nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

nombre reservado

Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Recurso de protección Rol N°686-2025.- La Serena, quince de mayo dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don Pablo Peñaloza Parra, abogado, en favor de don nombre reservado, venezolano, deduciendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., señalando como acto ilegal y arbitrario el rechazo a la solicitud de retiro de fondos para extranjero, comunicado el 11 de abril de 2025, lo que vulnera el legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que el recurrente solicitó a la recurrida la devolución de fondos previsionales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N°18.156 y, al efecto, cita los artículos 1 y 7 del referido cuerpo legal, haciendo presente que el actor cumple con los requisitos establecidos en la normativa para acceder al retiro peticionado.

Acota que en el rechazo la recurrida señaló: “Certificado o constancia de afiliación, válida, vigente y susceptible de validación, que logre acreditar que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, por todo el período de prestación de servicios en Chile, debidamente apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.”, circunstancia que admite implícitamente que se encuentra afiliado.

Afirma que la recurrida incorpora requisitos que no están expresamente establecidos en la ley, lo que evidencia el actuar arbitrario e ilegal al limitar el derecho de propiedad que tiene el actor respecto de los fondos depositados.

Expone que el certificado de afiliación puede ser verificado y validado en el link que indica en su libelo. De esa forma, al ser la constancia electrónica verificable, la actitud omisiva asumida por la parte recurrida abona a considerar el rechazo como arbitrario e ilegal.

Argumenta que la Administradora de Fondos de Pensiones insiste en señalar que la constancia electrónica no es un documento válido, sin especificar el motivo de esa afirmación y el fundamento jurídico que lo sustenta. En ese sentido, señala que aquélla, al momento de ser descargada arroja un código de verificación compuesto por letras y números, que en el caso del recurrente es 103b00310-2025309. Añade que la seguridad social de Venezuela dispone de otro medio de similares características para verificar la autenticidad de la constancia electrónica que se expide, lo que se realiza ingresando al dominio web que indica.

Destaca que la normativa solamente se limita a señalar que el técnico profesional extranjero debe encontrarse afiliado y manifestar la voluntad, en el contrato de trabajo o en sus anexos, de mantenerse afiliado a la seguridad social de su país de origen, requisitos que en la especie se cumplen en su totalidad.

Culmina solicitando se ordene reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados; adoptándose las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Acompaña a su recurso: 1. Cédula de identidad para extranjeros; 2. Carta de rechazo; 3. Declaración jurada; 4. Constancia de afiliación electrónica; 5. Título profesional; 6. Contratos y anexos de contratos de trabajo; 7. Cédula de identidad venezolana; y 8. Carta de aprobación de Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum.

SEGUNDO: Que a folio 5, evacuó informe la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., solicitando el rechazo del recurso intentado, con costas.

Esgrime que el 9 de abril de 2025, el recurrente presentó solicitud de devolución de fondos previsionales de conformidad a la Ley N°18.156, la que adolecía de un problema, vinculado al certificado de constancia electrónica de cotizaciones. Sobre el particular, menciona que mediante Oficio Ordinario N°20294, de 8 de octubre de 2020, la Superintendencia de Pensiones, resolviendo una solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por una trabajadora extranjera, estimó que no era posible autorizarla, porque la solicitante no logró acreditar el cumplimiento del requisito contenido en la letra a) del artículo 1 de la ley ya referida, que exige demostrar que cuenta con cobertura previsional por todos los riesgos –enfermedad, invalidez, vejez, muerte, etc.– durante el tiempo trabajado en Chile. En efecto, expresa el citado oficio que la "constancia electrónica de cotizaciones, emitida por el Instituto Venezolano de Seguridad Social, no cumple con la especificidad requerida para demostrar dicha cobertura.”

Manifiesta, asimismo, que el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones en su Título XI, número 1 letra b), señala, en relación con el requisito establecido en la letra a) del artículo 1 de la Ley N°18.156, que “debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte”. De esa forma, al señalar el compendio “ debidamente legalizada”, se refiere a la apostilla que debe realizar en su país de origen o legalizar dicho documento ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, por ser un documento emitido en el extranjero.

Expresa que el rechazo a la solicitud de devolución de fondos previsionales informada por la Administradora no es ilegal ni arbitraria, en tanto se funda en las normas legales que regulan la materia y especialmente en las normas administrativas impartidas por la Superintendencia de Pensiones para estos casos.

Acompaña a su informe Oficio Ordinario N°20294, de 8 de octubre de 2020, de la Superintendencia de Pensiones.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, para resolver el asunto en examen, conviene considerar que el artículo 1 de la Ley N°18.156 dispone que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

A su turno, el artículo 7 del cuerpo normativo referido, estatuye que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

SEXTO: Que, respecto al rechazo por esta vía impugnado, cabe señalar que no consta satisfecha la exigencia de haberse anexado los documentos indicados, en especial, aquel consignado en la letra a) precedente, esto es, el certificado previsional en una entidad extranjera con vigencia a la fecha del requerimiento, sobre todo por la redacción de la norma, que exige la actualidad de dicha pertenencia –“que se encuentre afiliado”– circunstancia que es tácitamente reconocida por el actor, al sostener que ese dato podía ser revisado por la misma entidad recurrida en las páginas web que indica al efecto. Aquello es contrario a la lógica, considerando que es la parte quien debe acreditar el cumplimiento de las exigencias legales, lo que permite sostener que este libelo no podrá ser acogido, sin perjuicio de las nuevas solicitudes que el recurrente inicie, previa acreditación del cumplimiento de los presupuestos mencionados.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°686-2025 Protección.