nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

nombre reservado

Servicio de Impuestos Internos Recurso de protección Rol Nº664-2025 La Serena, veintinueve de mayo de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, por el acto arbitrario e ilegal consistente en no dar curso al pago de la devolución del excedente sobre el préstamo solidario del estado, lo cual señala vulnerar las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19° N°1, 2, y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, mediante formulario N°22, folio N°361242852, de 18 de octubre de 2024, presentó su declaración anual de impuestos a la renta año tributario 2022, solicitando la devolución normal de $50.000 en el código 87, y la devolución por saldo a favor del excedente del préstamo solidario de $1.000.000.000 declarado en el código 1795 del formulario 22 del año tributario 2022, indica que estos montos le fueron retenidos y enterados en arcas fiscales por sus agentes retenedores quienes además presentaron la declaración jurada correspondiente N°1879, y que el 18 de diciembre de 2024, el Servicio de Impuestos Internos aprobó el mencionado formulario N°22, folio N°361242852 que contiene la declaración de renta año tributario 2022, sin establecer ninguna observación al respecto.

Luego indica que, el 27 de diciembre de 2024, La Tesorería General de la Republica efectuó compensación por la cantidad de $71.944, que sería la devolución de $50.000 reajustada a la fecha de pago, sin embargo, como a la fecha aún no llegaba la devolución del pago $1.000.000.000 sobre el excedente del préstamo solidario del estado, realizó el reclamo respectivo a través de la página del Servicio de Impuestos Internos, y que el Servicio resolvió el 26 de marzo del 2025, rechazar el reclamo presentado, manifestando: "...El monto que usted declaró de retenciones adicionales del 3% de sus ingresos por honorarios en su declaración de renta AT 2022, es inconsistente. En su declaración de renta, usted declaró haber percibido $505.739 durante todo el año y eso no es consistente con los $1.000.000.000, que declaró por retenciones adicionales de un 3 % respecto de esos honorarios. Dicho lo anterior, nuestro Servicio informo a TGR que NO le devuelva dicha cantidad de dinero. Y estaremos a la espera de que se corrija la declaración jurada de retenciones de honorarios del AT 2022 (DJ 1879) por parte de sus informantes y se ajuste a lo que efectivamente hubiere sucedido." Señala que, la Ley 21.242 en su artículo 7, inciso final detalla de forma explícita "En caso que resultare un exceso respecto de las cantidades que determina la ley que corresponde imputar y pagar con cargo a las retenciones y pagos que establecen los artículos 74 N°2, 84 letra b), 88 y 89 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, dicho exceso se imputará al reintegro del beneficio y sólo el remanente, luego de aquella imputación, se devolverá al trabajador independiente".

Alega que, negarle la devolución por saldo a favor del excedente del préstamo solidario, la pone en una situación aún más dificultosa, debido a que se trata de dineros que le fueron retenidos y enterados en arcas fiscales.

En cuanto al derecho, indica que, la decisión de la institución recurrida es confusa, con ausencia en sus fundamentos y justificaciones, por lo que, se torna en arbitraria, carente de fundamento legal, y de toda racionalidad, constituyendo este actuar una vulneración a sus garantías constitucionales. Refiere que el Servicio no justifican de manera alguna las decisiones adoptadas, rechazando la devolución singularizada, sin considerar que el formulario N°22 folio N°361242852 fue aprobado el 18 de diciembre de 2024, en su totalidad. Asimismo, indica que no obtuvo respuesta justificada por la institución recurrida, incumpliéndose con ello la ley 19.880, que exige, que en caso de rechazo de una devolución de impuestos se debe dictar la respectiva resolución e indicar los fundamentos que se tuvieron a la vista para tomar tal decisión.

Menciona que, el actuar de la recurrida constituye una privación y perturbación a su derecho a la integridad física y psíquica, al de la igualdad ante la ley y al de propiedad, expresamente protegidos por el N°1, N°2 y N°24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En cuanto, a la conducta de negar la devolución por saldo a favor del excedente del préstamo solidario, conforme a lo solicitado y conforme a lo prescrito por la Ley 21.242, le ha generado inestabilidad emocional, frustración, estrés y desánimo, lo que significa que se ha vulnerado su integridad psíquica producto de estos hechos, lo cual acrecienta el daño a su salud de manera integral, al despojarla de los medios de protección que por derecho le corresponden, tales como percibir la devolución por saldo a favor del excedente del préstamo solidario.

Señala en relación a la garantía conculcada de igualdad ante la ley, que ha recibido un trato desigual y discriminatorio al respecto al resto de la mayoría de las personas a quienes sí se les autoriza la devolución por saldo a favor del excedente del préstamo solidario y reciben un trato igualitario y justo, todo lo cual vulnera la igualdad ante la ley, especialmente en consideración a la aprobación de la de declaración de renta año tributario 2022.

Sobre su derecho de propiedad que alega vulnerado, refiere que el rechazo de la devolución por saldo a favor del excedente del préstamo solidario le priva del derecho a retribución monetaria contemplada por la ley, ya que se pretende desconocer un derecho consagrado en la Ley 21.242, negandole la devolución por saldo a favor del excedente del préstamo solidario, por lo cual la recurrida debe cursar y realizar su pago pertinente, encontrándose por tanto en la más absoluta indefensión, toda vez que, habiendo recurrido en contra del Servicio de Impuestos Internos, rechazó autorizar la devolución, sin realizar análisis alguno de los antecedentes proporcionados, invocando además un fundamento erróneo, al confundir lo establecido en la ley.

Comenta sobre la Ley N°21.242, indicando que establece un beneficio para los trabajadores independientes, en su artículo 7 señala: “Para efectos de imputar al pago de las cuotas establecidas en el artículo anterior, sobre las rentas generadas a partir del 1° de septiembre de 2021 y mientras se mantenga un saldo pendiente por reintegrar, se le realizará al trabajador independiente una retención adicional, o deberá realizar un pago provisional mensual adicional, de tres puntos porcentuales en la misma forma establecida en los artículos 74 N°2 y 84 letra b) de la Ley sobre Impuesto a la Renta, respecto de las rentas que perciba gravadas conforme al artículo 42 N°2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Para estos efectos, los tres puntos porcentuales de retención adicional que establece este artículo se realizarán por sobre los porcentajes establecidos en el artículo quinto transitorio de la ley N°21.133.

Los tres puntos porcentuales de retención adicional que establece este artículo se destinarán íntegra y exclusivamente a la devolución del beneficio, sin que modifiquen en forma alguna los órdenes de prelación o preferencia respecto del pago al que se destinan, de acuerdo a la ley, las retenciones y pagos realizados conforme a los artículos 74 N°2, 84 letra b), 88 y 89 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. En caso que, en los años que corresponda la retención de los tres puntos porcentuales adicionales que establece este artículo, se realice sólo una parte de las retenciones y pagos que correspondan conforme a los artículos 74 N°2, 84 letra b), 88 y 89 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, aumentado por los tres puntos porcentuales, la imputación al pago del beneficio se realizará aplicando al monto total retenido y pagado un porcentaje equivalente a lo que representen los puntos porcentuales adicionales en el total de la retención que corresponda realizar.

En caso que resultare un exceso respecto de las cantidades que determina la ley que corresponde imputar y pagar con cargo a las retenciones y pagos que establecen los artículos 74 N°2, 84 letra b), 88 y 89 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, dicho exceso se imputará al reintegro del beneficio y sólo el remanente, luego de aquella imputación, se devolverá al trabajador independiente.”

Concluye solicitando que, se acoja el recurso y se ordene a la recurrida realizar la devolución antes mencionada, con condena en costas.

Acompaña a su recurso: Respuesta al contribuyente N°16956709 de 26 de marzo de 2025; Formulario N°22, folio N°361242852, de 18 de octubre de 2024, que contiene la declaración de renta año tributario 2022; y consulta estado de Declaración de Renta año Tributario 2022.- SEGUNDO: Que, a folio 7, comparece el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos, don Rómulo Gómez Sepúlveda, evacuando el informe ordenado, solicitando su rechazo.

Previamente señala antecedentes relativos a la situación de la recurrente, indicando que el 18 de octubre de 2024, la contribuyente presentó, a través de la plataforma electrónica del Servicio de Impuestos Internos, la declaración anual de impuestos a la renta correspondiente al año tributario (en adelante “AT”) 2022, mediante el Formulario N°22, y en dicha declaración, solicitó la devolución de un saldo a favor de $58.160.- por concepto de impuestos (código 87) y de $1.000.000.000.- por concepto de excedentes al Préstamo Solidario del Estado (código 1795), asimismo, declaró ingresos por rentas del artículo 42 N°1 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (en adelante “LIR”), ascendentes a $836.636.-, y por rentas del artículo 42 N°2 de la misma ley, por un monto de $354.017.-. Luego el 27 de diciembre de 2024, se autorizó la devolución por el monto total solicitado, esto es, $58.160.- por concepto de impuestos, el cual fue íntegramente compensado ese mismo día por un monto de $71.944; prosigue relatando que el 24 de marzo de 2025, la contribuyente realizó una consulta a través del canal 'Contacto Web' de la plataforma del Servicio de Impuestos Internos, bajo el folio ID 3762399, respecto del estado de la devolución del excedente por concepto de Préstamo Solidario, adjuntando el Formulario 22 compacto, folio 361242852, y el 26 de marzo del mismo año se respondió a la contribuyente mediante correo electrónico enviado a la dirección señalada en su consulta, informándole que, tras el análisis efectuado sobre los antecedentes disponibles, el monto solicitado en calidad de excedente por concepto de Préstamo Solidario fue retenido en su totalidad, ello debido a una inconsistencia detectada entre los ingresos declarados en el Formulario 22 vigente y los antecedentes informados por terceros respecto de las retenciones asociadas al 3% aplicable a contribuyentes que accedieron al citado préstamo estatal.

Indica que, al revisar las declaraciones juradas de sueldos correspondientes al AT 2022, se constata que la contribuyente figura en los Formularios 1887, folios N°1265203, 2164501 y 2387587, presentados por los agentes retenedores Interandina de Comercio Ltda., La Mechada de Ramón Ltda. y Yukids Sra, el 8 de abril, 28 de marzo y 12 de abril de 2022, respectivamente, no obstante, en ninguno de dichos formularios se informa una retención del 3% asociada al Préstamo Solidario del Estado respecto de la recurrente.

Añade que, la contribuyente figura en la Declaración Jurada N°1879, folios 151813 y 8426839, presentadas el 14 de febrero de 2022 y 17 de octubre de 2024, respectivamente, por los contribuyentes Cosméticos Avon S.A. y Bazar Ramón Carrillo Gómez E.I.R.L., este último, en calidad de agente retenedor, declaró una retención adicional del 3% por concepto de Préstamo Solidario, correspondiente a un monto de $1.000.000.000.-; sin embargo, al momento de la revisión, la mencionada Declaración Jurada N°1879, presentada por Bazar Ramón Carrillo Gómez E.I.R.L., se encuentra impugnada por parte del Servicio debido a la existencia de observaciones identificadas con los códigos R08, R433 y V383, las que dan cuenta de inconsistencias entre los montos declarados y los efectivamente pagados por concepto de retenciones en el Formulario 29 correspondiente al año comercial 2021.

Agrega que, se constató que, durante el AT 2022, la contribuyente no emitió boletas de honorarios electrónicas, y, en consecuencia, no existen registros de emisión de tales documentos al informante de la Declaración Jurada N°1879, folio 8426839, correspondiente a Bazar Ramón Carrillo Gómez E.I.R.L., y que, al efecto, la única boleta de honorarios emitida por la contribuyente corresponde al folio 01, de 17 de octubre de 2023, al RUT RUT reservado, por un monto bruto de $84.000, asimismo, no registra autorización para la emisión de boletas de honorarios en papel, conforme lo dispuesto en la Ley 21.242.

Indica que, se verificó que doña nombre reservado solo ha sido receptora de boletas de prestación de servicios de terceros en formato electrónico emitidas por el agente retenedor Rut. RUT reservado, correspondientes a los folios N°31072312, 31148458 y 31148, de 24 de agosto, 14 de septiembre y 4 de octubre del año 2021. Y, por último, al consultar la aplicación, “Consulta Cartela de Préstamo Clase Media”, la contribuyente no solicitó dicho beneficio.

Alega que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1°, del Código Tributario, en concordancia con el artículo 1°, de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, les corresponde la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos, actualmente establecidos o que se establecieren, fiscales o de otro carácter, en que tenga interés el Fisco, y cuyo control no esté especialmente encomendado por la ley a una autoridad diferente. Y a su turno, el artículo 6° del Código Tributario señala: “Corresponde al Servicio de Impuestos Internos el ejercicio de las atribuciones que le confiere su Estatuto Orgánico, el presente Código y las leyes y, en especial, la aplicación y fiscalización administrativa de las disposiciones tributarias”, indica que de las normas referidas se desprenden los principios de legalidad y competencia de los actos de la Administración, que rigen el actuar del Servicio.

Refiere que, el préstamo a que hace referencia la actora se enmarca en los beneficios contemplado en la Ley N°21.242 (modificada por la Ley N°21.252), que establece un beneficio para los trabajadores independientes, que fue concedido con motivo de la propagación de la enfermedad denominada COVID-19, la cual en su artículo 1° establece aquel beneficio para los trabajadores independientes que perciban rentas gravadas conforme al artículo 42 N°2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en tanto, el artículo 2° de dicha ley define quiénes son los trabajadores independientes que podrán acceder a dicho beneficio, mientras que el artículo 3° regula el contenido del mismo, señalando que los beneficiarios podrán solicitar un monto mensual en dinero, conforme a las condiciones allí dispuestas, con un tope máximo mensual de $650.000. Asimismo, el inciso cuarto del referido artículo, indica que en ningún caso el monto mensual del beneficio que se entregue al trabajador independiente beneficiario podrá ser mayor al Beneficio Máximo Mensual.

Agrega que, el artículo 6° de la Ley 21.242 - modificada por la Ley N°21.252 - señala la manera en que el beneficio se debe reintegrar ante el Servicio de Tesorerías, en cuatro cuotas anuales y sucesivas, sin multas ni intereses, por otro lado, el artículo 7° - modificado por la Ley N°21.252 el 01.08.2020 - de la Ley en comento, señala la manera de imputar el pago de las cuotas (señaladas en el artículo 6°) mientras tenga un saldo pendiente a reintegrar, realizar una retención adicional.

Hace presente que esta materia es totalmente extratributaria, y en ella el legislador encargó al Servicio: (1) efectuar la recepción de las solicitudes formuladas por los contribuyentes; (2) realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos para su otorgamiento; (3) determinar y calcular el monto del aporte y beneficio; y (4) informar al Servicios de Tesorerías para otorgar el aporte y el beneficio y proceder al pago, y que, en dicho contexto, el Servicio emitió la Resolución Exenta N°110, de 20 de septiembre de 2021, instruye expresamente sobre la forma y plazo para declarar y pagar las retenciones adicionales asociadas al Préstamo Solidario Tasa Cero, establecido en las Leves N°21.252 y N°21.242.

Señala que, dicha resolución modificó el Formulario 29, de declaración mensual y pago simultáneo de impuestos, incorporando nuevos códigos destinados a declarar y enterar en arcas fiscales las retenciones adicionales que deben practicar los agentes retenedores respecto de contribuyentes que accedieron al referido préstamo durante los años comerciales 2020 y 2021, obligación que indica vigente para todos los períodos tributarios en los que el contribuyente beneficiario registre un saldo insoluto por reintegrar. Expone que, en su resolutivo primero, letra a), numeral ii), precisa la creación del código 155 en la línea 64 del Formulario N°29, destinado a declarar la retención adicional del 3%, correspondiente a un porcentaje superior al establecido en el artículo quinto transitorio de la Ley N°21.133, la cual debe aplicarse a contar del 01 de septiembre de 2021; asimismo, la resolución dispone que el Servicio informará al emisor de la boleta de honorarios electrónica sobre la retención adicional a la que estará sujeto por parte del pagador de dichas rentas, conforme a lo dispuesto en las Leyes N°21.242 y N°21.252.

Arguye que, en el caso de autos, el Servicio al consultar la aplicación, “Consulta Cartola de Préstamo Clase Media”, la contribuyente no solicitó dicho beneficio dentro de plazo, razón por la cual, no habría préstamo que restituir por parte de la contribuyente, por lo que, no habiendo la recurrente solicitado el Préstamo Solidario en su oportunidad, no le asiste obligación alguna de reintegrar fondos por dicho concepto, en consecuencia, no existe la obligación o deber de retención alguna para los pagadores de remuneraciones u honorarios, lo que en definitiva permite establecer que, no resulta consistente, procedente ni acreditado el haber sido objeto de una retención adicional del 3% que permita solicitar su devolución, más aún cuando el único agente retenedor que declaró dicha retención se encuentra impugnado, y para que una devolución por ese concepto resultara procedente, la contribuyente habría debido percibir rentas equivalentes a $33.333.333.333 (treinta y tres mil millones de pesos), base necesaria para justificar una retención del 3% por un monto de $1.000.000.000 (mil millones de pesos). Cabe hacer presente que la contribuyente declaró ingresos por honorarios de tan solo $505.739 y por sueldos de $836.636, lo que confirma la improcedencia de su solicitud, por lo tanto, el Servicio no podía si no actuar de forma que lo hizo, negando lugar a la petición de devolución de una suma millonaria y absolutamente improcedente, lo cual se ajusta estrictamente al marco normativo vigente.

En consecuencia, indica que, no se configura vulneración a las garantías señaladas, ya que la negativa del Servicio se basó en antecedentes objetivos y dentro de sus facultades legales, no acreditando la recurrente la existencia del crédito invocado ni un derecho indubitado, por lo que la acción de protección debe ser rechazada, con condena en costas Acompaña a su informe: Respuesta al contribuyente (Sil N°16956709); consulta de estado de declaración de Renta 2022; Formulario 22, año tributario 2022, contribuyente nombre reservado; copia boleta de honorarios electrónica N°1, contribuyente nombre reservado; Informe N°296, de 07.05.2025, emitido por el Jefe de Departamento de Fiscalización de la IV Dirección Regional La Serena del Servicio de Impuestos Internos; y captura de pantalla “Consulta Cartola de Préstamo Clase Media”, donde la contribuyente no solicitó dicho beneficio.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, del recurso interpuesto se alega como arbitrario e ilegal la no devolución del excedente de mil millones de pesos por el Servicio de Impuestos Internos a la actora, quien indica ser beneficiaria del préstamo solidario del estado, regulado en la Ley 21.242, lo cual señala haber incluido en su declaración de renta del año tributario del año 2022, y que sus retenedores enteraron en arcas fiscales según declaración N°1879.

A su turno, la recurrida indica que la declaración señalada fue objetada por inconsistencias y que en todo caso la recurrente no aparece como beneficiaria del préstamo cuya forma de devolución está regulado por la Ley N°21.242; además, respecto del retenedor objetado ella sólo declaró una boleta de honorarios electrónicos por la suma de $84.000.-; además, señala el Servicio que para proceder a una devolución por la suma solicitada sus ingresos debieron ser de treinta y tres mil millones de pesos, y ésta sólo declaró como ingresos $505.739 por honorarios y sueldos por $836.636.

SEXTO: Que, a efectos de resolver, corresponde tener presente que de acuerdo a lo establecido en los artículos 6° y 7° de la citada Ley N°21.242, especialmente en el segundo de los preceptos, existe facultad legal otorgada al Servicio recurrido para proceder del modo que se reprocha, en cuanto a la retención adicional del 3%, para los efectos de controlar las sumas que deben ser devueltas, lo que tambien se encuentra consagrado como función de la recurrida en el Código Tributario, razón por la cual no hay ilegalidad ni arbitrariedad en tal actuación.

SÉPTIMO: Que, de lo establecido precedentemente, lo cierto es que no existe en la especie un derecho indubitado por parte de la recurrente, desde que en estos autos el Servicio recurrido discute la procedencia del aporte fiscal (Bono Clase Media) a ésta, desapareciendo así el origen de la devolución pretendida.

De esta forma, la controversia excede el ámbito del presente arbitrio constitucional que es de naturaleza cautelar y, por esencia, breve y concentrado, con el objeto de dar respuesta oportuna a afectaciones flagrantes, notorias o evidentes que impliquen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de determinados derechos y garantías constitucionales, siendo la situación aquí planteada no dilucidable mediante la acción de urgencia incoada.

OCTAVO: Finalmente, del mérito de lo expuesto por la entidad recurrida, no solo NO aparece acreditado que la actora hubiera sido beneficiaria del préstamo que le daría derecho a la retención pedida, sino que aparecieron otra serie de inconsistencias en su declaración, lo que importa dar estricto cumplimiento al deber legal de denuncia que tienen estos sentenciadores, a la luz del art. 175 letra b) del Código Procesal Penal.

Sumado a lo anterior, careciendo de toda lógica lo pedido a la luz de la evidencia expuesta, no habiendo siquiera concurrido a estrado a defender su postura, esta Corte concluye que la recurrente carecía de todo motivo plausible para litigar, debiendo ser condenada en costas.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, con costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra del SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS.

En atención a los antecedentes expuestos, en especial lo informado por el Servicio de Impuestos Internos, se ordena remitir estos antecedentes al Ministerio Público para los fines que haya lugar.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°664-2025 (Protección).