Protección contra SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

nombre reservado

Subsecretaría del Interior Recurso de protección Rol N°698-2026 La Serena, nueve de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece el abogado Junior Daza Vargas, interponiendo acción de protección en favor de don nombre reservado, de nacionalidad cubana, en contra de la SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR, por el acto ilegal y arbitrario en la dictación de la Resolución Exenta N°NUM000 de 26 de noviembre de 2025, notificada el 19 de marzo de 2026, la que rechaza la solicitud de permiso de residencia temporal excepcional en el país del extranjero, lo que señala vulnerar la garantía constitucional de igualdad ante la ley, dispuesta en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente junto a su pareja debió salir de su país de origen, Venezuela, lo cual obedeció a una situación grave que ponía en riesgo su vida e integridad, pues ambos eran funcionarios de la Policía del Estado de Carabobo, y fueron amenazados por no acatar ciertas ordenes de altos mandos institucionales, por lo que debieron abandonar el país para resguardar sus vidas.

Indica que siete días después de ingresar a territorio nacional, efectuó la declaración de ingreso por paso no habilitado, el 16 de septiembre de 2022, cumpliendo con la exigencia de la autoridad migratoria. Posteriormente en noviembre de 2022 junto a su pareja concurrieron ante el Servicio Nacional de Migraciones para solicitar protección conforme a la Ley N°20.430, oportunidad en que doña nombre reservado presentó formalmente solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada, incluyendo dentro de su relato y presentación al recurrente como su pareja, pero el Servicio no extendió el permiso de residencia ni reconoció los efectos derivados de dicha solicitud respecto del recurrente, indicándole que debía efectuar una presentación independiente, lo cual realizó el 3 de agosto de 2023, pero su solicitud no fue acogida a trámite pues la autoridad estimó que no había cumplido dentro de plazo la declaración de ingreso por paso no habilitado, en circunstancias que sí lo hizo.

Alega que el Servicio realizó una diferencia de trato con su pareja, encontrándose ambos en las mismas circunstancias, más aún, si se tiene presente que la propia normativa sobre protección de refugiados contempla la necesidad de resguardar no solo al solicitante principal, sino también al grupo familiar que lo acompaña, especialmente cuando se trata de personas vinculadas por una relación de pareja estable y afectadas por un mismo contexto de amenaza.

Frustrada la vía del Servicio Nacional de Migraciones y por indicación del mismo servicio, dirigió carta al Subsecretario del Interior, solicitando regularizar su situación migratoria conforme al artículo 155 N°8 y N°9 de la Ley N°21.325, acompañando los documentos pertinentes, por lo que siguió las directrices de la autoridad migratoria. Señala que en su solicitud expuso su historia y el hecho de haber encausado su solicitud previamente por el Servicio Nacional de Migraciones, no obstante, mediante la resolución impugnada, la autoridad administrativa desestimó su petición, sosteniendo en lo sustancial que no concurrían circunstancias excepcionales o humanitarias suficientes, reduciendo su situación a consideraciones de carácter general y descartando la procedencia del artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325.

Arguye que lo resuelto por la Subsecretaría carece de fundamentación mandatada por los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, pues autoridad rechaza la regularización extraordinaria como si se tratara de un mero caso de ingreso irregular voluntario desprovisto de contexto, prescindiendo de antecedentes esenciales, omitiendo un análisis individualizado del caso y aplicando criterios genéricos incompatibles con la naturaleza excepcional y casuística del artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325. Lo anterior torna el acto en ilegal y arbitrario, y vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley. Añade que la ausencia de fundamentación no constituye un defecto meramente formal, sino que importa la imposibilidad de controlar la juridicidad del acto administrativo, privando al afectado de conocer las razones de la decisión que incide directamente en su esfera jurídica, lo que resulta incompatible con un procedimiento racional y justo.

Destaca como grave el hecho de que la autoridad no se haga cargo de la evidente contradicción existente en el tratamiento administrativo otorgado al grupo familiar, en circunstancias que, frente a un mismo contexto fáctico, se adopta una decisión favorable respecto de la pareja del recurrente y una decisión negativa respecto de éste, sin expresar razón suficiente que justifique dicha diferencia de trato. Agrega que además se vulnera el principio de la confianza legítima toda vez que el recurrente actuó en todo momento conforme a las instrucciones impartidas por el propio Servicio Nacional de Migraciones, el cual le indicó expresamente que debía recurrir a la vía de regularización extraordinaria prevista en el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325, incluso proporcionándole directrices específicas para ello, como consta en el documento entregado por la autoridad.

Finaliza solicitando acoger el recurso interpuesto, y dejar sin efecto la resolución que recurre, ordenando a la Subsecretaría del Interior realizar un nuevo análisis real, efectivo, individualizado y suficientemente motivado de los antecedentes personales del recurrente, ponderando especialmente las circunstancias que motivaron su salida de Venezuela, su calidad de ex funcionario policial, las amenazas sufridas en dicho contexto, su vínculo de pareja de larga data con doña nombre reservado, las actuaciones desplegadas por ambos ante la autoridad migratoria, la desigualdad de trato producida respecto de una misma situación fáctica y familiar, así como la circunstancia de haber seguido de buena fe las instrucciones impartidas por el propio Servicio Nacional de Migraciones, a fin de decidir conforme derecho la solicitud de la recurrente.

SEGUNDO: Que, a folio 6, comparece nombre reservado

Moscoso, abogado, en representación de Subsecretaría del Interior, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En primer lugar, reseña antecedentes de derecho sobre la solicitud impetrada, señalando, en síntesis, que la normativa actual contempla dos tipos de regularizaciones migratorias: una de carácter general, cuyos criterios y procedimientos son dispuestos por el Subsecretario del Interior, pero ejecutados por el Servicio Nacional de Migraciones; y, otra, de carácter excepcional, de aplicación particular, para casos calificados o motivos humanitarios, sujeta a un procedimiento desformalizado que resuelve el Subsecretario del Interior.

Precisa que, toda solicitud de regularización migratoria que se resuelva por la autoridad con posterioridad al 12 de febrero de 2022 debe decidirse en base a las disposiciones de la ley N°21.325, sin importar si fue requerida con anterioridad a la vigencia de dicha ley, ya que no existe norma transitoria en la nueva ley de migración y extranjería que establezca que los procedimientos de solicitud de regularización migratoria iniciados bajo la vigencia del decreto ley N°1.094, de 1975, continuarían rigiéndose por dicho decreto.

Añade que la regularización migratoria que contempla la normativa actual, es aquella a que se refiere el artículo 155 N°9 de la ley N°21.325, que establece que el Subsecretario del Interior tiene, entre otras funciones, la potestad indelegable de disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios, con independencia de la condición migratoria de la persona beneficiarla de dicho permiso. Sin embargo, y tal como la norma lo indica, dichos permisos solo se concederán cuando existan circunstancias de hecho excepcionales que así lo hagan recomendable.

Manifiesta que la acción de protección es de naturaleza cautelar, excediendo el presente recurso las materias que deben ser conocidas en esta sede, por cuanto no es pertinente declarar nuevos derechos ni tutelar meras expectativas, como acontece en la especie con las solicitudes de regularización de la condición migratoria de una persona extranjera. En efecto, en el ordenamiento jurídico nacional existen otras vías idóneas administrativas de lato conocimiento, como lo establece el artículo 139 de la Ley 21.325 el que reconduce a los recursos establecidos en la Ley N°19.880.

Expresa, asimismo, que el actor pretende cuestionar aspectos del ejercicio de atribuciones de tal autoridad administrativa, lo que escapa del sentido y alcance propio de este remedio judicial.

Argumenta que, en el caso concreto, la autoridad ponderó debidamente los antecedentes aportados por el recurrente y en virtud de ellos, consideró que a su respecto no se configura un caso excepcional, calificado o humanitario, lo que se indica expresamente en la parte considerativa de la resolución que por esta vía se reprocha. Lo anterior, por cuanto quien recurre fundamenta su petición de regularización migratoria en situaciones fácticas de carácter genérico, relacionadas con su bienestar económico, laboral y/o personal, que no logran configurar una afectación en concreto, lo suficientemente especial, como para que se regularice su condición migratoria y se le otorgue un permiso de residencia temporal excepcional, a pesar de haber vulnerado el ordenamiento jurídico nacional por voluntad propia.

Añade que el recurrente no dio correcta tramitación a una solicitud de protección internacional conforme a la Ley N°20.430, teniendo fundamentos para ser acogida, como lo fue respecto a su cónyuge, y que no es deber ni facultad de la Subsecretaria calificar dicha decisión.

Indica que, no es obligación de la Subsecretaría del Interior probar que no se ha configurado la hipótesis normativa que permite la aplicación de la potestad privativa de regularización migratoria, sino que es quien efectúa tal solicitud quien debe probar que sí se configura tal hipótesis, lo cual señala que no ha ocurrido en el caso concreto, por cuanto el propio relato de los hechos que fundamentan su solicitud no configura ninguna de las hipótesis necesarias establecidas por ley para aplicar este mecanismo de regularización excepcionalísimo, de lo cual se colige que, sería improcedente que la parte recurrente alegue que no se le hayan requerido antecedentes adicionales para justificar suficientemente su presentación, al tenor de lo dispuesto en el artículo 31 de la ley N°19.880, ya que dicha norma es aplicable únicamente si la solicitud inicial no reúne los requisitos mínimos establecidos en el artículo 30 del mismo cuerpo legal.

Señala que, no basta solo con hacer mención o incluso acreditar un arraigo familiar o laboral, sino que dicho arraigo debe ser significativo; y no solo eso, sino que, además, debe acreditarse un arraigo social, también significativo, lo cual no se verificó en la solicitud que se rechazó a la parte recurrente.

Explica que el solo hecho de solicitar el otorgamiento de un permiso de residencia temporal, por caso calificado o humanitario, significa que la persona extranjera ha incurrido previamente de manera voluntaria en una o más contravenciones a la normativa migratoria, que normalmente podrían ser sancionables incluso con la expulsión del país, no pudiendo imputar las consecuencias que de ello deriven a la Administración ni al rechazo de la solicitud.

Refiere que los argumentos vertidos por el recurrente para que se deje sin efecto la resolución que denegó el otorgamiento del permiso antes referido dicen relación con que, a su respecto, se configuraría la condición de refugiado, lo cual, a su juicio, la haría acreedor de la regularización migratoria solicitada, no obstante señala que, el reconocimiento de la condición de refugiado dice relación con personas que se encuentran en determinadas hipótesis señaladas expresamente en la ley N°20.430, que Establece Disposiciones sobre Protección de Refugiados, relativas a riesgos graves y actuales de afectación de la vida o seguridad de personas extranjeras en caso de retornar a su país de origen, y que por lo mismo hacen intolerable su vida en este último. Señala que, que eventuales problemas de tramitación de la parte recurrente en su solicitud de reconocimiento de condición de refugiado, no son resorte de la Subsecretaría del Interior al valorar una solicitud de regularización extraordinaria, como en la especie, por ello la solicitud de regularización migratoria presentada por la parte recurrente no puede ser resuelta en base a las alegaciones que dicen relación con la ley N°20.430.

Concluye solicitando su rechazo, con condena en costas.

TERCERO: Que, a folio 10, el 20 de mayo pasado, incluido el presente recurso para su vista y fallo, la Segunda Sala ordena como trámite previo que la recurrida amplíe su informe, refiriendo antecedentes concretos del recurrente y cómo éstos inciden en el rechazo de su petición de regularización.

Lo anterior, es cumplido por la Subsecretaría a folio 12, acompañando el expediente administrativo del caso del recurrente, exponiendo que a su juicio, las circunstancias particulares del recurrente no constituyen un caso calificado o humanitario que justifique su ingreso al país por un paso no habilitado para tales efectos, y, además, que se regularice su condición migratoria y se le otorgue un permiso de residencia temporal excepcional, pues de los antecedentes acompañados por el recurrente, se aprecia una constancia de autodenuncia en PDI, comprobante de empadronamiento biométrico o certificado de antecedentes penales de su país de origen, todos antecedentes que son, a su vez, acompañados por una multiplicidad de solicitantes y que, a juicio de la autoridad, no reviste la entidad necesaria para la concesión solicitada. Señala que adicionalmente se aprecia un contrato de trabajo, certificado de cotizaciones previsionales y liquidaciones de sueldo, todo lo cual se vincula con el arraigo laboral, lo que tampoco configuran, a juicio de la autoridad, un caso calificado o humanitario, siendo esto refrendado por la jurisprudencia. Además, consta entre los antecedentes el comprobante de solicitud de reconocimiento de calidad de refugiado del solicitante, así como el relato en que funda su solicitud, lo cual vincula a su solicitud de regularización extraordinaria, como fundamento para que se considere, a su respecto, que se configura una circunstancia calificada o motivo humanitario.

Afirma que el reconocimiento de la condición de refugiado cuyo procedimiento se encuentra regulado en la ley N°20.430 y su reglamento, aprobado por decreto N°837, de 2010, del entonces Ministerio del Interior, contempla formalidades y procedimientos especiales para el otorgamiento de dicha condición, tales como la realización del trámite presencial ante la autoridad migratoria competente, entre otros aspectos, por lo que la frustración o dificultades del procedimiento por el cual el recurrente buscaba el reconocimiento de la condición de refugiado, no significa que se pueda reconducir, como fundamento suficiente, a una solicitud de regularización extraordinaria al amparo de lo dispuesto en el artículo 155 N°9 de la ley 21.325.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra de la Subsecretaría del Interior, por rechazar la solicitud de residencia temporal extraordinaria, lo cual califica de ilegal y arbitrario, pues arguye que carece de la fundamentación debida, señalando que vulnera la garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

A su turno la Subsecretaría del Interior, manifestó que no existe tal ilegalidad ni arbitrariedad, por cuanto ponderó debidamente los antecedentes aportados y en virtud de ellos consideró que respecto del recurrente no se configura un caso excepcional, calificado o humanitario.

SÉPTIMO: Que, de los antecedentes arribados al recurso, así como de la lectura de la resolución exenta de la Subsecretaria del Interior, esta debe ser calificada de ilegal y arbitraria, pues se evidencia una falta de fundamentación de la resolución recurrida, la cual no se pronuncia sobre el caso particular del actor, en especial los hechos por los cuales debió salir de su país, motivados por no obedecer como agente policial las órdenes de sus superiores, siendo amenazado lo que puso en riesgo su vida, similar situación que vivió su pareja, y por la cual se le otorgó la calidad de refugiado por el Servicio Nacional de Migraciones.

Asimismo, se advierte en el considerando décimo tercero de la resolución impugnada, que la Subsecretaría se refiere a los motivos de la solicitud del extranjero, aludiendo a razones de índole económico, social y político, lo cual de la simple lectura de las presentaciones del recurrente se concluye que aquellos no son los motivos aludidos por el extranjero. De este modo no pondera en lo absoluto como la situación de riesgo relatada por el extranjero no puede ser calificada como un caso excepcional y humanitario según dispone el artículo 155 N°9 de la ley 21.325, lo cual lo deja en indefensión, al desconocer el motivo del rechazo de su solicitud, vulnerando la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra del recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, se han ponderado sus antecedentes, y se ha emitido una resolución debidamente fundada.

A mayor abundamiento el hecho que la solicitud del extranjero aluda a su condición de refugiado de la Ley 20.430, no obsta a que la autoridad realice una ponderación de los hechos que ponen en riesgo al recurrente en su país de origen y sea recalificando como un caso humanitario, comprendido en el artículo 155 N°9 ya referido, más cuando la propia recurrida refiere que el procedimiento de residencia extraordinaria es desnormalizado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve, que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra de la Subsecretaria del Interior, sólo en cuanto, se deja sin efecto la Resolución Exenta N°NUM000 de 26 de noviembre de 2025, que rechaza su solicitud de regularización extraordinaria de su situación migratoria, y en su lugar, se deja sin efecto aquella resolución, y se dispone que la recurrida deberá emitir una nueva resolución dentro de 30 días corridos de ejecutoriado el presente fallo, en la cual deberá ponderar debidamente las alegaciones y antecedentes acompañados por el recurrente a su solicitud.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 698-2026 (protección)