nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CANELA

nombre reservado

I. Municipalidad de Canela Recurso de Protección Rol N°687-2025 La Serena, dieciséis de mayo de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, comparece don Hernán Jorquera Rodríguez, abogado en representación de nombre reservado, e interpone acción de protección en contra de la I. Municipalidad de Canela, representada por su alcalde Waldo Contreras Cortes.

Indica que el 11 de noviembre de 2024, la I. Municipalidad de Canela emitió el Decreto N°1477, suscrito por el entonces alcalde Juan Bernardo Leyton Lemus, mediante el cual se ordenó una investigación sumaria contra el Sr. nombre reservado por supuesto acoso laboral y/o sexual, según una denuncia interpuesta en su contra.

Aclara que el momento de la interposición del recurso, el Sr. nombre reservado mantiene un vínculo contractual con la municipalidad recurrida mediante un contrato de honorarios vigente, suscrito el 1 de enero del presente año. Este contrato es posterior al decreto que ordenó la investigación. Anteriormente, el Sr. nombre reservado también tenía la calidad de contratado a honorarios, contrato que se extinguió el 31 de diciembre de 2024.

Fundamenta su recurso en la aplicación del artículo 4° de la Ley 18.883, Estatuto Administrativo Municipal, que establece que las personas contratadas a honorarios "se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto". Conforme a esta disposición, el recurrente argumenta que fue contratado a honorarios para realizar cometidos específicos, desarrollando actividades y funciones de coordinación en los ámbitos de desarrollo económico-productivo y sustentabilidad ambiental. Al ser un profesional contratado a honorarios, el Sr. nombre reservado no tiene la calidad de funcionario público y su relación con la municipalidad se rige exclusivamente por las estipulaciones de su contrato y por las normas civiles de arrendamiento de servicios inmateriales.

Dice que el Estatuto Administrativo Municipal no es aplicable a su situación contractual, por lo que la investigación sumaria ordenada no tiene fundamento legal y transgrede el marco normativo vigente, añade que aunque se estime que los contratados a honorarios deben respetar los principios de probidad invocados para la instrucción del sumario, estos contratados carecen de responsabilidad administrativa.

Sostiene que la actuación de la municipalidad constituye una violación de la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N°3 inciso 4° de la Constitución Política de la República, que establece que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal que señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta.

Argumenta que la municipalidad recurrida, al instruir una investigación sumaria contra una persona contratada a honorarios, está asumiendo funciones de juzgamiento que constitucionalmente pertenecen a los tribunales de justicia. Esto transforma a la recurrida y a la fiscalía administrativa designada en una comisión especial prohibida por la Constitución.

Adicionalmente, el recurrente señala que concluir lo opuesto significaría reconocer un vínculo laboral regido por el Código del Trabajo y no un contrato de honorarios.

Expone que desde el punto de vista jurídico, la situación es clara en cuanto a que se violan principios del debido proceso que constituyen estándares de garantía que no pueden ser vulnerados por el órgano administrativo, abarcando competencias que le están expresamente prohibidas según el artículo 4° del Estatuto Administrativo Municipal.

Pide se resuelva dando protección a los derechos de la recurrente anulando primero el decreto que ordena la investigación por apartarse de los principios básicos del debido proceso y con ello se deje sin efecto lo resuelto; dado que además provoca la consecuencia de transformar a la recurrida en una comisión especial infringiendo lo previsto en el artículo 19 Nº3 inciso 4º de la Constitución Política de la República y sin perjuicio de todo lo anterior se determinen y tomen todas las medidas necesarias y que se estimen convenientes para el debido resguardo de los derechos constitucionales conculcados, con costas.

Se acompañan como documentos: el Decreto N°1477 de la Municipalidad de Canela que ordena la investigación sumaria, y el contrato de honorarios vigente a la fecha, suscrito el 1 de enero del presente año.

SEGUNDO: Que comparece por la Municipalidad de Canela la abogada Kallina Fernanda Espinoza Ossandón, quien solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto por Hernán Jorquera Rodríguez en representación de nombre reservado.

En primer lugar, alega la extemporaneidad de la acción, ya que según consta en el expediente, el Decreto N°1477 fue notificado al recurrente el 17.12.2024, mientras que el recurso fue interpuesto el 28.04.2025 a las 14:39:29 horas. Conforme al Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, el plazo fatal para su interposición es de 30 días corridos desde la ejecución del acto o desde que se tuvo conocimiento del mismo. Por tanto, el plazo habría caducado el 17.01.2025, haciendo extemporánea la acción.

Luego indica que su actuación fue ajustada a la normativa legal y constitucional, al respecto informa que el 05.11.2024, mediante Memorándum N°24, la abogada del Municipio comunicó al entonces edil nombre reservado la recepción de denuncias por acoso laboral y sexual (N°669 y N°694) contra el Sr. nombre reservado, sugiriendo iniciar un proceso de investigación conforme al Protocolo de Acoso Sexual, Laboral y Violencia en el Trabajo aprobado por decreto alcaldicio N°1151 del 04.09.2024.

Enfatiza que el Sr. nombre reservado ha sido denunciado por supuestas conductas de maltrato psicológico, acoso sexual, acoso laboral, abuso de poder y conductas incívicas por dos prestadoras de servicios a honorarios del Municipio. Además, se destaca que en la cláusula décima del contrato suscrito por el Sr. nombre reservado se establece como causal de término la falta de probidad y conductas de acoso sexual y laboral debidamente comprobadas.

Reconoce que el Sr. nombre reservado fue contratado a honorarios para desempeñarse como coordinador de la Unidad Operativa Territorial en el marco del Programa Agropecuario para el desarrollo integral de los pequeños campesinos (PADIS), en virtud de un convenio entre el Municipio y el Instituto de Desarrollo Agropecuario.

Cita jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República (Dictamen E364680N23 del 06.07.2023) que establece que el personal contratado a honorarios, si bien no son funcionarios públicos, tienen carácter de servidores estatales y realizan una función pública. Adicionalmente, se invoca la Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que obliga a los órganos administrativos a tomar medidas para prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral y sexual.

Aclara que lo instruido no es una investigación sumaria propiamente tal, sino un "Procedimiento Especial Breve Investigación", establecido en el Protocolo de Prevención del Acoso Sexual, Laboral y Violencia en el Trabajo de la Municipalidad. Este procedimiento se aplica específicamente a quienes no son funcionarios municipales o no se rigen por el Estatuto Administrativo, como es el caso del personal a honorarios.

Menciona la Ley N°21.643 que modificó el Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, que obliga a las municipalidades a dictar protocolos de prevención.

En cuanto a la garantía constitucional supuestamente afectada, argumenta que esta garantía no se refiere a tribunales especiales por materia, sino a tribunales ad hoc creados para juzgar casos específicos sin garantías de imparcialidad. Sostiene que existe pleno consenso en reconocer las facultades inspectivas y sancionatorias de la Administración, sin que ello implique actuar como comisión especial, especialmente considerando que existen acciones judiciales para revisar la legalidad de la actuación administrativa.

Concluye solicitando el rechazo del recurso por la extemporaneidad en su presentación y porque la actuación municipal se ajusta a derecho, no existiendo ilegalidad ni arbitrariedad que amerite intervención judicial.

Finalmente, solicita tener por evacuado el informe y declarar que no ha lugar al recurso impetrado, con costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Protocolo de Prevención del acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo de la Ilustre Municipalidad de Canela. 2.- Decreto Nº1151 del 04.11.2024 que sanciona el protocolo mencionado. 3.- Acta de Notificación al Sr. nombre reservado de fecha 17.12.2024, para ser citado a declarar por Procedimiento Especial Breve Investigación instruido según el Decreto Alcaldicio Nº1477 de fecha 11.11.2024.

TERCERO: Que para el análisis del asunto planteado en estos autos, resulta conveniente recordar que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

CUARTO: Que, de los antecedentes acompañados por la recurrida Municipalidad de Canela, consta que el recurrente fue notificado del Decreto Alcaldicio N°1477 de 11 de noviembre de 2024, el cual impugna a través de esta vía, el día diecisiete de diciembre del año recién pasado.

En razón de lo anterior, se encuentra establecido que el recurrente tenía conocimiento del acto administrativo que impugna a través de estos autos desde al menos el mes de diciembre de dos mil veinticuatro, constando además que interpuso la presente acción constitucional con fecha veintiocho de abril de los corrientes, razón suficiente para rechazar la presente acción por extemporánea.

QUINTO: Que, a mayor abundamiento, y en cuanto al fondo del recurso, es menester tener presente que este se funda en la supuesta ilegalidad de la resolución que dispone la investigación sumaria breve, que se materializa mediante la resolución exenta N°1477, de 11 de noviembre de 2024.

Al respecto, cabe destacar que la decisión de la Municipalidad recurrida se basa en la reglamentación establecida en el Protocolo de Prevención del acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, aprobado por el Decreto Alcaldicio N°1151, de 4 de septiembre de 2024, el que tiene como basamento los principios establecidos por la Ley 21.643, cuyo objetivo principal es, precisamente, la prevención de las conductas calificadas como de acoso o violencia. Además, esta ley refuerza una cultura de promoción de un ambiente de trabajo ético y respetuoso, la que es esencial para mantener la integridad, bienestar y seguridad de las y los trabajadores de la Municipalidad.

SEXTO: Que, sobre lo expresado, esta Corte, luego de revisar los antecedentes allegados al presente recurso, no se ha podido constatar las ilegalidades o arbitrariedades señaladas por la recurrente, toda vez que la decisión de la municipalidad se ajusta a la legalidad y no es arbitraria, al contar con la fundamentación razonable exigida por la Carta Fundamental.

SÉPTIMO: Que, para ello debe tenerse presente que el recurso de protección de garantías constitucionales no constituye un mecanismo para reprochar actuaciones de toda clase de autoridades que dictan resoluciones en el marco de sus legítimas atribuciones, como ha sido en la especie.

Por estas consideraciones y conforme a lo dispuesto, además, por los artículos 19 y 20 de la Constitución Política y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Canela.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°687-2025. Protección.-