Protección contra Instituto Nacional de Estadística

nombre reservado, nombre reservado

Instituto de Estadísticas IV Región y Secretario Regional Ministerial de Educación IV Región Recurso de Protección Rol N° 676-2017.- La Serena, a dieciocho de mayo de dos mil diecisiete.

VISTOS:

Que doña nombre reservado, estudiante, domiciliada en Pan de Azúcar, Comuna de Coquimbo, interpone nombre reservado en contra del Instituto Nacional de Estadística, IV Región, representada por su Directora Regional doña Marcela Paz León, ingeniera, domiciliada en domicilio reservado, y en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Educación IV Región, representada por don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, por involucrar a diversos estudiantes, menores de edad, en actividades que corresponden a otro segmento social, y que con esa actuación privan, perturban y amenazan la garantía del artículo 19 Nº 12 de la Carta Fundamental, peticionando el restablecimiento del imperio del derecho quebrantado y se asegure la debida protección de todo escolar, principalmente adolescentes menores de edad. Refiere que con fecha 16 de marzo del presente año advirtió en el sitio web www.emol.com que la Directora del Instituto Nacional de Estadísticas anuncia el reclutamiento de censistas entre alumnos y apoderados de colegios particulares. En el mismo sentido se pronunció la Subsecretaria de Educación doña nombre reservado. Advierte en ello una contradicción ya que con ello no se protege los intereses de los menores, especialmente la evitación del trabajo infantil. Dice que es estudiante de un colegio privado en el que se llegó a imponer el reclutamiento so pretexto de ponerles una nota “7”, lo que le preocupa al no poder participar como encuestador, por cuanto no cuenta con autorización de sus padres y no existe un documento que hable de la responsabilidad legal del encuestador. Denuncia que la Ley Nº 17.374 no impone la obligación de reclutar a menores de edad y menos sin la autorización de sus padres, supliendo la responsabilidad de los adultos. Indica que el Código del Trabajo autoriza excepcionalmente en trabajo de menores de 18 años de edad, en concordancia con la Convención sobre Derechos del Niño. Refiere los artículos 1º y 19 Nº 10 de la Carta Fundamental para reforzar la idea que el Estado debe amparar la protección de los derechos que menciona.

Que el señor Secretario Regional Ministerial de Educación, Región de Coquimbo, informa al tenor del recurso, señalando que la participación del Ministerio de Educación en el Censo 2017 se encuadra en la Ley Nº 20.911, que crea el Plan de Formación Ciudadana para todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, cuyos objetivos son: a) Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes. b) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. c) Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes. d) Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño. e) Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país. f) Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. g) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. h) Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. i) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. Agrega que la formación ciudadana en escuelas y liceos se entiende como un proceso continuo que permita el desarrollo de un conjunto de competencias en los estudiantes, de modo de favorecer la conciencia respecto del ejercicio de sus derechos, la responsabilidad de vivir en comunidad y la participación activa en la búsqueda del bien común. Aduce que el censo es un tema de interés público. Por ello, el Ministerio de Educación instruyó a sus distintos niveles del sistema escolar la promoción activa de sus directivos, docentes, asistentes de educación y estudiantes de 3º y 4º medio, en el caso de estos últimos como una experiencia de aprendizaje, voluntaria y sin más incentivo que el aporte legal de $15.000, previa autorización de sus padres y en compañía de sus profesores. Solicita finalmente que se rechace el presente nombre reservado.

Que, asimismo, doña nombre reservado, en representación del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), informa que, en la especie, se encuentra indeterminado el acto u omisión y oportunidad del mismo, contra el cual se ha recurrido, lo que imposibilita el análisis de extemporaneidad. Lo sitúa en los dichos de la Directora Nacional del INE a través de un medio de prensa, cuando el inicio de la campaña de voluntariado para censistas, incluyendo voluntarios escolares de tercero y cuatro medio, es de data muy anterior, y se enmarca en la normativa del Decreto Nº 31, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que aprobó el Reglamento sobre Censo Abreviado, estableciendo la calidad de censista, así como en la Ley Nº 20.981, de Presupuesto del Sector Público, que autorizó el pago de un bono de $15.000 a todos los voluntarios que se desempeñen en dicho censo. En cuanto a la convocatoria para la participación voluntaria de estudiantes menores de edad en el Censo 2017, arguye que se trata de un acto ajustado a derecho, que no adolece de ilegalidad o arbitrariedad, y no afecta al derecho garantizado en el artículo 19 Nº 10 de la Constitución Política del Estado, en tanto obedece a obligaciones legales y reglamentarias impuestas al INE y al desarrollo de un programa que se ha apegado estrictamente a la regulación que fomenta la participación de estudiantes en temas de interés público, citando las Recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de UNICEF, que promueven la participación de niños, niñas y adolescentes en actividades de voluntariado, orientadas a su integración y formación ciudadana. Descarta que se trate de un trabajo infantil. Enfatiza en que los estudiantes se encuentran amparados por un seguro escolar, y que su participación deben contar con autorización de sus padres; que se trata de una actividad extraescolar en los términos del artículo 2º del Decreto Supremo Nº 290, de 1984, del Ministerio de Educación, dentro del Plan de Formación Ciudadana previsto en la Ley Nº 20.911; que las obligaciones, responsabilidades y prohibiciones para los censistas están en el Decreto Supremo Nº 31, antes citado. Afirma que la participación de los menores constituye una labor de voluntariado cuya contraprestación no es un salario sino un bono compensatorio. Indica que el Instituto Nacional de Estadísticas ha actuado en el marco de sus competencias, fijadas por la Ley Nº 17.374; que el acto denunciado no es arbitrario, sin que el llamado a participación de alumnos de tercer y cuatro de enseñanza media se ha basado en fundamentos racionales, objetivos y con estricta sujeción a la Constitución y a las leyes, sin que se encuentren perturbadas las garantías constitucionales denunciadas, por lo que pide el rechazo de esta acción.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE:

Primero.- Que, el nombre reservado, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, se creó con el propósito de otorgar tutela judicial efectiva a los derechos fundamentales de rango constitucional que la misma disposición señala, permitiendo a cualquier persona, por sí o a favor de un tercero, recurrir ante el órgano jurisdiccional competente reclamando su amparo cuando estos derechos se encuentren amagados —privados, amenazados o perturbados— por actos u omisiones arbitrarios o ilegales, buscando el inmediato restablecimiento del imperio del derecho y que se asegure la debida protección de las garantías que se denuncian conculcadas. En efecto, constituye un supuesto forzoso para la prosperidad de esta acción cautelar, que se compruebe la existencia de un acto u omisión que sea ilegal o, bien, que sea arbitrario. Sobre este punto la jurisprudencia ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

Segundo.- Que de los antecedentes del proceso es menester determinar no tan solo la cualidad agraviante de la acción u omisión que se escruta, sino que además se hace imperioso establecer la identidad del sujeto pasivo del agravio, por cuanto el arbitrio constitucional que comentamos no ha sido establecido para la cautela de intereses difusos, vale decir, intereses supraindividuales y abstractos, que no se refieren a personas naturales o jurídicas dotadas de una identidad explícita y determinada, debidamente individualizada, sino que aquel tipo de intereses se arraiga en una cierta o determinada colectividad, tomada como un todo impersonal, de modo tal que, en ese marco, el espectro de titulares pasivos se diluye en el núcleo social de referencia, generalizando su ámbito de aplicación. Conviene agregar que, de los dichos de la recurrente, no se desprende que ella haya participado efectivamente como censista, en el censo de marras.

Tercero.- Que el nombre reservado no ha sido establecido como una acción popular. Únicamente fijando con claridad la individualización del sujeto pasivo del agravio, corresponde establecer si el acto descrito por la recurrente, en contra del cual solicita la tutela judicial, responde o no a los calificativos de ilegalidad o de arbitrariedad y si efectivamente conculca alguna de las garantías constitucionales que surgen del artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto.- Que esbozada de la forma descrita la metodología preliminar para abordar el presente estudio, y de un detenido análisis de las ponencias vertidas en el proceso, es posible establecer que el reparo que la recurrente formula consiste en estimar ilegal y arbitraria la convocatoria de estudiantes de tercer y cuarto de enseñanza media, por parte de las instituciones recurridas, para que participen en el censo 2017. Sin embargo, planteada así la controversia, surge inmediatamente el primer cuestionamiento formal al presente arbitrio, y que se ancla en el hecho de pretender el amparo constitucional a favor de un colectivo innominado de personas que, siendo indeterminadas en su identidad individual, hace imposible cumplir con el objetivo entregado por el constituyente a esta acción, de modo que, en tal sentido, la forma de plantear el recurso no responde a la naturaleza de este arbitrio constitucional.

Quinto.- Que, a mayor abundamiento, evitando que la presente acción cautelar se transforme en una mera entelequia, y sin entrar todavía a establecer si el acto denunciado existe, y si es ilegal o arbitrario, habrá de definirse de antemano si, en caso de serlo, existen vías posibles para el restablecimiento del imperio del derecho que este tribunal pudiere decretar como una medida urgente y concreta, destinada a remover el agravio y brindar al amparado tutela judicial efectiva, que es el fin concreto establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental. En el caso que se analiza, resulta un hecho público y notorio que el censo 2017 ya se realizó, de modo que el recurso intentado ha perdido oportunidad.

Sexto.- Que resulta innecesario analizar las cuestiones de fondo planteadas por los intervinientes, en atención a que, no habiéndose superado los aspectos formales antes comentados, el presente recurso no puede prosperar.

Y VISTO, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de este tipo de arbitrio, SE RECHAZA, sin costas, el nombre reservado interpuesto por doña nombre reservado, en contra del Instituto Nacional de Estadística, IV Región, representada por su Directora Regional doña Marcela Paz León, y en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Educación IV Región, representada por el Secretario Regional Ministerial don nombre reservado, ya individualizados.

Redacción del abogado integrante Sr. Carvallo.- Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Nº 676-2017 Civil-Protección Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones integrada por la Ministro Titular señora Marta Maldonado Navarro, el Fiscal Judicial señor nombre reservado y el abogado integrante señor Mario Carvallo Vallejos. No firma la Ministro señora Maldonado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse con permiso.

En La Serena, a dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.