nombre reservado con I. MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA

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Ilustre Municipalidad de Salamanca Recurso de protección Rol N° 657-2026 La Serena, quince de mayo de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que el 08 de abril de dos mil veintiséis, comparece don César Alejandro Reyes Rodríguez, abogado, en representación de don nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Salamanca, por estimar que dicha entidad incurrió en actos arbitrarios e ilegales al desvincularlo de sus funciones mediante el Decreto Alcaldicio N°398 de 05 de marzo de 2026, fundado en una supuesta falta grave al principio de probidad administrativa. Asimismo, se impugna la Resolución N°714/2025 de fecha 30 de mayo de 2025, que ordenó instruir una investigación interna, además de la Vista Fiscal emitida dentro del sumario administrativo.

Expone el recurrente que ingresó a trabajar para el Departamento de Administración de Educación Municipal de Salamanca en abril del año 2022, desempeñándose como psicopedagogo de la Escuela Básica Chillepín, con contrato indefinido y una jornada de 38 horas semanales, financiadas mediante Subvención Escolar Preferencial (SEP). Señala que su calidad jurídica correspondía a la de asistente de la educación, regulado por la Ley N°21.109 y por las normas del Código del Trabajo, y no por el Estatuto Administrativo Municipal.

Indica que el problema se origina a raíz de un sumario administrativo instruido en su contra por un supuesto incumplimiento de licencia médica, debido a un viaje realizado a Argentina entre los días 22 y 24 de septiembre de 2023 mientras se encontraba con reposo médico. En dicho procedimiento se le formuló un cargo por falta a la probidad administrativa, imputándosele haber incumplido el reposo indicado en la licencia médica. El recurrente efectuó sus descargos dentro del procedimiento, pero sostiene que estos no fueron debidamente considerados.

Posteriormente, mediante Decreto Alcaldicio N°398, la Municipalidad resolvió poner término a su vínculo laboral por “despido justificado”, decisión que le fue notificada en marzo de 2026. Frente a ello, interpuso recurso de reposición administrativo, el cual no fue resuelto dentro del plazo legal.

Sostiene que la actuación de la Municipalidad es ilegal y arbitraria porque se le aplicó un procedimiento disciplinario propio de funcionarios municipales, pese a que él era asistente de la educación regido por normas laborales. Afirma que, al no tener la calidad de funcionario público municipal, no correspondía instruir un sumario administrativo ni aplicar sanciones propias del Estatuto Administrativo Municipal, sino las reglas de término de contrato contempladas en el Código del Trabajo. Añade además que existían cotizaciones previsionales impagas por parte del empleador, situación que impediría legalmente el despido conforme al artículo 162 del Código del Trabajo.

En cuanto a las garantías constitucionales afectadas, denuncia vulneración del derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución, argumentando que se le aplicó un régimen jurídico que no correspondía a su situación laboral. Asimismo, invoca afectación del derecho de propiedad del artículo 19 N°24, señalando que la desvinculación le privó arbitrariamente de su empleo, estabilidad laboral y remuneraciones.

Finalmente, solicita que se acoja el recurso de protección y se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio N°398 que dispuso su desvinculación, ordenándose su reincorporación como asistente de la educación, junto con el pago de todas las remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha de separación hasta su efectiva reincorporación, con costas.Principio del formularioFinal del formulario SEGUNDO: Que evacua informe la recurrida Ilustre Municipalidad de Salamanca, solicitando el rechazo íntegro de la acción constitucional.

Señala que el actor impugna el Decreto Alcaldicio N°398 de 05 de marzo de 2026, mediante el cual se dispuso el término de su relación laboral por la causal del artículo 160 N°1 letra a) del Código del Trabajo, esto es, falta de probidad en el desempeño de sus funciones. Indica que la medida se fundó en el incumplimiento del reposo médico por parte del recurrente, quien realizó un viaje a Argentina mientras se encontraba con licencia médica.

Expone que el recurrente se desempeñaba como asistente de la educación en la Escuela Básica Chillepín, dependiente del DAEM de Salamanca, prestando funciones dentro de un órgano de la Administración del Estado, motivo por el cual la Municipalidad se encontraba facultada para ejercer potestades disciplinarias destinadas a resguardar el principio de probidad administrativa y el correcto funcionamiento del servicio público.

Indica que los hechos se originan a raíz del Oficio N°E82804/2025 emitido por la Contraloría General de la República, recibido el 22 de mayo de 2025, mediante el cual se informó que el recurrente registraba salidas del país mientras hacía uso de licencia médica. En concreto, se verificó que salió de Chile el día 22 de septiembre de 2023 con destino a Argentina y regresó el 24 de septiembre del mismo año, pese a encontrarse con licencia médica vigente entre el 11 y el 24 de septiembre de 2023. Frente a ello, la Contraloría instruyó iniciar inmediatamente los procedimientos administrativos respectivos.

Refiere que, conforme a lo anterior, mediante el Decreto N°754 de fecha 30 de mayo de 2025, la Municipalidad ordenó instruir una investigación interna. Señala que el procedimiento respetó las garantías del debido proceso, ya que se recibieron declaraciones, se formularon cargos, se otorgó plazo para descargos y posteriormente se emitió una vista fiscal fundada.

Sostiene que durante la investigación quedó acreditado que el recurrente efectivamente viajó a Argentina mientras se encontraba con licencia médica, hecho que además reconoció expresamente en sus descargos. Añade que el actor no acreditó que dicho viaje tuviera fines médicos ni que hubiese sido autorizado por un profesional tratante. Asimismo, señala que la licencia médica establecía reposo domiciliario, el cual debía cumplirse en Chillepín, aunque el recurrente declaró Sostiene que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar municipal, pues la investigación interna se desarrolló conforme a derecho y con respeto al debido proceso. Afirma además que el hecho de que el actor sea asistente de la educación no excluye la aplicación del principio de probidad administrativa, ya que este obliga a toda persona que desempeñe funciones públicas, cualquiera sea la calidad jurídica en que lo haga.

Finalmente, solicita que se rechace el recurso de protección en todas sus partes, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra de la Ilustre Municipalidad de Salamanca, por la dictación del Decreto Alcaldicio N°398 de 05 de marzo de 2026 que dispuso la desvinculación del actor, además de la Resolución N°754 de 30 de mayo de 2025 que ordenó instruir investigación interna, actos que la recurrente estima vulneratorios de las garantías del artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Por su parte, la recurrida solicitó el rechazo del recurso, señalando que el procedimiento investigativo se desarrolló conforme a derecho y con respeto al debido proceso, indicando que la investigación se inició a raíz de un oficio de la Contraloría General de la República que informó que el recurrente había salido del país mientras hacía uso de licencia médica, estimándose dicha conducta como una infracción grave al principio de probidad administrativa que justificó la aplicación de la causal de término de la relación laboral contemplada en el artículo 160 N°1 letra a) del Código del Trabajo. Principio del formulario Final del formulario SEXTO: Que, del mérito de los antecedentes acompañados, aparece que la controversia planteada por el recurrente no solo dice relación con la legalidad y procedencia del término de la relación laboral, sino también con reclamar en contra de la calificación jurídica efectuada por la recurrida al aplicar un procedimiento disciplinario, que a juicio del recurrente, sería improcedente, por estimar que no detenta la calidad de funcionario municipal, y que en su calidad de asistente de la educación, correspondía la aplicación de las normas de término de contrato previstas en el Título V del Código del Trabajo.

En consecuencia, la determinación acerca de si correspondía instruir una investigación interna, la naturaleza jurídica del cargo, la procedencia de la causal invocada para el despido y los efectos derivados de una eventual infracción laboral o previsional, constituyen cuestiones de lato conocimiento cuyo conocimiento y resolución corresponde a los tribunales con competencia en materia laboral, por existir acciones y procedimientos especialmente establecidos al efecto, no resultando procedente por ello acudir a este procedimiento cautelar y de urgencia al haberse contemplado vía de reclamos idóneas que excluyen la necesidad de actuar en esta sede, por lo que el presente recurso no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se resuelve que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Salamanca.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol 657-2026 (Protección). -