nombre reservado CONTRA SR. CONTRALOR REGIONAL DON nombre reservado Y DOÑA nombre reservado

nombre reservado

Contralor Regional y otro nombre reservado

Rol N° 675-2014.- La Serena, catorce de octubre de dos mil catorce.

VISTOS:

A fojas 19 comparece don nombre reservado, chileno, casado, empleado público, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado y recurre de Protección, en contra del señor Contralor Regional de la República don nombre reservado, y de doña nombre reservado, ambos domiciliados en Oficina Regional de la Contraloría, ubicado en Regidor nombre reservado°362, La Serena, por cuanto han incurrido en actos arbitrarios e ilegales que le causan perturbación y amenaza a los derechos del artículo 19 Nº2°; 3° inciso quinto, 4°; 12° inciso tercero, de la Constitución Política de la República.

Expone que ante una denuncia anónima, infundada y carente de veracidad, el Señor Contralor Regional, dispuso que la Jefa de Control Externo de la Contraloría Regional de Coquimbo, doña nombre reservado, se constituyera en la Ilustre Municipalidad de Combarbalá a fin de investigar, en su calidad de ente Fiscalizador, una serie de supuestas irregularidades denunciadas en forma anónima, denuncia que daba cuenta de entre otros hechos, de un supuesto incumplimiento laboral en su calidad de Director del Tránsito, concluyendo, a su respecto, mediante el documento que ha denominado Informe de Investigación Especial N° 14 de 2014, emitido el 12 de Junio de 2014, que faltó a su trabajo por 35 días, que debe restituir dichos dineros supuestamente pagados en forma ilegal y que debe ser sometido a un sumario administrativo para determinar su destitución y /o despido y que textualmente señala “5—Respecto al incumplimiento de la jornada laboral del Secretario Municipal y del Director del Tránsito, esa entidad deberá efectuar los descuentos pertinentes por concepto de horas no trabajadas de conformidad con el artículo 69 de la Ley 19.883. Asimismo corresponde que incoe un proceso disciplinario dando cumplimiento al inciso final del citado artículo que precisa que los atrasos y ausencias reiterados, sin causa justificada, serán sancionados con destitución, previa investigación sumaria.”

Indica que el señalado informe ha vulnerando todos y cada uno de sus derechos citados, por cuanto no se hizo en forma imparcial, concluye hechos falsos de falsedad absoluta, no dio oportunidad a la defensa, no se le interrogó al respecto, está basado en una denuncia anónima, dice estar fundado en declaraciones y documentos tenidos a la vista, que no avalan en absoluto tales conclusiones y tan infundados cargos, incluso teniendo como probar que ha trabajado todos aquellos días en que se ha concluido como que no ha trabajado, por lo que estos hechos le han causado además, daño a su integridad psíquica y de su familia, menoscabo por cuanto se está imponiendo una obligación de restitución de dineros, deshonra y descrédito.

Agrega que, además de los cargos que se le han formulado, sin haber sido siquiera sujeto a un justo proceso investigativo que le diera la oportunidad de defensa, este documento se ha hecho público, ha sido remitido por la Contraloría al Honorable Concejo Municipal y el Concejal don Juan Carlos Tapia Araya, lo ha emitido a través de la radio emisora para la cual trabaja, denominada Radio Progreso de la Comuna de Combarbalá el día 20 de Junio del año en curso, acrecentando su deshonra y descrédito, ya que ha quedado expuesto al juzgamiento de la Comunidad, sobre hechos falsos.

Finalmente indica que la entidad fiscalizadora, en su actuar a través de las personas en contra de quienes recurre, no ha estado a lo que disponen los artículos 131 al 137 de la Ley 10.339 y vulneran inclusive, el principio de inocencia de toda persona de la República, por lo que solicita acoger el presente recurso y ordenar lo que en derecho procede, restableciendo todos y cada uno de sus derechos denunciados como vulnerados.

Acompaña documentos con su recurso.

A fojas 91 evacua informe el Contralor Regional, nombre reservado y la Jefa de la Unidad de Control Externo, doña nombre reservado, solicitando el rechazo de la presente acción.

Señalan que en virtud del requerimiento formulado a esa Entidad Fiscalizadora por un particular - quien solicitó reserva de identidad -, se inició una Investigación Especial, de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de este Organismo Contralor, a objeto de indagar acerca de la denuncia formulada, entre otros, en contra del recurrente - director de tránsito -, en la cual se indicó que dicho funcionario no cumplía su jornada y abandonaba sus labores, por lo que se dio curso a la citada investigación, que incluyó la toma de declaraciones a diversas personas, así como también la solicitud de datos, informes, documentos y otros antecedentes que se estimó necesarios, y de cuyo análisis, particularmente, de los registros de asistencia, entre los meses de enero de 2013 a mayo de 2014, del señor nombre reservado, y de las solicitudes de permisos gremiales, mediante las cuales se justificaron algunas de las ausencias detectadas, se pudo establecer que el actor, omitió registrar la entrada o salida de sus labores, por un total de 35 días y se concluyó que la anotada entidad municipal debía proceder de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 69 de la ley N° 18.883, efectuando los descuentos pertinentes por concepto de horas no trabajadas, instruyendo el correspondiente proceso disciplinario, en conformidad con el inciso final del citado precepto.

Argumentan que el presente recurso debe ser desestimado en todas sus partes, por tratarse de un asunto ajeno a la naturaleza propia del nombre reservado, por cuanto pretende se emita un pronunciamiento acerca de las irregularidades comprobadas y declarar que no ha incurrido en aquéllas. Por su parte, agrega, no se habría cometido ilegalidad o arbitrariedad alguna en la emisión del Informe de la Investigación Especial N° 14, de 2014, ya que ese Organismo de Control se limitó a ejercer las competencias que le han sido asignadas por la Constitución y las leyes, a las que se refieren los artículos 98 de la Constitución Política; 1°, 5°, 6°, 9°, 16 y 21 A de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República; y 51, 52, 53 y 54 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y tampoco cabría considerar el citado informe de investigación como arbitrario, toda vez que, las conclusiones que se contienen en un pronunciamiento no derivan de un mero capricho o arbitrio, sino que constituyen el resultado de un estudio acabado de los antecedentes en torno a la situación planteada.

Precisa que el informe materia del recurso al constatar el irregular registro de la jornada laboral del recurrente, quien desempeña el cargo de Director de Tránsito en la Municipalidad de Combarbalá, concluyó que el aludido órgano comunal debía proceder de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 69 de la ley N° 18.883, efectuando, en su caso, los descuentos pertinentes por concepto de horas no trabajadas y se indicó que era necesario iniciar un proceso disciplinario según lo previene el inciso final del citado artículo, previa investigación sumaria, aclarando que las investigaciones especiales que lleva a cabo esta Entidad de Control, no son procesos disciplinarios, como erróneamente parece entenderlo el recurrente, sino que constituyen actuaciones cuya finalidad es la constatación objetiva de hechos, de las que no se concluyen responsabilidades subjetivas o personales, pues estas últimas solo pueden investigarse y perseguirse a través de procedimientos disciplinarios, reparos, acciones civiles o denuncias ante la autoridad competente, por lo que en la tramitación de las investigaciones especiales como la de la especie, no requiere efectuar emplazamientos destinados a resguardar el debido proceso, dado que en la medida que solo se constatan hechos y no se imputan responsabilidades, tampoco existen involucrados a quienes se pueda afectar en sus derechos o intereses, considerando que el destinatario de las observaciones es el municipio, en cuanto ente fiscalizado, objeto de la denuncia, sin que se contemple la posibilidad de una indagatoria que ya que solo tiene por objeto constatar hechos y no sancionarlos.

En cuanto al hecho de haberse puesto en conocimiento del concejo municipal el informe de investigación especial recurrido, el que además fue difundido en la radio "Progreso", de Combarbalá por un concejal de esa comuna, indica que el aludido documento es público, por lo que sus resultados son comunicados al municipio y al citado cuerpo colegiado, a objeto que la autoridad edilicia arbitre las medidas tendientes a subsanar las eventuales observaciones que se formulen en tales documentos los que tienen el carácter de públicos, acorde los artículos 8° inciso segundo de la Constitución Política, 155 de la ley N° 10.336, 13 de la ley N° 18.575 y 3 y 4 de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado, cuyo texto fue aprobado por el artículo primero de la ley 20.285, sobre Acceso a la Información Pública y la difusión radial que, en opinión del recurrente, le causó el agravio que reclama, no se realizó por esa Contraloría Regional, sino que según lo menciona en su propio libelo, fue llevado a cabo por un concejal de esa comuna.

Sostiene en relación a las garantías constitucionales que el recurrente estima vulneradas no se advierte cómo la emisión del informe recurrido podría significar privación, perturbación o amenaza de dichas garantías constitucionales, en los términos previstos en el artículo 20 de la Constitución Política, desde el momento que ha sido emitido en ejercicio de las facultades constitucionales y legales que el ordenamiento jurídico le ha conferido a esta Contraloría General, sin que el recurrente acompañara antecedentes específicos que demuestren de qué manera lo manifestado en el Informe de Investigación Especial N° 14, de 2014, de esta Sede Regional, habría podido producir el supuesto agravio que reclama ni precisa la forma de afectación de los mismos.

Concluye señalando que por lo expuesto y teniendo en cuenta las atribuciones que constitucional y legalmente competen a ese Organismo de Control, procede se desestime, en todas sus partes, el nombre reservado deducido en estos autos.

Acompañan documentos con su informe.

A fojas 103, se traen los autos en relación.

A fojas 111, una vez producida la vista de la causa, con fecha 5 de agosto de 2014, de conformidad con el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales, se suspende el debate, señalándose para volver a la discusión y adoptar acuerdo el día 25 de agosto de 2014, lo que se cumple a fs. 112. de esta carpeta.

CONSIDERANDO Primero: Que el nombre reservado, contemplado en nuestro ordenamiento constitucional, tiene por objeto poner fin a actos u omisiones arbitrarias e ilegales que causen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos o garantías establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política del Estado de Chile y que se precisan en el artículo 20 de la misma Carta Fundamental. Que, en consecuencia, la procedencia de un nombre reservado, supone la existencia cierta y comprobada de un acto u omisión ilegal o arbitraria, atribuible a determinada persona, que provoque los efectos señalados respecto de determinados derechos o garantías constitucionales de las personas a favor de las cuales se recurre, indicadas en la citada norma constitucional.

Segundo: Que, atendida la especial naturaleza del presente recurso, para que pueda prosperar es, además, indispensable que quien lo intente acredite la existencia de un derecho que lo favorezca, que esté claramente establecido y determinado, por lo que no debe ser un derecho dubitado o controvertido, y que éste corresponda a alguno de aquellos a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Tercero: Que, una vez hechas estas precisiones y conforme a los términos en que se ha planteado la presente acción constitucional de protección, la cuestión radica en esencia en establecer si el acto que da origen a la presente acción cautelar de garantías constitucionales, es ilegal y arbitrario, conculcando los derechos a que alude el recurrente, considerando que la finalidad del presente recurso consiste en restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado.

Cuarto: Que, en el presente caso, a fs.115, se encuentra agregado una comunicación oficial, emanada del Contralor General de la República, en que se pone en conocimiento el Dictamen N°65686 de 2014, de la Contraloría General de la República, que deja sin efecto el Informe de Investigación Especial N° 14, de 2014, que ha motivado el nombre reservado Rol 675-2014, interpuesto por don nombre reservado en contra del ex Contralor Regional, don nombre reservado y de la Jefa de la Unidad de Control Externo, doña nombre reservado, y para lo cual acompaña copia de dicho Dictamen.

Quinto: Que, en el ya citado Dictamen se señala que se incurrido en una omisión en la tramitación para el conocimiento de eventuales irregularidades en la I. Municipalidad de Combarbalá en la utilización de la dependencias del Observatorio Cruz del Sur, consistente en que debe emitirse un preinforme, la que requiriere una respuesta de la entidad visitada, de manera previa a emitir un pronunciamiento definitivo, lo que no se cumplió, siendo indispensable, en este caso, que la Contraloría evacuara dicho preinforme y se recabara la respuesta por parte de la entidad edilicia.

Que, habiéndose incurrido en la omisión señalada, se deja sin efecto el aludido informe de Investigación Especial N° 14, de 2014, debiendo la Sede Regional de Coquimbo retrotraer el procedimiento investigativo a la etapa de la emisión del correspondiente preinforme y aplicar en su sustanciación las disposiciones de la anotada Orden de Servicio N°88 de 2012, de la Contraloría General.

Sexto: Que, en estas circunstancias, habiéndose dejado sin efecto, el acto supuestamente ilegal y arbitrario, que dio origen y ha fundamentado el presente nombre reservado, ha desaparecido lo que, a juicio del recurrente, le había provocado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de sus derechos o garantías constitucionales, restableciéndose, para él, el imperio del derecho, por lo que la acción tutelar de protección ha perdido, en este caso, oportunidad, puesto que ha sido el propio órgano recurrido quien, en un acto propio lo ha dejado sin efecto, eliminando sus efectos perjudiciales para el recurrente.

Séptimo: Que, así las cosas, habiendo desaparecido el acto ilegal y arbitrario que ha dado motivo al presente nombre reservado, éste deberá ser rechazado.

Que lo resuelto es sin perjuicio de las acciones o derechos que el recurrente pudiera ejercer, tanto en sede administrativa como judicial, en relación con la situación que ha sido objeto del recurso.

Por estas consideraciones y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve: que SE RECHAZA, sin costas, el nombre reservado interpuesto desde fs.19 a fs.21, de estos antecedentes.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción del Ministro don Raúl Beltrami Lazo.

Rol Nº 675-2014.- Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Titulares señor nombre reservado, señor Raúl Beltrami Lazo y el abogado integrante señor Raúl Pelén Baldi.

Jorge Colvin Trucco Secretario La Serena, catorce de octubre de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.