nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado, nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol Nº6878-2022 La Serena, once de noviembre de dos mil veintidós.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparecen don nombre reservado y don nombre reservado, ambos abogados, interponiendo acción constitucional de protección a favor de doña nombre reservado, empleada, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, todos con domicilio en domicilio reservado, dirigida en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representado por don nombre reservado, Sociólogo, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana de Santiago, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la omisión de pronunciamiento sobre la solicitud de permanencia definitiva del recurrente, señalando que dicha omisión vulnera el derecho fundamental de la igualdad ante la ley del artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente ingresó al país en calidad de turista y, luego estando dentro del territorio, cambió su condición migratoria a residente con visa temporaria otorgada, con el propósito de establecerse y desarrollar su proyecto de vida en Chile. Agrega que con fecha 13 de agosto de 2020 solicitó el beneficio de permanencia definitiva.

No obstante, indica que a la fecha no ha recibido ninguna respuesta por parte de la recurrida, habiendo ya efectuado el pago de los derechos respectivos, lo que la mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre ante un trámite por demás demorado, situación que vulnera su derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 Nº2 de la Constitución Política.

En este sentido, destaca lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de la Ley Nº 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, en particular los artículos 7 y 27 que regulan el principio de celeridad, con la obligación de impulsar el procedimiento de oficio. Del mismo modo, hace referencia al artículo 9 del mismo cuerpo legal, en cuanto al principio de economía procedimental, que establece que la Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por lo anterior, solicita acoger la acción interpuesta, y ordenar a la recurrida que se pronuncie sobre la solicitud de permanencia definitiva del recurrente, en un plazo no superior a treinta días corridos o el que el tribunal estime en derecho, adoptando las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho, con condena en costas.

Acompaña a su presentación: 1. Comprobante de solicitud de permanencia definitiva. 2. Estampado de visa 3. Cédula de identidad para extranjeros. 4. Comprobante de pago del beneficio migratorio.

SEGUNDO: Que, a folio 4 compareció la recurrida SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES (ex Departamento de Extranjería y Migración), informando al tenor del recurso, y solicitando el rechazo de la acción por improcedente, al no existir acción u omisión ilegal o arbitraria, que pueda atentar contra alguno de los derechos constitucionales garantizados en el artículo 20 de la Carta Política.

Informó que con fecha 13 de agosto de 2020, la recurrente solicitó ante el Servicio Nacional de Migraciones el beneficio migratorio de residencia definitiva.

Luego, con fecha 13 de agosto de 2021, se le notifica a la recurrente que su solicitud se encuentra incompleta o insuficiente y se le otorga plazo de 5 días para subsanar, de lo contrario, se entenderá como desistida su solicitud.

Refiere que, a la fecha, la recurrente no ha subsanado lo requerido por la autoridad migratoria.

Con fecha 20 de octubre de 2022, se dicta Resolución Exenta N°22452308, en virtud del cual se le notifica que se le aplica sanción pecuniaria de $14.899 por haber desarrollado actividades remuneradas sin estar habilitado o autorizado para ello.

Agrega que encontrándose en tramitación la solicitud de permanencia definitiva del recurrente, éste mantiene una situación migratoria regular en el territorio nacional, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 38 y 45 de la Ley de Migración y Extranjería, como también en su artículo 43, conforme a los cuales la residencia regular se acredita con el Certificado de Residencia en trámite.

Añade, que conforme al artículo 45 de la Ley de Migración y Extranjería, los extranjeros pueden acreditar su situación regular con su cédula de identidad vigente, la que conforme al artículo 43 de la Ley mantiene su vigencia con el mérito del Certificado de permanencia definitiva en trámite.

En cuanto al tiempo de tramitación, indica que no es efectivo que se esté dando un trato desigual al recurrente, ya que su solicitud ha seguido la misma tramitación para cualquier extranjero. Agrega, además, que el plazo previsto en el artículo 27 de la Ley 19.880, conforme a diversos fallos que cita, no es de carácter fatal, y que al solicitante se le ha otorgado el documento que acredita su residencia legal.

Agrega, que la vía idónea para alegar la falta de respuesta de la Administración, es la figura del silencio administrativo, establecido en los artículos 64 y 65 de la Ley Nº19.880, invocando para ello el voto disidente contenido en sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema con fecha 7 de julio de 2022.

Finalmente, alega que el abuso de la vía judicial ha vulnerado la garantía de la igualdad ante la ley de los demás solicitantes de permisos de residencia que, siguiendo la tramitación regular del procedimiento, no han utilizado la vía de la acción de protección para obtener la aceleración en la tramitación de su solicitud, circunstancia que pugna con la garantía de igualdad ante la ley.

Por lo anterior, solicitó el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de dicha autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20.

Acompañó a su presentación: 1. Copia de escritura pública de mandato judicial Repertorio N°1361/2022, otorgada ante la Notaría de Coquimbo, de don nombre reservado. 2. Publicación de Resolución Exenta N°50.422, de fecha 9 de junio de 2022, del Director Nacional del Servicio nacional de Migraciones en el Diario Oficial del día 22 de junio de 2022. 3. Circular N° 12 del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 24 de noviembre de 2021. 4. Notificación de fecha 22 de septiembre de 2021. 5. Resolución Exenta N°22452308 de fecha 20 de octubre de 2022 del Servicio Nacional de Migraciones.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de permanencia definitiva presentada, lo cual califica el actor de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica.

Solicita que se ordene al recurrido acoger a trámite sin más demora su solicitud o bien adoptar las medidas que se estimen apropiadas para resguardar y restablecer el imperio del derecho.

SEXTO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N° 19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

SÉPTIMO: Que, no obstante, de acuerdo a los antecedentes que obran en autos, aparece que mediante resolución de fecha 13 de agosto de 2021, la recurrida informó a la actora que su solicitud de residencia definitiva no se encuentra en condiciones de avanzar a la siguiente etapa de análisis, por cuanto no presentó a su solicitud certificado de vigencia de contrato de trabajo, certificado histórico de cotizaciones de salud, y demás antecedentes solicitados, otorgándosele un plazo de 5 días hábiles para subsanar la situación.

Que, si bien consta que a folio 8, la recurrente acompañó a estos autos Solicitud de antecedentes y pago de derechos, Pasaporte, Certificado de antecedentes penales del país de origen, Certificado de cotizaciones Fonasa, Certificado de cotizaciones AFP, y Comprobante de pago de beneficios migratorios; no obstante, no consta de que haya cumplido con enviar dicha documentación al Servicio de Migraciones, órgano que en definitiva es el competente para analizar si corresponden a los documentos solicitados y si cumplen con los requisitos respectivos.

OCTAVO: Que, conforme a lo expuesto, no se advierte la existencia de alguna omisión en el actuar de la recurrida, pues ésta se ha pronunciado en relación a la solicitud de residencia de la recurrente, habiendo solicitado la documentación requerida que la actora no ha demostrado haber remitido al Servicio recurrido.

Así las cosas, se ha verificado que el impulso en la prosecución de la tramitación administrativa actualmente se radica en la actora, quien no ha acreditado en autos haber cumplido con la obligación de acompañar los antecedentes faltantes para continuar con la tramitación de la mentada residencia. Por lo señalado, es que la acción de protección deberá desestimarse, al no existir una omisión ilegal o arbitraria de parte de la recurrida.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones (ex Departamento de Extranjería y Migración) dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 6878-2022 (Protección).