nombre reservado con COLEGIO INGLÉS CATÓLICO DE LA SERENA S.A.

PAGE 19 nombre reservado y otra Colegio Inglés Católico de La Serena S.A.

Recurso de Protección Rol N° 690-2020.- La Serena, dieciocho de junio de dos mil veinte.

Vistos y Teniendo Presente:

Primero: Que el 26 de abril de 2020, comparecen doña nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado y doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; quienes de conformidad con lo prescrito por el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica, y de acuerdo al Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, interponen recurso de protección en contra del Colegio Inglés Católico de La Serena S.A. persona jurídica de derecho privado, del giro de su denominación, RUT RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Señalan en su extensa presentación, cuya narración se ha procurado mantener, que tienen un contrato de prestación de servicios con el colegio recurrido desde el 17 de diciembre del 2019, por el cual, nombre reservado, pagó una matrícula de $1.320.000 y una colegiatura anual de $9.690.000 por sus tres hijos; en tanto que nombre reservado, pagó una matrícula de $469.350 y una colegiatura anual de $3.740.000 por su hijo. A lo anterior, se le deben sumar los gastos en textos y útiles escolares y uniformes entre otros.

Se ha de tener en cuenta, aducen, que desde el comienzo de la crisis sanitaria que vive el país, esto es desde el 16 de marzo presente año, las actividades de los colegios se encuentran totalmente suspendidas, encontrándose los establecimientos educacionales sin posibilidad de abrir las puertas de sus instalaciones a los estudiantes. Además, desde el 28 de marzo del presente, están en una situación de cuarentena obligatoria que hace inviable la posibilidad de continuar con la actividad educacional presencial en forma indefinida.

Es en tal contexto que se encuentra la relación contractual entre ellas y la recurrida Colegio Inglés Católico de La Serena S.A.

Ahora bien, dicen, la prestación del indicado Colegio es la de un servicio educacional que se regula por un contrato de prestación de servicios educacionales, que en forma resumida establece para el establecimiento la obligación de entrega del servicio educacional, en su establecimiento ubicado en domicilio reservado, y por su parte y de los demás apoderados como contraprestación de este servicio, la de pagar una matrícula y una anualidad por dichos servicios.

A la fecha, los servicios educacionales no se están prestando en la forma en que fueron contratados. Desde la fecha de la suspensión de clases hasta el día de interposición de esta acción, no han tenido clases presenciales y tampoco han sido constantes como deberían ser y de la forma contratada.

Para graficar lo anterior, hacen presente que el inicio de clases “normales” se efectuó el día 4 de marzo del presente año, y el último día de clases presenciales se llevó a cabo el día 13 del mismo mes de marzo. El horario de estas clases era, por contrato, desde las 08:00 am a 16:10 pm. de lunes a viernes. Además, sus hijos tenían, por contrato, horario de academias desde la salida de clases hasta las 17:55 pm., actividades que en la actualidad no se realizan, por lo que, dicho servicio no se presta en forma.

En cuanto a la atención de apoderados, cada docente dispone de una hora a la semana para atención de apoderados, actividades que en la actualidad no se realizan, por lo que, dicho servicio no se presta en forma. En cuanto a las Catequesis, debían haber comenzado el día 1 de Abril del presente año 2020, actividad que en la actualidad no se realiza, por lo que, dicho servicio no se presta en forma. En cuanto a las confirmaciones que debían realizarse para los 2°, 3° y 4° medios, no se efectúan ni se agendan en la forma como el recurrido debiese hacerlo.

El Colegio, agregan, ha intentado implementar horas de clases online, pero acotándolas a 30 minutos como máximo y lo que es más grave no todas las asignaturas están siendo programadas, muchas de ellas quedan grabadas sin posibilidad de interacción alumno-profesor, existiendo una tardanza en las aclaraciones de dudas que deben tener por alumnos para con su profesorado, envían vía mail guías sin explicación alguna, sin contar los innumerables problemas de conexión que existen en las infructíferas clases vía videoconferencia.

Por otro lado, en cuanto a las asignaturas Artes Visuales, Ciencias Naturales, Inglés, Educacíón Física, Tecnología, Religión, no se están impartiendo en la forma contratada igualmente y por lo demás, habiendo adquirido los libros exigidos por el recurrido, estos no se utilizan y por lo visto no se utilizarán. En la actualidad y en los meses venideros no hay uso de la infraestructura del colegio. Laboratorios, y dependencias como complejo deportivo etc.

Agregan que viendo la precaria retroalimentación por parte del Colegio, ellas y varios apoderados, han debido recurrir a profesores particulares para que refuercen todo lo no explicado por los profesores del establecimiento. En la misma línea, hacen presente que el servicio se prestará en forma virtual, con clases a distancia, como lo ha aconsejado la autoridad educacional para servir de apoyo a los estudiantes en cuarentena, pero en su caso, y tal cual lo detallaron esto no es cumplir con el contrato por el cual matricularon a sus hijos en el establecimiento y sin embargo, continúan cobrándoles las colegiaturas en forma total.

Refieren que están frente a una situación de incumplimiento contractual, que implica al menos estar en un escenario de discusión de las cláusulas del contrato, en el ámbito de la relación de consumo que existe entre el establecimiento y los apoderados contratantes. Ahora bien, el director del Colegio ha señalado que no está dispuesto a modificar las condiciones del contrato, sin más, tal cual lo señala en el comunicado del 27 de marzo pasado, donde además solicita que cada una de las familias, les enviaran “solicitudes particulares”, pero estas, una vez más recibieron un no como respuesta, todo ello tal cual consta en los documentos que acompañan.

Frente a lo anterior, como apoderados de manera formal han solicitado al establecimiento educacional negociar las condiciones en que se seguirán prestando los servicios y una adecuación a las condiciones de pago de estos, lo que no ha sido acogido por parte del colegio, sino que, por el contrario, les ha negado dicha posibilidad y toda retroalimentación.

Agrega que, como la gran mayoría de los apoderados del establecimiento, están claramente en una situación de indefensión, toda vez que el acceso a una educación apta y que por lo demás es pagada, está totalmente disminuida. En este escenario, por una parte, se encuentra la recurrida que no cumple en su totalidad, sus obligaciones del contrato, y por otra busca modificar unilateralmente sus obligaciones del contrato, siendo dichas situaciones por una parte arbitrarias e ilegales en el sentido que exije el cumplimiento del pago de los servicios sin cumplir con su contraprestación, y por otra, se comete un acto ilegal que vulnera la garantía constitucional de derecho a la propiedad, porque se intenta modificar unilateralmente el contrato, obedeciendo ello sólo a la voluntad de la recurrida, sin negociar una posible modificación con sus contrapartes en el contrato de prestación de servicios educacionales.

Hace presente que el artículo 3 N° 1 de la Convención Internacional de los Derechos del niño, tratado internacional ratificado por nuestro país en el año 1990, y aplicado a nuestra jurisdicción a través del artículo 5° de la Constitución Política de la República señala que: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”, que en el caso de sus hijos está claramente siendo vulnerada. Así también el artículo 28 de la citada Convención señala que “los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular: a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad; c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados; d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas; y que los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar porque la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente Convención, fomentando la cooperación internacional en cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo”.

Por último, plantean, en la crisis sanitaria actual, la tecnología juega un rol fundamental, ya que hoy no existe igualdad de oportunidades para todos, partiendo de la base de que no todos los niños tienen acceso a internet, o a imprimir el material enviado por el colegio y menos estas empresas prestadoras de servicios de internet entregan una conexión acorde, como en su caso, esto se acrecienta por la no implementación, por parte del Colegio, de un mecanismo que se adapte a la situación actual de emergencia sanitaria en nuestro país, donde el riesgo es inminente, realizando un servicio precario y falto de retroalimentación para con sus hijos y el resto del alumnado, limitándose y restringiendo su educación.

Los actos referidos, constituyen un abierto acto de arbitrariedad y además, es ilegal en la medida que se aparta de las normas jurídicas que reglamentan las relaciones en materia del consumidor, vulnerando el principio de protección al consumidor como parte más débil en la relación de consumo y atenta, por una parte contra la garantía constitucional al derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 Nº 24 y por otra parte contra el derecho a la educación consagrado en el art. Nº 19 Nº 10 ambas de nuestra Carta Fundamental.

En primer término, no existe discusión de la posibilidad de amparo constitucional frente a la vulneración del derecho de propiedad, que es titular el afectado contratante. En este sentido, lo que se vulnera es precisamente el derecho de propiedad que emana del contrato de prestación de servicios educacionales suscrito con la recurrida.

Ahora bien, agregan, del análisis de la normativa de la Ley 19.496, nos encontramos con que, en principio, y de acuerdo con el art. 2 letra d), en lo que dice relación con las condiciones distintas a la calidad de la educación, claramente quedan comprendidas dentro de la Ley de Protección al Consumidor. Por otra parte, la misma ley señala que todo proveedor de bienes o servicios estará obligado a respetar los términos, condiciones y modalidades conforme a las cuales se hubiere ofrecido o convenido con el consumidor la entrega del bien o la prestación del servicio.”

En este mismo sentido, la norma del inciso final del artículo 25 del mismo cuerpo legal señala que “El proveedor no podrá efectuar cobro alguno por el servicio durante el tiempo en que se encuentre interrumpido y, en todo caso, estará obligado a descontar o reembolsar al consumidor el precio del servicio en la proporción que corresponda.”

A mayor abundamiento, conviene establecer que la regla general en esta materia sigue siendo aquella que consagra el artículo 1545 del Código Civil, regla conocida como “la ley del contrato”, o “pacta sunt servanda”, de modo que, en el evento que los servicios sean prestados en una forma diversa a la contratada requiere del consentimiento de los apoderados. Se trata entonces de una situación abusiva del proveedor recurrido toda vez que, existiendo norma expresa que ordena la suspensión de los cobros mientras no se entreguen los servicios contratados, no lo hace y es más como gran ofrecimiento acepta sólo repactar el valor de la anualidad pero ello no implica rebaja alguna, lo que es totalmente arbitrario y además abusivo toda vez que queda a su propia decisión modificar el precio de los servicios y según cuanto considere “aceptable”, lo que implica claramente una asimetría en el poder de negociación de este contrato de adhesión.

Además, no es menor señalar que frente a este contrato de adhesión, se debe estar a lo que señala el artículo 16 letra g) de la Ley 19.496, en orden a que no producirán efecto alguno en los contratos de adhesión las cláusulas o estipulaciones que “g) En contra de las exigencias de la buena fe, atendiendo para estos efectos a parámetros objetivos, causen en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones que para las partes se deriven del contrato. Para ello se atenderá a la finalidad del contrato y a las disposiciones especiales o generales que lo rigen. Se presumirá que dichas cláusulas se encuentran ajustadas a exigencias de la buena fe, si los contratos a que pertenecen han sido revisados y autorizados por un órgano administrativo en ejecución de sus facultades legales.”

Por su parte el Art. 17 de la CIDN, señala que: Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, los Estados Partes: a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social y cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del artículo 29; b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la difusión de esa información y esos materiales procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales e internacionales; c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños; d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena; e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18”.

A mayor abundamiento, en este caso no opera el caso fortuito o fuerza mayor, toda vez que no estamos frente a una obligación de especie o cuerpo cierto.

De todo lo expuesto se puede colegir que el comportamiento del colegio recurrido quién actuó arbitrariamente al mantener el cobro por sus servicios de educación e intentar modificar las condiciones de prestación de sus servicios educacionales, sin mediar una negociación, como el consentimiento de los apoderados importa afectar directamente el derecho de propiedad, protegido por el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, desde que lo actuado importa una disminución concreta y efectiva de nuestro patrimonio, al tener que soportar una injustificada carga derivada de un servicio que no se ha prestado y amenaza con realizar en un modo distinto a lo contratado, y en cuanto al derecho a la Educación consagrado en el Art. 19º Nº 10 de la Carta Fundamental, se manifiesta su atentado a la precaria entrega, limitación arbitraria y nula retroalimentación para sus hijos por parte del Colegio recurrido, dejándolos en la más absoluta indefensión junto con todos sus compañeros de curso.

Por lo expuesto, solicita se acoja en todas sus partes el recurso de protección interpuesto y, en consecuencia, se declare que el Colegio Inglés Católico de La Serena S.A, ha vulnerado su derecho de propiedad y el derecho a la educación de sus hijos, y que debe suspenderse el cobro de los servicios mientras no se regularicen las actividades educacionales en la forma contratada o acuerden con los apoderados contratantes nuevas condiciones para los servicios educacionales contratados, con costas.

En apoyo a sus planteamientos, acompañó los siguientes documentos: 1.- Dos Contratos de Prestación de Servicios educacionales firmado con el Colegio Recurrido y familia nombre reservado; 2.- Contrato de Prestación de Servicios educaciones firmado con el colegio Recurrido y familia nombre reservado; 3.- Comunicado Colegio recurrido a los apoderados fecha 27 de marzo del 2020, y; 4.- Respuesta a solicitud particular familia nombre reservado.

Segundo: Que comparece doña Susana Gómez Martínez, abogada, domiciliada en domicilio reservado, en representación de Colegio Inglés Católico de La Serena S. A., persona jurídica de derecho privado, del giro de su denominación, con domicilio en domicilio reservado, evacuando el informe respectivo, solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto, con costas.

Señala que doña nombre reservado es apoderada del alumno Roberto Tomás Simón nombre reservado de primero básico A. En tanto que doña nombre reservado, es apoderada de los alumnos nombre reservado, alumno de primero básico B; de nombre reservado, alumna de sexto básico B y de nombre reservado, alumna de primero medio B del Colegio Inglés Católico de La Serena.

Al respecto hace presente que Colegio Inglés inició el año 2020 con un total de 780 alumnos matriculados, y sólo han sido las dos recurrentes de autos, quienes han considerado infringidas las garantías constitucionales que denuncian, y por tal razón, solicitan que se declare la suspensión del cobro de los servicios o que se acuerden con los apoderados nuevas condiciones para los servicios educacionales contratados.

En cuanto a la acción constitucional propiamente tal, refiere que corresponde su rechazo, por cuanto, tal como se ha sostenido reiteradamente por nuestra jurisprudencia y por esta misma Corte de Apelaciones en causa "Compañía Minera el Delirio S.A. C. Banco de Chile", rol de ingreso Corte 294-2020, para que pueda prosperar la acción de protección se exige la existencia de derechos indubitados, es decir, de derechos cuya existencia y titularidad carezca de discusión o aparezcan en forma incontrovertible de los antecedentes aportados en la presentación del recurrente.

Así, sostiene que no es efectivo que "las actividades de los colegios se encuentran totalmente suspendidas". La resolución exenta N°180 del Ministerio de Salud dispuso "Suspéndanse las clases en todos los jardines infantiles y colegios del país, por un periodo de dos semanas, a contar de hoy", posteriormente, se dictaron otras resoluciones exentas por el Ministerio de Salud, N°208, N°210, N°212, que dispusieron "Suspéndanse presencialmente las clases en todos los jardines infantiles y establecimientos educacionales del país, pudiendo continuar la prestación del servicio educacional de manera remota, conforme a los criterios que establezca el Ministerio de Educación...", variando en cada una, la fecha de vigencia de la medida, según fueren las decisiones de la autoridad. Por último, el Ministerio de Educación, terminado el periodo anticipado de las vacaciones de invierno, dispuso que las clases presenciales se suspenden hasta que las condiciones sanitarias permitan un retorno gradual. Hace presente que el Colegio Inglés Católico de La Serena S.A. no ha interrumpido en ningún momento la prestación de servicios educacionales, y ha continuado dando clases no presenciales a través de la plataforma "Moodle", lo que implica que está dando cumplimiento al contrato de prestación de servicios educacionales celebrado con sus respectivos apoderados, y éstos deben, a su vez, dar cumplimiento a las obligaciones de pago de colegiatura asumidas en el mismo.

En sede proteccional, no es dable una discusión para obtener la declaración de un derecho, mediante la interpretación que corresponde dar a un instrumento contractual, en este caso en particular, en cuanto a los términos del contrato de prestación de servicios educacionales que vincula a las recurrentes con el colegio recurrido. Existiendo controversia acerca del cumplimiento o incumplimiento de la relación contractual de consumo, no es esta sede de excepción la que debe conocer y resolver la reclamación deducida, la cual, desde luego, presupone un conflicto de intereses de lato conocimiento, declarativo de derechos cuestionados, y ante una judicatura especial.

En consecuencia, el recurso de protección no es la vía judicial pertinente para perseguir la tutela judicial que pretenden las recurrentes, por lo que corresponde su rechazo, con costas.

Por otro lado, las recurrentes sostienen que su mandante debía prestar los servicios educacionales contratados en su establecimiento ubicado en domicilio reservado, los que no se están prestando en la forma en que fueron contratados, pues desde el 16 de marzo "no han tenido clases presenciales y tampoco han sido constantes como deberán ser y de la forma contratada". Denuncian que el Colegio incurre en "situaciones por una parte arbitrarias e ilegales en el sentido que exige el cumplimiento del pago de los servicios sin cumplir con su contraprestación y por otra, se comete un acto ilegal que vulnera la garantía constitucional de derecho a la propiedad, porque se intenta modificar unilateralmente el contrato, obedeciendo ello sólo a la voluntad de la recurrida, sin negociar una posible modificación son sus contrapartes en el contrato de prestación de servicios educacionales".

El recurso promovido sobre estos fundamentos debe ser rechazado, con costas. En primer lugar, menester es señalar que el objeto del contrato de prestación de servicios educacionales es la entrega de educación, bajo determinadas condiciones que la habilitan para ser reconocida oficialmente por el Estado, y que se encuentran reguladas en el artículo 46 de la Ley General de Educación (LGE). Además, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley General de Educación y Decreto Supremo N°289 de 2010 del Ministerio de Educación, los sostenedores deben cumplir con un calendario escolar regional, de carácter anual.

De ahí que, como señala la Superintendencia de Educación en Ordinario 0621 de 25 de marzo de 2020 (apartado "3. Síntesis y opinión de este Servicio"), "El objeto del contrato de prestación de servicios educacionales celebrado con un establecimiento reconocido oficialmente por el Estado, subvencionado o particular pagado, es la entrega de educación bajo las condiciones que impone la normativa legal y reglamentaria aplicable, las cuales no son fraccionables".

Ahora bien, con ocasión de la emergencia sanitaria producto del COVID 19 que afecta al país, el Ministerio de Salud, ha venido dictado una serie de Resoluciones Exentas regulando y suspendiendo distintas actividades para evitar la propagación del virus. En este sentido, el 16 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud dictó la Resolución Exenta N°180 que dispuso "Suspéndanse las clases en todos los jardines infantiles y colegios del país, por un periodo de dos semanas, a contar de hoy". Con posterioridad, la autoridad sanitaria dictó, entre otras, las resoluciones exentas N°208, N°210, N°212, que dispusieron "Suspéndanse presencialmente las clases en todos los jardines infantiles y establecimientos educacionales del país, pudiendo continuar la prestación del servicio educacional de manera remota, conforme a los criterios que establezca el Ministerio de Educación...", variando en cada una de las resoluciones, la fecha de vigencia de las medidas. Por último, el Ministerio de Educación, terminado el período anticipado de las vacaciones de invierno que se extendió entre el 13 y el 24 de abril de 2020, dispuso que las clases presenciales se suspenden hasta que las condiciones sanitarias permitan un retorno gradual.

El día 16 de marzo de 2020, al momento de tomar conocimiento de la resolución ministerial que ordenó la suspensión de clases en todos los colegios del país, la Unidad de Gestión Curricular (UGC), los Coordinadores de Ciclo de Enseñanza inicial, básica y media, el Área de nombre reservado (ADP) y el Vicerrector y Coordinador de Convivencia Escolar, definieron como plataforma de trabajo con los alumnos el "Sistema Moodle", que se encontraba implementado en el Colegio desde al año 2011. Asimismo, se reunieron con la comunidad de funcionarios para explicar los lineamientos institucionales que seguirían para enfrentar la contingencia educativa a partir del martes 17 de marzo de 2020.

De esta manera se fueron definiendo las siguientes áreas:

1.- Aula Virtual.

El mismo día 17 de marzo de 2020, Rectoría envió una carta explicativa a Padres y Apoderados, a través de los profesores jefes, para explicar cómo se había decidido enfrentar la contingencia a través de guías de autoaprendizaje que serían entregadas a través de la Plataforma Moodle. Además, se comunicó a los apoderados sobre la entrega por el Colegio, de los insumos en papel para que las familias imprimieran los materiales.

A las 24 horas de decretada la suspensión de clases por la autoridad sanitaria, se encontraba instaurada esta modalidad de trabajo para los alumnos, mientras los equipos de apoyo técnico del Colegio simultáneamente desarrollaron una propuesta de instalación de un Sistema de Aula Virtual. Para ello consideraron la información técnica pedagógica y psicológica que le fue aportada por los distintos profesionales que trabajan en el Colegio, concluyendo que la exposición a pantalla de los alumnos debía ser diferenciada por curso, yendo en aumento a medida que se subía de cursos y ejecutándose en dos modalidades: clases sincrónicas (presenciales en tiempo real entre profesores y alumnos) para asignaturas de Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales e Inglés con carga horaria ajustada de acuerdo a la madurez de los alumnos; y clases asincrónicas (grabadas por los docentes) para las restantes asignaturas, con un tiempo limitado, no superior a 45 minutos. La implementación de la modalidad de Aula Virtual se desarrolló en etapas (instalación, acomodación, evaluación y retroalimentación), quedando organizada la actividad por etapa escolar (párvulo, básica de 1° a 4°), desde 5° básico a IV° Medio; y asignado horas sincrónicas y asincrónicas y hora por asignatura, que se desarrollan entre las 8.30 horas y las 17.00 horas de lunes a viernes, según se explica en el documento "Informe proceso pedagógico implementación Aula Virtual".

Siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación en el texto "Orientación al sistema escolar en contexto COVID-19”, de fecha 27 de marzo de 2020, el Colegio Inglés Católico orientó a sus docentes a hacer los ajustes necesarios a los Objetivos de Aprendizaje prescritos por Mineduc, para ser cubiertos a través de la modalidad de clases en línea, determinando una aplicación progresiva de exposición a la pantalla, atendida la edad de madurez de los estudiantes.

A los alumnos y familia se les ha ido informando semana a semana de horarios y demás avances del plan educativo instaurado a través de comunicaciones por correo electrónico.

2.- Convivencia Escolar.

A partir de la segunda semana de clases, los funcionarios encargados de Convivencia Escolar comenzaron a participar de las clases sincrónicas de los distintos cursos, en un comienzo de 5° Básico a IV° Medio y luego desde 1° Básico, para controlar la sana convivencia, control de asistencia, utilización de la cámara, etc.

También hubo un trabajo importante para que los alumnos con evaluación diferenciada, pudieran enfrentar el aula virtual, al igual para aquellos alumnos alcanzados por el Proyecto de Inclusión del colegio, a quienes se les ha hecho entrevistas virtuales a ellos y sus familias, confección de material ajustado y la guía técnica para enfrentar este nuevo formato.

3.- Orientación Vocacional.

El área de Orientación Vocacional del Colegio siguió trabajando con los alumnos de cuarto medio. Se les aplicó vía online, en la semana del 16 al 20 de marzo de 2020 la prueba Psicometrix para IV y II medio (evaluación financiada 100% por el Colegio, para determinar aptitudes cognitivas, intereses profesionales, inteligencias múltiples, etc), entregándose los resultados en entrevista vocacional con el alumno y su familia donde se detalló e interpretó el instrumento, vía videoconferencia.

4.- Comunicaciones con apoderados.

Desde el 16 de marzo de 2020 los profesores jefes han mantenido comunicación con los apoderados de sus cursos en general y con las familias por separado. Lo mismo han hecho profesores de asignatura para comunicarse con las familias para tratar temas individuales de los alumnos.

Asimismo, los profesores jefes han realizado las Reuniones de Apoderados a través de video conferencias.

Por otra parte, la Unidad de Gestión Curricular realizó reunión con las directivas de subcentros de padres, para explicar en qué consistía Aula Virtual implementada por el Colegio, para que estas directivas transmitieran la información a los demás padres.

5.- Apoyo emocional.

Se planificaron y organizaron las asignaturas de índole más artístico y deportivo en las tardes de todas las semanas para que los alumnos tuvieran actividades de formato más recreativo y menos academicista en el término del día. El apoyo del área de psicología ha sido fundamental con difusión de Infografía temática sobre consejos psicológicos y emocionales difundidos a través de los medios virtuales de comunicación del colegio (correos electrónicos, Instagram, Facebook y Twitter) y otros informales (Whatsapp), cuyos ejemplos constan en documento "Informe proceso pedagógico implementación aula virtual". Asimismo, se ha evaluado estado de salud emocional de los alumnos a través de contactos con ellos por requerimientos de familias o docentes y se han hecho seguimientos con todos los alumnos y apoderados que han requerido contención orientación y apoyo, mediante videollamadas además de la generación de videos para la comunidad educativa con tips de autocuidado para este período.

6.- Área pastoral En lo que dice relación al área pastoral del Colegio, para los alumnos de cuarto básico (que iniciaron su preparación a catequesis en el año 2019), se está desarrollando la Catequesis usando la asignatura de religión. Por su parte, los alumnos de tercero medio que iniciaron en el año 2019 el proceso de preparación a la confirmación (22 alumnos de un total de 66), se optó por una guía a través de las clases de religión y la agenda de una nueva fecha con el Obispo para este sacramento una vez que se acabe la situación de emergencia.

7.- Academias extraescolares.

Las academias extraescolares son aquellas que se desarrollan por sobre la propuesta curricular del Ministerio de Educación, no tienen carácter de obligatorias, son voluntarias, de tipo artístico/cultural y deportivas. El alumno normalmente puede elegir dos actividades (de un total de 16 academias que ofrece el colegio para todo el alumnado), que no tienen costo extra para los apoderados, y se ejecutan fundamentalmente en espacios habilitados para esto.

Dada la contingencia, considerando que estas actividades no son obligatorias y que no habían alcanzado a iniciar al 16 de marzo de 2020, se optó por no adaptarlas al formato de Aula Virtual por su falta de pertinencia en el contexto de crisis.

De todo lo expuesto e informes acompañados, queda en evidencia la falsedad de las afirmaciones de las recurrentes en cuanto a las prestaciones supuestamente incumplidas por Colegio Inglés Católico de La Serena S.A.

Así lo ha reconocido el Centro General de Padres en carta fechada el 30 de abril de 2020, cuya copia acompaña en un otrosí y en la que textualmente, se reconoce: "Como representantes del Centro de Padres del CICLS y que además somos apoderados de alumnos de diversos cursos del colegio, queremos resaltar que ante la situación excepcional que se está enfrentando a nivel mundial, la Dirección del establecimiento implementó un nuevo Sistema de comunicación a lo ya existente en la Plataforma Moodle, lo que ha permitido la organización de un sistema de clases online y de trabajo con profesores en línea, haciendo clases y resolviendo dudas y mejorando posibles errores, lo que está permitiendo a los alumnos tener un progreso académico y una evaluación constante, mediante la retroalimentación de sus profesores." Su mandante ha venido dando cumplimiento a su obligación de impartir enseñanza de acuerdo con sus planes de estudio y acorde a las normativas impuestas por la autoridad sanitaria y el Ministerio de Educación durante la pandemia que nos aqueja.

La Superintendencia de Educación, en Ordinario 0621 de 25 de marzo de 2020 sobre requerimientos relacionados con la exigibilidad de los pagos previstos como contraprestación del servicio educativo a raíz de la suspensión de clases decretada por el Ministerio de Salud, mediante Resolución Exenta N°180 de 16 de marzo de 2020, en el marco de los contratos de prestación de servicios educacionales celebrados por sostenedores de establecimientos educacionales particulares pagados, en el apartado "3. Síntesis y opinión de este Servicio", establece: "3.2 La suspensión de clases bajo circunstancias excepcionales de caso fortuito o fuerza mayor, es una circunstancia expresamente prevista por la normativa educacional, al igual que sus efectos. En este caso particular, cada establecimiento educacional particular pagado deberá, en base a su autonomía, obtener la aprobación por parte de las autoridades competentes del Ministerio de Educación, de los mecanismos de recuperación que le permitan cumplir con el objeto del contrato, pudiendo autorizarse la implementación de medidas pedagógicas distintas a la reprogramación de clases en forma presencial.

En ese orden de ideas, cabe reiterar lo apuntado en el Ord. del antecedente (Ord. 540 de 17 de marzo de 2020) y en el Dictamen N°53 de este origen, entorno a que, dado que la medida de suspensión de clases decretada por el Ministerio de Salud, se origina en una grave emergencia de salud pública, que constituye fuerza mayor, los órganos competentes, en ejercicio de sus facultades, deben adoptar las medidas necesarias para proceder con apego a los mandatos de mensurabilidad, razonabilidad y proporcionalidad que deben regir la actuación de los órganos de la Administración del Estado.

3.3. El contrato de prestación de servicios educativos es de carácter anual y los estudiantes tienen derecho a permanecer en los establecimientos educacionales hasta el término del año escolar, con independencia del cumplimiento de las obligaciones de pago previstas en los contratos de prestación de servicios educacionales. Como lógica contrapartida, por regla general, los sostenedores tendrían derecho a exigir el pago de las prestaciones acordadas, aún cuando, durante el año se produzcan circunstancias excepcionales como la suspensión de clases a que se refiere este documento, sobre todo en tanto se adopten las medidas que exige la normativa educacional para velar por el cumplimiento de los planes de estudios.

Asimismo, destaca que el Colegio, por carta de fecha 27 de marzo de 2020, invitó a todas las familias de la comunidad escolar, que debido a la crisis sanitaria se vieran en el complejo escenario de perder su fuente laboral y/o que sus ingresos se proyectaren disminuidos en lo inmediato, para que presentaran formalmente y de forma individual, su problemática familiar y propusieran una forma de solución posible. El colegio se comprometió a evaluar cada caso en forma confidencial, de manera de propiciar soluciones acordes a la realidad del colegio y de las familias. En este contexto, de todo el universo de apoderados, fueron 67 familias quienes formularon solicitudes económicas, 22 de ellas solicitaron dejar de pagar o rebajar aranceles (entre las que se encuentran las recurrentes) y con el resto de familias, se lograron acuerdos para reestructurar el calendario de pagos comprometidos para este año.

El Colegio Inglés Católico de La Serena S.A. no puede dejar de percibir las colegiaturas de sus alumnos, de lo contrario, se pone en juego la continuidad de la prestación del servicio educativo y el propio proyecto educativo, pues tratándose de un establecimiento educacional particular pagado, no recibe ningún apoyo económico externo y se sustenta económicamente sólo con las mensualidades pagadas por sus apoderados.

Es necesario contar con los pagos de los apoderados para poder responder, a su vez, al pago de las remuneraciones de los profesores y de todo el personal que se encuentra trabajando arduamente para cumplir con la prestación de servicios educacionales al alumnado.

Finalmente, refiere que es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o bien, arbitrario; y que, enseguida provoque la afectación a una o más de las garantías protegidas constitucionalmente.

De este modo, según se ha dicho, no existe actuar ilegal ni arbitrario de su representado a la medida objeto de la presente acción constitucional por lo que, no se pueden considerar afectadas las garantías constitucionales mencionadas en el recurso.

A mayor abundamiento, no hay vulneración al derecho de propiedad, porque la prestación debida por la contraparte fue convenida en el contrato de prestación de servicios educacionales celebrado con mi parte. El contrato es ley para las partes y Colegio Inglés Católico de La Serena se encuentra dando cumplimiento al contrato de prestación de servicios educacionales, que es de carácter anual, y los apoderados están obligados a cumplir las obligaciones asumidas en dicho contrato y en consecuencia, a pagar el valor convenido por los servicios.

Tampoco hay vulneración al derecho a la educación por cuanto, según ampliamente se ha señalado y consta de los informes acompañados en el primer otrosí, se está cumpliendo con la obligación de impartir enseñanza, en la forma que las autoridades sanitarias y educacionales y el Colegio han determinado.

Por lo expuesto, solicita el rechazo del recurso de protección en todos sus términos, con expresa condena en costas.

En apoyo a sus alegaciones, acompañó los siguientes documentos: 1. Informe proceso pedagógico implementación Aula Virtual. 2. Informe y descripción modalidad de trabajo área pastoral y sus servicios a la comunidad. 3. Informe sobre academias extraescolares. 4. Correo y Carta del Centro General de Padres de Abril 2020. 5. Carta respuesta del Colegio a familia nombre reservado sobre la solicitud de rebaja de aranceles. 6. Ordinario 0621 de la Superintendencia de Educación de fecha 25 de marzo 2020.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que, para una adecuada inteligencia del asunto, es preciso tener presente, en primer lugar, que en virtud de la crisis sanitaria que atraviesa el país, se dictó el 18 de marzo de 2020, por el Sr. Presidente de la República el Decreto N°104 que declaró estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio chileno por un plazo de 90 días, el que actualmente se encuentra prorrogado.

A su vez, con fecha 16 de marzo de 2020, el Ministerio de Educación decretó la suspensión de clases presenciales para todo el sistema escolar y parvulario, en todo el territorio nacional, medida que se mantiene hasta la fecha.

Además, se ha de considerar que es un hecho conocido que los servicios educacionales en los establecimientos públicos y privados, están siendo prestados en una modalidad diferente a la presencial, esencialmente de manera remota y a través de los recursos tecnológicos disponibles. En efecto, esa es la forma que han tenido que operar los prestadores de servicios educacionales atendidas las restricciones e imposiciones de las autoridades sanitarias y educacionales. Y es la modalidad adoptada por la institución educacional recurrida y que cuestionan esencialmente las recurrentes.

Quinto: Que ha objeto de resolver lo que corresponda, ha de hacerse notar, por una parte, que del contenido del arbitrio constitucional se advierte que en definitiva se ha calificado como un “incumplimiento contractual” la forma en la que actualmente la recurrida se encuentra desarrollando sus actividades educacionales, que no corresponderían a las pactadas, de manera que aquello ameritaría una rebaja o revisión del monto de colegiatura o aranceles que deben seguir satisfaciendo las recurrentes, no obstante todas las deficiencias acusadas.

Sin embargo, desde el otro ángulo, corresponde apreciar que de lo informado por el ente recurrido, aparece que en su concepto ha dado cumplimiento a su obligación de impartir enseñanza de acuerdo con sus planes de estudio y acorde a las normativas impuestas por la autoridad sanitaria y el Ministerio de Educación durante el estado de pandemia. Además, justifican su derecho a seguir recibiendo las colegiaturas de sus alumnos puesto que de lo contrario, se pondría en juego la continuidad de la prestación del servicio educativo ya que tratándose de un establecimiento educacional particular pagado, no recibe ningún apoyo económico externo y se sustenta económicamente sólo con las mensualidades pagadas por sus apoderados. Sin perjuicio de lo anterior respecto de este último tema, expresaron haber dado un trato especial a algunos apoderados de acuerdo con sus particulares situaciones.

Sexto: Que así las cosas, tal como se ha explicado en el motivo tercero de este fallo a propósito de las características del recurso deducido, la presente acción de cautela de derechos constitucionales, constituye a no dudar, una vía destinada a dar protección respecto de aquellos cuya existencia aparezca indubitada y no discutidos, sin que pueda llegar a constituirse en una instancia de declaración de tales derechos.

En consecuencia, no resulta procedente que en ese ámbito, esta Corte conozca de una controversia acerca del cumplimiento o incumplimiento de la relación contractual que liga a las recurrentes con el establecimiento educacional recurrido, y que regla la prestación de los servicios educacionales en los términos que ha sido presentada. Por cierto que existe un conflicto de intereses, pero su conocimiento, su discusión, la instancia de prueba y aquella de determinación, sin duda que deben ser planteados a través del ejercicio de la acción procesal pertinente que provoque un juicio de lato conocimiento para así obtener la tutela judicial que se pretenda y que sea en justicia la que corresponda.

Entretanto, el recurso de protección deducido deberá ir a su indefectible rechazo.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por doña nombre reservado y doña nombre reservado, en contra del Colegio Inglés Católico de La Serena S.A.

No se condena en costas a las recurrentes por estimar que han tenido motivos plausibles para intentar la acción.

Regístrese y notifíquese.

Redacción del ministro don Juan Pedro Shertzer Díaz.

Rol Nº690-2020.-