nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de Protección Rol N°696-2026.- La Serena, siete de mayo de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, a folio 1, el 13 de abril de 2026, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de doña nombre reservado, empleada, colombiana, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por don nombre reservado, ingeniero, domiciliado en domicilio reservado, por la omisión ilegal y arbitraria en la emisión del decreto que pone fin al proceso de carta de nacionalidad, solicitada por la recurrente en octubre de 2022, vulnerando el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Refiere que la recurrente ingresó al país en calidad de turista, cambiando su condición migratoria a residente por visa otorgada, posteriormente, obtiene el beneficio de permanencia definitiva, el que se mantiene vigente a la fecha de interposición del recurso. Prosigue señalando que en octubre de 2022 ingresó solicitud de carta de nacionalización, sin embargo, no ha obtenido respuesta por parte del Servicio Nacional de Migraciones, lo que constituye una situación de incertidumbre para la recurrente.

Prosigue citando jurisprudencia y normativa aplicable.

Concluye solicitando se acoja el recurso y se ordene al recurrido que se pronuncie sobre la solicitud de carta de nacionalización dentro de un plazo 60 días, o el que esta Corte estime conforme al mérito de autos y, en general, adoptar las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, todo lo anterior con expresa condena en costas.

Acompaña los siguientes documentos:

1. Comprobante de historial de trámites con clave única.

2. Cédula de identidad para extranjeros.

3. Notificación avanza a etapa de análisis.

4. Boleta de servicios.

SEGUNDO: Que, a folio 4, informa el recurso don Roberto Castillo Toro, abogado, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo en todas sus partes de la acción, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal.

Señala que mediante Resolución Exenta N°74525 de 20 de septiembre de 2011, se otorgó a la recurrente el beneficio migratorio de permanencia definitiva, la cual se encuentra vigente.

Prosigue señalando que el 02 de junio de 2023 (sic) la recurrente solicita carta de nacionalización bajo el ID de trámite 56250224, la cual, el 07 de octubre de 2022 pasa a etapa de primer análisis, siendo asignada a Policía de Investigaciones de Chile, el 02 de junio de 2023, posteriormente, el 27 de mayo de 2024, se solicitó a la recurrente acompañar carpeta tributaria emitida por el Servicio de Impuestos Internos y certificado de deuda emitido por Tesorería General de la República, y, una vez remitidos los referidos documentos, paso a etapa de análisis el 29 de mayo de 2024, avanzando, el 03 de septiembre, a etapa de pago, encontrándose en etapa de resolución desde el 15 de septiembre de 2025.

Refiere que no se ha transgredido la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, toda vez que todos los trámites solicitados por extranjeros se llevan a cabo en igual tiempo y forma, indicándose en la página web del Servicio que el trámite de nacionalización tarda aproximadamente 3 años, ya que, al tratarse de una especial concesión por gracia, el análisis de los antecedentes requiere de un tiempo que es superior a otros trámites administrativos.

Añade que la recurrente cuenta con permanecía definitiva en el país, es decir, se encuentra en situación migratoria regular, no afectándose su estatus migratorio.

Prosigue señalando antecedentes de derecho.

Concluye solicitando el rechazo del recurso de protección y el rechazo de la condena en costas.

Acompaña el siguiente documento:

1. Copia de comunicación electrónica folio 59232724 de 27 de mayo de 2024, la cual: Solicita antecedentes adicionales, bajo apercibimiento legal.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de carta de nacionalización presentada, lo cual califica la parte recurrente de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

A su turno, el recurrido, señala que, al tratarse la solicitud de carta de nacionalización de una especial concesión por gracia, requiere de mayor análisis que otros trámites, por lo demás, la recurrente cuenta con residencia definitiva, encontrándose en situación migratoria regular.

SEXTO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 del mismo cuerpo legal, define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

SÉPTIMO: Que, de acuerdo con los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de carta de nacionalización, cuya presentación fue realizada en octubre de 2022.

OCTAVO: Que, por tanto, la dilación de la autoridad respectiva en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la persona recurrente con relación al trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente su solicitud de carta de nacionalización, obteniendo una respuesta formal y oportuna, en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, sólo en cuanto se dispone que el Servicio Nacional de Migraciones deberá dar curso progresivo a la tramitación, disponiendo el avance de la solicitud a la siguiente etapa, informando de ello a la parte recurrente, dentro del plazo de treinta días corridos, desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°696-2026 Protección.-