nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION REGIONAL

nombre reservado, nombre reservado

Servicio de Impuestos Internos Recurso de Protección Rol N° 67-2020.- La Serena, veintiuno de febrero de dos mil veinte.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1º) Que ha comparecido Rodrigo Sandoval Nara, abogado, en favor de nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, representado por su Director Regional de La Serena, Víctor Hugo Ávila Arriagada, ambos con domicilio en domicilio reservado, pues acusa que de manera arbitraria e ilegal se ha afectado el ejercicio de los derechos fundamentales consagradas en los numerales 2º y 24° del artículo 19 la Constitución Política de la República, en base a los siguientes hechos.

Expone que el recurrente es propietario de 10 propiedades eriazas contiguas, las que singulariza conforme a su inscripción en el Registro de Propiedad, ubicadas en el Área Homogénea denominada HAB098, de Coquimbo.

Indica que en el mes de noviembre de 2019 le surgieron dudas respecto del monto que paga por impuesto territorial, por lo que encargó al perito judicial nombre reservado, la elaboración de un informe técnico que determine la correspondencia de la tasación fiscal y la base imponible del impuesto territorial, informe que fue remitido el 20 de diciembre del año 2019, y determinó que la tasación fiscal es incorrecta de sobremanera.

Afirma que tal acto es ilegal, porque el recurrido realizó una actuación desapegada a la ley que regula los hechos mencionados, ya que el informe del recurrente establece en detalle lo contrario a lo concluido por el Servicio, pero, además, arbitrario, ya que no hay fundamentos ni razones objetivas que justifiquen el cálculo efectuado.

En cuanto a las garantías constitucionales lesionadas, sostiene que el hecho descrito afecta su derecho a la igualdad ante la ley, y de propiedad.

Termina solicitando que se declare que el recurrido ha vulnerado las garantías constitucionales del recurrente, al determinar erróneamente el impuesto territorial que debe pagar por aplicación de la ley sobre impuesto territorial; y se ordene la determinación de la tasación fiscal real actual de las propiedades del recurrente, ajustado a las disposiciones de la ley de impuesto territorial; el cese de toda acción de cobro por concepto de impuesto territorial ejercida por Tesorería General de la Republica, mientras no sea determinado el valor real de tasación fiscal; y la devolución del impuesto erróneamente pagado respecto del impuesto territorial pagado en los años 2013 al 2019; con costas.

Junto con su recurso acompaña los siguientes documentos: 1 Informe técnico Lote 1 de reevalúo fiscal propiedad; 10 certificados de dominio vigente de cada una de las propiedades; 10 certificados de avalúo fiscal de todas las propiedades; Certificados de avalúo fiscal de las propiedades colindantes; Cuadro comparativo de pago de impuesto por metro cuadrado entre las propiedades y las propiedades de sus colindantes; Plano de la propiedad; 7 informes técnicos correspondientes a la propiedad, respectivos a los lotes 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 referidos en la presentación de la acción de protección; y 2 informes técnicos correspondientes a la propiedad, respectivos al sitio 10 y al inmueble ubicado en domicilio reservado, referidos en la presentación de la acción de protección:

2º) Que, comparece nombre reservado, Director Regional de la IV Dirección Regional La Serena, en representación del recurrida Servicio de Impuestos Internos y evacuando el informe solicitado sostiene que la acción intentada es extemporánea, puesto que, la tasación fiscal de los inmuebles de autos, se comunicó al recurrente en dos oportunidades: En el mes de marzo de 2019, mediante correo electrónico enviado con fecha 28 de marzo de 2019, a la casilla de correo electrónico registrada en el Servicio “correo reservado”, y, en el mes de abril del año 2019, momento en que se efectuó la publicación de los avisos y publicaciones, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley N° 17.235, la Municipalidad de Coquimbo, mediante aviso de fecha 7 de abril de 2019, informó que, los nuevos avalúos de los roles de bienes raíces comprendidos en el proceso de Reavalúo, iban a ser exhibidos en las dependencias de dicha municipalidad, a contar del 07 de abril al 06 de mayo de 2019. Todo lo anterior, además, fue informado oportunamente por medio de la página web del Servicio, en el siguiente link: http://www.sii.cl/destacados/reavaluo/index.html.

Enseguida, afirma que la acción intentada es improcedente, toda vez que el recurso de protección, es el medio a través del cual se ejerce una acción cautelar, y que éste no es el idóneo para declarar derechos. Además, la controversia planteada es un asunto de carácter netamente tributario, que dice relación con la correcta o incorrecta determinación del avalúo fiscal de las propiedades que indica, sin embargo, tal controversia, de acuerdo a la legislación vigente, debe ser conocida por el propio Servicio de Impuestos Internos, por medio de una solicitud de reposición, o por el Tribunal Tributario y Aduanero competente, en virtud de la interposición del respectivo reclamo tributario.

Respecto del fondo del recurso, controvierte la ilegalidad y/o arbitrariedad pretendidas por el recurrente, así como la afectación de derechos fundamentales que invoca.

En fin, solicita el rechazo de la acción constitucional entablada.

Junto con su informe acompaña los siguientes documentos: cartas de reevaluó, de marzo de 2019, correspondientes a los inmuebles Rol N° 907-267; 907-291; 907-555; 907-556; 907-557; 907-558; 907-559; 907-561; 907-560; 907-630.

3º) Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

4°) Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

5°) Que la alegación de extemporaneidad de la presente acción constitucional formulada por el Servicio recurrido se rechazará, pues no hay elemento de juicio alguno que permita entender que el recurrente haya tenido conocimiento de los actos que impugna en una fecha anterior a la que el mismo afirma.

6º) Que, cabe recordar que el recurso de protección es un procedimiento excepcional que “Se aplica sólo cuando existe una amenaza, perturbación o privación del legítimo ejercicio de un derecho esencial producida por una acción u omisión arbitraria o ilegal de un tercero, sea este público o privado, existiendo una manifestación de dicha actuación que no requiere de un proceso de prueba complejo, la afectación del derecho debe ser relativamente clara o evidente. En caso contrario, debe utilizarse el procedimiento ordinario o sumario correspondiente.” (Nogueira Alcalá, Humberto; El Recurso de Protección en el Contexto del Amparo de los Derechos Fundamentales Latinoamericano e Interamericano, en Revista Ius et Praxis, 13 (1): 75 - 134, 2007), por lo que abona al rechazo de este recurso el hecho que nos encontramos en sede cautelar de urgencia en la cual no es dable una discusión para la declaración de derechos dubitados, lo que requiere de un proceso de lato conocimiento, circunstancia esta última presente en la especie pues del tenor de las argumentaciones de los intervinientes se revela la existencia de una controversia en cuanto a la determinación que el Servicio de Impuestos Internos ha efectuado respecto del Impuesto Territorial que debe pagar el recurrente, por cuanto habría realizado una errada tasación fiscal de sus propiedades, lo que impide estimar que el recurrente se encuentre ante un derecho de carácter indubitado respecto del cual pueda brindársele protección por esta vía cautelar de urgencia.

7°) Que, como ya se expresó, siendo esta acción constitucional una vía de protección de derechos preexistentes e indubitados, que se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por tanto, en posición de ser amparados, presupuesto que en la especie no concurre como se dijo en el motivo anterior, el presente recurso de protección no se encuentra en estado de prosperar.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, y en contra del Servicio de Impuestos Internos.

Regístrese, notifíquese, y archívese.

N°Protección-67-2020.

Pronunciado por la Segunda Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por el Ministro titular señor Christian Le-Cerf Raby, el Ministro suplente señor Juan Carlos Espinosa Rojas y el Fiscal Judicial señor nombre reservado.

La Serena, a veintiuno de febrero de dos mil veinte, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.