nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

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Servicio Nacional de Migraciones Recurso de Protección Rol N°694-2024.- La Serena, diez de mayo de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el veintisiete de abril de dos mil veinticuatro comparece Sergio Aburto Mayorga, abogado, por don nombre reservado, nacional venezolano, interponiendo recurso de protección en contra de la Subsecretaría del Interior dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile.

Expone, en lo pertinente, que su representado el 29 de agosto del 2022 a través de Correos de Chile, remitió solicitud de regularización al Subsecretario del Interior, ello en virtud del artículo 155 N°9 de la Ley 21.325 o “Nueva Ley Migratoria”.

Indica que desde esta fecha hasta hoy que el recurrente no ha recibido respuesta de la carta de regularización de marras, estando en un verdadero limbo jurídico.

Sostiene que se está vulnerando el artículo 19 Nº2 de la Constitución Política, esto es, la recurrida no está respetando la garantía constitucional de igualdad ante la Ley en el sentido de que, a pesar de concurrir el recurrente dos veces ante ella a solicitar aclaración de su situación migratoria, no dio una respuesta clara, dejándolo en una total indefinición jurídica, como tampoco ha establecido un canal de comunicación adecuado con él para poder aclarar sus dudas. También la recurrida está infringiendo el artículo 27 de la Ley 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, en concordancia con los artículos 7 y 23 del mismo cuerpo legal Por estas consideraciones solicita se decrete que la recurrida ordene a un funcionario del Servicio revisar la solicitud de regularización presentada por el recurrente el 29 de agosto del 2022, e informar si ya se ha dictado la resolución de rigor, acompañando todos los antecedentes que estén relacionados con su caso, especialmente copia de dicha resolución.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Copia de su certificado de título; 2.- Copia pasaporte hoja de identificación del recurrente; 3.- Copia de tarjeta de identificación de migrante infractor del recurrente; 4.- Copia de certificado de Rut provisorio emitido por la AFP MODELO; 5.- Copia de contrato de trabajo del recurrente; 6.- Copia de certificado de cotizaciones previsionales emitido por AFP MODELO; 7.- Copia de solicitud de regularización presentada por el recurrente ante la recurrida el 29 de agosto de 2022, con su documental respectiva; 8.- Copia de Guía electrónica N°3082433845431 emitida por Correos de Chile a favor del recurrente, y que evidencia que el 29 de agosto del 2022 remitió solicitud de regularización a la recurrida.

SEGUNDO: Que, evacuó informe Roberto Ignacio Castillo Toro, abogado de la Dirección Regional de Coquimbo del Servicio Nacional de Migraciones.

Expone que el 29 de agosto de 2022, el recurrente solicitó regularizar su situación migratoria en virtud de la regularización extraordinaria del artículo 155 N°8 y 9 de la Ley 21.325, solicitud que actualmente se encuentra en trámite.

Añade que los documentos solicitados el 31 de agosto de 2022, fueron recepcionados y se encuentran actualmente analizados para así ser entregados al Subsecretario del Interior para que analice y resuelva dicha solicitud extraordinaria de regularización, dado que él es competente para resolver estos casos.

Destaca que, según lo señalado por el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, el aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país, proveniente de diversos países, lo cual tuvo por consecuencia un aumento importante en la cantidad de solicitudes recibidas por esta autoridad. Lo anterior significó un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria que ha sido reconocido por sentencias ejecutoriadas como un caso fortuito que excusa la dilación de las solicitudes de residencia definitiva, temporarias y regularizaciones migratorias, sin que ello por sí solo implique vulneración de derechos fundamentales de los extranjeros, al mantener residencia regular en el país y contar con documentación a su disposición para acreditar dicha condición en el país.

Adiciona que el hecho de que el plazo del artículo 27 de la Ley N°19.880 no sea fatal para dar término a los procedimientos administrativos, refuerza el hecho de encontrarse ajustado a derecho el actuar de la autoridad administrativa.

En virtud de las consideraciones anteriormente indicadas, reitera que la tramitación de la solicitud se encuentra en trámite, que se debe tener presente que el extranjero ha ingresado al país de manera irregular vulnerando las normas de extranjería sobre ingreso al país por pasos habilitados.

Sostiene que no ha existido acto u omisión arbitrario o ilegal por parte de ese departamento, que amenace, perturbe o prive al recurrente en el legítimo ejercicio de los derechos alegados, actuando su parte con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella.

Por estas consideraciones solicita el rechazo de la presente acción constitucional, en todas sus partes, por no existir en la especie acto u omisión arbitrario o ilegal de esa autoridad que pueda considerarse que amenace, perturbe o prive el ejercicio legítimo de algunas de las garantías protegidas por la acción constitucional de protección incoadas mediante esta acción constitucional, con expresa condena en costas a la parte recurrente.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, teniendo únicamente presente que, aun en el evento que se estimase que la tardanza en resolver la solicitud de la recurrente es una omisión que puede ser considerada, “prima facie” infundada o arbitraria, fácticamente no lo es, por lo que no se configuran todos los requisitos para conceder la protección requerida, desde que es un hecho establecido en esta causa que mientras dure la tramitación de la solicitud de regularización migratoria, la parte recurrente se encuentra en situación migratoria regular, con cédula de identidad vigente y permiso para realizar actividades remuneradas y sin prohibición de desplazamiento en Chile o para entrar o salir del país, por lo que no se constata una eventual privación, perturbación o amenaza a alguno de los derechos constitucionales que ampara la acción constitucional del artículo 20 de la Carta Magna, recurrible por esta vía, circunstancia suficiente para el rechazo del recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Sergio Aburto Mayorga, en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Acordada con el voto en contra del Abogado Integrante Sr. Gallardo, quien fue del parecer de acoger el recurso, toda vez que en su concepto la dilación del recurrido en el pronunciamiento sobre la solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria, porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra del recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal y oportuna, en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 694-2024 (Protección).-