nombre reservado con HOSPITAL DR. ANTONIO TIRADO LANAS DE OVALLE Y OTRO

nombre reservado

Servicio de Salud de Coquimbo y otro Recurso de protección Rol Nº681-2025 La Serena, siete de julio de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, tecnólogo médico, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra del SERVICIO DE SALUD COQUIMBO, representado por su Director Regional D. Ernesto Jorquera Flores, ambos con domicilio en domicilio reservado, y del HOSPITAL PROVINCIAL DE OVALLE, representado por su Director nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en la falta de notificación y debido emplazamiento de la respuesta al recurso de reposición interpuesto por su parte el 14 del mes de mayo del año 2024, lo que le impidió impugnar la medida disciplinaria de destitución en su contra, afectando con ello sus derechos fundamentales a la vida, a la igualdad ante la ley, el derecho a ser asistido por un abogado defensor proporcionado por el Estado, la libertad de trabajo y su protección y su derecho de propiedad, consagrados en los numerales 1, 2 , 3, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Señala que se desempeñó durante 11 años en el Hospital de Ovalle, ejerciendo funciones como tecnólogo médico en el laboratorio del hospital, precisando que estuvo a contrata por un lapso de 6 años y después como profesional de planta desde el 01 de octubre de 2017, luego ejerciendo como jefe de laboratorio de Biología Molecular del Hospital de Ovalle, en encomendación de funciones, designado en el mes de abril de 2020 para enfrentar la pandemia por Covid-19, posteriormente designado, con encomendación, como jefe de Laboratorio Clínico desde el 24 de febrero de 2021, hasta el 27 de marzo de 2025 en que fue exonerado como consecuencia de un sumario administrativo que se inició mediante la resolución exenta N°14952 /13/10/2023, de la dirección del Hospital De Ovalle.

Señala que el sumario administrativo se originó como consecuencia de hechos ocurridos el 6 de julio de 2018, los que a su vez dieron lugar a una sentencia condenatoria, en la cual le otorgaron beneficios de la Ley N°18.216 y que, además, incluía una inhabilitación de tres meses para ocupar cargo u oficio público. Asimismo, refiere que el sumario concluyó con la dictación de la resolución N° 2827, de 17 de junio de 2024, que le aplicó la medida disciplinaria de Destitución.

Sin embargo, alega que recién el 27 de marzo de 2025, recibió en su correo electrónico personal, el acto de registro de la referida resolución de 17 de junio de 2024, ello con motivo de una consulta suya sobre el estado del procedimiento sumarial y su actual calidad jurídica. En ese contexto, afirma que nunca se le notificó formalmente el rechazo a los descargos efectuados en la tramitación del sumario, como tampoco se le notificó la respuesta al recurso de reposición presentado por su parte el 14 de mayo de 2024, con lo cual, se le impidió presentar reclamos ante el órgano contralor.

Asimismo, señala que nunca tuvo acceso a las conclusiones de la vista fiscal, todo lo cual le impidió ejercer su derecho a defensa.

De esta manera, señala que se ha vulnerado su derecho a la vida, consagrado en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política, su derecho a la igualdad ante la ley, garantizado en el numeral 2 de la misma disposición, su derecho a ser asistido por un abogado defensor proporcionado por el Estado, consagrado en el inciso 4° del artículo 19 N°3 de la Carta Fundamental, como también el derecho a la libertad del trabajo y el derecho de propiedad, de los numerales 16 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Por tales antecedentes, solicita que se acoja el recurso de protección, declarando la nulidad de lo obrado en el sumario administrativo, retrotrayéndolo a la etapa de notificación de la respuesta al recurso de reposición, con el efecto de la reincorporación del recurrente a sus funciones y el derecho al pago de las remuneraciones, declarando la calidad de funcionario público a lo menos hasta el 27 de marzo de 2025, con todos los derechos y deberes correspondientes, junto con ordenar que se le notifique la respuesta al recurso de reposición presentado, emitir y notificar un nuevo acto terminal con los debidos fundamentos y oficiar a la Contraloría General de la República para que dicte una resolución de reemplazo que deje sin efecto el acto de registro de la medida disciplinaria de destitución.

SEGUNDO: Que, se evacuó informe por el Servicio de Salud de Coquimbo, solicitando el rechazo del recurso de protección, con costas.

Previamente, alegó la improcedencia del recurso de protección, argumentando que no es la vía para discutir aspectos de mérito respecto de sumarios administrativos en donde el inculpado ejerció su derecho a defensa ni tampoco revisar la medida disciplinaria impuesta conforme al mérito de dicho sumario.

Enseguida, alegó la extemporaneidad de la acción, haciendo presente que el recurso fue presentado el 26 de abril de 2025, alegando el actor que tomó conocimiento de los supuestos hechos vulneradores con fecha 27 de marzo de 2025, al haber recibido en su correo electrónico personal, el acto de registro de la medida disciplinaria. Sin embargo, afirma que lo alegado por el recurrente resulta inverosímil, por cuanto existe constancia que fue notificado de la respuesta a su requerimiento ante la Contraloría Regional de Coquimbo, el 17 de diciembre de 2024, por medio de correo electrónico (Oficio Folio E580887/2024), en la cual se le señaló que no correspondía el pago íntegro de remuneraciones durante la suspensión de funciones, pronunciamiento en que también se reconoce la validez del proceso disciplinario y de la notificación por carta certificada de la Resolución Exenta N° 2827 de 17 de junio de 2024 del Servicio de Salud que rechazó su recurso de reposición, confirmando y aplicando la medida disciplinaria de destitución. Por lo tanto, afirma que con ello se demuestra que el actor estaba en conocimiento que la resolución que resolvió su recurso de reposición estaba correctamente notificada.

Por otra parte, respecto a lo alegado por el recurrente, en cuanto que Correos de Chile no le remitió la carta certificada, ya que no tenía cobertura en la dirección correspondiente a su domicilio; alega que el reclamo del actor en Correos de Chile fue resuelto el 19 de agosto de 2024, de manera que desde ese día el Sr. nombre reservado se encontraba en conocimiento que se había despachado una carta certificada con la notificación de la resolución que resolvía su recurso de reposición, de forma que no se entiende por qué esperó hasta marzo de 2025 para presentar el recurso de protección. Por lo anterior, afirma que quedaría en evidencia que la intención del recurrente es tratar de revivir artificiosamente instancias procesales para dejar sin efecto la medida disciplinaria.

En cuanto al fondo, solicita el rechazo del recurso, pues señala que el sumario administrativo fue tramitado conforme el procedimiento establecido en el Estatuto Administrativo, obrar que fue ratificado por la propia Contraloría General de la República.

Puntualiza que el sumario se originó porque la Dirección del Hospital de Ovalle tomó conocimiento que el recurrente fue condenado por el delito de tráfico en pequeñas cantidades, en causa RIT 2140-2018, RUC 1800654077-1 del Juzgado de Garantía de Ovalle, encontrándose la sentencia firme. En tal sentido, señala que, conforme al artículo 19 de la Ley N°18.575 y el artículo 120 del Estatuto Administrativo, el hecho que se le haya otorgado alguna de las penas sustitutivas de la Ley N°18.216 y el hecho que se acoja a la omisión de antecedentes del artículo 38 del mismo cuerpo legal, no lo exime del cumplimiento de la pena y de la eventual responsabilidad administrativa que le pudiera traer aparejada.

Por otra parte, en cuanto a la notificación del rechazo al recurso de reposición presentado por el recurrente, explica que el 07 de mayo de 2024 se le notificó personalmente en su domicilio domicilio reservado, de 28 de abril de 2024, del Servicio de Salud Coquimbo, en acta que el recurrente firmó. Luego, presentó recurso de reposición, el cual fue rechazado mediante la Resolución Exenta N° 2827 de 17 de junio de 2024, confirmando la medida de destitución. Señala que la funcionaria encargada de sumarios, realizó dos intentos de notificación en el mismo domicilio del actor, los días 02 y 03 de julio de 2024, sin ser habido, por lo que de acuerdo al artículo 126 inciso 3° del Estatuto Administrativo se despachó carta certificada a su domicilio. Luego, el 12 de julio de 2024 la funcionaria encargada de sumarios administrativos del Hospital de Ovalle dejó constancia que recibió desde la Oficina de Gestión Documental del Hospital la devolución de la carta certificada de la empresa Correos de Chile, con notificación negativa. Por lo tanto, indica que habiendo cumplido con las formalidades exigidas por la ley, el Servicio de Salud Coquimbo remitió por vía electrónica los antecedentes a la Contraloría General de la República para el registro en la plataforma SIAPER.

Añade, que según lo que prescribía la Resolución N° 6 de 2019 de la Contraloría General de la República, que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón de las Materias de Personal que se indican; la destitución se encontraba afecta al trámite de toma de razón. El 10 de junio de 2024, se publicó en el Diario Oficial la Resolución 2/2024 de la Contraloría General de la República, que modificó la Resolución 6/2019, entre otras cosas, eliminando el artículo 11 n°6 que establecía que las medidas disciplinarias expulsivas estaban sujetas al trámite de toma de razón. Actualmente dicha normativa fue reemplazada por la Resolución N° 36 de la Contraloría General de la República, de fecha 23 de diciembre de 2024, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, la cual mantiene el criterio que las destituciones están solo sujetas a registro en la plataforma SIAPER.

Por lo tanto, sostiene que el Servicio de Salud sólo se ha limitado a cumplir con lo que mandata la ley y lo que establece la Contraloría General de la República, buscando el Sr. nombre reservado artificiosamente un subterfugio para evitar que se aplique una medida disciplinaria. En consecuencia, alega que no ha existido ilegalidad alguna en el obrar del Servicio de Salud, como tampoco se ha cometido alguna vulneración a los derechos fundamentales del recurrente.

TERCERO: Que, se evacuó informe por el Hospital Provincial de Ovalle, solicitando el rechazo del recurso.

En síntesis, señaló que el sumario iniciado respecto del recurrente tuvo su origen en una sentencia del juzgado de garantía de Ovalle, de 26 de septiembre de 2023, dictada en causa RIT: 2140-2018, que lo condenó como autor del delito consumado de microtráfico, el cual tiene además una pena accesoria de suspensión de cargo público u oficio público, durante el tiempo que dure la condena. De esa forma, indica que dada la gravedad de los hechos y teniendo además presente el tipo de delito, su condición de empleado público, y el hecho que el actor era Jefe del Departamento de Laboratorio del Hospital de Ovalle, se dispuso el inicio de un sumario administrativo, el que fue llevado con todas las garantías legales que lo informan. Asimismo, indica que por resolución exenta N° 2827 de 17 de junio 2024 del Servicio de Salud Coquimbo, se rechazó el recurso de reposición presentado por el recurrente contra la resolución exenta N° 2147 de 29 de abril de 2024 del Servicio de Salud Coquimbo, que le aplicó la medida disciplinaria de destitución.

Luego, alega la extemporaneidad del recurso, señalando que el 17 de diciembre de 2024 el actor fue notificado de la respuesta de Contraloría Regional de Coquimbo a su solicitud de devolución de algunos emolumentos que él entendía que se le adeudaban, respondiéndole negativamente, dado que la suspensión de funciones se había prorrogado y el sumario sancionado con medida disciplinaria de destitución. Asimismo, agrega que en el mes de octubre de 2024, el recurrente planteó una serie de ilegalidades en el marco del sumario administrativo, lo que se le contestó mediante oficio N° 3623 de fecha 18 de octubre de 2024, detallando la situación que le afecta y las medidas de destitución dispuesta en el sumario. En consecuencia, sostiene que el recurrente busca mañosamente revivir un proceso que sabe fenecido.

Por otra parte, indica que el recurrente siempre tuvo acceso a la vista fiscal, y a cada una de las piezas del expediente, haciendo presente que el actor mantuvo comunicación vía correo electrónico con el fiscal de la causa.

Respecto a la notificación de la Resolución Exenta N° 2827 de 17 de junio de 2024, que confirmó la medida de destitución, señala que se realizaron 2 intentos de notificación en su domicilio por la funcionaria encargada de sumarios, sin salir a sus llamados. Por lo anterior, se despachó carta certificada a su domicilio. De manera que se han cumplido con rigurosidad todos los medios de que se dispone no solo en la legislación administrativa, sino que también en la civil contemplada en el Código de Procedimiento Civil para notificar la resolución.

Añade, que parece extraño que el actor, en prácticamente un año desde su última gestión en el sumario -que lo destituía-, no se haya preguntado en qué estado se encontraba dicho proceso, como también, afirma que resulta extraño que se hubiese dirigido a la Contraloría General de la República, reclamando el pago de unos montos que consideraba se le adeudaban por el hospital dentro de este proceso, y no por el sumario.

Por lo anterior, sostiene que el recurso es extemporáneo y, además, que tampoco existe acto ilegal o arbitrario, que amenace, prive o perturbe los derechos y garantías fundamentales invocados por el recurrente.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, en primer término, la excepción de improcedencia alegada por el servicio recurrido será desechada, únicamente pues se basa en asuntos de fondo que deben ser analizados en su oportunidad y, por cierto, sin perjuicio de lo que en ese contexto se resolverá.

Por su parte, en cuanto a la alegación de extemporaneidad, existen dos elementos que hacen concluir a esta Corte que el actor tomó conocimiento de la existencia y contenido del fallo del recurso de reposición -que interpuso en contra de la sentencia del sumario administrativo que le impuso la medida gravosa de destitución- y, por tanto, el libelo es extemporáneo.

En efecto, debemos recordar que el protegido era funcionario de planta en ejercicio ante el Hospital de Ovalle y, en tal contexto, fue sujeto a un sumario administrativo, que culminó con una sentencia que le impuso la medida de destitución. En contra de aquel dictamen, el actor interpuso recurso de reposición, el que debía ser resuelto por la Contraloría General de la República y que no le habría sido notificado, según sus dichos, por lo que sólo se entera en marzo de año que corre del rechazo de éste y, por tanto, de quedar afirme la decisión, omisión que le impidió ejercer otros recursos y “cotar con abogado que defienda sus derechos”.

SÉPTIMO: Que, sin embargo, es el propio recurrente quien acompaña a folio 1.3 un documento que consiste en la respuesta de Correos de Chile frente a un “procedimiento” iniciado por el actor, de agosto de 2024, donde consta claramente que la entidad pone fin a un reclamo iniciado por aquel y en el que se individualiza precisamente una carta remitida por el Hospital de Ovalle. Luego, el 17 de diciembre pasado, la Contraloría le informó a su casilla electrónica la orden de restituir fondos pagados en exceso. En dicho documento se alude a que “…se advierte que mediante la resolución exenta N° 2.827, de 2024, se rechaza el recurso de reposición interpuesto por el recurrente, y se confirma la medida disciplinaria de destitución, notificándose mediante carta certificada, remitida con fecha 4 de julio de 2024.” Aquel documento consta a folio 16.1.

De lo anterior se colige sin lugar a duda alguna que, al menos, desde diciembre de 2024 -fecha en la que le fue noticiada la orden de devolver montos recibidos en exceso- el actor tomó conocimiento tanto del fallo a su recurso de reposición, como de la fecha de su notificación.

Así, habiendo interpuesto su libelo el 26 de abril de 2024, aquello lo fue latamente transcurrido ya el término de 30 días al que alude el Auto Acordado de la E. Corte Suprema, por lo que se acogerá dicha incidencia.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, la supuesta falta de notificación de la decisión de rechazar su recurso de reposición en contra de la sentencia sancionatoria no aparece del todo demostrada, desde que la carta fue remitida por la entidad recurrida a Correros de Chile, momento desde el que se entiende notificada la resolución contenida en ella. Así lo regula el ordenamiento jurídico en diversos cuerpos como artículos 43 de la Ley N°19.880, 440 del Código de Trabajo y 23 de la Ley N°19.968. De esta forma, la sola recepción del documento en Correos de Chile, a los días se entiende debidamente emplazado.

Por lo demás, las garantías identificadas como vulneradas por el actor no lo son, desde que no se advierte cómo la supuesta -y descartada- omisión reclamada pidiera afectar su vida o su integridad ni la igualdad ante la ley, pues el acto no reviste el mérito suficiente para violentar las primeras y no consta un trato discriminatorio a su respecto. En relación con el debido proceso, la supuesta “falta de abogado” no constituye una de las aristas amparadas por esta vía, quedando sólo incluida en el catálogo de garantías protegidas por este recurso el inciso 5 del numeral 3 del artículo 19 de la carta fundamental. Finalmente, la libertad de trabajo no se puede entender afectada, desde que la separación del cargo lo fue en un procedimiento sujeto a las reglas procesales pertinentes y habiendo sido desechado el reclamo contra la sentencia, argumento que también desecha la vulneración del derecho de propiedad, pues los montos percibidos fueron ordenados devolver por la Contraloría, sin que aquella decisión figure recurrida.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que SE RECHAZA la alegación de improcedencia de la acción de protección.

II.- Que SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra del Servicio de Salud de Coquimbo y del Hospital Provincial de Ovalle, por extemporáneo.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N°681-2025 (Protección)