nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
- Fecha
- 29 de mayo de 2023
- Sala
- Segunda Sala
- Resultado
- Acogida
- Cita
- Corte de Apelaciones de La Serena, Rol N° 663-2023, sentencia de 29 de mayo de 2023
Resumen
Se acoge el recurso de protección y se deja sin efecto la resolución de la Superintendencia de Seguridad Social que rechazó el pago de la licencia médica, por carecer de fundamentación suficiente; se ordena pagar las licencias.
Texto íntegro
nombre reservado, nombre reservado
Superintendencia de Seguridad Social Recurso de Protección Rol N° 663-2023.- La Serena, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, con fecha veinticuatro de abril de dos mil veintitrés comparece CLAUDIO FERNÁNDEZ RAMIREZ, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, interponiendo acción constitucional de protección en favor de don nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).
Expone que con fecha 26 de marzo del año en curso, don nombre reservado tomó conocimiento de la Resolución Exenta N° R-01-UME-40312-2023, de esa misma fecha, por la cual la Superintendencia de Seguridad Social, a través de su Departamento Contencioso, nombre reservado, rechaza su reclamo respecto la COMPIN Región de Coquimbo, que a su vez había confirmado el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 28 días a contar del 15 de enero de 2023, por reposo no justificado.
Hace presente que don nombre reservado se desempeñaba como vendedor de tienda. Posterior al inicio de la pandemia y por el estrés que ésta le generó, asistió a establecimientos públicos de salud respecto de los cuales, atendida la alta demanda dado el incremento de patologías mentales en nuestro país, presentan lentitud y tardanza en la atención en general, y en el área psiquiátrica en particular, con listas de espera muy extensas, por lo que don nombre reservado no estaba recibiendo oportunamente el tratamiento que requería y aún requiere para su recuperación. Luego de arrastrar una depresión y problemas de sueño, intentó acudir a la atención privada la cual, si bien ofrecía un tratamiento más completo, los elevados valores de las consultas y terapias no se condicen con su nivel de ingresos y ahorros por lo que tuvo que desistir en su intento por acceder a la salud privada; sin embargo, sin dejar de lado su salud, fue al médico nuevamente el cual lo derivó al consultorio más cercano y con urgencia al psicólogo por depresión y crisis de ansiedad aguda.
Consigna que don nombre reservado se acercó en su momento al CESFAM Sergio Aguilar, de la comuna de Coquimbo, a fin de obtener la atención psiquiátrica y psicológica que requiere, y sólo pudo obtener una hora para consulta psiquiátrica para el 11 de mayo del año en curso. En el intertanto, don nombre reservado ha mantenido sus consultas con el médico general del CESFAM señalado, quien le ha extendido las licencias mientras espera su consulta con el especialista.
Debido a lo anterior, el inicio de la atención de manera particular, y al rechazo de la licencia, por la circunstancia cíclica de no tener dinero para costear sus gastos y la falta de atención médica pertinente en el plazo para su recuperación, decidió volver a su trabajo, lo que le generó crisis de pánico y crisis de ansiedad, esto en razón de que, para poder enfocarse en su trabajo, optó por no consumir el medicamento prescrito para la ansiedad, debido a que este afectaba su habilidad como vendedor, dejando de esta manera que su salud mental se viera mermada en virtud de mantener su trabajo y por ende su ingreso para de esa manera poder tratar su condición.
Si bien es cierto sus primeras licencias le fueron autorizadas, la que se menciona en la resolución de la SUSESO fue rechazada en principio por la COMPIN Región de Coquimbo, y pese a que don nombre reservado dedujo el reclamo respectivo acompañando antecedentes, certificados e informes médicos, dicho rechazo fue confirmado por la recurrida, de manera escueta en la resolución que motiva el presente recurso, decisión que, por lo demás, ha generado una nueva preocupación para la nombre reservado, al verse privado de los recursos económicos para sustentar su vida y su tratamiento.
Hace presente que, tal como consta de la documental que se acompaña al recurso, como asimismo de los documentos que en su momento se hicieron valer ante la recurrida como fundamento de los reclamos deducidos por su representado, las licencias médicas extendidas a lo largo de su enfermedad, tanto las autorizadas como aquella que fue rechazada, han sido emitidas por un profesional del área de la salud a quien la normativa permite extender licencias médicas, quien ha examinado directamente a don nombre reservado, pudiendo constatar tanto la enfermedad como la necesidad de reposo, más aun considerando las dificultades que presenta el sistema público de salud para acceder a consultas con especialistas, siendo esas licencias en principio autorizadas sin mayores cuestionamientos por la COMPIN, pero ahora se le rechaza su licencia, sin un motivo debidamente justificado y explicado en la resolución que motiva la interposición del presente recurso.
Sostiene que el cambio de criterio por parte de la SUSESO es injustificado, pues entre las razones esbozadas en su resolución, se indica que don nombre reservado no acredita atención psiquiátrica ni psicoterapia. Sin embargo, a la luz de los antecedentes que se acompañan, ello no es efectivo, pues sí está en el programa de salud mental, sí ha tenido a lo menos tratamiento farmacológico constante.
De la lectura de lo consignado en la resolución, resulta evidente que, en ella, el análisis de los antecedentes aportados por don nombre reservado, fue tomado de una manera sesgada para influir en el rechazo de la licencia, y que la SUSESO debió agotar los mecanismos y herramientas de que dispone para investigar cabalmente el estado de salud de don nombre reservado.
Refiere que la decisión de la recurrida es ilegal, carente de fundamento legal y de toda racionalidad, constituyendo su actuar, una vulneración al derecho a la vida y a la integridad física y síquica, garantía contemplada en el artículo 19 N° 1 de La Constitución Política de la República, pues, ante la imperiosa necesidad de contar con recursos económicos para sustentar la vida, el Sr. nombre reservado se ha visto expuesto a nuevos factores estresantes que le generan angustia y desesperación, al no poder percibir su subsidio por incapacidad laboral, viéndose privado de recursos para sustentar la vida, lo que pone en serio riesgo su salud mental y genera la posibilidad de un agravamiento en su cuadro clínico; en virtud de lo razonado, la decisión del órgano recurrido deviene además en arbitraria, pues carece de fundamento y además, infringe la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que representa una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral (Corte Suprema, Rol 1235-2022, 19 de enero de 2022); y finalmente, la conducta que se denuncia vulnera asimismo, el derecho consagrado en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, ya que el rechazo indebido de las licencias médicas legalmente emitidas, privan del derecho a la retribución monetaria contemplada en la ley, en caso que el trabajador se imposibilite de trabajar por motivo de enfermedad, como en este caso.
Por estas consideraciones solicita se ordene a la recurrida dejar sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-UME-40312-2023, de fecha 26 de marzo de 2023 y en su lugar acoger el reclamo deducido, dictaminando que se autoriza la licencia médica N° RUT reservado, adoptando asimismo cualquier otra medida que este Ilustrísimo Tribunal considere necesario para restablecer el imperio del derecho y asegurar el debido resguardo y respeto a las garantías fundamentales del Sr. nombre reservado, con costas.
Acompaña los siguientes documentos: 1) Copia Resolución Exenta N° R-01-UME-40312-2023, de fecha 26 de marzo de 2023, que confirma el rechazo de las licencias médicas de don nombre reservado, individualizadas en el cuerpo de esta presentación; 2) Informe Médico, Dra. nombre reservado, de fecha 25 de enero de 2023]; 3) Certificado de Centro de Salud Familiar Dr. Sergio Aguilar, de fecha 31 de enero de 2023; 4) Certificado Médico Dra. nombre reservado, de fecha 05 de abril de 2023; 5) Certificado, CESFAM Dr. Sergio Aguilar D., de fecha 05 de abril de 2023; 6) Comprobante Entrega Medicamentos 2023, CESFAM Dr. Sergio Aguilar; 7) Solicitud de atención en psicología, Dra. nombre reservado, de fecha 14 de enero de 2023.
SEGUNDO: Que, evacuó informe SEBASTIÁN DE LA PUENTE HERVÉ, abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.
Solicita, en primer lugar, se declare la improcedencia de la presente Acción de Protección, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.
En subsidio, informa en cuanto al fondo; en relación con la Acción de Protección interpuesta por el Sr. nombre reservado, hace presente que, conforme consta en el expediente administrativo PAE código R-17058-2023, el interesado recurrió a su representada el día 1º de febrero de 2023, reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO, confirmó el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 28 días a contar del 15 de enero de 2023, por reposo no justificado.
Por lo anterior, mediante la Resolución Exenta Nº R-01-UME-40312-2023, de 26 de marzo de 2023, previa solicitud de informe de parte de su representada, y del estudio de los antecedentes del caso, ese Servicio concluyó que: “…el reposo prescrito por la licencia médica N° RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes evaluados entre los que se encuentra el maestro histórico de licencias médicas y los informes del médico tratante, no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado, el cual alcanza a 162 días por la misma patología. No acredita evaluación por psiquiatra, asistencia regular a terapia psicológica ni derivación a programa de salud mental para manejo por equipo multidisciplinario, del cual pudo haberse visto beneficiado precozmente para lograr un reintegro laboral adecuado y oportuno. Los informes médicos no describen el compromiso funcional de los síntomas, su evolución ni ajustes en tratamiento de lo cual se desprenda rol terapéutico del reposo”.
Concluye dicha Resolución que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.
Añade que el día 21 de marzo de 2023, el profesional de la Superintendencia de Seguridad Social, Dr. nombre reservado, informó respecto del caso del Sr. nombre reservado lo siguiente:
“Detalle: IMT 25-01-2023 GAF 50-41% no menciona síntomas de gravedad, tratamiento farmacológico sertralina 100 mg, quetiapina 25 mg, clonazepam 1 mg, no se acredita psicoterapia, médico no psiquiatra, sin plan de reintegro laboral. Certificado médico 31-01-2023Notificación GES fecha no legible. Certificado de Reintegro laboral 02-03-2023.
Fundamentos de la resolución: Conclusiones: Comentarios: Médico no especialista Hombre de 48 años, trabaja como vendedor. Con permiso autorizado por 162 días con diagnóstico de F41.2 - Trastorno mixto de ansiedad y depresión. En IMT no describe síntomas de gravedad o incapacitantes que le impidan trabajar, no acredita psicoterapia ni atenciones por psiquiatra. Se rechaza”
Conforme a todo lo anterior, los reposos reclamados impresionan como no justificados por ser reposos prolongados y sin claro rol terapéutico.
Por otro lado, el Reglamento sobre guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas, contenido en el D.S. Nº 7, de 2013, del Ministerio de Salud, establece en su artículo 4º, guías clínicas referenciales relativas a exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas, en relación a los Grupos de Patologías y patologías. En lo referente a “PATOLOGÍAS MENTALES GUÍAS REFERENCIALES DE REPOSO LABORAL”, contempla “Reposo Laboral de más de 60 días, prorrogable hasta 180 días”, referido a “Cualquier diagnóstico de enfermedad mental CIE 10, incluyendo el trastorno de adaptación y excluyendo el trastorno de personalidad como diagnóstico principal”, siempre debe ser otorgada por médico psiquiatra. Al respecto hay que considerar que la recurrente tiene 162 días autorizados de reposo con diagnóstico F41.2 - Trastorno mixto de ansiedad y depresión.
Por lo indicado, hace presente que el médico tratante del recurrente, Dr. nombre reservado, no se encuentra registrado con la especialidad de médico psiquiatra, conforme a la consulta realizada en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, con el Nº 530702, figura con la siguiente inscripción; “médico cirujano”.
De esta forma, de los antecedentes citados, claramente es posible establecer que el reposo temporal otorgado por las licencias médicas reclamadas por el Sr. nombre reservado, no se encuentra justificado, por lo que es procedente su rechazo.
Además, la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”.
En el caso del Sr. nombre reservado, claramente su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de las licencias médicas reclamadas.
Lo anteriormente expuesto, debe llevar a este Tribunal a desestimar la ilegalidad y arbitrariedad en la actuación de su defendida. Es del caso, que, respecto de las licencias reclamadas, el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió esa Superintendencia previo estudio de los antecedentes médicos del caso.
Por último, hace presente que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, su representada se limitó a resolver la situación del Sr. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un hipotético derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.
Por estas consideraciones solicita rechazar en todas sus partes la acción, con costas.
Acompaña copias de los antecedentes que obran en los expedientes administrativos, relativos al caso de don nombre reservado.
TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.
CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.
QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción en materias de seguridad social, fundada en que el artículo 20 de la Carta Fundamental no establece dentro del catálogo taxativo de garantías constitucionales protegidas aquella prevista por el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Magna, cabe señalar que si bien es efectivo lo sostenido por la recurrida, no es menos cierto que ello sólo implica que por este acápite no podrá, si correspondiere, ser acogido el presente recurso.
SEXTO: Que, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra de la Resolución Exenta N° R-01-UME-40312-2023, de 26 de marzo de 2023, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, en virtud de la cual mantiene lo dictaminado por la COMPIN en relación a la licencia médica N°s RUT reservado.
En torno al argumento vertido por la SUSESO, organismo recurrido, al mantener la decisión de rechazar las licencias médicas referidas previamente, aquel gira en torno a la siguiente idea: “…el reposo prescrito por la licencia médica N° RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes evaluados entre los que se encuentra el maestro histórico de licencias médicas y los informes del médico tratante, no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado, el cual alcanza a 162 días por la misma patología. No acredita evaluación por psiquiatra, asistencia regular a terapia psicológica ni derivación a programa de salud mental para manejo por equipo multidisciplinario, del cual pudo haberse visto beneficiado precozmente para lograr un reintegro laboral adecuado y oportuno. Los informes médicos no describen el compromiso funcional de los síntomas, su evolución ni ajustes en tratamiento de lo cual se desprenda rol terapéutico del reposo”.
SEPTIMO: Que, del mérito de lo expuesto, no cabe duda que la argumentación otorgada por la recurrida tiene un carácter contradictorio, atentando en contra de sus actos propios, toda vez que cuestiona la circunstancia de haber sido otorgada la licencia reclamada por médico no especialista, no obstante las licencias previamente autorizadas fueron emitidas por los mismos profesionales y el mismo centro de salud, sin que se cuestionara anteriormente la calidad o aptitud de los profesionales que la suscribieron, cambio de criterio que no aparece fundamentado en la resolución impugnada y que por ende transforma la misma en arbitraria.
En el mismo sentido, se advierte que los motivos del rechazo se fundan únicamente en los antecedentes médicos que constan en el respectivo expediente administrativo, sin que la recurrida haya efectuado las indagaciones que correspondía para resolver fundadamente la procedencia de la licencia médica reclamada, lo cual abona a estimar que la decisión por esta vía se cuestiona es arbitraria.
OCTAVO: Que, en este punto, cabe traer a colación lo dispuesto en el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud, que sostiene “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1).
Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.
Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.
NOVENO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada al paciente por la recurrida escapa a los márgenes de sus facultades y al expreso mandato legal, dejándolo en una situación compleja, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de las licencias dada en este asunto, es carente de sustento.
DECIMO: Que, este actuar de la recurrida atenta contra las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio del recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud mental.
Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:
I.- Que SE RECHAZA la alegación de improcedencia.
II.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por CLAUDIO FERNÁNDEZ RAMIREZ, en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), y en consecuencia se deja sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-UME-40312-2023, de fecha 26 de marzo de 2023, que mantiene lo dictaminado por la COMPIN en relación a la licencia médica N°s RUT reservado, disponiéndose que la recurrida Superintendencia de Seguridad Social deberá disponer el pago de las licencias médicas previamente individualizadas.
Notifíquese, regístrese y archívese.
Rol N° 663-2023 (Protección).-