nombre reservado con CONTRALORÍA REGIONAL

nombre reservado, nombre reservado

Contraloría General de la República Recurso de Protección Rol N° 6491-2022.- La Serena a diecisiete de febrero de dos mil veintitrés.

Vistos y considerando:

Primero: Que el abogado Luis Hernán nombre reservado actuando, en representación de don nombre reservado, ambos con domicilio en la comuna de La Serena, recurre de protección en contra de Contraloría Regional de Coquimbo, representada legalmente por don Hugo Segovia Saba, Contralor Regional, ambos con domicilio en domicilio reservado, de La Serena, por la resolución dictada con fecha 7 de septiembre de 2022, mediante oficio N° E254653 / 2022, acto que resuelve recurso de reposición, deducido en contra de la resolución dictada mediante oficio N° E231613, de fecha 6 de julio de de 2022, que rechaza la reposición señalada y confirma lo resuelto en este último dictamen, ambos emanados de la Contraloría Regional de Coquimbo. Solicita acogerlo y ordenar el restablecimiento del imperio de los derechos conculcados, disponiendo dejar sin efecto las resoluciones singularizadas, y ordenando el pago de las remuneraciones devengadas entre el día 29 de junio de 2021 y el 15 de marzo de 2022, fecha de la notificación del dictamen N° 193.870, de 2022, con expresa condenación en costas.

En cuanto a los antecedentes de hecho del recurso, señala que su representado, compareciendo por si, conforme lo permite el artículo 156 del Ley N° 18.883 que aprueba Estatuto administrativo para funcionarios municipales ministerio del interior, recurrió ante Contraloría Regional de Coquimbo, reclamando, en síntesis, sobre la legalidad de su remoción en su calidad de Secretario Comunal de Planificación de la Municipalidad de Coquimbo, cargo del estamento directivo, grado 4° de la EMS, pidiendo el pago de las remuneraciones que dejó de percibir, por lo que a su juicio sería un acto de autoridad ilegal la forma en que se dispuso el cese de sus funciones por la Ilustre Municipalidad de Coquimbo.

Señala que la Contraloría Regional de Coquimbo, luego de recibir el informe de estilo emanado de la Ilustre Municipalidad de Coquimbo, a través del oficio N° E193.870, de 2022, acogió el reclamo presentado por el señor nombre reservado, disponiendo que dicho municipio debía proceder a regularizar su cese de funciones, habida cuenta que había sido efectuado en contravención a la normativa legal pertinente, y a pagarle las remuneraciones correspondientes, hasta la fecha en que operase tal regularización. Posteriormente, Contraloría Regional de Coquimbo, en virtud del oficio N° E231613, de 2022, y particularmente mediante su punto N°2, acogió parcialmente una solicitud de reconsideración presentada por la Municipalidad de Coquimbo respecto del oficio N° E193.870, de 2022, el cual, como se dijo, había acogido un reclamo presentado por el señor nombre reservado, disponiendo que dicho municipio debía proceder a regularizar su cese de funciones, habida cuenta que había sido efectuado en contravención a la normativa legal pertinente, y a pagarle las remuneraciones correspondientes, hasta la fecha en que operase tal regularización. Señala que en el punto N° 2, citado, la Contraloría Regional de Coquimbo expresó que, después de haber efectuado un nuevo estudio de la situación del señor nombre reservado sobre la base de los elementos aportados por el municipio en su solicitud de reconsideración, estableció que la supuesta fuerza mayor se debía determinar mediante la instrucción de un procedimiento disciplinario; que por ello, la recurrida dispuso que correspondía que la Municipalidad de Coquimbo investigara, a través de un procedimiento sumarial, si en la especie habían concurrido efectivamente los supuestos necesarios para la configuración de una situación de fuerza mayor, como alegaba el interesado, así como también de eventuales responsabilidades administrativas que pudieran existir en relación con la materia.

Luego, refiriéndose al nuevo estudio de antecedentes hecho por la Contraloría Regional de Coquimbo y la notificación del cese de funciones de su representado, relatando que mediante el oficio N° E231613, Contraloría Regional de Coquimbo se pronuncia sobre la reconsideración planteada por la Ilustre Municipalidad de Coquimbo. En dicha reconsideración se alegaba: “a) Que, jamás le había negado el acceso a las dependencias municipales a su representado; b) Que tampoco se le negó el acceso al sistema de control de asistencia; c) tampoco al correo institucional.

Para la acreditación de tales afirmación la Ilustre Municipalidad de Coquimbo remitió al organismo de control recurrido, los siguientes antecedentes:

1) copia de sus registros de ingreso al edificio en el que aquel laboraba.(que es copia del libro de guardia de la empresa de seguridad contratada por la nueva administración); 2) certificado extendido por la unidad de informática municipal, que acreditaría que el último ingreso del señor nombre reservado a su cuenta de correo electrónico data del 23 de junio de 2021”.

Sostiene que los antecedentes aportados por la recurrida son insuficientes, siendo condescendiente, y a la vez, contradictorios con lo alegado en su oportunidad por el propio municipio, cuando contestó: “Requerido su informe, la Municipalidad de Coquimbo expresó que efectivamente no le fue notificado al señor nombre reservado el acto administrativo que dispuso el término de la contratación, pues ejercía un cargo de exclusiva confianza, lo que limita su estabilidad en el empleo. Sin perjuicio de ello, estima que desde la fecha en que el recurrente no se presentó a trabajar, esto es, desde el 29 de junio de 2021, operó la notificación tácita del acto administrativo que cesó su designación.” Añade que frente a esto último la Contraloría Regional de Coquimbo resolvió: “Resultando un hecho indiscutible que el citado decreto alcaldicio N° 1.807, de 2021, no fue formalmente notificado al afectado, corresponde igualmente señalar que no existe constancia de que, con posterioridad a la emisión del referido acto administrativo, el señor nombre reservado hubiere efectuado alguna gestión que hiciere suponer un conocimiento efectivo del mismo.

Por el contrario, consta que el señor nombre reservado, en su primera presentación ante este Organismo Contralor, reclamó expresamente su desconocimiento acerca de la emisión y notificación de cualquier acto administrativo relacionado con su cese, circunstancia que excluye la posibilidad de estar en presencia de una notificación tácita, de acuerdo con la jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en el dictamen N° 40.457, de 2015”.

Sostiene el recurrente, que resulta contradictorio sostener que por un lado su representado, para la Ilustre Municipalidad de Coquimbo se hallaba cesado de funciones, dado que mediante decreto alcaldicio N° 1.807, de 30 de junio de 2021, el Alcalde dispuso el término a la designación del recurrente, a contar del 28 de junio de ese mes, -pese a no estar notificado dicho acto administrativo-, y por otro lado esperaban que fuera a prestar sus servicios, lo que implica que la recurrida saca provecho de su propia culpa, puesto que la fecha definitiva del cese de funciones la estableció la misma Contraloría Regional de Coquimbo, en el oficio N° E231613 / 2022, al señalar: “Sin embargo, es posible entender que aquel anómalo cese de funciones quedó regularizado desde el momento en que el señor nombre reservado tomó conocimiento del citado decreto N° 1.807, de 2021, hecho que indudablemente aconteció, al menos, a partir del momento en que le fue notificado el oficio N° E193870, de 2022.

Luego se refiere al procedimiento disciplinario ordenado instruir por Contraloría Regional de Coquimbo a la Municipalidad de Coquimbo, para determinar si en la especie habían concurrido efectivamente los supuestos necesarios para la configuración de una situación de fuerza mayor. Al respecto, relata que, mediante decreto Alcaldicio N° 1812, de fecha 6 de julio de 2021, se nombró a doña nombre reservado, a contar del día 1 de julio de 2021, en el cargo de Secretaria Comunal de Planificación, cargo del estamento de directivos, grado 4° de la EMS. Tomando posesión material, a partir del día 1 de julio de 2021, de todos los elementos de trabajo del Secretario Comunal de Planificación, tales como oficina, computador, etcétera, y haciéndose cargo de las labores que el artículo 21 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2006, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades le entregaba a su mandante y, también, de las que el reglamento interno del municipio asignaba al Secretario Comunal de Planificación. Que producto de lo anterior, a partir del mes de julio de 2021, se le entregó a la nueva Secretaria Comunal de Planificación, la oficina, computador y los demás elementos de trabajo que utilizaba su representado, quien ejercía el cargo Secretario Comunal de Planificación hasta antes del nombramiento de doña nombre reservado.

Añade que no se informó en la secretaria comunal de planificación ninguna nueva destinación para su representado, que le permitiera seguir prestando funciones para la Ilustre Municipalidad de Coquimbo en una plaza diferente a la de Secretario Comunal de Planificación. Sostiene que la omisión en la realización del procedimiento establecido precisado en los dictámenes N°s 8.563 del año 2018 y 62.989 del año 2015, es de exclusiva responsabilidad del alcalde que es el jefe de servicio de la municipalidad por lo que este no puede trasladar su responsabilidad a funcionario alguno, dado que conforme al artículo 63 el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2006, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, la potestad de nombrar y remover a los funcionarios de su dependencia de acuerdo con las normas estatutarias que los rijan, es indelegable conforme lo señala la letra C de la misma norma.

Indica que producto de lo anterior, resulta ilusorio que la misma autoridad de quien provienen los actos que privaron ilegalmente de sus remuneraciones a su representado, instruya un procedimiento disciplinario que llegue a un resultado que asigne responsabilidad administrativa, por cuanto, el único responsable de nombrar y remover a los funcionarios de su dependencia de acuerdo con las normas estatutarias que los rijan es el propio Alcalde, es decir, Contraloría Regional de Coquimbo le pide a la propia parte interesada que resuelva si es responsable o no, lo que no resiste ningún análisis, estima el recurrente.

Señala que finalmente, la decisión, de dejar las determinación de la supuesta fuerza mayor, fue confirmada mediante el dictamen N° 254.653, de 2022, que se pronunció sobre el recurso de reposición deducido por su representado, en los términos del artículo 59 de la Ley N° 19.880. Sobre esto último, señala que la recurrida, en cumplimiento al inciso 4 del artículo 41 del cuerpo normativo antes citado, informó a su representado, que le asistía tal derecho, en el oficio N° E231613 / 2022, al siguiente tenor: “En otro orden de consideraciones, cumple con indicar que en contra del presente acto podrá deducirse recurso de reposición, ante esta Entidad de Control, dentro del plazo de cinco días hábiles administrativos contados desde su notificación, de acuerdo al artículo 59 de la ley N° 19.880. Lo anterior, sin perjuicio de los recursos, acciones o derechos que se pueden hacer valer ante las autoridades correspondientes, y de las demás formas de revisión de los actos administrativos que procedan”. Agrega que es lo que su representado hizo y es el motivo de los actos que se recurren.

Seguidamente se refiere a las acciones y omisiones ilegales y arbitrarias cometidas por la recurrida con ocasión del oficio N° 254.653, de 2022, objeto del presente recurso. Reclama primero, infracción al artículo 11 y 41 de la Ley N° 19.880, sostienendo que frente a la actuación desarrollada por la Contraloría Regional de Coquimbo y la argumentación entregada para ponderar la actuación de la recurrida, es menester tener presente que esta había encontrado suficiente la infracción a las normas sobre el cese de funciones, para los funcionarios regidos por el artículo 47 de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, las contenidas en el procedimiento establecido para los funcionarios en la calidad antes citada, mediante los dictámenes vigentes N°s 8.563 del año 2018 y 62.989 del año 2015, emanados de la Contraloría General de la República, para ordenar el pago de las remuneraciones y demás prestaciones entre la privación efectiva de las funciones de su representado y hasta la fecha del cese de funciones del mismo, esto es, entre el día 29 de junio de 2021 y el 15 de marzo de 2022, fecha de la notificación del dictamen N° 193.870, de 2022.

Estima que cambiar lo decidido, y ofrecer una solución jurídica distinta a la dada anteriormente, con los mismos argumentos, por cuanto, y pese a lo que pueda señalar la recurrida, lo único nuevo en la reconsideración presentada, por el municipio de Coquimbo, al dictamen N° 193.870 de 2022, son los documentos indicados en el literal a1, numerales 1 y 2 del presente recurso, no cumple con un mínimo estándar de razonabilidad y deja en indefensión a su representado. Destaca que el artículo 41 inciso cuarto, primera parte del aludido texto legal, ordena: “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada”, señala que, de lo expresado, sólo cabe colegir que es un requisito sustancial la expresión del motivo o fundamento de la decisión, condición vinculada a una exigencia que ha sido puesta como requisito de mínima racionalidad, ya que como ocurre en la especie, fueron afectados derechos esenciales de su representado. Cita Jurisprudencia para apoyar sus dichos.

Reitera que la decisión de la recurrida carece absolutamente de razonabilidad, al pretender basar su decisión en “un nuevo estudio de los antecedentes”, puesto que estos antecedentes fueron alegados previamente y resueltos con ocasión del dictamen N° 193.870, de 2022, agregándose sólo dos documentos, los que fueron citados. Se refiere nuevamente a la jurisprudencia sobre la fundamentación de las decisiones de la autoridad adminitrativa.

Sostiene que existe una infracción al artículo 6 del Decreto 2421 que fija el texto refundido de la ley de organización y atribuciones de la Contraloría General de la República, que conforme a dicha norma a la Contraloría Regional de Coquimbo, le corresponde, y no al municipio de Coquimbo, informar sobre la procedencia del pago de las remuneraciones de su representado, por lo que entregar la determinación de la supuesta fuerza mayor al mismo organismo que la provocó, es ilegal y arbitrario, y supone el juzgamiento por una comisión especial, dado que su representado al haber agotado la vía administrativa de reclamación que ofrece el artículo 156 de la Ley N°18.883 que aprueba el estatuto administrativo para funcionarios municipales ministerio del interior, solo le resta la vía jurisdiccional.

Reclama que el actuar de la recurrida ha vulnerado el derecho de propiedad consagrado en el articulo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, toda vez que, al incurrir la institución cuestionada en este acto arbitrario e ilegal, privó a su representado de su derecho a las remuneraciones que debía percibir durante el período señalado por haber dado por hecho que el cese de funciones solo se produjo con fecha 15 de marzo de 2022. Por cuanto, se abstuvo de ejercer la atribución contenida en el artículo 6 del Decreto N° 2421 que fija el texto refundido de la ley de organización y atribuciones de la Contraloría General de la República y mandató al causante de la situación reclamada frente al recurrido, a resolverla. Agrega que la omisión en la aplicación de la norma del artículo 6 del Decreto 2421 que fija el texto refundido de la ley de organización y atribuciones de la Contraloría General de la República, supone una conculcación al derecho de propiedad que le asiste sobre sus remuneraciones, concretamente, sobre el periodo comprendido entre el día 29 de junio de 2021 y el 15 de marzo de 2022, fecha de la notificación del dictamen N° 193.870, de 2022.

Reclama igualmente vulneración a la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 3 , “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales”, sostiene que como se señaló, en el oficio N° E231613, de 2022, emanado de la Contraloría Regional de Coquimbo, ratificado por el oficio N° E254653 / 2022, del mismo origen, específicamente en relación con su punto N°2, entregó a una comisión especial, esto es, a la Ilustre Municipalidad de Coquimbo, la determinación de la existencia de una supuesta situación de fuerza mayor, en circunstancias que la sola dictación del decreto Alcaldicio N° 1812, de fecha 6 de julio de 2021, que nombró a doña nombre reservado, a contar del día 1 de julio de 2021, en el cargo de Secretaria Comunal de Planificación, cargo del estamento de directivos, grado 4° de la EMS, sin que se haya dado cumplimento respecto de su representado al procedimiento previsto en los dictámenes N°s 8.563 del año 2018 y 62.989 del año 2015 y sin que se le haya destinado a cumplir una nueva función, es motivo suficiente para determinar que hubo una privación de las remuneraciones de su representado de manera ilegal, tal como fue resuelto por la recurrida.

Señala que el procedimiento disciplinario ordenado por la Contraloría Regional de Coquimbo para determinar la existencia de una supuesta fuerza mayor, no es la vía idónea dado que su representado no tiene la calidad de funcionario y por tanto, no tendrá participación alguna en el y dicho proceso es una solución, al menos, sui generis, dado que ordena establecer su propia culpa a los que obraron negligentemente, esto es, la Municipalidad de Coquimbo, máxime, si es la propia recurrida la que ha resuelto en dictamen N° 102.295 de 2015, que: “al verificarse en el peticionario una causal de fuerza mayor, como es su alejamiento dispuesto por un acto de autoridad no imputable al mismo y del cual no se pudo resistir, este puede percibir los ingresos por el tiempo en que estuvo alejado irregularmente de su cargo, aun cuando no se haya desempeñado efectivamente en aquel”.

Sostiene que tras lo expuesto en su libelo se puede llegar a las siguientes conclusiones: “Con fecha 6 de julio de 2022, se dictó el decreto alcaldicio N° 1812 el que nombró en calidad de Secretaria comunal de planificación a doña nombre reservado, a partir del día 1 de julio de 2021; que nunca se le notificó a su mandante el cese de funciones respecto de su cargo de Secretario Comunal de Planificación, entendiéndose notificado del mismo sólo a partir de la comunicación a su persona del oficio N° E193870, de 2022 de fecha 14 de marzo de 2022, emanado de Contraloría Regional de Coquimbo; que la Contraloría Regional de Coquimbo, mediante el oficio N° E193870, de 2022 de fecha 14 de marzo de 2022, determinó que la fecha de notificación del cese de funciones de su representado fue el día 15 de marzo de 2022 – fecha de notificación del oficio en comento- y que la municipalidad de Coquimbo debía pagar sus remuneraciones y demás emolumentos devengados, entre el 29 de junio de 2021 y el 15 de marzo de 2022; que el municipio no dispuso una nueva destinación respecto de su mandante, puesto que nada señalan al respecto ni menos acompaña acto administrativo que dé cuenta de aquello; que la oficina, computador y demás elementos en y con los que su representado cumplía con sus funciones fueron asignados a la doña nombre reservado, a partir del día 1 de julio de 2021; que todo lo señalado anteriormente, corresponden a actos de la autoridad, ajenos a la voluntad de su representado e imposibles de resistir por este, que le privaron ilegalmente del derecho de propiedad sobre sus remuneraciones y demás emolumentos, entre el día 29 de junio de 2021 y el 15 de marzo de 2022, fecha de la notificación del dictamen N° 193.870, de 2022, en los términos del artículo 45 del Código Civil”.

Finalmente solicita acoger el recurso en contra de la Contraloría Regional de Coquimbo y poner pronto remedio al mal que causó el presente recurso, restableciendo el imperio del derecho, y asegurando la debida protección al recurrente y que en virtud de lo anterior: Se dejen sin efecto los oficios N° E254653 / 2022 de fecha 7 de septiembre de 2022 y E231613, de 2022, de fecha 6 de julio de 2022, ambos emanados Contraloría Regional de Coquimbo, por cuanto, el primero rechaza la reposición administrativa planteada por esta parte y deja firme el criterio del segundo, de los oficios mencionados. Que la recurrida ordene al municipio de Coquimbo el pago a su mandante de remuneraciones y demás emolumentos, entre el día 29 de junio de 2021 y el 15 de marzo de 2022, fecha de la notificación del dictamen contenido en el oficio N° 193.870, de 2022, tal como la recurrida había ordenado con ocasión de la emisión del dictamen antes citado y que se condene en costas a la recurrida.

Acompaña los siguientes documentos en un otrosí de su presentación:

1.Resolución E 254653/2022 de fecha 7 de septiembre de 2022, emanada de Contraloría Regional de Coquimbo.

2. Resolución E231613/2022 de fecha 6 de julio de 2022, emanada de Contraloría Regional de Coquimbo.

3. Resolución E193870/2022 de fecha 14 de marzo de 2022, emanada de Contraloría Regional de Coquimbo.

4. Dictamen N° 102295N15, de fecha 29 de diciembre de 2015, emanado de Contraloría General de la República.

5. Dictamen N°062989N15, de fecha 7 de agosto de 2015, emanado de Contraloría General de la República.

6. Dictamen N° 8563N18, de fecha 29 de marzo de 2018, emanado de Contraloría General de la República.

Segundo: Que a folio 8 del expediente digital informa la recurrida Contraloría Regional de Coquimbo, representada por el Contralor Regional don Hugo Segovia Saba, quien se refiere a los antecedentes de hecho respecto al recurso que se le ha pedido informar, señalando que mediante el oficio N° E193870, de 14 de marzo de 2022, la Entidad Fiscalizadora que representa, atendió un reclamo de ilegalidad del artículo 156 de le ley N° 18.883, presentado por don nombre reservado, ex Secretario Comunal de Planificación de la Municipalidad de Coquimbo - funcionario de exclusiva confianza- quien señaló que desde el 29 de junio de 2021, se habría visto impedido de ejercer sus funciones en dicho municipio, como consecuencia de las medidas adoptadas por el nuevo alcalde (quien asumió el 28 de junio de 2021), quien habría instalado guardias controlando el ingreso a las dependencias municipales e inhabilitado su acceso a los sistemas de control de jornada y correo electrónico institucional, agregando, que el municipio no le había pedido su renuncia ni dictado, ni notificado, ningún un acto administrativo declarando la vacancia de su cargo. Frente a dicha reclamación, y con el mérito de lo informado al respecto por el municipio, señala que la Contraloría Regional concluyó, mediante el oficio N° E193870, que si bien el alcalde, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 47 de la ley N° 18.695, se encontraba facultado para remover a los funcionarios que ejerciesen cargos de exclusiva confianza, dicha autoridad edilicia no había observado las formalidades pertinentes para disponer el cese de funciones del señor nombre reservado, las que hacían necesario que, previamente, se le formulara una petición de renuncia, que, de no ser presentada dentro del plazo que se fijara al efecto, habilitaba al alcalde para declarar la vacancia del cargo, mediante la dictación del pertinente decreto, que debía, a su vez, ser notificado al afectado. Lo anterior, por cuanto se constató que el municipio se limitó a dictar el decreto alcaldicio Nº 1.807, de 30 de junio de 2021, disponiendo, retroactivamente, el término del nombramiento del señor nombre reservado a partir del 28 de junio de ese año, esto es, sin sujetarse a las referidas formalidades y sin que constase tampoco notificación alguna de aquel acto. Agregó dicho pronunciamiento, que no podía estimarse que en la especie hubiera operado una notificación tácita, como lo alegó el municipio (basándose en la no concurrencia del señor nombre reservado a las dependencias municipales antes de efectuar su reclamo ante esta Entidad Fiscalizadora), pues, según lo manifestado por el interesado, su falta de concurrencia a su lugar de trabajo había obedecido a una situación de fuerza mayor, derivada del mencionado impedimento dispuesto por el municipio respecto al ingreso a sus dependencias, circunstancia que no fue refutada por dicha entidad edilicia en su respectivo informe. Que de este modo, el oficio N° E193870, concluyó que, al verificarse una causal de fuerza mayor, asistía al recurrente el derecho a percibir los ingresos por el tiempo en que hubiere estado alejado irregularmente de su cargo, aun cuando no lo hubiere desempeñado efectivamente, disponiéndose que el municipio regularizara el cese de funciones y procediera al pago de las remuneraciones correspondientes, hasta la fecha en que operara tal regularización.

Señala que posteriormente, la Municipalidad de Coquimbo, solicitó la reposición del oficio N° E193870, sosteniendo que jamás se le había negado el acceso a las dependencias municipales al señor nombre reservado, como tampoco al sistema de control de asistencia, ni al correo electrónico institucional, de manera que su inasistencia, después de asumida la nueva administración comunal, obedecía a una manifestación tácita del pleno conocimiento que tenía de que había operado a su respecto un cese de funciones, pero en ningún caso a una hipótesis de fuerza mayor.

Dicho recurso de reposición fue resuelto por la Contraloría Regional -previo traslado al señor nombre reservado- mediante su oficio N° E231613, de 6 de julio de 2022, el cual precisó que, si bien resultaba un hecho no controvertido que la municipalidad no había observado la normativa legal ni la jurisprudencia administrativa pertinentes para formalizar el cese de funciones del interesado, resultaba posible entender que aquel anómalo cese de funciones había quedado regularizado desde el momento en que el señor nombre reservado tomó conocimiento del decreto N° 1.807, de 30 de junio de 2021 -que dispuso el término de su designación a contar del 28 de junio del mismo año- lo que indudablemente había acontecido, al menos, a partir de la notificación del precitado oficio N° E193870, efectuada el 15 de marzo de 2022, habida cuenta que en dicho instrumento se hacía expresa referencia a aquel acto administrativo, cuyo desconocimiento, por ende, no podría ser alegado.

Ahora bien, en cuanto a la pertinencia del pago de remuneraciones, por el tiempo durante el cual señor nombre reservado no trabajó de manera efectiva y frente a la alegación del municipio respecto de la inexistencia de un acto de autoridad que permitiera configurar una situación de fuerza mayor, dicho pronunciamiento señaló que, si bien el precitado oficio E193870, había manifestado que había operado una situación de fuerza mayor, dicha conclusión se había basado en los elementos de juicio existentes al momento de la emisión de aquel pronunciamiento, oportunidad en la que el señor nombre reservado, sostuvo que se habría visto imposibilitado de ejercer sus funciones debido a ciertos obstáculos o impedimentos dispuestos por el municipio, el que, por su parte, no había refutado esa afirmación, como lo hizo con posterioridad.

Lo anterior, por cuanto, la Municipalidad de Coquimbo, al deducir el recurso de reposición contra el oficio N° E193870, argumentó que jamás negó al señor nombre reservado, el acceso a las dependencias municipales, al sistema de control de asistencia, ni al correo electrónico institucional, remitiendo, como antecedentes de respaldo, copia de sus registros de ingreso al edificio en el que laboraba el interesado -que daban cuenta que no constaba que este se hubiere presentado a trabajar a partir del término de la licencia médica, que le había sido extendido por 12 días, a partir del 22 de junio de 2021-, y un certificado extendido por la unidad de informática municipal que acreditaba que el último ingreso del interesado a su cuenta de correo electrónico correspondía al 23 de junio de ese mismo año.

Con estos nuevos antecedentes, la Entidad Fiscalizadora, resolvió, a través del oficio N° E231613, reconsiderar parcialmente el mencionado oficio N° E193870, concluyendo que la existencia de una situación de fuerza mayor que sirviera de causa para legitimar el pago de remuneraciones por el tiempo no trabajado constituía un hecho controvertido, motivo por el cual correspondía que la municipalidad investigara, a través de un procedimiento sumarial, si en la especie efectivamente habían concurrido los supuestos necesarios para la configuración de una situación de fuerza mayor, así como también la existencia de eventuales responsabilidades administrativas que pudieran existir en relación con la materia.

Respecto del precitado oficio N° E231613, el señor nombre reservado, interpuso un nuevo recurso de reposición, arguyendo, que el municipio no habría acompañado antecedentes nuevos, sino solo documentos emanados de la empresa privada que le prestaba servicios de seguridad y del jefe informático municipal, los que carecerían de valor probatorio, toda vez que no contenían fechas ciertas (en lo concerniente a los documentos emanados de la empresa de seguridad) ni aclaraban tampoco cuándo se habría dado de baja su correo electrónico (en lo que al documento emanado del jefe informático se refiere).

A su vez, indicó que el municipio omitió señalar que había dispuesto un sistema de control de asistencia remoto, al cual, por decisión de la propia autoridad edilicia, él no habría tenido acceso, en razón de que ya se había nombrado en su cargo a otra funcionaria, para cuyo efecto acompañó dos declaraciones juradas de funcionarios municipales que deponían en su favor. Añadió igualmente, que toda esta situación comprometería la responsabilidad administrativa y eventualmente, la pecuniaria del alcalde, considerando que este podría verse potencialmente expuesto a tener que pagar una doble remuneración por el mismo cargo, de manera que no resultaría pertinente que fuese el propio municipio, en su condición de parte interesada, el que tuviera que instruir un proceso sumarial para determinar la existencia o no de la referida situación de fuerza mayor y de eventuales responsabilidades administrativas. Este último recurso de reposición fue resuelto por la Contraloría Regional, mediante su oficio N° E254653, de 7 de septiembre de 2022, desestimando la pretensión del actor.

Precisa que el rechazo de la reposición del señor nombre reservado, se basó en que ella recaía sobre su eventual derecho al pago de remuneraciones durante el tiempo por el que no trabajó de manera efectiva y en refutar la alegación del municipio acerca de la inexistencia de un acto de autoridad que configurara una situación de fuerza mayor -aspectos respecto de los cuales existen opiniones y antecedentes probatorios contradictorios entre el interesado y el municipio-.

Por tal motivo, la recurrida manifestó, que lo planteado por el señor nombre reservado no podía modificar o alterar lo resuelto en el oficio N° E231613, sino que, por el contrario, solo confirmaba que la existencia de fuerza mayor constituía un hecho que requería ser demostrado a través de un procedimiento administrativo de carácter indagatorio, a través del cual se determinara igualmente la existencia de eventuales responsabilidades administrativas que pudieran también estar comprometidas. Asimismo, dicho pronunciamiento precisó que sería aquel procedimiento sumarial la instancia en la que podrían, por ejemplo, aportarse e impugnarse los medios de prueba que se estimasen pertinentes, tomarse declaración a los testigos cuyas declaraciones juradas adjuntaba el señor nombre reservado y, en fin, ponderarse adecuadamente los hechos para arribar a una conclusión certera acerca de si había existido efectivamente o no una situación de fuerza mayor que pudiera servir de causa para legitimar el pago pretendido por el interesado y, eventualmente, responsabilidades administrativas y pecuniarias.

Señala que en correspondencia con lo anterior, su representada, aclaró igualmente en dicho pronunciamiento, que comoquiera que el municipio había informado que ya había dado inicio al referido proceso sumarial, no resultaba procedente que, conforme a la jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en el dictamen N° 2.270, de 2021, emitiera una opinión anticipada sobre la materia o sobre la eventual responsabilidad que pudiera corresponderle al alcalde, toda vez que los sumarios administrativos son procesos reglados en los que no caben otros trámites o instancias que las previstas en la ley N° 18.883.

Señala que es en el contexto de lo relatado que, el señor nombre reservado, deduce la presente acción impugnando el oficio N° E254653, de 7 de septiembre de 2022, a través del cual la Contraloría Regional desestimó un recurso de reposición interpuesto por el mismo recurrente en contra del oficio N° E231613, de 6 de julio de este mismo año y origen, también recurrido en autos, estimado que ellos vulnerarían las garantías constitucionales de los artículos 19 N°24 y 19 N°3 de la Constitución Política.

Luego alega la extemporaneidad del recurso. Sostiene que si bien, de la primera parte del recurso, aparece que la presente acción cautelar ha sido interpuesta en contra del oficio N° E254653 (que resolvió la reposición deducida por el recurrente contra el oficio E231613), la pretensión del recurrente, tal como lo expresa en la letra B) del petitorio del libelo es: “Que en virtud de lo anterior se dejen sin efecto los oficios E254653/2022 de fecha 7 de septiembre de 2022 y Nº E231613, de 6 de julio de 2022, ambos emanados de la Contraloría Regional de Coquimbo, por cuanto, el primero rechaza la reposición administrativa planeada por esta parte y deja firme el criterio, del segundo, de los oficios mencionados” (el destacado es nuestro).

En tal sentido dicha aspiración no es otra que obtener que se deje sin efecto la determinación adoptada en el oficio Nº E231613, de 6 de julio de 2022, que reconsideró el oficio N° E193870, de 14 de marzo de 2022, en cuanto a que, previo a pagar las remuneraciones por el tiempo que no trabajó efectivamente, debía verificarse si efectivamente se configuró la hipótesis de fuerza mayor.

Señala que, según se desprende de las propias afirmaciones del recurrente, resulta un hecho pacífico que el oficio impugnado N° E254653, se limitó a dejar firme el criterio del oficio sobre el que recayó la reposición del recurrente N° E231613, y que este último oficio, le fue notificado al señor nombre reservado, mediante correo electrónico el 6 de julio de 2022, de esta manera, considerando que el presente recurso fue interpuesto con fecha 7 de octubre de 2022, como da cuenta el correo electrónico que se acompaña, no puede sino concluirse que el presente recurso resulta extemporáneo.

Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, en causa rol N° 31.689-2017, de fecha 7 de agosto de 2017, que en sus considerandos cuarto y quinto señaló: “En la especie, esta acción cautelar es extemporánea, por cuanto la actora computa el plazo de interposición desde que fue notificada de la resolución que desestima la reconsideración presentada contra el Dictamen N° 76.915, creando artificiosamente un plazo para recurrir. Sin embargo, el acto que califica como agraviante de sus derechos constitucionales es el Dictamen aludido, el cual le fue comunicado el 02.11.2016, mientras que el recurso de protección fue interpuesto el 31.03.2017”. “Que acorde con lo expuesto y teniendo en especial consideración la circunstancia de haberse deducido la presente acción de cautela en la fecha anotada, superando con largueza el plazo de 30 días establecido en el Auto Acordado sobre su tramitación, la misma debe ser rechazada en razón de haberse interpuesto extemporáneamente”.

Alega que el plazo de treinta días corridos, previsto para la interposición de la acción cautelar, tiene carácter objetivo, sin que pueda quedar al arbitrio de las partes computarlo desde una época distinta a aquella en que el acto entró a producir efectos, pues, estimarlo de otra manera significaría, en la práctica, permitir al actor constituir artificiosamente un plazo para recurrir de protección. Sostiene que arribar a una conclusión diversa importaría entender que el plazo fatal contemplado para interponer el recurso de protección sería inoperante, ya que la existencia de dicho término quedaría sujeta al arbitrio y voluntad del afectado, quien podría hacer revivir permanentemente el derecho a la acción protectora ya fenecida, en cualquier tiempo, sobre la base de presentar solicitudes de reposición respecto al mismo pronunciamiento.

Como segunda alegación señala que el asunto planteado es ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de protección. Que al deducir la presente acción, el recurrente no ha intentado amparar un derecho preexistente e indubitado, sino que lo pretendido, es que se declare su derecho al pago de remuneraciones entre el 29 de junio de 2021 y el 15 de marzo de 2022, tal como expresamente señala la letra C) del petitorio en que ruega a VS. Iltma ordenar: “Que la recurrida ordene al municipio de Coquimbo el pago a mi mandante de remuneraciones y demás emolumentos, entre el día 29 de junio de 2021 y el 15 de marzo de 2022…”. Cita jurisprudencia del Máximo Tribunal en relación a la necesidad que los derechos que se reclama proteger mediante esta acción deben ser prexistentes e indubitados , que así, en la especie, no cabe sostener que el derecho al pago de remuneraciones, que reclama el recurrente, pueda tener el carácter de derecho indubitado, ante la incertidumbre acerca de la situación de fuerza mayor que habría afectado al actor.

Señala que el acto impugnado, no ha privado de sus remuneraciones al recurrente, sino que solamente señaló que para determinar con certeza si había existido o no fuerza mayor y, por consiguiente derecho a percibir tales emolumentos durante el tiempo en que no cumplió funciones efectivas, debía llevarse a cabo un proceso administrativo de carácter indagatorio, cuyos resultados se desconocen, por lo que no cabe sostener que los oficios N°s. E231613 y E 254653, ambos de 2022, puedan generar alguna afectación a derechos que tengan el carácter de indubitados.

Luego se refiere a la ausencia de ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la Contraloría Regional. Sostiene que en los oficios N°s. E231613 y E254653 no adolecen de la ilegalidad ni de la arbitrariedad alegada por el recurrente, toda vez que tales actos fueron emitidos por la Contraloría Regional por expreso requerimiento del municipio y del actor, respectivamente, en el contexto de un reclamo de ilegalidad del artículo 156 de la ley N° 18.883.

Que no se advierte de qué manera los pronunciamientos que se impugnan podrían ser calificados de ilegales, puesto que en su emisión este Órgano Contralor solo ha ejercido las facultades y las atribuciones que le corresponden, de acuerdo con los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República; 1°, 5°, 6°, 9° y 133 bis de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de este Organismo Contralor, funciones que han sido debidamente delegadas por el Contralor General de la República en los Contralores Regionales, por medio de la resolución N° 1.002, de 2011.

Agrega que su representada posee atribuciones tanto para ordenar a los servicios públicos y demás entidades sujetas a su fiscalización la instrucción de procedimientos disciplinarios, como para incoarlos por sí misma, y en la especie se ha instruido a la Municipalidad de Coquimbo iniciar el procedimiento disciplinario tendiente a esclarecer la efectividad de los hechos denunciados por el recurrente, el cual se encuentra en actual desarrollo, por lo que no es posible advertir la ilegalidad o arbitrariedad denunciadas.

Prosigue refiriéndose a las restantes alegaciones del actor, indicando que el señor nombre reservado, estima que los actos impugnados importarían una infracción del principio razonabilidad y del inciso primero del artículo 6° de la ley N° 10.336, debido a que, según su argumentación, haber alterado lo resuelto en el oficio N° E193870, en base a los mismos argumentos sobre cuya base fue emitido, supondría una vulneración de aquel principio, agregando que haber ordenado que el municipio instruyera un proceso sumarial para determinar la existencia de una fuerza mayor que legitimara el pago de remuneraciones supondría una vulneración del inciso primero del artículo 6° de la ley N° 10.336. Sostiene la recurrida, que tales alegaciones debiesen ser desestimadas, toda vez que, de los oficios N°s. E231613 y E254653 se advierten claramente las razones que motivaron a la Contraloría Regional a reconsiderar parcialmente su oficio N° E193870, cuales fueron, la existencia de antecedentes nuevos aportados por la Municipalidad de Coquimbo en su recurso de reposición, elementos que no habían sido considerados en la emisión del precitado oficio N° E193870. Que tales elementos de juicio aportados por el municipio pretendían demostrar que, contrariamente a lo aseverado por el señor nombre reservado en su reclamo inicial ante la Contraloría Regional, dicha entidad edilicia jamás impidió ni obstaculizó al interesado para su ingreso al municipio, de manera que la supuesta fuerza mayor a la que se había hecho referencia en aquel pronunciamiento en realidad no existía.

Por consiguiente, no puede estimarse que su representada hubiera modificado lo resuelto originalmente sobre la base de los mismos argumentos tenidos a la vista al momento de emitir aquel primer pronunciamiento y que, por consiguiente, su actuar vulnerara el principio de razonabilidad, toda vez que la existencia de tales antecedentes nuevos y su ponderación fue, precisamente, la base sobre la que descansó el oficio N° E231613 y posteriormente el N° E254653, que lo ratificó.

Agrega que lo manifestado es sin perjuicio, de que la modificación impugnada en ningún caso significó que la Entidad Fiscalizadora concluyera que en la situación de la especie no existía fuerza mayor ni derecho al pago de remuneraciones, sino solo que, a la luz de estos nuevos antecedentes, se hacía indispensable indagar, a través de un proceso sumarial, la existencia o no de dicha situación y de eventuales responsabilidades administrativas. Que lo anterior guarda plena armonía con la reiterada y uniforme jurisprudencia administrativa de la Contraloría General, contenida, entre otros, en su dictamen N° 5.675, de 2014, que ha precisado que, en virtud de las ya anotadas atribuciones legales su representada, a consecuencia de un nuevo estudio de las materias planteadas o por nuevos antecedentes no considerados primeramente, puede modificar las conclusiones de un pronunciamiento anterior.

Por otra parte, tampoco puede estimarse que el hecho que la Contraloría Regional hubiere resuelto que la Municipalidad de Coquimbo debía proceder a instruir un sumario administrativo para determinar la existencia de fuerza mayor y de eventuales responsabilidades administrativas constituyera una vulneración del aludido artículo 6°, inciso primero, de la ley N° 10.336, toda vez que si bien el citado precepto prescribe que corresponderá exclusivamente al Contralor informar sobre derecho a sueldos y con el funcionamiento de los servicios públicos sometidos a su fiscalización, ello no significa que el Organismo Contralor se encuentre impedido de instruir procesos sumariales, pues, de acuerdo con lo prescrito en el ya citado inciso primero del artículo 133 de la ley Nº 10.336, el Contralor General, o cualquier otro funcionario especialmente facultado por aquél, podrá ordenar la instrucción de sumarios administrativos, cuando lo estime necesario, como ocurrió en la especie.

Que en cuanto a los derechos constitucionales supuestamente vulnerados, se refiere al derecho contemplado en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República y sostiene que no es posible advertir como la Contraloría Regional ha podido actuar como una comisión especial o ejercer alguna labor de juzgamiento, al emitir el oficio N° E231613, ratificado por el oficio N° E254653. Indica que fue el propio recurrente quien sometió el asunto a conocimiento de dicha Sede de Control ejerciendo reclamo de ilegalidad del artículo 156 de le ley N° 18.883, lo que motivó la emisión del oficio N° E193870, el que posteriormente fue reconsiderado parcialmente a propósito de la reposición fundada en nuevos antecedentes presentada por la Municipalidad de Coquimbo a través de la emisión del oficio N° E231613, el que fue ratificado al denegarse la reposición que sobre este último pronunciamiento presentó el señor nombre reservado y que originó el pronunciamiento N° E254653. Señala que de lo expuesto, resulta evidente que de haber obtenido un pronunciamiento en que se acogiera la reposición que le fue denegada a través del precitado oficio pronunciamiento N° E254653, el señor nombre reservado no esgrimiría que se ha obrado como una comisión especial al resolver un asunto que él mismo sometió a conocimiento de la recurrida.

Señala que dicho organismo contralor no ha efectuado una labor de juzgamiento ni menos ha actuado como una comisión especial sino que solo ha procedido a cumplir con el deber constitucional y legal de resolver un reclamo de ilegalidad del artículo 156 de le ley N° 18.883, sometido a su conocimiento y resolver las posteriores reposiciones recaídas sobre el oficio que, originalmente, resolvió el asunto, y asimismo, ha cumplido con su deber de fiscalización, para cuyo efecto ordenó, ejerciendo las facultades legales previstas en los artículos 133 y 134 de la ley N° 10.336, que los hechos discutidos se establecieran mediante el medio formal previsto por la ley para tal efecto, esto es, a través del correspondiente sumario administrativo encontrándose facultado, en el ejercicio de sus atribuciones fiscalizadoras, para ordenar la instrucción de sumarios administrativos en las municipalidades, cuando lo estime necesario, como ocurrió en la especie. Que lo anterior, es sin perjuicio de que, mediante el aludido oficio N° E231613 expresamente se advirtió al municipio que, en la sustanciación de aquel procedimiento sumarial, debía observar los principios de imparcialidad y objetividad, de acuerdo con lo prescrito en los artículos 53 de la ley N° 18.575 y 121 de la ley N° 19.880. Que del mismo modo, a través del oficio N° E254653, se precisó que el resultado del mismo debía ser informado tanto el interesado como a la recurrida.

Lo anterior deja en evidencia que en caso que el recurrente estimase, al término del mismo, que el referido proceso sumarial no se ajustó a derecho, podría reclamar de los eventuales vicios de legalidad que pudieran existir, pues a su representada le compete ejercer el control de legalidad de actos de las municipalidades en cuanto organismos integrantes de la administración estatal y sometidos a su fiscalización.

En cuanto al derecho contemplado en el artículo 19 Nº 24 de la Constirución Política, señala que el recurrente afirma que la actuación de la Contraloría Regional supuso una manifiesta infracción a esta garantía constitucional, toda vez que lo habría privado de su derecho a percibir remuneraciones durante el período ya señalado, es decir, entre el 29 de junio y el 15 de marzo de 2022.

Sobre el particular, corresponde señalar que, si bien el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental reconoce a todas las personas “el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales”, para contar con la protección constitucional es necesario que el derecho reclamado se encuentre en el patrimonio del afectado, lo que no se cumple en la especie; que en la situación analizada, para que al señor nombre reservado, le asista el derecho de propiedad sobre las remuneraciones a que aspira, es menester que se acredite previamente, que acaeció la situación de fuerza mayor que justifica el ingreso a su patrimonio de tales remuneraciones, lo que en la especie aún no se ha verificado.

En este sentido, los oficios impugnados no han conculcado derecho de propiedad alguno del recurrente, por cuanto ellos no afirman en modo alguno que tal derecho no le asista, sólo concluyen que ello debe ser acreditado previamente.

Finalmente y atendidos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos, y teniendo presentes las atribuciones que constitucional y legalmente competen a este Organismo Contralor, se solicita a esta Corte que desestime, en todas sus partes, el recurso de protección deducido en estos autos.

Se acompaña los siguientes documentos a su informe:1. Oficios N°s. E193870, E231613 y E254653, todos de 2022 y de este origen; 2. Correo electrónico de fecha 6 de julio de 2022, que da cuenta de la notificación del precitado oficio N° E231613 al señor nombre reservado y 3. Dictámenes N°s. 102.295 de 2015, 2.270 de 2021, 5.675 de 2014 y 56.580 de 2016, de la Contraloría General.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Cuarto: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

Quinto: Que antes de resolver sobre el fondo del asunto cabe pronunciarse sobre la alegada extemporaneidad por parte de la recurrida.

Que al respecto cabe indicar que como consta en el documento acompañado a folio 8 por la recurrida, en el dictamen E 231613 /2022 del 6 de julio de 2022, se puede leer en el punto 6 titulado “Sobre el recurso jerárquico para ante el Contralos General” párrafo cuarto, lo siguiente: “En otro orden de consideraciones, cumple con indicar que en contra del presente acto podrá deducirse recurso de reposición, ante esta Entidad de Control, dentro del plazo de cinco días hábiles administrativos contados desde su notificación, de acuerdo al artículo 59 de la ley N° 19.880. Lo anterior, sin perjuicio de los recursos, acciones o derechos que se pueden hacer valer ante las autoridades correspondientes, y de las demás formas de revisión de los actos administrativos que procedan”.

Que en virtud de dicho texto, la propia recurrida abre a los involcrados, entre ellos el señor nombre reservado, el derecho a solicitar reposición del dictamen E231613/22, de 7 de julio de 2022; derecho que ejerció el recurrente como da cuenta su relato y el de la propia recurrida, por lo que no aparece extemporáneo la interposición de esta acción constitucional, por cuanto el acto por el que se recurre corresponde a la resolución que falló sobre la reposición del citado dictamen E2313/22 del 7 de julio de 2022, el que se resuelve mediante dictamen E254653/2022 de 7 de septiembre de 2022.

Por lo expuesto la alegación de extemporaneidad no podrá prosperar.

Sexto: Que, por la presente acción constitucional, se recurre por el acto ilegal y arbitrario en que habría incurrido la recurrida Contraloría Regional de Coquimbo mediante la la resolución dictada con fecha 7 de septiembre de 2022, mediante oficio N° E254653 / 2022, acto que resuelve recurso de reposición, deducido en contra de la resolución dictada mediante oficio N° E231613, de fecha 6 de julio de de 2022, que rechaza la reposición señalada y confirma lo resuelto en este último dictamen, ambos emanados de la Contraloría Regional de Coquimbo.

Que el recurrente estima que dicha resolución habría vulnerado garantías constitucionales por ser arbitraria e ilegal.

Séptimo: Que conforme expone en su recurso en la parte petitoria, el recurrente persigue con esta acción cautelar se dejen sin efecto los oficios N° E254653 / 2022 de fecha 7 de septiembre de 2022 y E231613, de 2022, de fecha 6 de julio de 2022, ambos emanados de la Contraloría Regional de Coquimbo, recurrida en estos autos, y que la recurrida ordene al municipio de Coquimbo el pago a su mandante de remuneraciones y demás emolumentos, entre el día 29 de junio de 2021 y el 15 de marzo de 2022, fecha de la notificación del dictamen contenido en el oficio N° 193.870, de 2022, tal como la recurrida había ordenado con ocasión de la emisión del dictamen antes citado.

Octavo: Que como se dijo en el considerando tercero de este fallo, el recurso de protección de garantías constitucionales, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes y que no sean cuestionados, pues su objeto no es el establecimiento de derechos en favor de quien acciona si no de cautelar dichos derechos, los que por tanto deben ser indubitados. Que en el caso que nos ocupa, no se cumplen estos dos requisitos esenciales, tal como se ha expresado en el considerando anterior.

Noveno: Cabe agregar que la recurrente, cuestiona la legalidad de la resolución con que la recurrida rechazó una reposición con la cual la actora, pretendía cambiar la decisión del fondo y que aquella para resolver el tema de fondo, ordenó al municipio empleador del recurrente un sumario administrativo, el cual estaba en curso, conforme fue informado por la Contraloría recurrida y reconocido por la propia recurrente. Que asi las cosas, claramente este no es la vía para impugnar un acto administrativo, sino para cautelar derechos amenazados, perturbados o vulnerados con dicho acto, cuestión que en la especie no ha ocurrido, por las razones ya expuestas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso interpuesto en favor de don nombre reservado en contra de la Contraloría Regional de Coquimbo, representada por el Contralor Regional don Hugo Segovia Saba.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por la abogada integrante, Elvira Badilla Poblete.

Rol 6491-2022 Protección.