, tienen funciones más acotadas.

Enseguida, señala que el recurrente ya había sido sancionado previamente con una amonestación simple (septiembre de 2025) por retrasos injustificados superiores a un año en la devolución de decretos, lo que constituye reincidencia, circunstancia agravante considerada conforme al Reglamento de Disciplina. Asimismo, refiere que en las evaluaciones mensuales de septiembre y octubre de 2025, existe constancia de advertencias reiteradas por retrasos en decretos, rebaja en factores asociados a disciplina y capacidad funcionaria (“casi siempre”), así como mantención de observaciones formales antes de la sanción impugnada.

Por lo anterior, sostiene que la sanción no fue intempestiva ni sorpresiva.

En el mismo sentido, niega la vulneración a alguno de los derechos fundamentales invocados por el recurrente, haciendo presente que este ejerció los recursos administrativos correspondientes y que la sanción cuenta con fundamento normativo, motivación suficiente y proporcionalidad.

Añade que el recurso de protección no puede transformarse en una instancia revisora del mérito de actos administrativos disciplinarios.

Por lo anterior, solicita el rechazo del recurso de protección, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones, arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

CUARTO: Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

QUINTO: Que, considerando los antecedentes expuestos en autos, resulta un hecho no discutido entre las partes, que mediante Resolución N°NUM001 de 18 de noviembre de 2025, al actor fue sancionado con la medida disciplinaria de “un día de permanencia en el cuartel”, por tener pendiente el cumplimiento de 167 decretos judiciales, lo que se estimó por su jefatura como constitutivo de una infracción al artículo 6 N°3 del Decreto N°40 de 15 de junio de 1981 que aprueba el Reglamento de Disciplina del Personal de Investigaciones de Chile, esto es, no cumplir con el debido interés y resolución los deberes funcionarios.

Asimismo, es un hecho asentado que por Resolución N°NUM000 de 02 de diciembre de 2025 se rechazó al recurso de reclamo presentado por el actor en contra de la referida resolución, por los fundamentos que se desarrollan en la misma.

SEXTO: Que, para la resolución del asunto, en primer lugar, es necesario considerar que lo resuelto por la autoridad recurrida se encuentra comprendido dentro de sus atribuciones y en conformidad a la normativa interna de Policía de Investigaciones, aspecto de legalidad que, por lo demás, no ha sido cuestionado por el recurrente.

Sin perjuicio de lo anterior, conviene tener presente que las facultades conferidas por el ordenamiento jurídico a la autoridad administrativa, en conformidad a lo dispuesto por la Constitución Política, no pueden ejercitarse de forma caprichosa o injustificada, por lo que, tal como demandan las leyes y la Carta Fundamental, los actos de las autoridades deben ser motivados y dar cuenta de las circunstancias y antecedentes ponderados para arribar a una determinada decisión, bajo el riesgo de que su omisión permita establecer que el acto no es lo suficientemente fundado según parámetros establecidos por nuestro ordenamiento jurídico.

En tal sentido, el acto impugnado, consistente en la dictación de la resolución que rechazó el “recurso de reclamo” presentado por el actor, aparece debidamente fundado, haciéndose cargo de las diversas alegaciones efectuadas por el actor, señalando en su motivación quinta: “Que, respecto a la primera alegación relativa a que el propio sancionador autorizó los permisos legales, es menester precisar, que la autorización de permisos constituye una facultad reglamentaria del Jefe de Unidad, y su otorgamiento no exonera del cumplimiento de los deberes funcionarios durante el período efectivo de labores, conforme lo reconoce la propia resolución sancionatoria en su Considerando 5º, el Comisario nombre reservado utilizó días administrativos, feriado legal y permisos sin goce de remuneraciones de forma eventual y temporal, reintegrándose posteriormente a sus labores, por lo que autorizar por parte del Jefe de Unidad, no significa de manera alguna convalidad el incumpliendo de obligaciones durante el período evaluado”.

A continuación, agrega en su basamento sexto: “Que, respecto a la alegación sobre falta de proporcionalidad, es dable señalar que la medida de "Un Día de Permanencia en el Cuartel, aplicada en la especie es del todo proporcionada y moderada ante el incumplimiento acreditado de más de 100 Decretos Judiciales fuera de plazo, cumpliendo la Resolución impugnada, con los principios de legalidad y motivación, obligación que se encuentra expresamente contemplada en la Orden General Nº 2.402, del 30.OCT.014, que instruye la Base Relacional para Análisis e Información (BRAIN) y Reglamento de Documentación y Archivo, de la lnspectoría General, que en su ordinal 5º: "El funcionario dispondrá de los siguientes plazos para el diligenciamiento y devolución de las órdenes recibidas del Ministerio Público y de los Tribunales de Justicia: letra a) Cuando la orden especifique plazo, deberá ceñirse estrictamente a él. Si se estima que el plazo otorgado no es suficiente para una completa investigación, deberá solicitar al fiscal, previo conocimiento del jefe o subjefe de unidad, antes de su vencimiento, ampliación del mismo. b) Cuando las órdenes no señalen plazo, éstos deberán ser fijados por los respectivos subjefes de unidades, utilizando criterios similares a aquellos dispuestos por los fiscales o jueces en situaciones de características semejantes. Estos plazos se contarán desde la fecha de recepción del documento en la unidad”.

SÉPTIMO: Que, de esta forma, no se advierte la falta de motivación que sostiene el actor en su recurso, pues la misma resolución luego agrega en sus considerandos octavo y noveno lo siguiente: “8.- Que, respecto a lo señalado como "Nuevas Cuestiones de Hecho", la propia Resolución reconoce la autorización de los permisos, siendo consignados en los Considerandos 4º a 6º de la misma, como tampoco las evaluaciones calificadas como "siempre", en factores de desempeño contradicen los datos objetivos de decretos vencidos, como una evaluación favorable en disciplina y compromiso no invalida datos duros de incumplimiento, y que precisamente la Evaluación del mes de septiembre de 2025, reconoce el incumplimiento al señalar: "Se le insta a mantener dentro de los plazos reglamentario los decretos y clasificándolo como "Casi Siempre", en los factores de disciplina y capacidad funcionaria". 9.- Que, respecto a la solicitud de elevar los antecedentes a Sumario Administrativo, será rechazada, por cuanto este procede cuando existe alguna duda sobre los hechos imputados, que requieren una indagación más profunda, y en la especie los hechos se encuentran acreditados de manera objetiva”.

OCTAVO: Que, por otra parte, se debe considerar que el actor, en el contenido de su libelo, tampoco desmiente la circunstancia principal que sirvió de fundamento a la sanción disciplinaria, esto es, el hecho de mantener 167 decretos judiciales pendientes de diligenciar; sino más bien, busca justificar aquella demora, esgrimiendo que era uno de los funcionarios de la unidad con mayor número de endosos, no ponderando la recurrida la excesiva carga laboral, sosteniendo que, en definitiva, la sanción que se le impuso fue de manera selectiva y discriminatoria.

No obstante, con respecto a estas alegaciones, sólo cabe considerar que la recurrida, en su informe, ha dado cuenta que no es efectivo lo afirmado por el actor, en cuanto a que fuera uno de los funcionarios con mayor carga de trabajo en la unidad, haciendo presente que el recurrente presenta un promedio de 18,32 decretos mensuales, inferior al de otros oficiales de la Brigada. Asimismo, señaló la recurrida que los Agentes Policiales no pueden ser comparados con Oficiales Policiales, ya que tienen a su cargo funciones diferentes.

En el mismo orden de ideas, es preciso consignar que el actor tampoco allegó al proceso elementos de juicio suficientes que permitieran establecer la existencia de una discriminación a su respecto, con relación a otros funcionarios que cumplieran iguales funciones.

NOVENO: Que, de esta manera, no se verifican los reproches efectuados por la parte recurrente a la resolución impugnada, atendido que este fue emanado de la autoridad competente, dentro de sus atribuciones, fundado en causa legal y dotada de la motivación necesaria para fundar la decisión adoptada, por lo que el recurso necesariamente deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña Karen Paola Delgado Gómez, en beneficio de don nombre reservado, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°7-2026 Protección.-