nombre reservado con MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

nombre reservado, nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol N° 6852-2022.

La Serena, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que a folio 1, don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, y nombre reservado, deducen recurso de protección en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad colombiana, con pasaporte N°RUT reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región de Coquimbo, Región De Coquimbo, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, por la omisión ilegal y arbitraria en que ha incurrido al no pronunciarse sobre la solicitud de regularización migratoria pedida por la recurrente con fecha 22 de julio de 2021, por impedir dicha omisión el principio de igualdad ante la ley, conforme lo preceptuado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 24 y 27 de Ley N°19.880.

Indican que la recurrente ingresó al país en calidad de turista y estando dentro del país cambió su condición migratoria postulando al proceso de regularización migratoria, con el propósito de establecerse y desarrollar su proyecto de vida en Chile.

Sostienen que, por lo anterior, y en el marco del proceso de Regularización Migratoria, con fecha 22 de julio de 2021 la recurrente realiza su postulación a la regularización correspondiente a través del sistema en línea de trámites extranjería, según consta en comprobante de solicitud N°24592390.

Exponen que, sin embargo, a la fecha de interposición del recurso no ha recibido respuesta del trámite iniciado lo que la mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre ante un trámite por demás demorado.

Exponen que las garantías y derechos constitucionales que resultan afectados lo son por la omisión arbitraria e ilegal por parte del recurrido en el excesivo tiempo de tramitación en dar respuesta de solicitud de regularización migratoria, y que a la fecha de presentación del recurso ha transcurrido 01 año, 02 meses y 26 días, sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado sobre la solicitud formulada.

Destacan que cobra relevancia lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de la Ley 19.880, y destaca los principios de celeridad y economía procedimental en virtud de los cuales la Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Solicitan tener por interpuesto recurso de protección en contra de la recurrida y ordenarle que se pronuncie en un plazo no superior a 30 días corridos, o el que se estime conforme al mérito de autos, sobre la solicitud, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho con expresa condena en costas.

Acompañan a su presentación: 1. Comprobante de solicitud de regularización migratoria en trámite. 2. Pasaporte de la recurrente. 3. Tarjeta única migratoria (PDI).

SEGUNDO: Que a folio 4, comparece don nombre reservado, abogado del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción.

Indica respecto de la situación migratoria la recurrente nombre reservado, de nacionalidad colombiana, ingresa por primera vez al país, calidad de turista, por el paso fronterizo Aeropuerto nombre reservado.

Agrega que el 22 de julio de 2021, solicitó regularizar su situación migratoria en virtud del Proceso de Regularización contemplado en el artículo 8° transitorio de la Ley 21.325. y que a través de la resolución exenta N°21105448 de 22 de julio de 2021, del Servicio Nacional de Migraciones, la solicitud de regularización del recurrente se acogió a trámite.

Sostiene que, mediante dicha resolución, se tuvo por desistido todo trámite pendiente en materia migratoria presentado por el recurrente y se le otorgó un permiso de trabajo vigente mientras la su postulación se encuentre en trámite, el cual actualmente se encuentra en ETAPA DE ANÁLISIS.

En cuanto al tiempo de tramitación de la solicitud, expone que según lo señalado en el artículo 27 de la Ley N°19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial y el estado de emergencia en el cual se encuentra nuestro país. Cita jurisprudencia al efecto e indicando que, en todo caso, dicho plazo no es fatal para la administración.

Alega que el presente recurso no es la vía idónea para alegar una falta de respuesta de la administración, sino el mecanismo especial del silencio administrativo, establecido en los artículos 64 y 65 de la Ley 19.880, entendiendo que al presente caso resulta aplicable el mecanismo de silencio administrativo negativo, establecido en el artículo 65 de la Ley N° 19.880, debido a que la solicitud planteada por la recurrente tiene por objeto la concesión de un permiso de residencia, el cual por regla general e imperativa se encuentra sujeto al pago de derechos y, en consecuencia, la solicitud de la contraparte afecta el patrimonio público, en concreto, el patrimonio de la autoridad migratoria.

Agrega que la vía judicial ha vulnerado la garantía de la igualdad ante la ley de los demás solicitantes de permisos de residencia, que existen aproximadamente más de trece mil recursos de protección y amparo presentados entre el año 2021 y 2022 en contra del Servicio, donde más del 80% corresponden a denuncias por el tiempo de tramitación de solicitudes de permisos de residencia. Que aquello lleva a que el Servicio tenga que dar prioridad a esos recurrentes en desmedro de las más de 500.000 solicitudes de residencia que tramita la autoridad migratoria.

Señala que, por lo expuesto, y teniendo presente que esa parte ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, no existe actualmente un acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a la libertad personal y seguridad individual del amparado, toda vez que la solicitud del recurrente se encuentra en tramitación, manteniendo situación migratoria regular, solicitando además el rechazo a la condena en costas del servicio.

Acompaña entre otros documentos: Resolución Exenta N°21105448, de fecha 22 de julio de 2021.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones, continuador legal del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de regularización migratoria presentada por la parte recurrente, lo cual califica de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se ordene a la recurrida acoger a trámite sin más demora su solicitud o bien adoptar las medidas que se estimen apropiadas para resguardar y restablecer el imperio del derecho.

SEXTO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley 19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

SÉPTIMO: Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de regularización migratoria, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley 19.880 (SCS Rol N° 24.827-2020).

OCTAVO: Que, por tanto, la dilación de la recurrida en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente, en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

A mayor abundamiento, la duración del procedimiento, que se generó a propósito de la solicitud de la recurrente, ha superado un año de tramitación, tiempo que a juicio de estos sentenciadores es evidentemente excesivo, toda vez que si bien es de público conocimiento que muchos trámites administrativos se han visto dilatados por la emergencia sanitaria que atravesamos como humanidad, por lo menos durante los años 2021 y 2022 la situación sanitaria se ha ido normalizando y los servicios estatales han desarrollado sus funciones cada vez con menos restricciones, de forma tal que no aparece justificado la extensión que ha tenido la tramitación de la solicitud del actor, todo lo que transforma en arbitrario el proceder de la recurrida.

NOVENO: Que, del mismo modo, se desestimará la alegación de la recurrida en orden a que la actora formaría parte de un grupo privilegiado que pretende la resolución de sus solicitudes en forma previa a las de otros peticionarios, lo cual, en su concepto, pugnaría en contra del principio de igualdad ante la ley, toda vez que, en concepto de estos sentenciadores, el acceso a la tutela judicial efectiva constituye el legítimo ejercicio de una garantía constitucional establecida en favor de todas las personas en nuestra Carta Fundamental, sean nacionales o extranjeros, no pudiendo por tanto en caso alguno entenderse tal prerrogativa como un privilegio.

DÉCIMO: En cuanto a la condena en costas, datando la solicitud de más de un año a la fecha de presentación de la acción, está Corte estima que el transcurso del tiempo justifica la imposición de tal condena, por afectar latamente los derechos de los migrantes.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, con COSTAS, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, continuador legal del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y, en consecuencia, se dispone que la recurrida deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de regularización migratoria presentada ante ella por la parte recurrente, lo anterior, dentro del plazo de treinta (30) días corridos a contar de la fecha de notificación de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 6852-2022 Protección.