nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO)

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de protección Rol N°645-2024. - La Serena, treinta de mayo dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que a folio 1, comparece doña Ana Karina Segovia Iraira, abogada, en favor de doña nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representada por doña nombre reservado, señalando como acto ilegal y arbitrario la dictación de la Resolución Exenta N°R-01-UME-47457-2024, de 22 de marzo de 2024, que confirmó la resolución de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de Atacama que rechazó la licencia médica N°RUT reservado emitida a la recurrente, lo que representa una conculcación al derecho fundamental de integridad física y psíquica y al de propiedad consagrados en el artículo 19 N°1 y 24 de la Constitución Política de la República, respectivamente.

Sostiene que el 15 de noviembre de 2023 recurrió ante la Superintendencia de Seguridad Social reclamando respecto de la decisión de COMPIN Región de Atacama que confirmó el rechazo de la licencia médica que por esta vía se recurre, extendida por un total de 30 días a contar del 26 de abril de 2020 por reposo no justificado.

Arguye que la recurrida confirmó que el reposo prescrito por la licencia médica no se encontraba justificado, señalando que el informe médico presentado el 8 de noviembre de 2023 no detalla la evolución del cuadro clínico durante el reposo ni especifica los ajustes farmacológicos en función de aquélla, con fechas y resultados, ni plan de reintegro laboral. Además de no describir síntomas de gravedad que ameriten reposo médico más allá del ya autorizado.

Sostiene que la licencia respecto de la cual se recurre forma parte de un total de aproximado de 28 licencias médicas, cursadas entre agosto de 2018 y enero 2021, respecto de las que sólo se aprobaron 2 que fueron pagadas, sin embargo, los 26 restantes, dentro de las cuales se encuentra la que es objeto de la reclamación, fueron rechazadas y se encuentran aún en distintas etapas de impugnación.

Explica que durante la vida conyugal fue víctima de violencia intrafamiliar por parte de su ex cónyuge, situación generó en el periodo comprendido entre los años 2013 a 2016 un cuadro de fibromialgia, disfunción familiar y depresión, del cual logró salir adelante luego de un proceso terapéutico. Agrega que desde agosto de 2018 a enero de 2021, se vio enfrentada a nuevas situaciones familiares que mermaron su salud mental, gatillando su trauma a consecuencia de la violencia que sufrió por parte de su cónyuge, por lo que permaneció en tratamiento médico psiquiátrico a consecuencia de una disfunción familiar grave, motivo por el que consultó al médico psiquiatra nombre reservado, ya que presentaba síntomas ansiosos y depresivos tales como angustia, desánimo, irritabilidad, insomnio mixto, labilidad emocional, alteraciones de la concentración y memoria con repercusión en su funcionamiento laboral y familiar, siendo tratada farmacológicamente y con terapia sistémica.

Manifiesta que en la reclamación ante la recurrida acompañó informes médicos, psicológicos, etc., no obstante, en la resolución no existe un análisis de estos antecedentes, omitiendo la valoración de los mismos y el rol terapéutico de la licencia médica en la salud de la recurrente, confirmando el rechazo que había resuelto COMPIN Región de Atacama sin mayor motivación del acto, sólo consignando que estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito no se encontraba justificado.

Expone que la actuación de la recurrida conculca su derecho a la integridad física y psíquica, toda vez que el rechazo injustificado genera nuevos factores de estrés como lo no son el no pago de su subsidio de incapacidad, necesario para su subsistencia y la de su familia y el permanente cuestionamiento de su enfermedad. A su turno, vulnera su derecho de propiedad, por cuanto se le ha privado del derecho a subsidio que le corresponde por su reposo médico.

Finaliza solicitando se acoja el recurso de protección, ordenando a la recurrida dejar sin efecto el acto administrativo ya singularizado, decretando la autorización del pago de la licencia médica rechazada, adoptando cualquier otra medida para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Acompaña a su presentación: 1. Informe médico extendido por el psiquiatra, nombre reservado, el 9 de noviembre de 2023; 2. Certificado de atención psicoterapéutica del profesional nombre reservado, de noviembre 2023; 3. Informe psiquiatra nombre reservado, de 8 de septiembre de 2023; y 4. Resolución Exenta N°R-01-UME-47457-2024 de 22 de marzo de 2024.

SEGUNDO: Que a folio 8, comparece don nombre reservado, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social.

En primer término, alegó la improcedencia del recurso, por cuanto la materia sobre la que versa el recurso dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio, en cuanto al fondo, evacúa informe solicitando sea rechazado, con costas. Señala que consta en el expediente administrativo que la actora recurrió ante dicha autoridad mediante presentación realizada el 15 de noviembre de 2022, reclamando respecto de la decisión de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez región de Atacama, que confirmó el rechazo de la licencia médica extendida por un total de 30 días, a contar del 26 de abril de 2020, emanado de la Isapre Nueva Masvida S.A., por reposo no justificado.

Explica que estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que “el reposo prescrito por la licencia médica referida no se encontraba justificado, conclusión que se basó en que el reposo prescrito por la licencia médica N° RUT reservado, no se encontraba justificado, la que se basa en que el informe médico presentado con fecha 8 de noviembre de 2023, no detalla la evolución del cuadro clínico durante el reposo ni especifica los ajustes farmacológicos en función de la evolución, con fechas y resultados, ni plan de reintegro laboral. No describe síntomas de gravedad que ameriten reposo médico del ya autorizado”.

Luego, reseña los antecedentes relativos al marco jurídico que regula la materia, haciendo hincapié en que la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Indica que el 8 de septiembre de 2018 se realizó la entrevista psiquiátrica de peritaje de la recurrente por el médico psiquiatra Dr. nombre reservado, del Grupo Cetep, por encargo de la Isapre Nueva Mas Vida S.A., informando lo siguiente respecto de la actora: “Conclusión respecto del reintegro laboral al examen actual del paciente: Al momento de esta entrevista y desde un punto de vista psiquiátrico, en mi opinión profesional, paciente presenta un compromiso leve de su capacidad funcional por lo que se encuentra en condiciones de reinsertarse a su trabajo a partir de hoy”.

Señala que el 18 de marzo de 2024, la profesional de la recurrida, Dra. nombre reservado, informó lo siguiente: “Fundamentos de la resolución: mujer, 48 años, funcionaria Vialidad, inicia reposo laboral por patología SM en agosto 2018 (F32.0, F43.2), hasta nov 2020 con igual diagnóstico, siendo múltiples las licencias rechazadas. LM actualmente reclamada comprende 30 días desde 26.4.2020IMC presentado con fecha 9.11.2023 por médico psiquiatra tratante, describe cuadro clínico de ingreso, mas no la evolución de síntomas, ni esquema farmacológico implementado ante la eventual no respuesta, como tampoco GAF ni FPA. Informe psicológico resume el cuadro sin mencionar evolución de terapias ni número de sesiones realizadas. Por tanto, se mantiene lo resuelto por ISAPRE de rechazo por reposo injustificado”.

Manifiesta que, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional y del Fondo Nacional de Salud.

Expresa que la pretensión de la recurrente en orden a que se le autorice la licencia médica y se le pague el subsidio por incapacidad laboral desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, toda vez que es una herramienta de tutela de derechos indubitados, preexistentes, lo que no acontece en la especie.

Finalmente, sostiene que no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la recurrida, pues se limitó a resolver la situación de la recurrente dentro del ámbito de su competencia, no existiendo tampoco vulneración o amenaza al derecho a la vida e integridad física y psíquica, ni menos al derecho de propiedad de la recurrente, dado que el solo otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso.

Acompaña a su informe: Expediente administrativo de la recurrente.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción en materias de seguridad social, toda vez que el artículo 20 de la Carta Fundamental no la establece dentro del catálogo taxativo de garantías constitucionales protegidas, cierto es que la recurrente alega la conculcación de otras que sí lo están, motivo por el que se desestimará tal alegación.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra de la Resolución Exenta R-01-UME-47457-2024, de 22 de marzo de 2024, mediante la cual se mantuvo el rechazo de la licencia médica número RUT reservado, extendida por 30 días desde el 26 de abril de 2020.

El argumento de rechazo, como se dijo previamente, refiere que (se) “estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica N° RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el informe médico presentado con fecha 8 de noviembre de 2023, no detalla la evolución del cuadro clínico durante el reposo ni especifica los ajustes farmacológicos en función de la evolución, con fechas y resultados, ni plan de reintegro laboral. No describe síntomas de gravedad que ameriten reposo médico del ya autorizado.”

SÉPTIMO: Que, para el análisis de las licencias, digamos que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud sostiene que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1°)

Luego, el artículo 16 del citado cuerpo normativo regula que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Enseguida, agrega que “Sin perjuicio de lo anterior la Compin, podrá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”

Por su parte el artículo 24 del mismo texto sostiene, en lo pertinente que, en el caso de que “…sea necesario un nuevo examen del trabajador o solicitar informes o exámenes complementarios para pronunciarse sobre la misma, el plazo se prorrogará por el lapso necesario para el cumplimiento de esas diligencias, el que no podrá exceder de 60 días, decisión que deberá ser comunicada al trabajador y al empleador.”

Dado el encuadre normativo, estamos en condiciones de afirmar que, del mérito de los antecedentes expuestos, no cabe duda de que la argumentación otorgada por la recurrida devela la obligación que -a su juicio- pesaría sobre la paciente de demostrar ella la viabilidad de su reposo temporal. Aquello, sin duda, pone de cargo de la recurrente, afectada por una patología de salud mental, de buscar uno y otro profesional del área, que sea de confianza de la recurrida y, pagando sus servicios, obtenga un informe que ratifique el diagnóstico otorgado por su médico tratante.

De todo lo anterior, fluye con prístina claridad, que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste, siendo improcedente, a juicio de estos sentenciadores, esgrimir como argumentos de rechazo la falta de antecedentes aportados por el propio paciente.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “…la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

OCTAVO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada a la paciente por la recurrida es escueta y no logra, a juicio de esta Corte, informar a la actora los motivos del rechazo, luego de haber requerido los antecedentes que le permitieran resolver, situación que transforma la mentada resolución, en tanto mantuvo la negativa, en infundada y, por ende, arbitraria, circunstancia que escapa a los márgenes de sus facultades y al expreso mandato legal, dejando al paciente en una situación compleja, pues debe ser éste quien procure nuevos exámenes, siendo aquello una obligación que la propia ley pone de cargo del organismo que analiza su contenido, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de las licencias dada en este asunto, es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron.

NOVENO: Que este actuar de la recurrida atenta evidentemente con las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio de la recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud mental.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I. Que se rechaza la alegación de improcedencia de la acción constitucional.

II. Que se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, dejándose sin efecto la Resolución Exenta R-01-UME -47457-2024, de 22 de marzo en curso, mediante la que se mantuvo el rechazo de la licencia médica número RUT reservado, otorgada por 30 días desde el 26 de abril de 2020, disponiéndose en su lugar el pago de la misma, debiendo la recurrida gestionar su pago a la actora, en un plazo que no podrá superar los 5 días corridos, desde la ejecutoria de este fallo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad Rol N° 645-2024 Proteccion.-