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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 6517-20223 mar 2023

nombre reservado con nombre reservado

Fecha
3 de marzo de 2023
Corte
Corte de Apelaciones de La Serena
Sala
Primera Sala
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de La Serena, Rol N° 6517-2022, sentencia de 3 de marzo de 2023

Resumen

Se rechaza la protección contra el administrador del condominio por el corte de suministro eléctrico, al tratarse de hechos controvertidos sobre la deuda de gastos comunes que exceden el ámbito de la acción constitucional y requieren un proceso de lato conocimiento.

Texto íntegro

nombre reservado

nombre reservado

Recurso de protección Rol Nº6517-2022 La Serena, tres de marzo de dos mil veintitrés.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, trabajadora, cedula nacional de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo acción de protección de garantías constitucionales en contra de nombre reservado, chileno, cedula nacional de identidad N°RUT reservado, administrador del condominio MIRADOR SAN SEBASTIAN, Rut RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en el corte de suministro eléctrico efectuado por orden del recurrido en su calidad de administrador con fecha 27 de septiembre de 2022, acto que vulnera sus derechos constitucionales.

Señala que desde el mes de marzo del año 2022, es arrendataria del departamento N°453, de la torre N°4, del condominio ya individualizado, en el cual vive junto a su madre doña nombre reservado y sus dos hijos, nombre reservado de 13 años de edad y nombre reservado de 14 años de edad.

Afirma que con fecha 27 de septiembre del año 2022, por orden del administrador del condominio, el conserje de turno procedió a realizar corte de suministro eléctrico, sosteniendo que adeudaba los gastos comunes.

No obstante, refiere que a la fecha del recurso solo adeudaba dos meses de gastos comunes, no encontrándose dentro los presupuestos exigidos por el legislador, el cual exige que cuándo una unidad privada adeuda tres o más meses de los gastos comunes, podrá como medida coercitiva, el administrador solicitar el corte del suministro eléctrico.

Refiere que dicha orden es arbitraria e ilegal, por cuanto no siguió los pasos que establece la norma y la doctrina, señalados en Ley 21.442 de Copropiedad Inmobiliaria, Decreto Supremo N°327 del Ministerio de Minería, que fija el reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, ley fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley nº1, de minería, de 1982, y Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica, Código Civil y Código del Trabajo.

Puntualiza que, en la especie, no se cumple con los requisitos de que el propietario de la unidad se encuentre en mora en el pago de tres o más cuotas, continuas o discontinuas, de los gastos comunes; y con el requisito que el administrador obtenga el acuerdo previo del comité de administración, el que debe otorgarse para cada caso en particular y no en términos genéricos y a priori.

Agrega, que no existe un retardo imputable al deudor en el cumplimiento de la obligación, puesto que para ello es necesario que se encuentre determinado el monto, mediante la entrega del informe de gastos comunes debidamente firmado por el administrador del condominio, personalmente o vía carta certificada, con firma electrónica avanzada, lo que no se ha cumplido desde el mes de marzo del año 2022.

De igual manera, refiere que no ha existido interpelación al deudor, ya que al no existir deuda no es posible realizarla.

No obstante lo anterior, y pese a sostener que el administrador del condominio, no había entregado informes de gastos comunes debidamente firmados, ni personal ni vía carta certificada al Copropietario ni al Arrendatario, indica que el día 28 de junio del año en curso, pagó los gastos comunes correspondientes al mes de Junio de 2022, mediante trasferencia electrónica número 706333, por un monto de $50.415.

En cuanto a los derechos fundamentales vulnerados, señala que con el actuar ilegal y arbitrario del administrador del Condominio, se está vulnerando su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica del numeral 1 del artículo 19 de la Constitución, ya que la suspensión de la energía eléctrica, al no realizarse conforme a derecho, se constituye en un apremio ilegítimo, agregando que provoca un daño psíquico, y además un daño físico, al impedir la libre circulación por el departamento de sus hijos y el de su madre mayor de edad.

Por otra parte, invoca como infringido el derecho de propiedad en sus diversas especies, resguardado en el artículo 19 Nº24 de la Constitución, argumentando que el acto ilegal y arbitrario afecta su derecho de propiedad sobre el consumo de energía eléctrica, como también limita su derecho al uso y goce sobre la propiedad y el de todo su grupo familiar.

En definitiva, solicita que se acoja el recurso y se ordene a la recurrida abstenerse de realizar corte del suministro eléctrico y ordenar se proceda al restablecimiento del suministro eléctrico del departamento arrendado por la recurrente, con costas.

Acompañó a su presentación: 1.- Voucher de transferencia electrónica número 7063333, por un monto de $50.415, desde su cuenta a la cuenta corriente N°[cuenta reservada] del domicilio reservado.- Pago de gastos comunes correspondientes al mes de junio de 2022 3.- Recibo de pago del gasto común N°444952, mes de Junio de 2022, emitido por el domicilio reservado.- Estado de cuenta de suministro eléctrico de fecha 29 de septiembre de 2022, emitido por la empresa CGE Elqui.

SEGUNDO: Que, a folio 16 del expediente digital, en atención al tiempo transcurrido sin haber cumplido el recurrido con evacuar informe, se dispuso prescindir del mismo.

TERCERO: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

CUARTO: Que, acorde a lo señalado previamente, estima esta Corte que no se han acompañado por la actora antecedentes suficientes a objeto de dar cuenta de la existencia del acto ilegal que se denuncia, como asimismo, se estima que los derechos en cuestión no aparecen claramente indubitados. En efecto, cabe tener presente que la recurrente ha sostenido su recurso en una supuesta orden del recurrido, en su calidad de administrador del condominio Mirador San Sebastián, de cortar el suministro eléctrico correspondiente al departamento que habita la actora. Sin embargo, dichas circunstancias fácticas no han sido acreditadas en autos, sustentándose únicamente en los dichos de la recurrente.

QUINTO: Que, por otra parte, resultaba del todo relevante que la actora cumpliera con acompañar antecedentes que permitieran dar cuenta, tanto del hecho vulnerador de derechos que denuncia, como también de su situación respecto al pago de los gastos comunes, pues debe tenerse presente que, conforme lo establece el artículo 36 de la Ley Nº 21.442 sobre Copropiedad Inmobiliaria, las administraciones de los condominios cuentan con la facultad de solicitar a las empresas de suministro la suspensión del servicio, con motivo de la mora en el pago de tres o más cuotas de gastos comunes, cumpliendo además los otros requisitos que establece la norma.

SEXTO: Que, en dicho sentido, los antecedentes que fueron acompañados al recurso, sólo permiten desprender que en el mes de septiembre de 2022 la actora pagó los gastos comunes del mes de junio, y que en el recibo de pago de los gastos comunes del mes de junio registra un saldo de deuda ascendente a $115.331, desconociéndose a cuánto ascienden mensualmente los gastos comunes.

SÉPTIMO: Que, así las cosas, del mérito de los antecedentes allegados al recurso se infiere que, precisamente, es un hecho controvertido en la causa lo siguiente: 1º Que el recurrido en su calidad de administrador haya dado la orden de suspender el suministro eléctrico del departamento que habita domicilio reservado° la situación de la actora en el pago de los gastos comunes.

Que, constatado lo anterior, permiten situar esta discusión en un ámbito que escapa de la acción constitucional ejercida, toda vez que esta última supone hechos ciertos y derechos indubitados en juego, nada de lo cual ocurre en la especie, pues como se desprende del propio libelo intentado, es dable entender que las situaciones fácticas que afectarían los derechos invocados por la actora, en que sostiene su recurso son, básicamente hechos controvertidos.

OCTAVO: Que, además, cabe recordar que el recurso de protección es un procedimiento excepcional que “Se aplica sólo cuando existe una amenaza, perturbación o privación del legítimo ejercicio de un derecho esencial producida por una acción u omisión arbitraria o ilegal de un tercero, sea este público o privado, existiendo una manifestación de dicha actuación que no requiere de un proceso de prueba complejo, la afectación del derecho debe ser relativamente clara o evidente. En caso contrario, debe utilizarse el procedimiento ordinario o sumario correspondiente.” (Nogueira Alcalá, Humberto; El Recurso de Protección en el Contexto del Amparo de los Derechos Fundamentales Latinoamericano e Interamericano, en Revista Ius et Praxis, 13 (1): 75 - 134, 2007), por lo que abona el rechazo de este recurso el hecho que nos encontramos en sede cautelar de urgencia en la cual no es dable una discusión para la declaración de derechos dubitados, lo que requiere de un proceso de lato conocimiento, circunstancia esta última presente en la especie, lo que no puede llevar sino al rechazo de la presente acción.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de nombre reservado.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 6517-2022.-