Protección contra Gobierno Regional de la Región de Coquimbo

nombre reservado, nombre reservado y otros Gobierno Regional de Coquimbo Recurso de Protección Rol N° 685-2019.- La Serena, doce de julio de dos mil diecinueve.

VISTOS Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que comparecen don nombre reservado, independiente, domiciliado en domicilio reservado, a nombre de la CORPORACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE COQUIMBO; don nombre reservado, empleado, domiciliado en domicilio reservado, Coquimbo, por sí; don nombre reservado, independiente, domiciliado en domicilio reservado, Ruta 43, Coquimbo, por sí y a nombre de doña nombre reservado, RUT RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; doña nombre reservado, labores, domiciliada en domicilio reservado, por sí y a nombre de doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; doña nombre reservado, labores, domiciliada en domicilio reservado, parte del predio denominado Estancia Tambillos, Coquimbo, por sí; doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, por sí; doña nombre reservado, dueña de casa, domiciliada en domicilio reservado, por sí; doña nombre reservado, labores, domiciliada en domicilio reservado, por sí; doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, por sí; doña nombre reservado, empleado, domiciliado en domicilio reservado, por sí; don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, por sí; y doña nombre reservado, chilena, indígena, en su calidad de representante legal de la ASOCIACIÓN MULTICULTURAL DE MUJERES INDÍGENAS DE COQUIMBO WARMIPURA TINKUI, inscrita con el Nº325 en el Registro de Comunidades y Asociaciones Indígenas de la CONADI, ambas con domicilio en domicilio reservado, e interponen recurso de protección en contra del Gobierno Regional de la Región de Coquimbo, persona jurídica de derecho público, representado por la Intendenta Regional doña nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado.

Tildan como acto arbitrario e ilegal impugnado la dictación de la Resolución Exenta N°1 por la cual se aprueba y promulga el Plan Regulador Intercomunal Elqui. Sostienen que dicho acto, afecta el legítimo ejercicio de su derecho a la igualdad ante la ley y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, conforme lo establecen los numerales 2 y 8 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile.

Piden que se reestablezca el imperio del derecho y se deje sin efecto la Resolución Exenta N° 1, o bien, que se retrotraiga a la etapa de tramitación del procedimiento administrativo con el objeto de que la autoridad realice la consulta indígena y la participación ciudadana efectiva, con expresa condena en costas.

Relatan, que los recurrentes son dueños, residentes y/o vecinos del sector o área afectada por el Plan Regulador Intercomunal del Elqui. Refieren que el acto arbitrario e ilegal ya referido es vulneratorio de la garantía de igualdad ante la Ley ya que los organismos sectoriales encargados de llevar a cabo la participación de la ciudadanía no incorporaron a las comunidades y asociaciones indígenas de las 6 comunas de la provincia de Elqui en el proceso, incurriendo en un actuar discriminatorio con aquella parte de la sociedad que representa una cosmovisión diversa sobre la utilización de los territorios, especialmente aquellos que requieren protección por ser sitios ancestrales. Afecta el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pues los organismos encargados de la participación ciudadana, no contemplaron la participación de los vecinos y las vecinas del sector rural afectado por este acto de autoridad ni tampoco respecto de organizaciones y/o actores sociales que representaran intereses relativos a la defensa del medio ambiente y/o el desarrollo sustentable del sector señalado, incurriendo en un actuar discriminatorio con aquella parte de la sociedad que es la que será afectada con el arbitrario cambio de uso de suelo de agrícola a industrial, constituyendo dicho sector en una zona de sacrificio.

Manifiestan que el Plan Regulador Intercomunal, debe someterse a participación ciudadana en conformidad a lo dispuesto en la Ley N°18.575. En la tramitación de este plan, la instancia de participación ciudadana se realizó en el marco de la “Evaluación Ambiental Estratégica”, ejecutada por la Consultora Habiterra Limitada, entre los años 2011 y 2013.

En ese contexto, explican que en las diversas etapas del procedimiento administrativo, se convocó a diversos actores de la comunidad regional, tanto públicos como privados, entre los que se cuentan estamentos técnicos de nivel municipal y de servicios públicos, autoridades políticas, académicas, representantes de los diversos sectores productivos de la provincia y otras organizaciones de la sociedad civil. No obstante, se omitió efectuar una instancia de participación indígena y se excluyó a organizaciones, representantes o actores sociales, representativos de la defensa del medio ambiente y/ el desarrollo sustentable.

Señalan que la Asociación Multicultural de Mujeres Indígenas de Coquimbo Warmipura Tinkui, fue inscrita con el Nº 325 en el Registro de Comunidades y Asociaciones Indígenas de la CONADI, y fue constituida en enero del año 2018, de conformidad a la Ley N°19.253. En ese orden de ideas, dicha asociación se encontraba vigente al tiempo en ue sestaba tramitando el plano regulador impugnado. Sin embargo, su participación fue omitida durante todo el proceso, omisión arbitraria e ilegal, que a su vez vulnera la garantía de igualdad ante la ley, reconocida por el numeral 2 del artículo 19 de la carta fundamental.

Agregan que no realizarse el proceso de participación indígena, las personas pertenecientes a los pueblos indígenas y en particular la asociación recurrente, no ha tenido acceso a toda la información de forma previa a la aprobación del instrumento de planificación. Destacan las dificultades y complejidades técnicas del proceso de planificación territorial, lo que impide a una persona sin expertis, entender el contenido elaborado por estos 8 años. Dicha, situación se podría haber evitado si se hubieran cumplido las etapas de información que el procedimiento de consulta indígena, regulado por el Decreto 66 del Ministerio de Desarrollo Social, se hubieran cumplido.

Explican que, – conforme a los artículos 27 y 34 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones – que la planificación urbana es un proceso que se efectúa para orientar y regular el desarrollo de los centros urbanos en función de una política nacional, regional y comunal de desarrollo socioeconómico, cuyos objetivos y metas deben ser incorporados en la planificación urbana en todos sus niveles. Por su parte, la planificación intercomunal es aquella que regula el desarrollo físico del área urbana y rural correspondiente a diversas comunas que, por sus relaciones, se integran en una unidad urbana. La Planificación Urbana Intercomunal se realizará por medio del Plan Regulador Intercomunal o del Plan Regulador Metropolitano, en su caso, instrumentos constituidos por un conjunto de normas y acciones para orientar y regular el desarrollo físico del área correspondiente. La Ley Nº 19.300 dispone expresamente que ciertos instrumentos deberán someterse o quedaran sujetos a la Evaluación Ambiental Estratégica, dentro de los que se encuentran los instrumentos de planificación territorial previstos en la Ley General de Urbanismo y Construcción, los planes regionales de desarrollo urbano, intercomunales, comunales y seccionales.

Indican que la evaluación ambiental estratégica, se aplica a los instrumentos de Planificación Territorial desde la promulgación de la Ley 20.417, que modificó la Ley N° 19.300, la que, en su artículo 7 ter, entrega a un reglamento el procedimiento y los plazos en los cuales debe desarrollarse la participación del público interesado. Precisan que dicho reglamento aún no se ha dictado. Además, conforme a lo dispuesto en los artículos 69 y 70 de la Ley 20.500, sobre participación ciudadana en la gestión pública, los órganos del estado tienen la obligación de establecer modalidades de participación de la comunidad y de las personas en los ámbitos de su competencia.

Sostienen que, en la elaboración del Plan Regulador Intercomunal de la Provincia de Elqui, se aplicó una evaluación ambiental estratégica incompleta, pues no se aplicó el reglamento (aun no dictado) ciñéndose este proceso únicamente a los citados artículo 7 bis de la Ley 19.300, artículos 28 y 36 de la Ley 19.175 y el artículo 2.1.9 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Enfatizan que, en razón de la ausencia de reglamento, la Contraloría Regional cuestionó en tres oportunidades el proceso, órgano que, para subsanar esa carencia, mediante el dictamen 78.815 de 2010, decidió que era aplicable en forma supletoria la Ley 19.880, dictamen que no fue cumplido por el Concejo Regional, ya que mediante acuerdo 6675 de 2014, decidieron que la tramitación del plan regulador cuestionado no requería de participación ciudadana. Sin embargo, fue la SEREMI MINVU quien desarrolló voluntariamente, desde el inicio de su tramitación, consultas a distintos actores públicos y privados interesados en la materia, en los municipios de la provincia, aplicando el art. 2.1.9 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Luego, los acuerdos 8255 de 2016, 9132 y 9767 de 2018, el Concejo Regional, junto con aprobar el Plan Regulador Intercomunal de Elqui, consideró estimó que, en conformidad a los artículos 28 y 36 letra C de la Ley 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, al Consejo “le corresponde hacer efectiva la participación de la comunidad regional (…)”.

Afirman los recurrentes que la Seremi Minvu yerra al considerar que no estaba obligado a realizar un proceso de participación ciudadana y que solo realizó voluntariamente talleres, seminarios y tomó en cuenta la opinión de distintos actores públicos y privados interesados en la materia. Agrega que el Minvu excluyó organizaciones o actores sociales de características de la recurrente y de los vecinos, vecinas y residentes del sector, incumpliendo además lo dispuesto en la Circular Ord. Nº 254 DDU 247, que aprueba las guías para la evaluación ambiental estratégica de instrumentos de planificación territorial, hechos que vienen a constituir una vulneración de la autoridad administrativa del derecho a la participación ciudadana en el procedimiento cuestionado.

Precisan que gran parte de los recurrentes, son vecinos y residentes del sector rural de Tambillos de la comuna de Coquimbo, y el referido Plan Regulador Intercomunal el uso de suelo y a constituir una nueva zonificación pasando de constituir actualmente un sector rural a uno industrial, específicamente una zona productiva molesta y peligrosa (ZEU-PMP) en el cual se instalarán empresas con dichas características, sin perjuicio de las que ya existen, las cuales ponen en grave riesgo la calidad de vida de los vecinos y vecinas y los niveles de contaminación que llegarán a alcanzar, constituyendo una verdadera zona de sacrificio.

Los recurrentes acompañan los siguientes documentos:

1. Certificado de residencia de nombre reservado.

2. Certificado de residencia de nombre reservado.

3. Certificado de residencia de nombre reservado.

4. Certificado de Residencia de nombre reservado.

5. Certificado de Residencia de nombre reservado.

6. Certificado de Residencia de nombre reservado.

7. Certificado de Residencia de nombre reservado.

8. Certificado de Residencia de nombre reservado.

9. Certificado de Residencia de nombre reservado.

10. Certificado de Residencia de nombre reservado.

11. Certificado de Residencia de nombre reservado.

12. Copia de inscripción de propiedad de nombre reservado.

13. Copia de inscripción de propiedad de nombre reservado.

14. Copia de inscripción de propiedad de nombre reservado.

15. Copia de inscripción de propiedad de nombre reservado.

16. Copia de inscripción de propiedad de nombre reservado.

17. Copia de inscripción de propiedad de nombre reservado.

18. Copia de inscripción de propiedad de nombre reservado.

19. Copia de inscripción de propiedad de nombre reservado.

20. Resolución Nº1 del Gobierno Regional de la Región de Coquimbo, publicado en el Diario Oficial con fecha 10 de abril del año 2019.

21. Anexo participación ciudadana, plan regulador intercomunal provincia del Elqui Región de Coquimbo, elaborado por Consultora Habiterra Ltda.

22. Certificado de Persona Jurídica sin fines de lucro correspondiente a la Corporación Regional de Desarrollo Sustentable de Coquimbo.

23. Certificado electrónico de personalidad jurídica de la Asociación Multicultural de Mujeres Indígenas de Coquimbo Warmipura Tinkui.

24. Certificado de personalidad jurídica de la Corporación Regional de Desarrollo Sustentable de Coquimbo.

25. Declaración Jurada Notarial de don nombre reservado.

SEGUNDO: Que, con fecha 10 de junio de 2019, comparece el abogado don Luis Rodrigo Fernández Portaluppi, en representación del Gobierno Regional de Coquimbo, evacua el informe requerido y solicita se rechace el recurso en todas sus partes, con costas.

Afirma en primer término, que el citado instrumento de planificación territorial ha sido aprobado en todas sus etapas por los organismos involucrados, habiendo, además, sido tomado de razón por la Contraloría General de la República. El proceso se desarrolló de conformidad a las normas de la Ley General de Construcciones y su Ordenanza, así como a las regulaciones de la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Especialmente en este ámbito se desarrolló el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica.

Expone que es efectivo que al momento de comenzar la tramitación no existía el reglamento que establecía los procedimientos y plazos en que debía llevarse a cabo la evaluación ambiental estratégica, el trabajo desarrollado por la consultora contratada implementó un importante proceso de participación ciudadana dentro de él, por lo que el procedimiento se habría llevado a cabo de conformidad a la Ley y a los criterios contenidos en la DDU 247 Circular Ord. Nº 254 de abril de 2011, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a diferencia de lo afirmado por los recurrentes, añadiendo que todas las etapas del proceso estuvieron abiertas al público, sin exclusiones.

Agregan que los hitos del proceso de aprobación del plan regulador cuestionado incluyen la Resolución Exenta Nº 130, de 25 de marzo de 2014, que decretó el término del proceso de consulta pública; la Resolución Exenta Nº 133, de la misma fecha, que decretó el término del proceso de consulta a los municipios involucrados y, por último, el Ord. Nº 645 de 29 de abril de 2018, por el que se ingresó el instrumento territorial a su primera instancia de aprobación, por lo que puede concluirse que el proceso de participación ciudadana finalizó en marzo de 2014.

Alega la extemporaneidad del recurso de protección fundado en que la resolución que aprobó el referido Plan Regulador se publicó el Diario Oficial con fecha 10 de abril de 2019, en conformidad al artículo 48 de la Ley Nº 19.880 y la presente acción se interpuso con fecha 20 de mayo.

Señala que fue imposible materializar la participación ciudadana respecto de la Corporación Regional de Desarrollo Sustentable de Coquimbo y la Asociación Multicultural de Mujeres Indígenas Warmipura Tinkui, pues la Evaluación Ambiental Estratégica, se verificó entre los años 2011 y 2013, y las entidades recurrentes de autos ya citadas se constituyeron respectivamente en abril de 2019 y en enero del año 2018, esto es, cuando el PRI Elqui se encontraba concluido, restando solamente cumplir con las observaciones emitidas por el Ente Contralor en el trámite de toma de razón. Añade que los recurrentes personas naturales pudieron participar durante los talleres realizados en la etapa de participación ciudadana efectuada por la Consultora Reitera que es imposible que la asociación Warmipura Tinkul pudiera participar en la forma establecida en la Ley Nº 19.253, pues no existía al momento de verificarse la etapa de participación ciudadana y afirma que los procesos de consulta indígena no se realizan por defecto, sino que se requiere para su desarrollo que se comprueben los supuestos que le dan lugar, esto es, cuando pueden ser directamente afectados con la adopción de alguna medida legislativa o administrativa, las que se encuentran descritas en el artículo 7º del Decreto 66, cuestión que se encuentra ausente en el presente procedimiento cautelar, ya que las recurrentes no han indicado de qué modo el instrumento territorial provincial causa esa afectación.

Añade que no existe vulneración de la garantía a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pues no se indica de que forma el funcionamiento de empresas causaría contaminación, y además las futuras empresas deberán aprobar en su momento las exigencias de la Ley 19.300. Tampoco existen actos ilegales o arbitrarios por parte de la autoridad regional en el procedimiento, ya que tanto el Gobierno Regional Coquimbo y la Seremi Minvu realizaron conforme a la ley el proceso de consulta ciudadana en el marco de la Evaluación Ambiental Estratégica, otorgando a todos los habitantes de las provincias involucradas, sin excepción alguna, la posibilidad de participar con sus opiniones en la conformación del referido Plan Regulador. Finaliza indicando que no existe afectación de la garantía constitucional de igualdad ante la ley, por cuanto no se verificaron actos que pudiesen tacharse de discriminatorios respecto de los recurrentes.

Acompaña los siguientes antecedentes:

1.- Copia Resolución nº130 de fecha 25 de marzo del 2014 de la Secretaría Reg. Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de Coquimbo, y que dispone el término del Proceso de Consulta Pública.

2.- Copia Resolución nº133 de fecha 26 de marzo del 2014 de la Secretaría Reg. Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de Coquimbo, y que dispone el término del Proceso de Consulta Municipalidades.

3.- Ordinario nº4.037 de fecha 9 de octubre del 2014 del Gobierno Regional dirigida a Contraloría Regional de Coquimbo, por el que se remite resolución nº114 del 15 de septiembre del 2014 que aprueba el Plan Regulador Intercomunal Provincia de Elqui.

4.- Oficio Ordinario nº2594 de fecha 4 de junio del 2015 de Contraloría Regional de Coquimbo al Gobierno Regional.

5.- Ordinario nº4480 de fecha 22 de noviembre del 2016 del Gobierno Regional dirigida a Contraloría Regional de Coquimbo.

6.- Oficio Ordinario 5683 de fecha 21 de septiembre del 2017 de Contraloría Regional de Coquimbo al Gobierno Regional.

7.- Ordinario nº892 de fecha 02 de marzo del 2018 del Gobierno Regional dirigida a Contraloría Regional de Coquimbo.

8.- Oficio Ordinario nº4.171 de fecha 14 de septiembre del 2018 de Contraloría Regional de Coquimbo al Gobierno Regional.

9.- Ordinario nº342 de fecha 22 de enero del 2019 del Gobierno Regional dirigida a Contraloría Regional de Coquimbo.

10.- Oficio Ordinario nº1514 de fecha 25 de marzo del 2019 de Contraloría Regional de Coquimbo al Gobierno Regional, por el que finalmente se toma razón del Plan Regulador Intercomunal Provincia Elqui, con alcances.

TERCERO: Que, con fecha 3 de julio de 2019, la Secretaria Regional Ministerial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, evacuó el informe requerido el 13 de junio de 2019. Dicha entidad desarrolla conceptualmente el proceso de planificación urbana, pormenoriza las etapas del procedimiento administrativo efectuado para la elaboración del Plan Regulador Intercomunal de la provincia de Elqui, y precisa la resolución que aprobó el referido plan fue publicada en el Diario Oficial el 10 de abril de 2019 en conformidad a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 19.880. En consecuencia, desde esa fecha se entiende notificado y, por ende, en conocimiento de todos los habitantes del país sin excepción alguna, de manera que el recurso se interpuso con posterioridad al plazo de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto impugnado.

Manifiesta que la Seremi Minvu, Región de Coquimbo, en el proceso de formulación del Plan Regulador garantizó una consulta pública abierta, sin exclusión de ninguna especie, ajustándose a la normativa legal y vigente a la fecha de formulación del Plan, en particular lo referido a participación ciudadana.

Señala que el Plan Regulador Intercomunal de la Provincia de Elqui, no contiene medidas susceptibles de afectar Territorios o Pueblos Indígenas en su calidad de tales, en los términos establecidos en el Convenio 169 de la OIT., y que el ámbito de competencia del Plan es eminentemente territorial, por lo tanto no afecta tradiciones ni prácticas religiosas, culturales o espirituales, así como tampoco afecta áreas oficialmente protegidas del patrimonio natural y cultural, como los hallazgos y vestigios arqueológicos oficialmente protegidos por la Ley de Monumentos Nacionales (Ley 17.288), los que se encuentran reconocidos por el Plan.

Enfatiza que no hubo un acto u omisión arbitrario e ilegal, y al contrario, el Plan efectuó un sin número de actividades de participación ciudadana a diferentes actores incluida participación abierta en la Consulta Pública de la Evaluación Ambiental Estratégica, conforme a las directrices normativas y legales de la época, donde participaron diversas Organizaciones funcionales de la comunidad, bajo un principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico que es el de igualdad frente a la Ley, donde pudieron haber participado sin ningún tipo de exclusión las Organizaciones Funcionales de Asociaciones Indígenas conformadas en esa época, o bien, como personas naturales, por cuanto estas eran abiertas y públicas.

Fustiga que la constitución de las organizaciones y comunidad recurrentes, son de fecha posterior a la formulación y proceso participativo del Plan Regulador Intercomunal, de manera que no es posible afectar sus garantías constitucionales, pues no existían a la fecha del procedimiento administrativo.

Finalmente, afirma que el Plan no vulnera el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, puesto que la zonificación y los usos de suelo asignados ZEU-P1 y ZEU-PMP, sólo reconocen las actividades que al amparo del derecho se han autorizado en el sector, previo a la promulgación del Plan y por otra parte, no se incentiva la instalación de viviendas en dichas zonas justamente para cautelar que la actividad productiva que se ha ido consolidando en el área no friccione o genere incompatibilidad con usos de suelo residencial no admitidos por el Instrumento en alta densidad.

Acompaña materialmente 3 archivadores que contienen:

1.- Expediente final aprobado conteniendo: (582 páginas y 3 Mapas).

2.- Archivador N° 2, (443 páginas) que contiene documentos y antecedentes proceso formulación y aprobación PRI Elqui.

3.- Archivador N° 1, (334 páginas) que contiene documentos y antecedentes proceso formulación y aprobación PRI Elqui.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, en relación a la extemporaneidad alegada, es menester tener presente que del tenor del recurso interpuesto, lo expresado por la recurrida y por la Secretaria Regional Ministerial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y del examen de la publicación del diario Oficial de 10 de abril de 2019 – acompañado por la Secretaria Regional Ministerial informante – es posible establecer que la Resolución N° 1 que aprueba el Plan Regulador Intercomunal de la Provincia de Elqui, fue dictada el día 15 de enero de 2019 y promulgada, a través de su publicación en el Diario Oficial el día 10 de abril de 2019.

En ese contexto, cabe estimar que la acción de protección interpuesta el día 20 de mayo de 2019, se ha deducido de forma extemporánea, habida consideración que, las letra a y b del artículo 48 de la Ley 19.980 ordenan la publicación de los actos administrativos “que contengan normas de general aplicación o que miren al interés general”; y de “aquellos que interesen a un número indeterminado de personas”, respectivamente. Por su parte, el artículo 49 del referido texto legal, establece que los actos publicados en el Diario Oficial “se tendrán como auténticos y oficialmente notificados, obligando desde esa fecha a su íntegro y cabal cumplimiento, salvo que se establecieren reglas diferentes sobre la fecha en que haya de entrar en vigencia”.

De esta forma, el plazo de 30 días que establece el artículo 1° del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, para deducir la acción constitucional de protección, ha de computarse desde la publicación del acto cuya impugnación se pretende, pues ese es el mecanismo que la Ley de Procedimiento Administrativo contempla para su publicidad.

En ese sentido, no resulta procedente computar el plazo a partir del 21 de abril de 2019, atendiendo el tenor de la declaración jurada extendida por don nombre reservado, toda vez que la circunstancia afirmada en dicha declaración no es susceptible de ser corroborada a través de otros antecedentes objetivos, y además la información que un particular pueda brindar a otras personas naturales o jurídicas, no constituyen un mecanismo legal de publicidad respecto al contenido y existencia del acto administrativo impugnado.

SEPTIMO: Que, a mayor abundamiento cabe referir que el Decreto N° 66/2014 del Ministerio de Desarrollo Social, aprueba el Reglamento que regula el procedimiento de consulta indígena, el cual define en su artículo 2° lo que debe entenderse por consulta en este ámbito, girando todo el desarrollo de este decreto en velar por la participación de los pueblos indígenas, en aquellas materias que supongan medidas susceptibles de afectarles directamente.

El artículo 7 del mismo decreto señala cuales son las medidas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas, para efectos de este reglamento. A su vez el artículo 13, inciso final, señala que “Todo requerimiento que tenga por fin impugnar la decisión de no realizar una consulta deberá acreditar su eventual procedencia, señalando de manera clara y específica la forma en la que se produce la afectación directa invocada, de acuerdo al contenido del artículo 7º del presente reglamento.”

En ese contexto, de los antecedentes aportados por la recurrente no es posible dilucidar cuales son las medidas que provocarían la afectación directa que requiere este decreto, como tampoco especifican dicha afectación, lo que es suficiente para descartar el cuestionamiento que hace la reclamante.

OCTAVO: Que, a su vez, de los antecedentes aportados por los intervinientes, no se desprende elemento de juicio alguno que permita visualizar aquella “omisión” que alegan los recurrentes, como tampoco estos explicitan la forma en que esta exclusión se habría producido, de tal manera que no es posible tener por justificada el fundamento de esta alegación.

NOVENO: Que, lo expuesto en los dos considerandos previos, y sin perjuicio de lo sancionado en el motivo sexto que antecede, lleva a concluir que no se visualiza en el proceder la recurrida, un acto arbitrario e ilegal que conduzca a acoger el recurso interpuesto.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección, se declara que:

I.- SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto el 20 de mayo de 2019, por don nombre reservado, a nombre de la CORPORACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE COQUIMBO; don nombre reservado, por sí; don nombre reservado, por sí y a nombre de doña nombre reservado; doña nombre reservado; doña nombre reservado; doña nombre reservado, por sí; doña nombre reservado; doña nombre reservado, por sí; doña nombre reservado, por sí; doña nombre reservado, por sí; doña nombre reservado, por sí; don nombre reservado, por sí; y doña nombre reservado, en representación legal de la ASOCIACIÓN MULTICULTURAL DE MUJERES INDÍGENAS DE COQUIMBO WARMIPURA TINKUI, en contra del GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN DE COQUIMBO.

II.- No se condena en costas a la recurrente, por estimar que la recurrente tuvo motivo plausible para litigar.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 685-2019 Protección.- Pronunciado por la Segunda Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por los Ministros titulares señora nombre reservado, señor nombre reservado y el abogado integrante señor Daniel Alvarez Soza.

En La Serena, a doce de julio de dos mil diecinueve, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.