nombre reservado con COMISION MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ REGION METROPOLITANA

nombre reservado

Comisión Médica preventiva e Invalidez Región Metropolitana Recurso de protección Rol Nº684-2025 La Serena, cinco de junio de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece la abogada Makarena Aurora Bravo Flores en representación del Dr. nombre reservado interponiendo acción de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana (COMPIN), representada por nombre reservado, a fin de que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Indica que el recurrente es médico cirujano especialista en psiquiatría que ejerce profesionalmente en La Serena, atendiendo pacientes con patologías de salud mental que requieren tratamientos farmacológicos y, frecuentemente, reposo laboral mediante licencias médicas.

Indica que en el contexto de una fiscalización bajo la Ley N°20.585, COMPIN solicitó al profesional, con fecha 8 de mayo de 2023, la entrega de 100 informes médicos, fichas clínicas y copias de bonos de atención relacionados con 33 pacientes individualizados. Posteriormente, atendido el gran número de informes solicitados, siendo imposible recabar la información en el breve plazo concedido, mediante Ordinario N°669-2023 del 22 de mayo de 2023, fue sancionado con suspensión de su facultad para emitir licencias médicas debido a la "negativa en entregar informes complementarios".

Añade que si bien le pareció irracional la solicitud y sanción, comenzó a reunir la información para poder enviar los informes, a inicios de 2024 opto por enviar los antecedentes a la carpeta virtual de Google como lo ordenaba la resolución de 8 de mayo de 2023, sin obtener respuesta, el profesional continuó siendo objeto de sanciones sucesivas. A través de una solicitud de transparencia, se constató que entre mayo de 2023 y marzo de 2025 se dictaron 42 resoluciones sancionadoras que no fueron debidamente notificadas, manteniéndose vigente la suspensión de manera intermitente e irregular.

Sólo así, el recurrente pudo constatar que le exigen acompañar nuevamente los 100 informes médicos, respecto a las 100 licencias médicas, que incluye lo siguiente: fecha de emisión del informe, nombre, RUT, edad, ocupación, fecha de atención, licencia que justifica el informe, folio, diagnóstico, fecha y hora de atención, motivo de consulta, anamnesis, antecedentes clínicos relevantes, examen físico o mental (según diagnóstico), estado funcional del paciente, tratamiento farmacológico, resultado de exámenes (imagenológicos, laboratorio, etc.), diagnósticos (solo en caso de salud mental, consignando los 5 ejes de la evaluación multiaxial), plan de manejo, fecha probable de alta, tratamiento e indicaciones y finalmente identificación del tratante, las licencias médicas de los pacientes, boleta o bono de atención y las fichas clínicas de los 33 pacientes, a los que corresponden las licencias fiscalizadas.

En cuanto a los fundamentos jurídicos de las ilegalidades, indica Infracción del artículo 17 letra f) de la Ley N°19.880: COMPIN vulneró el derecho de los administrados a ser tratados con respeto y deferencia. A pesar de que el recurrente cumplió con entregar toda la documentación requerida por múltiples medios, fue sancionado únicamente por discrepancias formales en el formato de informes y fichas clínicas, así como por indicarse un medio erróneo de recepción en la resolución notificada.

Esta actuación constituye un ejercicio indebido de la potestad fiscalizadora, toda vez que el objetivo de COMPIN es evaluar licencias médicas que carezcan de fundamento, no realizar observaciones meramente formales. Las exigencias impuestas resultan desproporcionadas e ilegales, afectando tanto el ejercicio profesional del recurrente como el acceso oportuno de sus pacientes a atención médica integral.

Infracción del artículo 2 de la Ley N°20.585 y artículo 41 de la Ley N°19.880. se denuncia la falsa aplicación del artículo 2 de la Ley N°20.585 respecto al plazo para responder requerimientos de información. El plazo de siete días corridos está concebido para casos concretos con sospecha cierta de emisión de licencias sin fundamento, no para conjuntos copiosos como el presente caso.

Adicionalmente, no concurren los supuestos normativos que habilitan la aplicación de sanciones: no existe inasistencia injustificada a citaciones (pues COMPIN nunca citó al profesional) ni se ha establecido la existencia de un "caso calificado" que justifique la suspensión. La resolución sancionadora carece de la debida fundamentación exigida por el artículo 41 de la Ley N°19.880, incumpliendo el deber reforzado de motivación en actos administrativos sancionadores.

Infracción del artículo 13 de la Ley N°20.584: Finalmente, se invoca la violación de la confidencialidad de las fichas clínicas, considerando que terceros no directamente relacionados con la atención de salud no pueden acceder a dicha información. El artículo 2 de la Ley N°20.585 no habilita a COMPIN para requerir fichas clínicas ni bonos de atención, siendo su actuar contrario a la legalidad.

Añade que, aun estimándose legal el proceder de COMPIN, su actuación resulta manifiestamente arbitraria, carente de motivación y caprichosa. La arbitrariedad se manifiesta en requerimientos imprecisos, sin fundamentos relacionados con uso inadecuado de licencias médicas, contraviniendo el principio de proporcionalidad que rige la actuación administrativa.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, refiere que las acciones de COMPIN vulneran los derechos consagrados en los números 1, 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política:

Derecho a la vida e integridad física y psíquica: Se arriesga la vida de pacientes al impedir al profesional trabajar adecuadamente y otorgar reposo laboral cuando corresponde médicamente.

Igualdad ante la ley: El recurrente se encuentra en situación de desigualdad frente a otros profesionales no sometidos a hostilización similar.

Libertad de trabajo: Se encuentra privado de herramienta fundamental para la atención de pacientes al no poder emitir licencias médicas.

Derecho de propiedad: Se vulnera su patrimonio profesional y la facultad de emitir licencias como parte de su ejercicio médico.

Solicita declarar ilegal y arbitrario el proceder de COMPIN, ordenando: dejar sin efecto todos los requerimientos y sanciones de suspensión de facultad de emitir licencias médicas y venta de talonarios y/o multas.; abstenerse de efectuar requerimientos similares limitando a máximo tres informes por requerimiento; adoptar medidas para restablecer derechos vulnerados; y condenar en costas a la recurrida.

Acompañó al recurso los siguientes documentos:

1. Copia de Resolución ORD N°3435000-2023 de fecha 08 de mayo de 2023, suscrita por la presidenta de la COMPIN REGION METROPOLITANA doña nombre reservado

2. Copia acuse de recibo de solicitud de acceso a la información ley de transparencia ao045t0013424 de fecha 10 de febrero de 2025.

3.- Copia de las resoluciones exentas individualizadas en la presente acción.

4.- Copia correo electrónico de fecha 27 de marzo de 2025, donde se comunica el envío de respuesta a la solicitud de información ao045t0013424.

5.- Copia correo electrónico de fecha 27 de mayo de 2023, por el cual FISCALIZACION COMPIN informa que no puede hacer recepción de los informes enviados.

6. Captura de pantalla en que se aprecia la suspensión vigente para emitir licencias médicas.

SEGUNDO: Que, evacuó informe la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana y a su vez en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana Indica las facultades conferidas por la Ley N°20.585 de 2012, sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, la cual establece la obligación de la COMPIN de fiscalizar la fundamentación terapéutica de las licencias médicas para resguardar su ajuste a derecho. Asimismo, se invoca el artículo 49 del decreto N°3 de 1984, que obliga a los profesionales a mantener un registro de pacientes con indicación de descanso laboral, junto con los antecedentes que fundamentan médicamente dichas licencias.

Refiere que la normativa citada establece que la negativa reiterada a entregar antecedentes solicitados, dentro del plazo máximo de siete días corridos, habilita a la Comisión para aplicar sanciones mediante resolución fundada, incluyendo multas de hasta 10 unidades tributarias mensuales y suspensión de la facultad de emitir licencias médicas hasta por 15 días renovables.

Señala que el recurrente fue sancionado mediante Resolución Exenta N°669/2023 con multa de 10 UTM y suspensión de la facultad de emitir licencias médicas, sanción que ha sido renovada sucesivamente hasta la Resolución Exenta N°479 de mayo de 2025, debido a su persistente negativa a acompañar los informes complementarios que respalden 100 licencias médicas fiscalizadas.

La recurrida como primer argumento indica la improcedencia por falta de vía idónea: la vía apropiada para los fines perseguidos por el actor, dado que los hechos denunciados están expresamente reglados en el artículo 2° de la Ley N°20.585. En consecuencia, correspondería aplicar la norma de inadmisibilidad prevista en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, citándose precedente jurisprudencial de la I. Corte de Apelaciones de Santiago en causa ROL N°41551-2021 que resolvió casos análogos.

Adicionalmente, argumenta que la vía idónea para impugnar actos administrativos es el régimen recursivo establecido en la Ley N°19.880 de 2003, que contempla recursos de reposición, jerárquico, invalidación administrativa o recurso ante la Contraloría General de la República.

Como segundo argumento indica la Inexistencia de acción u omisión ilegal o arbitraria: ya que la fiscalización cuestionada se enmarca en el Plan de Fiscalización a Altos Emisores de Licencias Médicas, cuya finalidad es proteger a cotizantes y beneficiarios de FONASA frente al gasto por licencias médicas expedidas sin fundamento terapéutico adecuado. Se destaca que el recurrente, siendo un profesional no especialista, emitió 854 licencias médicas en el último año previo a la fiscalización.

Enfatiza que dicho plan no establece límites numéricos de licencias por prestador, sino que se sustenta en criterios de riesgo de comportamiento fraudulento, excluyendo licencias de origen maternal, laboral, por COVID-19, preventivas parentales y aquellas emitidas desde la red pública de salud.

Refiere que los antecedentes normativos y orgánicos sobre los que descansa la fiscalización efectuada por la Compin en materia de licencias médicas y su emisión. Y respecto al plazo de siete días corridos, se argumenta que constituye el término máximo establecido por el legislador en el artículo 2° de la Ley N°20.585, habiendo sido validado por la E. Corte Suprema en causas ROL N°1537-2022 y N°11068-2022. En cuanto al número de licencias fiscalizadas, se sostiene que la ley no establece límite máximo, partiendo de la premisa que todo prestador debe mantener registro de pacientes y antecedentes fundamentales conforme al artículo 49 del decreto N°3.

Sobre la razonabilidad del requerimiento y protección de datos, argumenta que la COMPIN no está obligada a expresar en el acto administrativo los motivos específicos del requerimiento, pues el objetivo se enmarca en la naturaleza fiscalizadora del procedimiento. Respecto al tratamiento de datos personales y fichas médicas, se invoca el artículo 4° numeral 5 del DFL N°1 de 2005 del Ministerio de Salud, que autoriza el tratamiento de datos sensibles para protección de la salud poblacional, en concordancia con el artículo 20 de la Ley N°19.628 sobre protección de la vida privada.

La recurrida cita jurisprudencia de la E. Corte Suprema en causas ROL N°47.622-2023, N°26.418-2023 y N°38.235-2023, que confirmaron sentencias de rechazo de acciones de protección similares. Particularmente, se transcribe el razonamiento de la I. Corte de Apelaciones de Santiago en causa ROL N°39.795-2021, que establece la existencia de procedimiento justo y racional, la necesidad pública concreta del acto y la ausencia de arbitrariedad en la fiscalización.

En cuanto a las garantías constitucionales que se alegan vulneradas. Respecto al derecho a la vida, argumenta que la licencia médica constituye un derecho del trabajador, no del prestador. En cuanto a la igualdad ante la ley, sostiene que no existe discriminación al fiscalizar a profesionales en iguales condiciones. Sobre la libertad de trabajo, destaca la tardía interposición del recurso tras más de un año de la primera sanción. Finalmente, respecto al derecho de propiedad, argumenta que las sanciones están expresamente previstas en la ley, resultando contradictorio alegar ilegalidad de sanciones legalmente establecidas.

Solicitando el rechazo del recurso con condena en costas.

Acompañó a su informe las Resoluciones Exentas que solicitan los antecedentes requeridos e imponen sanción.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, se puede tener como hechos no controvertidos, que el 08 de mayo de 2023, fue requerido al recurrente, por medio de sucesivos oficios, la remisión de antecedentes e informes complementarios, por un total de 100 licencias médicas, solicitándole un informe médico de acuerdo con formato que en el requerimiento se anexa, la ficha clínica de cada paciente -junto con información de ésta- y copia del bono o de la boleta de la atención médica correspondiente. Si la licencia médica fiscalizada es de talonario de papel, debía presentar el talón completo, en un plazo de siete días corridos.

Luego, por medio de Ordinario N°669/2023 de 22 de mayo de 2023, se le informa al recurrente la aplicación de una sanción consistente en el pago de una multa a beneficio fiscal por 10 Unidades Tributarias Mensuales, así como la suspensión de la facultad de emitir licencias médicas, por 15 días.

Posterior a ello, se dictaron entre junio de 2023 y hasta mayo de 2025 una serie de resoluciones, fundadas en el incumplimiento reiterado en la entrega de los antecedentes requeridos, renovándose la sanción originalmente impuesta, por el mismo plazo.

SEXTO: Que, para la resolución del asunto, conviene tener presente que lo reprochado por el recurrente guarda relación con la ausencia de notificación de un total de 42 resoluciones emitidas por la recurrida, entre junio de 2023 y marzo de 2025, mediante las cuales se renueva la sanción de suspensión de la facultad de emitir licencias médicas, al no haber acompañado los antecedentes que le fueron requeridos en mayo de 2023.

También se reprocha el actuar arbitrario de la recurrida, que se manifiesta en la imprecisión de requerimientos sin motivos y sin fundamentos que se relacionen con un uso inadecuado de las licencias médicas.

SEPTIMO: Que, del mérito de los antecedentes allegados al proceso, es dable sostener que el recurrente, como profesional de la salud, ha sido sometido a fiscalización por la entidad recurrida, proceso que se inició en mayo del año 2023, fecha en la que se le exige información sobre múltiples licencias médicas extendidas por éste.

Aparece claro, además, que la información no fue entregada en tiempo ni forma, sino sólo ocurrió “a inicios del año 2024” (página 3 del libelo), como expresamente reconoció el actor, aunque no en la forma exigida, lo que implicó la mantención de la sanción que impugna, lo que se ha sostenido hasta la fecha.

Cabe preguntarse, entonces, cuál es el acto recurrido. Y lo anterior no es baladí, sobre todo considerando que lo pedido por el recurrente es “que deje sin efecto todos los requerimientos de información remitidos a mi representado mediante correos electrónicos y/o cartas certificadas relacionados con la fiscalización, incluyendo las resoluciones ya dictadas y, especialmente aquellas que aplicaron sanciones de suspensión de facultad de emitir licencias médicas y venta de talonarios y/o multas; que se abstenga en el futuro de efectuar requerimientos similares, limitando su actuación a una menor cantidad de informes requeridos, a la cantidad de 3 por requerimiento o lo que S.S.I. estime prudente y razonable; y, que se adopten por S.S. I. las medidas necesarias que estime convenientes para restablecer el imperio de los derechos vulnerados y amenazados.”

Para responder la pregunta y resolver este asunto, esta Corte considera que la descripción fáctica contenida en el recurso, sumado al petitorio, deja en evidencia que las alegaciones del actor se dirigen en contra de las actuaciones de la entidad recurrida en el proceso de fiscalización iniciado en mayo de 2023, siendo las restantes resoluciones dictadas, mediante las cuales se ha prorrogado la sanción, simplemente decisiones ante la mantención de las conductas refractarias del profesional no sólo por meses (como expresamente reconoció), sino por años. Aquello impone concluir que por esta vía constitucional de excepción se busca revisar un procedimiento fuera de todos los márgenes temporales que permite este procedimiento.

En efecto, el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de nuestro máximo tribunal establece que el libelo debe interponerse dentro de 30 días desde la ejecución del acto o su información, todo lo cual ocurrió desde mayo del año 2023, sin que pueda concluirse que las decisiones de prórroga más recientes puedan analizarse por separado a las restantes, ni menos respecto del procedimiento iniciado en la fecha señalada, y que motivó su interposición.

De esta forma y por los antecedentes expuestos, el recurso será rechazado íntegramente.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 684-2025 Protección.