nombre reservado con nombre reservado

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Recurso de Protección Rol N° 686-2021.- La Serena, seis de octubre de dos mil veintiuno.

VISTOS:

PRIMERO: Comparece don nombre reservado, bombero, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce acción de protección en contra del nombre reservado, persona jurídica del giro de su denominación, con domicilio en domicilio reservado, representado por su Superintendente don HERIBERTO ARNOLDO MARTÍNEZ SALGADO, empresario, con domicilio en domicilio reservado.

Refiere que es voluntario de la Sexta Compañía perteneciente al nombre reservado desde el año 1996, que durante esos 24 años de servicio ha colaborado activamente con la institución, asistiendo a un sinnúmero de emergencias desempeñando con ahínco sus labores de servicio bomberil; indica que también ha desempeñado varias veces cargos directivos dentro de la Sexta Compañía en la cual actualmente sirve el cargo de Capitán, siendo electo para cumplir dicho cometido desde el 01 de enero de 2020 y hasta el 21 de diciembre de 2021.

Como cuestión previa, hace referencia a algunos aspectos del denominado Procedimiento Operativo Estandarizado de Rescate Vehicular, en adelante POE, aprobado por el Honorable Directorio General con fecha 21 de febrero de 2019, y que dicho documento obliga a todos los integrantes del nombre reservado a darle fiel cumplimiento, por cuanto no existe autoridad superior en nuestra institución que pueda arbitrariamente señalar algo en contrario.

Refiere que el Procedimiento Operativo Estandarizado (POE) de rescate vehicular en su Artículo 5 denominado Procedimiento Operativo Estándar, punto número 1 ítem referente al despacho de unidades por subclasificación, indica que una emergencia 10-4-1 (accidente vehicular) debe ser atendida por: 1 Unidad de Rescate (la más cercana por jurisdicción); 1 Unidad de agua (de preferencia del tipo BR), refiriendo que por un error o simplemente por falta de gestión en la actualización del sistema de despacho, no ha sido considerado el Carro bomba R-6 perteneciente a la Sexta Compañía para acudir a las emergencias 10.4.1, despachando por defecto del sistema la unidad B-6 (que es una unidad de combate de incendios que no cuenta con elementos para atender una emergencia de rescate vehicular). Añade que la Sexta Compañía es una compañía de bomberos especializada en rescate vehicular, por lo que su carro bomba R-6 es el único carro que cuenta con instrumentos de reanimación tales como un Desfibrilador automático que permite reanimar a víctimas que presenten paro cardiorrespiratorio.

Indica que tal deficiencia del sistema fue hecha presente e informada a la Superintendencia por el entonces Capitán de compañía don nombre reservado. con fecha 30 de noviembre de 2020, quien informa vía correo electrónico al Sr. Comandante don nombre reservado. la necesidad de corregir el sistema de despacho, toda vez que el sistema por defecto ordenaba despachar en vez de la Unidad de Rescate R-6, la unidad B-6, la cual no cuenta con los equipos adecuados para atender una emergencia de rescate.

Añade que el día sábado 06 de marzo del presente año en horas de la tarde, tiene lugar un accidente vehicular en el sector camino a Huachalalume consistente en una colisión de dos vehículos menores, informando la central la existencia de un paciente que presenta paro cardiorrespiratorio. El sistema de despacho del nombre reservado indica que debe concurrir la unidad B-6 (unidad que como se explicó anteriormente, no cuenta con el instrumental para atender un paro cardiorrespiratorio), razón por la cual, en su calidad de Capitán de Compañía y en virtud de lo que ordena el Protocolo de Rescate Vehicular POE, decidí que los voluntarios de bomberos concurrieran en la unidad de rescate R-6, lo que resulto ser la decisión más acertada toda vez que se logró rescatar a las personas atrapadas y estabilizar al paciente que presentaba riego vital, salvando así su vida.

Afirma que una vez retornado el personal y la unidad al cuartel, el nombre reservado Sr. nombre reservado, me llama por teléfono para consultar por qué el actor concurrió a la emergencia en la unidad de rescate (R-6) y no en la bomba (B-6) como lo había indicado el sistema de despacho; que al dar las explicaciones del porqué de su decisión, el nombre reservado le felicita por la decisión adoptada; que luego, transcurridos 20 minutos recibe una segunda llamada telefónica, esta vez del Sr. Comandante don nombre reservado, quien lo increpa por no haber concurrido en el carro bomba B-6 como indicaba el sistema de despacho y le ordena que debe concurrir en la bomba (B-6), hasta que se corrija el error en el sistema de despacho, ante lo cual le indicó que como Capitán de Compañía seguiría concurriendo en la unidad de rescate R-6 porque existe un Procedimiento Operativo Estándar de rescate Vehicular (POE) que lo señala, y que la obligación primera está con la protección a la vida, a lo que el Comandante le indica que de no acatar su instrucción le suspenderá de sus funciones, ante lo cual el actor le respondió que entonces lo suspendiera, porque no estaba dispuesto a contradecir lo dispuesto por el Honorable Directorio General en el POE.

Indica que el día 07 de marzo, tomó conocimiento de la Orden del Día Nº 17/2020 de fecha 06 de marzo, por la cual se le aplica al recurrente la medida de suspensión hasta que se reuniera el Consejo Superior de Disciplina, orden del día que fue suscrita por el comandante don nombre reservado; agrega el actor que la facultad en cuestión mencionada en el artículo 33 letra ha sido derogada por cuanto se encuentra en pugna por lo dispuesto por el artículo 553 del Código Civil.

Señala que, en el mismo orden de ideas, con fecha 08 de marzo, la Sexta Compañía remite carta al Superintendente Sr. Heriberto Martínez a fin de expresar su apoyo irrestricto a la decisión del actor y se denuncian las irregularidades en el actuar del comandante nombre reservado, por lo que, ante consulta efectuada vía correo electrónico de fecha 08 de marzo del presente año, es que se emite la Orden del Dia Nº 19 /2021 de fecha 11 de marzo de 2021 que anula la suspensión impuesta al actor, por lo que retomó sus labores como Capitán, pero que no obstante con fecha 30 de marzo, recibió la notificación de comparecer ante el Consejo Superior de Disciplina para el día 31 de marzo en calidad de acusado por faltar a los procedimientos establecidos y la negativa de acatar las órdenes impartidas por la comandancia.

Sostiene que en la fecha indicada tuvo lugar la sesión del Honorable Consejo Superior de Disciplina, ocasión en la que se le permitió al recurrente exponer sus descargos, rendir la prueba que estimó pertinente, así como oír la acusación del comandante nombre reservado; que con fecha 20 de abril el Consejo Superior de Disciplina resolvió sancionarlo por estimar que habría cometido una falta disciplinaria al señalarle al comandante nombre reservado que no acataría su instrucción (de concurrir a las emergencias de rescate vehicular en una unidad no especializada para ello) y que sus dichos incitarían la desobediencia dentro de la sexta compañía, por lo que con fecha 23 de abril fue notificado mediante Resolución 004/2021 que resuelve sancionarle con 30 días de suspensión de sus funciones y la inhabilitación de ocupar un cargo de oficial dentro del nombre reservado por el término de dos años.

Arguye que con fecha 28 de abril, interpuso Recurso de Nulidad respecto del procedimiento que el Consejo Superior de Disciplina siguió en su contra y de la resolución por ellos adoptada, ello al tenor de lo dispuesto por el artículo 77 del Reglamento, y que el día es decir, dentro del plazo otorgado por la disposición transcrita, fundado en la infracción al artículo 70 en cuanto dicha norma señala que el Consejo Superior de Disciplina estará compuesto por 5 miembros titulares y dos suplentes, cargos que recaerán sobre voluntarios del cuerpo con más de 15 años de servicio, pero que no obstante, consta en el acta de sesión de consejo, que éste estuvo integrado además por don nombre reservado quien no tiene ni la calidad de miembro del consejo ni de voluntario, lo que vicia de nulidad las sesiones en las que el Sr. nombre reservado estuvo presente y pugna además con lo dispuesto por el articulo 74 en cuanto esta norma señala que las sesiones del consejo serán secretas y han dejado de serlo en perjuicio del actor desde el momento que se permite la participación de una persona que no tiene la calidad de miembro del consejo.

Funda además el recurso de protección en la circunstancia de que, conforme al acta del Consejo Superior de Disciplina, el órgano en cuestión estableció que existió una falta de disciplina de su parte al manifestar que no obedecería las ordenes emitidas por el comandante, es decir se me impone una sanción por algo que supuestamente dije que haría (no obedecer las órdenes en lo futuro) pero que en los hechos no se ha materializado toda vez que no existe en el proceso prueba alguna que dé cuenta de infracción de ningún tipo, es decir, se le impone una sanción por una conducta que no se ha materializado y que como tal no está sancionada en el Reglamento General, lo que constituye una infracción reglamentaria por cuanto los hechos investigados (la supuesta indisciplina al manifestar que no acataría en el futuro las órdenes emitidas por el comandante) son distintos a aquellos por los cuales se le sancionó toda vez que se le aplica una sanción por haber infringido lo dispuesto por el articulo 98 N° 1 y 2 que se refiere a atribuciones y funciones del capitán de compañía y no se le sanciona por la supuesta indisciplina de no acatar las órdenes futuras del comandante, toda vez que lo anterior no es ni puede ser una conducta sancionable toda vez que en los hechos no se ha materializado.

Afirma que sorpresivamente, con fecha 06 de mayo del presente año, recibe vía correo electrónico, comunicación del señor secretario general del Honorable Consejo Superior de Disciplina, en cuanto se resolvió no acoger el recurso de nulidad intentado, sin que exista pronunciamiento de ningún tipo en torno a los vicios reglamentarios que refiere en el recurso, ni siquiera una resolución formal que dé cuenta de las razones y fundamentos del rechazo, sino solamente un correo electrónico que expresa no contar con las bases reglamentarias para acoger el recurso, sin explicar a qué se refieren con ello, vulnerando con este accionar abiertamente la garantía consagradas en el artículo 19 Nº 3 de la Carta Fundamental, en cuanto vulnera el derecho a un debido proceso.

Refiere que el proceso seguido en su contra se encuentra viciado de principio a fin y que el procedimiento disciplinario sancionatorio, aplicado por la comisión ilegal y especial que ha tomado el nombre de Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado, constituye un proceso alejado y contradictorio de lo que la Constitución conoce como un proceso racional y justo, lo que resulta palmario de la sola lectura del artículo 77 del Reglamento del nombre reservado, en cuanto señala que en contra de las resoluciones del Consejo Superior de Disciplina no procede recurso alguno que no sea el de nulidad, dicha frase pone en evidencia la inexistencia de la doble instancia, requisito esencial de todo proceso jurisdiccional.

Sostiene que los hechos relatados permiten apreciar con claridad cómo el actuar del nombre reservado a través de su Consejo Superior de Disciplina, conculca su derecho a un proceso justo y racional y que el accionar del nombre reservado resulta lesivo, carente de legitimidad y sobre todo abusivo, desde el momento que se le persigue por denunciar un error en el sistema de despacho que pone en riesgo la vida de las personas, hasta que se le sanciona por un hecho futuro que aún no se ha materializado hasta finalmente rechazar su única herramienta jurisdiccional (recurso de nulidad), sin expresar causa alguna que motive tal rechazo, lo que lleva indefectiblemente a pensar que el actuar del nombre reservado tiene fines persecutorio en su contra por cuanto no es primera vez que acciona de protección en contra de dicho organismo.

Invoca como fundamentos de Derecho de su acción, lo dispuesto por el artículo 553 del Código Civil, en cuanto a que la potestad disciplinaria que le corresponde a una asociación sobre sus asociados, se ejercerá a través de una comisión de ética, tribunal de honor u otro organismo de similar naturaleza, que tendrá facultades disciplinarias respecto de los integrantes de la respectiva asociación, “las que ejercerá mediante un procedimiento racional y justo, con respeto de los derechos que la Constitución, las leyes y los estatutos confieran a sus asociados”, indicando que el Código Civil establece como fundamento para el procedimiento que deben aplicar los órganos encargados de aplicar la disciplina dentro de la corporación, el que el procedimiento debe ser racional y justo. Lo anterior es acorde a lo establecido en el artículo 19 N°3, inciso 6°, de la Constitución Política de la República, que establece que “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”. Por su parte, el artículo 19 N° 2, de la Constitución Política de la República establece que “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”, añadiendo que es un derecho fundamental el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no solo en la Administración de Justicia del Estado, sino también en todo órgano que ejerza jurisdicción, como es el caso de las asociaciones, las que no están excluidas de cumplir con este deber de ejercer su función de acuerdo a un procedimiento y una investigación racionales y justos; que las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas, y que en el caso del nombre reservado, el órgano encargado de impartir justicia disciplinaria, debe ajustarse a un procedimiento racional y justo. Así, el Reglamento General del nombre reservado, establece que los oficiales generales serán juzgados por el Consejo Superior de Disciplina, no obstante el mismo reglamento señala que ningún voluntario puede ser juzgado, sin haber sido oído previamente (Art. 79). Cita jurisprudencia sobre la materia.

Agrega que así las cosas, y considerando que para que sea procedente la interposición de un recurso de protección debe existir una acción u omisión ilegal o arbitraria que amenace, perturbe o prive el legítimo ejercicio de los derechos y garantías contenidos en el artículo 20 de la Constitución, supuestos que concurren en el caso de marras conforme el relato de los hechos, a saber, existe un actuar antojadizo, arbitrario e ilegitimo del Consejo Superior de Disciplina el que, debiendo ser el ente conocedor del reglamento general del nombre reservado, se aparta de su articulado y procede rechazando el recurso de nulidad interpuesto sin expresar las razones de tal rechazo, lo que revela que este no fue suficiente o adecuadamente analizado y que con esta falta de resolución del fondo del asunto reclamado, el Consejo superior de disciplina no solo ha incumplido la reglamentación que lo rige sino que ha transformando su decisión en un acto arbitrario, carente de razón, dictado por mero capricho vulnerando con ello la garantía del articulo 19 Nº 3 en cuanto a mi derecho a un justo y racional proceso.

Concluye solicitando se restablezca el imperio del Derecho, amparándolo en el legítimo ejercicio del derecho constitucional a un proceso racional y justo, (Art. 19 N°3), declarando que el Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado, ha incurrido en una acción u omisión ilegal y arbitraria perturbando con ello sus garantías constitucionales, debiéndose dejar sin efecto todo el procedimiento sancionatorio seguido en su contra, tanto la citación al Consejo Superior de Disciplina, la resolución que ordena su suspensión por 30 días, la resolución que niega el recurso de nulidad presentado y sus efectos, restaurando el imperio del Derecho y restituyéndole en su cargo de Capitán como si nunca hubiese sido suspendido, todo ello con expresa condenación en costas, y declarar que dicho Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado, deberá ceñirse a la legalidad vigente en su funcionamiento futuro.

Acompaña a su recurso documentos consistentes en: 1. Copia cedula de identidad del recurrente; 2. Copia de Reglamento del nombre reservado; 3. Copia de Orden del día Nº 17/2020 de fecha 06 de marzo de 2021; 4. Copia de Orden del día Nº 19/2021 de fecha 11 de marzo de 2021; 5. Copia de Carta de fecha 08 de marzo de 2021 de Asamblea de Sexta Compañía a Superintendente; 6. Copia de manual de Procedimiento Operativo Estandarizado de Rescate Vehicular POE; 7. Copia de Correo electrónico de Capitán nombre reservado a Comandancia; 8. Copia de Acta del Consejo Superior de Disciplina de fecha 20 de abril de 2021; 9. Copia de Resolución Nº 004/2021 de fecha 23 de abril de 2021; 10. Copia de Recurso de Nulidad de fecha 28 de abril de 2021; 11. Copia de correo electrónico de fecha 05 de mayo de 2021.

SEGUNDO: Que, por su parte, comparece don nombre reservado, empresario, en su calidad de Superintendente del nombre reservado, quien informa al tenor del recurso, sosteniendo que efectivamente el recurrente tenía el cargo de Capitán de la Sexta Compañía de nombre reservado, que fue sancionado por el Consejo Superior de Disciplina, con 30 días de suspensión e inhabilitación por dos años para desempeñar cargo de oficial general, de compañía y disciplinario, sanción aplicada dentro del proceso disciplinario en el nombre reservado.

Indica que el voluntario anteriormente había sido sancionado por falta a la disciplina, con 30 días de suspensión por haber permitido que voluntarios de su compañía, que estaban en residencia sanitaria por un posible contagio por Covid, consumieran alcohol, dentro del cuartel y después salir del mismo en hora de toque de queda, no denunciando el hecho al organismo disciplinario respectivo. Esta medida quedó sin efecto por causa de un recurso de protección interpuesto por el voluntario nombre reservado, resolviéndose a favor del voluntario recurrente por problemas de forma en su juicio disciplinario, siendo así resuelto en el proceso rol 1820-2020 de la Corte de Apelaciones de La Serena y que se decidió no reanudar el proceso disciplinario al estado en que lo dejó la nulidad.

Indica que en el actual recurso de protección, el recurrente nuevamente se ve envuelto en un acto de indisciplina, basado en que con fecha 06 de Marzo de 2021, siendo aproximadamente las 19:30 horas, se activó la señal de emergencia clasificada como 10.4.1, que corresponde a accidente vehicular de menor riesgo, en la ruta D 409, con camino a Huachalalume. A dicha emergencia se dio la orden de acudir al carro BR-8 correspondiente a la octava compañía, del sector de Tierras Blancas y en apoyo de dicha unidad se ordenó que concurriera la unidad B-6, correspondiente a la sexta compañía ubicada en el sector de Peñuelas, de la cual era capitán el recurrente. La unidad BR-8, es una unidad de rescate y bomba de agua, por lo cual siendo que estaba muchísimo más cerca del lugar en que se produce el accidente fue despachada dicha unidad para que atendiera el rescate. Para contener un eventual incendio del vehículo se despachó en apoyo de la unidad anterior, una unidad de agua (B-6) para que la otra unidad (BR-8) se avocara exclusivamente al rescate. Sin embargo, el recurrente desobedeció la orden y acudió al accidente en una unidad R-6 que es unidad de rescate en vez de una B-6 de agua, poniendo en peligro la emergencia al no acudir con una unidad de apoyo de agua. Una vez que el recurrente y demás voluntarios regresaron de la emergencia, se le pidió explicaciones telefónicamente por el Primer y nombre reservado del nombre reservado, debido a que fue evidente que no acudieron en la unidad que correspondía. Señala el recurrente que el Primer Comandante lo reprendió por haber acudido en una unidad distinta a la ordenada, y que se formó una discusión en la que él explica que de acuerdo al protocolo de emergencia, denominado Procedimiento Operativo de Emergencia (POE) debía acudir la unidad de rescate más cercana y una unidad de agua y que su unidad (R-6) era la más cercana. El recurrente discutió con el Comandante en el sentido que la unidad R-6, estaba disponible, pero que por un problema de información, la unidad R-6 no aparecía disponible en la Central de Bomberos, que es la que finalmente ordena la salida de las unidades, y siendo su unidad la más cercana debía salir con la R-6 y no con la B-6.

Refiere que el Comandante discutió que el problema no era una simple salida de vehículos, sino que había puesto en riesgo el procedimiento ya que al haber llegado dos unidades de rescate y no una de agua en apoyo a la de rescate, ante un posible incendio del vehículo, no habría sido posible enfrentarlo correctamente porque las unidades que llegaron no iban preparadas para el incendio; la BR-8 iba con la misión de rescate y la B-6 fue enviada con la finalidad de apoyo en caso de incendio. Por ello, al acudir en una unidad distinta, R-6 en vez de B-6, puso en riesgo la seguridad en el accidente; que además la unidad de rescate más cercana a Huachalalume, en que se produjo el accidente, era la de Tierras Blancas (BR-8) y no la de Peñuelas (R-6) por lo tanto, era lógico que el sistema enviara a la unidad de rescate más cercana que era la de Tierras Blancas (BR-8) y no la de Peñuelas (R-6), por lo que la unidad de Peñuelas debía concurrir con un carro de apoyo de agua (B-6) y no de rescate (R-6).

Sostiene que la discusión no quedó en una simple discusión técnica de qué vehículo debía salir, y si estaba bien o no tomada la decisión, sino que faltando al respeto y disciplina que debe existir en el nombre reservado, el recurrente, capitán nombre reservado, indicó que no se sometería más a las órdenes del Comandante y que seguiría enviando al R-6 cada vez que se produjera un accidente vehicular, no importando que la central le indicara salida con un B-6.

Señala que en la misma oportunidad también llamó el nombre reservado, don nombre reservado, aseverando el recurrente que dicho Comandante lo felicitó por la decisión adoptada, lo que no es efectivo según la declaración efectuada por el nombre reservado ante el Consejo Superior de Disciplina; que más bien el “te felicito” fue en tono sarcástico, pidiendo explicación de la indisciplina manifestada; que en vista a la abierta rebelión, indisciplina y falta de respeto a quien es la máxima autoridad operativa dentro del nombre reservado, el Comandante nombre reservado, haciendo uso de las facultades que le entrega el artículo 33 letra A No 1, y letra D del mismo artículo, ambos del Reglamento General del nombre reservado, través de la Orden del Día Nro. 17/2021 de fecha 06 de Marzo de 2021, procedió a suspender preventivamente al Capitán nombre reservado y poner los antecedentes al Consejo Superior de Disciplina; que llegados los antecedentes al Consejo Superior de Disciplina, a través de la Orden del Día No 19/2021, se dejó sin efecto la suspensión preventiva para que dicho Consejo tomara las decisiones correspondientes.

Agrega que el Consejo Superior de Disciplina, procedió a ver el asunto, tomando en consideración que por primera vez iba a funcionar de un modo distinto al señalado en el Reglamento General para que no fuera menoscabado el derecho al racional y justo proceso, ya que anteriormente sólo se hacía una reunión y se decidía inmediatamente si se aplicaba o no sanción. Por el mismo motivo, y no sabiendo cómo se debía actuar, el Consejo Superior de Disciplina solicitó la presencia en la audiencia del abogado del nombre reservado, don Jairo Muñoz Villalobos.

Arguye que los artículos 70 al 93 del Reglamento General del nombre reservado, que tratan del Consejo Superior de Disciplina, no tienen contemplada una reglamentación detallada, que asegure el debido proceso conforme a la legislación actual, de modo que se asegure la citación, conociendo el citado de la razón de la citación, la posibilidad de dar razones de su actuar y la posibilidad de presentar pruebas con las cuales pueda demostrar su posición, y que la sentencia de las razones para la aplicación de las sanciones, por el contrario la prohíbe, ordenando indicar sólo la sanción a aplicar.

Hace presente que antes de todo ello, se sostuvo una serie de reuniones de trabajo con las distintas compañías para reformar o modificar tanto el Estatuto y Reglamento General nombre reservado, para adecuar la justicia disciplinaria a parámetros modernos en que se pueda contemplar un debido proceso, pero que no se ha podido concretar a raíz de la pandemia ya que dichas modificaciones requieren de una asamblea general ante notario, a la que concurran los voluntarios y se pronuncien aprobando o rechazando los cambios estatutarios y además una junta extraordinaria de directorio para aprobar la modificación al reglamento en base a la modificación del Estatuto.

Refiere que por tal motivo, y en base a la sentencia definitiva del recurso de protección interpuesto por el mismo nombre reservado en contra del nombre reservado (causa rol 1827-2020, Corte de Apelaciones de La Serena), se decidió por el directorio del nombre reservado que, a pesar de no haberse hecho la modificación estatutaria y reglamentaria, en lo sucesivo se diera cumplimiento al Reglamento General, tomando en cuenta que también se cumpla con un racional y justo proceso de modo de evitar nuevas situaciones como las ocurridas con el recurso de protección antes señalado; que por lo anterior, el Consejo Superior de Disciplina, después que llegó la acusación disciplinaria en contra del recurrente, solicitó la presencia del abogado del nombre reservado, don Jairo Muñoz Villalobos, para que pudiera asesorar en las dudas del Consejo y evitar todo tipo de problemas de forma que afectara al fondo del problema disciplinario y cumplir tanto con el Reglamento General como con los principios relativos a un racional y justo proceso.

Afirma que el abogado Jairo Muñoz Villalobos, estuvo presente en su calidad de abogado del nombre reservado, no integró como miembro el Consejo Superior de Disciplina, ni tomó decisiones, ni siquiera sugirió decisiones, siempre indicando que la decisión que se tomara por el Consejo Superior de Disciplina, debía ser siempre sobre las pruebas ofrecidas por las partes y sólo para responder dudas; que se le pidió que estuviera presente en la audiencia, que era la audiencia en que se actuaba de un modo distinto a lo que por años se había hecho, reiterando que anteriormente sólo se hacía una reunión y se decidía inmediatamente si se aplicaba o no sanción.

Sostiene que se citó al recurrente señor nombre reservado, enviándole carta al domicilio registrado en la Compañía, como ordena el Reglamento General, y en la citación se expuso el motivo de la misma, adjuntando la carta enviada por el Comandante nombre reservado en la que denuncia falta a la disciplina (aspecto no indicado en el Reglamento); que con fecha 22 de Marzo de 2021, se efectuó una reunión virtual del Consejo Superior de Disciplina, vía zoom, a la que asistió don nombre reservado, se le preguntó si sabía cuál era el motivo de la citación, respondiendo éste que tenía claro el motivo de la citación (aspecto no indicado en el Reglamento), sin perjuicio de lo cual se procedió a leer la carta del Primer Comandante dando cuenta de falta a la disciplina (aspecto no indicado en el Reglamento), ante lo cual dio las explicaciones respectivas.

Agrega que la respuesta del Capitán nombre reservado fue dada en forma escrita como verbal; que en parte de su respuesta indica que con fecha 27 de febrero la compañía había tomado la decisión “de no volver a concurrir a un accidente vehicular en el B-6” además de indicar que otra compañía también en otra oportunidad había acudido en una unidad distinta de la despachada. Señaló por escrito en su defensa que “bajo ninguna circunstancia le respondí que de ahora en adelante no le obedecería más a sus órdenes”, lo que está en franca oposición a lo que señala el recurso de protección que señala que “le indiqué que como Capitán de Compañía seguiría concurriendo en la unidad de rescate R-6 hasta que se corrija el error del sistema”; que además señaló que tenía testigos que podían corroborar su versión.

Señala que después de haber escuchado la versión del voluntario Sr. nombre reservado, se le indicó que podía presentar las pruebas ya sea documental o testimonial que avalaran su versión de los hechos y se fijó fecha para el 29 de Marzo de 2021 para tal efecto (aspecto no indicado en el Reglamento); que también en la misma audiencia, se fijó el día 25 de Marzo de 2021, para que se presentaran los comandantes y expusieran lo correspondiente a los hechos; que el día 25 de Marzo de 2021, nuevamente se solicitó la presencia del abogado del nombre reservado don Jairo Muñoz Villalobos en la audiencia respectiva; que en dicha audiencia se tomó la declaración al Primer y nombre reservado; que el Primer Comandante expuso lo referente a los hechos y acompañó publicaciones de Whatsapp y Facebook de voluntarios de la sexta compañía que daban cuenta de decisiones de la compañía de no obedecer al Primer Comandante; que en su declaración el nombre reservado, aclaró que no felicitó al capitán y que la expresión “te felicito” la dijo en tono sarcástico por la desobediencia a la orden de salida con la unidad correspondiente y que por el contrario le reprochó la actitud de no querer someterse a la disciplina del Cuerpo.

Sostiene que después que declararon los comandantes, los miembros del Consejo en forma exclusiva (sin el abogado Jairo Muñoz Villalobos) acordaron que solo se avocarían a ver el tema disciplinario de negarse a obedecer las órdenes del Comandante y desestimando el tema del POE ocurrido en el accidente de fecha 06 de Marzo de 2021.

Añade que con fecha 29 de marzo de 2021, se realiza audiencia con la presencia del Capitán nombre reservado y presentó a sus testigos, nombre reservado y nombre reservado, los que desvirtuaron la declaración del capitán, indicando el segundo que no estuvo presente en las conversaciones que tuvo telefónicamente el Capitán con los comandantes, que solo el capitán les dijo que tenía dos noticias, una buena y otra mala; la buena que el nombre reservado lo felicitó y la mala que el Primer Comandante le llamó la atención por haber concurrido en otra máquina, y el primer testigo declaró que solo escuchó parte de la conversación del Capitán con el Primer Comandante, en la que el capitán le dice que ante una nueva emergencia volvería a salir en la unidad R-6; que con fecha 31 de Marzo de 2021, se reúne nuevamente el Consejo Superior de Disciplina a la que asiste el capitán nombre reservado y nuevamente expone las razones de su proceder y luego sale de la audiencia; que los miembros del Consejo Superior de Disciplina acuerdan por mayoría (sin la participación del abogado Jairo Muñoz Villalobos) que se encuentra culpable de indisciplina al capitán nombre reservado, al haber faltado al respeto al Primer Comandante del nombre reservado al decirle que en lo futuro no obedecería las ordenes de salir con el B-6 sino que seguiría saliendo con el R-6, infringiendo el Reglamento General del nombre reservado en su artículo 98 No 1 (no cuidar con celo la disciplina dentro de la compañía y las instrucciones de los oficiales) y No 2 (faltar al debido respeto a los Oficiales); que se acuerda, a su vez, aplicar la sanción que motiva el recurso en análisis.

Refiere que se confeccionó un acta en la que se expresa lo sucedido en las distintas audiencias y las razones tenidas en cuenta para fallar (aspecto prohibido en el reglamento) y fue firmada por los miembros del Consejo Superior de Disciplina y, a su vez, se confeccionó la resolución 004/2021 que da a conocer a la respectiva compañía solo la sanción aplicada al voluntario; que ambos documentos fueron enviados al recurrente y solo la resolución de sanción a la compañía del sancionado como indica el Reglamento; que ante la resolución definitiva, el recurrente interpuso recurso de nulidad el que fue visto en sesión de fecha 04 de Mayo de 2021, en la que a pesar de la invitación del Consejo Superior de Disciplina, no estuvo presente el abogado del nombre reservado, por no encontrarse bien de salud. La decisión del Consejo Suprior fue el rechazar el recurso.

Arguye, en relación a los puntos que el recurrente alega como arbitrarios, en primer lugar, en cuanto a haber sido juzgado por una comisión especial, que el Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado, es la máxima autoridad dentro de Cuerpo en materia de disciplina, siendo un órgano permanente dentro de la institución que nombra a sus miembros cada dos años; que dicho órgano disciplinario se establece como órgano permanente dentro de toda corporación, conforme al artículo 553, inciso 2º del Código Civil; que por su parte el Estatuto del nombre reservado, establece en el título VI, desde el artículo 32 al 34 la regulación del Consejo Superior de Disciplina, y por su parte, el Reglamento General en su título VI, lo regula desde el artículo 70 al 93; que los miembros del Consejo Superior de Disciplina son elegidos por el directorio y tienen un carácter de independiente del directorio y oficiales generales; que los actuales miembros del Consejo Superior de Disciplina, fueron elegidos en sesión de Directorio el 15 de enero de 2020, siendo ellos doña nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado.

Sostiene que para hablar de Comisión Especial, se debe entender que es un nombramiento especialmente para el caso, lo que no se condice con lo señalado anteriormente; que el recurrente no fue juzgado por una comisión especial, sino por el órgano disciplinario permanente del nombre reservado.

En segundo término, en cuanto a la presencia del abogado del nombre reservado en la audiencia, indica que dicha presencia fue por invitación del Consejo Superior de Disciplina, para asesorarlos en lo que debían hacer en el nuevo escenario de respeto al racional y justo proceso y en ningún momento como integrante del Consejo Superior de Disciplina; que don Jairo Muñoz Villalobos, no es una persona ajena y extraña al nombre reservado, pues fue nombrado como abogado de la institución en sesión de Directorio de fecha 06 de enero de 2020. Por lo tanto, la presencia de su persona es la de alguien que pertenece a la institución; que la presencia del abogado del nombre reservado no afecta al secreto de la audiencia, ya que el sentido del artículo 74 del Reglamento del nombre reservado, es el que no se divulgue lo ocurrido en dicha sesión y quede también a salvaguardia las decisiones tomadas por los consejeros; que por ello el mismo artículo señala que: “en las actas sólo se dejará constancia de la causal de la convocatoria y de los acuerdos tomados” lo que ilustra el sentido de lo secreto que establece la norma; que el sentido del secreto del proceso disciplinario dentro del nombre reservado, no puede ser tomado como que ninguna persona fuera de los jueces pueda estar presente, por el contrario, pueden estar presentes con el consentimiento de quienes tienen el deber de dirigir la audiencia, ya que el secreto de las audiencias en este caso es el de no divulgación de lo sucedido en ellas y que la audiencia no está abierta a toda persona que desee entrar. Por ello, la presencia del abogado de la institución, a solicitud del mismo Consejo Superior de Disciplina, no viola dicha restricción. Efectúa una comparación con las leyes procesales que contemplan la posibilidad de que las vistas se celebren a puerta cerrada cuando concurran ciertas condiciones, para paliar o evitar perjuicio ya sea para el buen desarrollo del proceso, sea para salvaguardar la indemnidad de cualquiera de los intervinientes, citando como ejemplo el artículo 289 del Código Procesal Penal; que existe una exageración de la idea de reserva de la audiencia en un sentido que no es el propio de tal institución, agregando que también se debe considerar que el Consejo Superior de Disciplina, no cuestionó en ningún momento que la presencia del abogado de la institución fuera una violación al secreto de la audiencia, ya que existía la costumbre que cuando algún voluntario era citado, también asistía el Director de su compañía, por lo que la presencia del Abogado del nombre reservado no se consideró como violación al secreto de la audiencia, más aún cuando su presencia fue por petición del Consejo; que la presencia del abogado del nombre reservado en la audiencia, quedó validada por el propio recurrente ya que en ningún momento el recurrente cuestionó o reclamó por la presencia del abogado de la institución en la audiencia, por lo que con su pasividad se entiende que validó la presencia del profesional, y finalmente, si bien la presencia del abogado del nombre reservado fue solicitada por los miembros del Consejo Superior de Disciplina, el mencionado profesional no tomó parte de ninguna forma en la decisión disciplinaria que tomó el Consejo.

En cuanto a la sanción aplicada, sostiene que el recurrente señala que la resolución que aplica sanción de suspensión e inhabilitación resulta improcedente, arbitraria y abusiva ya que “se le sanciona por algo que supuestamente dije que haría (no obedecer las órdenes en lo futuro) pero que en los hechos no se ha materializado”, pero que sin embargo, la sanción aplicada no fue por no haber obedecido una orden de salir en la unidad B-6, sino por manifestar que en lo futuro no obedecería la orden de salir con la unidad B-6, que seguiría acudiendo con la unidad R-6, lo que constituye una abierta rebelión en contra del Comandante, quien es la primera autoridad desde el punto operativo en el nombre reservado, y que tal rebelión se estaba transformando en una abierta sedición de parte de los voluntarios de la sexta compañía que lideraba el recurrente, lo que se puede apreciar en los mensajes de Whatsapp y Facebook de los voluntarios de la sexta compañía; que de acuerdo con el mérito del proceso, la falta de disciplina al contrariar las órdenes y señalar que seguirá desobedeciendo, es una actitud de rebelión en contra del Comandante, que se manifiesta en las palabras de que seguirá saliendo con la unidad R-6 y no con la B-6, a pesar de que las órdenes las está dando el Comandante, lo que se probó con los mensajes de WhatsApp y Facebook acompañadas por el Comandante, además de la declaración del nombre reservado y del testigo presentado por el propio recurrente que declaró que escuchó cuando el capitán le dijo al comandante que ante una nueva emergencia no haría caso y saldría de nuevo con el R-6 y no con el B-6, y que por lo anterior, la falta disciplinaria quedó suficientemente acreditada en el proceso disciplinario y por lo tanto, la sanción aplicada no es arbitraria.

En cuanto al hecho indicado por el recurrente de no haber pronunciamiento del recurso de nulidad presentado por su parte, indica la recurrida que el Consejo Superior de Disciplina estimó que dicho recurso no se refiere a la exigencia que establece el Reglamento General del nombre reservado, por lo cual, respondió sucintamente que “Este consejo resolvió no acoger dicho recurso de nulidad por no contar con las bases reglamentarias para acogerlo”; que las bases reglamentarias se refieren a que lo “resuelto o fallado en una materia contraviniendo las normas Estatutarias o Reglamentarias” (sic); que en el caso en cuestión las cosas señaladas en el recurso de nulidad no violaban las normas reglamentarias, por lo cual, se estimó que no contaba con las bases reglamentarias para acogerlo.

En cuanto a la inexistencia de doble instancia, refiere la recurrida que la aseveración del recurrente de que se ha conculcado sus derechos porque el proceso ante el Consejo Superior de Disciplina no contempla una segunda instancia, considerándolo un requisito esencial de todo proceso jurisdiccional, es algo que no resiste mayor análisis, puesto que de acuerdo al razonamiento del recurrente, el procedimiento ante los juzgados del trabajo atentarían contra la esencia de todo proceso jurisdiccional, puesto que no contempla la segunda instancia para las sentencias definitivas. Lo mismo se podría decir respecto de la regulación en el Código Procesal Penal en el procedimiento ordinario que no contempla la apelación para las sentencias definitivas, sino solo la nulidad, y también se debería entender que todos los procesos en única instancia no cumplen con el requisito de la esencia de todo proceso jurisdiccional; que lo anterior no es más que una idea que se ha instalado entre algunos bomberos pero que no tiene asidero con la realidad de la legislación actual y las particularidades de la justicia disciplinaria dentro del nombre reservado en que los Consejeros deben juzgar como “jurado” y “en conciencia” (artículo 70 y 80 del Reglamento General del nombre reservado).

Indica que, conforme lo dispone la Constitución Política de la República, el recurso de protección es una acción de carácter cautelar, ante la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria, que afecte una o más de las garantías protegidas. Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que “la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley” (Corte de La Serena, rol 1441-2018). En lo relativo a la jurisdicción disciplinaria señala el artículo 553 inciso 2° del Código Civil que “La potestad disciplinaria que le corresponde a una asociación sobre sus asociados se ejercerá a través de una comisión de ética, tribunal de honor u otro organismo de similar naturaleza, que tendrá facultades disciplinarias respecto de los integrantes de la respectiva asociación, las que ejercerá mediante un procedimiento racional y justo, con respeto de los derechos que la Constitución, las leyes y los estatutos confieran a sus asociados. En todo caso, el cargo en el órgano de administración es incompatible con el cargo en el órgano disciplinario”; que el Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado, no es una comisión especial, creada especialmente para juzgar al recurrente, sino el órgano disciplinario permanente al que corresponde juzgar la disciplina de los oficiales generales y oficiales de compañía y en su actuar no solo se sujetó a lo señalado en el Código Civil, sino también respetando el debido proceso, el que se efectuó con el carácter de racional y justo, sino que también se sujetó a su Reglamento General, el que regula desde el artículo 70 al 93, lo referente a su constitución, integración, competencia, procedimiento y sanciones; que en relación al procedimiento adoptado, el Reglamento General del nombre reservado dispone que el Consejo conocerá en calidad de jurado las materias sometidas a su jurisdicción y no podrá resolver ni fallar una causa sin oír previamente al afectado; el fallo será en conciencia y las medidas disciplinarias aplicadas por éste, se harán efectivas desde la fecha de la comunicación al afectado, debiendo ponerse en conocimiento de la Compañía por escrito, dentro de un plazo de 24 horas y en contra de sus resoluciones y fallos no procederá recurso alguno que no sea el de nulidad (artículos 77, 79 y 80).

Refiere que el proceder del Consejo Superior de Disciplina no fue arbitrario o irracional, sino que hubo un apego a las normas legales, estatutarias y reglamentarias tanto en el proceder como en la sanción aplicada, actuando en la forma más prudente posible conforme a las circunstancias del caso ameritaban y llevando a cabo el trabajo conforme a un racional y justo proceso.

Concluye solicitando el rechazo del recurso deducido, con costas.

Acompaña a su informe documental consistente en: 1. Acta de elección de Directorio de fecha 06 de Enero de 2020; 2. Acta de Directorio de fecha 15 de Enero de 2020; 3. Certificado de directorio, del Servicio de Registro Civil e Identificación; 4. Acta de sentencia Consejo Superior de Disciplina; 5. Resolución que informa a la sexta compañía, sanción aplicada a nombre reservado; 6. Carta de respuesta al Consejo Superior de Disciplina de nombre reservado; 7. Recurso de nulidad interpuesto por nombre reservado.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones, arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que, de lo expuesto en el considerando precedente se desprende que los requisitos de procedencia de un recurso de protección- existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria, que afecte una o más de las garantías protegidas- son copulativos de tal manera que la ausencia de cualquiera de ellos hace inviable este arbitrio.

QUINTO: Que, sea que se denomine recurso o acción el arbitrio intentado, cabe tener presente que es “un proceso de protección de derechos fundamentales, o bien, un proceso sumario especial, que permite dar efectividad urgente, aunque con un carácter provisional, a los derechos fundamentales” (Bordalí Salamanca, Andrés. El Proceso de Protección; Revista de Derecho (Valdivia), dic. 1999, vol.10, no.1, p.43-58.), o sea, un procedimiento de urgencia destinado a restablecer el imperio del derecho.

Lo anterior lleva a entender que este es, atendida su naturaleza y la urgencia del remedio que se pide, un arbitrio a disposición de todas las personas sin formalismo alguno que obste a su ejercicio amén que “corresponde al tribunal determinar la existencia de la acción u omisión que se tilda de ilegal o arbitraria para adoptar las medidas pertinentes en el restablecimiento del derecho” (C. Suprema, 25 marzo 1999, R.G.J., N° 225, pág. 36) y, además, incumbe “al tribunal aplicar las normas constitucionales atingentes a la situación planteada”. (C. Suprema, 15 febrero 2001, R.D.J., t. 98, sec. 5a., pág. 78).

SEXTO: Que, en la especie, el acto que motiva la interposición de la acción constitucional en análisis, al tenor del libelo recursivo, sería todo el procedimiento disciplinario al que fue sometido el actor, derivado de los sucesos acaecidos el día 06 de marzo, y que concluyen con la sanción aplicada al recurrente, consistente en la suspensión de sus funciones por 30 días, así como la inhabilitación para ocupar un cargo de oficial del nombre reservado por el término de 2 años, actuación que, a juicio del recurrente, vulnera la garantía prevista en el artículo 19 N° 3 inciso sexto de la Constitución Política de la República, esto es, lo que en doctrina se denomina el “derecho al debido proceso”, así como la garantía del N° 2 de la norma citada, esto es, la igualdad ante la ley, ello en consideración a las diversas irregularidades que en su concepto, se han cometido en el procedimiento disciplinario que se le ha seguido en nombre reservado.

SÉPTIMO: Que, como cuestión preliminar, ha de tenerse presente que los Cuerpos de Bomberos integran el campo de las corporaciones privadas, regladas en el Título XXXIII del Libro I del Código Civil, regida por sus propias ordenanzas o estatutos aprobados por el Presidente de la República, aunado que la labor de sus integrantes es voluntaria, siendo órganos intermedios, a los que de acuerdo al inciso 3° del Art. 1° de la Constitución Política de la República se reconoce y ampara, garantizándoles la adecuada autonomía para cumplir sus fines específicos y, en virtud de ello, se les reconoce la posibilidad de determinar su reglamentación interna.

OCTAVO: Que, asimismo, ha de tenerse presente que, tal como lo refiere la recurrida en su informe, la conducta por la cual el actor fue en definitiva sancionado, es aquella consistente en haber éste manifestado al comandante Sr. nombre reservado que seguiría concurriendo con la unidad de rescate R-6, pese a que se le ordenó concurrir con la bomba B-6, hasta que se corrigiera el error, circunstancia que, por lo demás, es reconocida expresamente por el recurrente en su libelo.

Este aspecto resulta relevante, pues el actor detenta un cargo superior dentro de la institución, al ser Capitán de la Sexta Compañía, teniendo la institución de Bomberos una estructura jerarquizada, lo que necesariamente conlleva el respeto al rango que se detenta, y el acatamiento de las órdenes e instrucciones impartidas por la superioridad, máxime si tales obligaciones aparecen expresamente consignadas en el artículo 98 N° 1 y 2 de los Estatutos y Reglamento de la institución.

NOVENO: Que el nombre reservado en su Reglamento General entrega la potestad disciplinaria, como órgano superior, al denominado Consejo Superior de Disciplina, regulando desde el artículo 70 al 93 su constitución, integración, competencia, procedimiento y sanciones. En relación al procedimiento se dispone que el Consejo conocerá en calidad de jurado las materias sometidas a su jurisdicción y competencia y no podrá resolver ni fallar una causa sin oír previamente al afectado, salvo que éste no concurra, debiendo ser citado por escrito a la dirección que el afectado tenga registrada en su Compañía y, en caso de urgencia, podrá efectuarse por cualquier medio; el fallo será en conciencia y las medidas disciplinarias aplicadas por éste, se harán efectivas desde la fecha de la comunicación al afectado, debiendo ponerse en conocimiento de la Compañía por escrito, dentro de un plazo de 24 horas y en contra de sus resoluciones y fallos no procederá recurso alguno que no sea el de nulidad, el que se interpondrá contra los fallos y resoluciones en que exista un vicio reglamentario, señalando que dicho recurso se interpone por haberse resuelto o fallado en una materia contraviniendo las normas estatutarias o reglamentarias (artículos 77, 79 y 80).

DÉCIMO: Que, las alegaciones formuladas por el recurrente referidas a defectos en el procedimiento de citación se desecharán, pues revisados los antecedentes aportados se evidencia que aquellas no tienen sustento fáctico. Lo mismo en cuanto a la petición de dejar sin efecto la medida adoptada pues fue aquella dispuesta por el órgano facultado para ello y dentro de los supuestos consignados en el Reglamento, ello considerando que, según el relato de los antecedentes de hechos del recurso, consignados en él por el actor, aparece con absoluta claridad no sólo el cumplimiento de las normas señaladas precedentemente, en cuanto establecen las reglas de procedimiento aplicadas al caso del Sr. nombre reservado, sino que también al hecho de que el propio recurrente refiere haberse sometido al procedimiento que ahora cuestiona, ejerciendo su derecho a ser oído y presentar sus descargos y medios de prueba, como asimismo haber podido deducir recursos en contra de la resolución del órgano disciplinario, sin que conste que hubiere reclamado previamente de alguna infracción a los estatutos y reglamento de la institución en esta parte, ya fuere en cuanto al procedimiento mismo aplicado, ya sea en cuanto a la integración del ente juzgador, por lo que no es posible verificar la infracción a ninguna norma reglamentaria o estatutaria que tiña de ilicitud o arbitrariedad la sanción aplicada al recurrente, pues ella emana de un procedimiento sancionatorio establecido previamente, conocido por el actor, quien se somete al mismo, lo que elimina cualquier tinte de ilegalidad en la sanción que puso término al mismo, sanción que, por lo demás, se encuentra dentro del catálogo que el mismo cuerpo normativo interno de la institución contempla.

UNDÉCIMO: Que, asimismo, cabe señalar que el recurrente sustenta su acción en que las conductas de la recurrida vulnerarían la garantía de la igualdad ante la ley, del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, pero no indica concretamente cómo en este caso en particular se estaría generando tal vulneración, pues no acredita que, frente a un caso similar al suyo, la recurrida hubiere procedido de un modo diferente, acreditación que resulta esencial desde el momento en que permitiría evidencia actuaciones disímiles de la institución frente a casos similares; en consecuencia, al no haberse acreditado la infracción a dicha garantía, el recurso de protección intentado no puede prosperar.

DUODÉCIMO: Que, sin perjuicio de lo ya señalado, también ha de tenerse presente que el recurrente sustenta su acción constitucional en una eventual vulneración a la garantía prevista en el artículo 19 N° 3 inciso sexto de la Carta Fundamental, que indica que “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.” Sin embargo, tal garantía no es de aquellas cuya eventual vulneración permita la interposición de un recurso de protección, teniendo en consideración lo consignado expresamente en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, por lo que también esta circunstancia conduce necesariamente a desestimar el recurso de protección deducido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra del nombre reservado, sin costas, por estimar que tuvo motivo plausible para accionar.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante don Claudio Fernández Ramirez.

Rol N° 686-2021(Protección).