nombre reservado con COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ DE LA REGIÓN DE COQUIMBO

nombre reservado

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de Coquimbo Recurso de protección Rol N°640-2024.

La Serena, veintitrés de mayo dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que a folio 1, comparece don Pablo Martínez Zúñiga, abogado, deduciendo recurso de protección en favor de don nombre reservado en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Subcomisión Coquimbo, en adelante COMPIN.

Sostiene que el recurrente es médico cirujano de profesión y, en ese contexto, atiende y trata diariamente con pacientes que sufren variadas y graves patologías de salud. En ese sentido, indica que el buen ejercicio de su profesión exige diagnosticar y tratar adecuadamente a sus pacientes, realizarles diversos tratamientos farmacológicos, exámenes físicos y, en muchos casos, como parte indispensable del tratamiento, se requiere del reposo laboral, el que se otorga mediante la emisión de una licencia médica.

Indica que la recurrida en Resolución Exenta N°24044178602, expresa que el pasado 27 de febrero de 2027 (sic) le hizo un requerimiento de información, oportunidad en que le solicitó la entrega de informe médico, ficha clínica y copia del bono o de la boleta de la atención médica de 50 pacientes. Sobre el punto, manifiesta que aquel se notificó a una cuenta de correo electrónico que ya no corresponde –correo reservado–, pues su correo electrónico es correo reservado, además se le notificó en un domicilio en el que dejó de vivir hace ya 4 años.

Añade que el mentado acto administrativo consigna que la solicitud de información fue reiterada el 6 de marzo de 2024, misivas respecto de las cuales el recurrente no tomó conocimiento, por lo que no cumplió con lo requerido por la recurrida.

Adiciona que recién lo hizo el día 20 de marzo del presente año, mientras estaba en su consulta médica en Integramédica, al no poder emitir una licencia médica para un paciente, razón por la que se contactó con la plataforma I-med para preguntar por lo sucedido, donde le informaron que se encontraba bloqueado por COMPIN. Así, tras consultar en las oficinas de la recurrida se enteró que fue sancionado con la suspensión de emisión de licencias médicas y al pago de una multa de 10 Unidades Tributarias Mensuales.

Expone, en cuanto a la ilegalidad, que el procedimiento de fiscalización que lleva a cabo la COMPIN de la Región de Coquimbo es en términos de la Ley N°19.880 un procedimiento administrativo, por ende, se produce una conjugación de cuerpos normativos junto a la Ley N°20.585.

Explica que el actuar de la recurrida se tradujo en una omisión ilegal, lo que se produjo a propósito de una infracción al artículo 17 letra a) y 45 de la Ley N°19.880, en tanto el recurrente jamás se pudo imponer de la existencia de una sanción impuesta en su contra. Ello, en relación con el artículo 2 de la Ley N°20.585 que contiene la obligación de notificar por carta certificada la resolución que aplique una sanción. Continúa señalando Las consecuencias de estas omisiones manifiestas a deberes legales formales provocan la transgresión, a su vez, de los artículos 4 y 10 de la Ley N°19.880, al privarlo de ejercer la más mínima contradictoriedad en el procedimiento, con el propósito de dejar sin efecto tales sanciones, no pudiendo hacer uso del reclamo establecido en el inciso 3 del artículo 2 de la Ley N°20.585.

En cuanto a la arbitrariedad, manifiesta que la recurrida incurre en ella en su actuar al aplicar una sanción gravosa tanto patrimonial como de suspensión de emisión de licencias, vulnerando flagrantemente los preceptos legales ya referidos y el proceso debido que deben observar también los órganos administrativos en su actuación, específicamente para ejercer su potestad sancionatoria.

Explica que se vulnera el derecho a la vida e integridad psíquica, por cuanto se está arriesgando la vida de sus pacientes afectando también su propia integridad psíquica por el temor justificado que sufrió a raíz de la sanción aplicada y al no poder prestar una adecuada atención médica; a la igualdad ante la ley, en tanto se ve expuesto a una injusta sanción que afecta su patrimonio, encontrándose en una hipótesis de desigualdad frente a otros profesionales a quienes no los hostigan con solicitudes de información que no se pueden cumplir o, si se quiere, a quienes se les otorgan plazos razonables respecto de un número sensato de licencias médicas; a la libertad de trabajo, toda vez que se le priva injustamente de una herramienta fundamental para la atención de sus pacientes quienes ya no pueden acceder a la recurrente para ser tratados o éste deberá delegarlos con otros profesionales atendida su incapacidad de entregar un tratamiento íntegro, certero y adecuado; y al de propiedad, pues claramente frente a la sanción de suspensión de emisión de licencias médicas impuesta, se ve afectada su relación con sus pacientes, quienes deberán recurrir por sus patologías a otros profesionales.

Finaliza solicitando se acoja el recurso de protección, ordenando a la recurrida que deje sin efecto todos los requerimientos de información remitidos, absteniéndose de formular otros en similares términos y desproporcionados en lo sucesivo; que en este procedimiento u otro que inicie la recurrida en la posteridad, se limite al requerimiento a una licencia médica y que se encuentre dentro de los plazos de ejercicio de la potestad administrativa sancionatoria, esto es, a una licencia médica por cada requerimiento y por separado, permitiendo al recurrente el plazo razonable que ofrece la Ley N°20.585 para cumplir dicha solicitud y que alcanza el máximo de 7 días, de manera tal que el periodo legal proceda para la recopilación de antecedentes, análisis y elaboración de una licencia médica de manera exclusiva, y no de forma paralela para dos o más licencias médicas. En su defecto, que el requerimiento sólo pueda recaer en el número razonable de licencias médicas; que a todo evento, de mantenerse intacto el actual requerimiento de informe de licencias médicas en un solo procedimiento iniciado el 27 de febrero de 2024, se conceda un plazo equivalente a un informe cada tres días o, en su defecto, un plazo razonable y humanamente posible; y, por último, se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Acompaña a su presentación: 1. Resolución Exenta N°24044178602; y 2. Copia de correos electrónicos entre don nombre reservado y Pablo Martínez Zúñiga de 20 de marzo de 2024.

SEGUNDO: Que a folio 10 comparece nombre reservado, en representación de COMPIN Región de Coquimbo, solicitando el rechazo de la acción, señalando que la Ley N°20.585, faculta en su artículo 2 a la recurrida a solicitar antecedentes y fiscalizar a los prestadores, respecto a las licencias médicas emitidas, así como a sancionar en caso de que no cumplan con lo solicitado para dicho efecto.

Esgrime que el Departamento COMPIN Nacional, dependiente de la Subsecretaría de Salud Pública, en acuerdo con otras entidades como la Superintendencia de Seguridad Social y el Fondo Nacional de Salud definen quienes se constituyen en calidad de prestadores riesgosos, citando una serie de parámetros a considerar.

Sostiene que el Plan de Fiscalización a Altos Emisores de Licencias Médicas no se sustenta en la existencia de un límite de licencias médicas por prestador, sino que se ha ideado y ejecutado para una adecuada protección de la salud de los cotizantes y beneficiarios de FONASA, por lo que su conveniencia social se cimienta en la necesidad de llevar a cabo el control técnico de las licencias médicas ante el gasto asociado por el pago de aquellas que no se ajustan a derecho.

De esa forma, estima se justifica que la autoridad administrativa instruya un proceso administrativo de fiscalización y requiera la colaboración de la recurrente mediante la remisión de los antecedentes o informes complementarios que respalden las 2422 licencias médicas expedidas a sus pacientes en el periodo que va desde el 24 de febrero de 2023 al 25 de febrero de 2024.

Refiere que únicamente fiscalizó la cantidad de 50 licencias médicas, reduciendo a la mitad el total de las que habitualmente son requeridas por esta autoridad administrativa para dicho efecto, elegidas todas de forma aleatoria, desprovista de cualquier tópico que pudiese ensuciar el muestreo requerido.

Añade que el proceso de fiscalización iniciado respecto al recurrente se gesta desde el 27 de febrero 2024, época en la cual fue válidamente notificado a su correo electrónico correo reservado, registrado por aquél como dirección oficial en el panel SUSESO y, por medio del cual, además el recurrente otorgaba las licencias médicas según consta en la documentación adjunta hasta marzo del 2024. Por otra parte, respecto de la dirección física utilizada para la notificación personal del actor, la cual corresponde a la registrada en el mismo panel SUSESO al momento de otorgar una licencia médica, plataforma que, por lo demás, la recurrida no puede intervenir de forma alguna, ya que carece de dicha atribución.

Por lo tanto, esgrime que atendida la legalidad del procedimiento realizado, así como habiendo efectuado en tiempo y forma las notificaciones de cada una de las actuaciones relativas al Ordinario N°240441786, de 27 de febrero de 2024; Ordinario N°24044178601, de 6 de marzo 2024; Resolución Exenta N°24044178602, de fecha 14 de marzo 2024; Resolución Exenta N°24044178603, de 5 de abril de 2024; Resolución Exenta N°24044178604, de 22 de abril 2024; y Resolución Exenta N°24044178605, de 3 de mayo de 2024, se configura un procedimiento de fiscalización reglado por la Ley Nº20.585, que establece la aplicación de medidas de control, fiscalización y sanciones para profesionales médicos y contralores de Isapres ante eventuales conductas fraudulentas, ilegales o abusivas en la emisión y evaluación de las licencias médicas, cuyo objetivo es el establecimiento de medidas que permitan asegurar el correcto otorgamiento y uso de las licencias médicas, además de una adecuada protección al cotizante y beneficiarios de las Instituciones de Salud Previsional y del Fondo Nacional de Salud.

Afirma que al no existir respuesta completa y oportuna al requerimiento efectuado, como es del caso en cuestión, se encuentra habilitada por ley, en caso de que el profesional se niegue reiteradamente a la entrega o no remita los antecedentes solicitados, en los plazos que se le hayan fijado al efecto, los que no podrán exceder de siete días corridos, a sancionarlo con multas a beneficio fiscal de hasta 10 Unidades Tributarias Mensuales. Además, en casos calificados por la referida Comisión, podrá suspenderse tanto la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas, hasta por 15 días. Dicha suspensión podrá renovarse mientras persista la conducta del profesional.

Manifiesta que para reclamaciones como la de marras, existe una vía especial al efecto, a saber, la contemplada en el artículo 2 de la Ley N°20.585, que faculta a reclamar ante la Superintendencia dentro del plazo de 5 días hábiles, incluso señala, resultan procedentes los recursos administrativos, lo que no aconteció.

Expone que el procedimiento de fiscalización que el recurrente impugna por este acto, sosteniendo la falta del debido emplazamiento del mismo, de acuerdo a lo previsto en las normas generales sobre procedimientos administrativos y del artículo 45 de la Ley N°19.880, no es tal, ya que el recurrente siempre estuvo en conocimiento del procedimiento desde inicio del mismo, considerando que fue notificado, en primer lugar, a la casilla electrónica registrada por el propio recurrente en la plataforma MIDAS, y en la misma época, se notificó al usuario a la dirección registrada también por el actor. Dicho lo anterior, menos aún ha existido posibilidad alguna de infracción del artículo 17 de la Ley N°19.880, teniendo en cuenta que se ha respetado al usuario recurrente durante todo el desarrollo del proceso, hechos que son posibles de apreciar en cada uno de los corros adjuntos.

Acompaña a su informe: 1. Ordinario N°240441786, de 27 de febrero de 2024, emitido por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo; 2. Ordinario Nº24044178601, de 6 de marzo de 2024, emitido por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo; 3. Resolución Exenta Nº24044178602, de 14 de marzo de 2024, emitido por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo; 4. Resolución Exenta Nº24044178603, de 5 de abril de 2024, emitido por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo; 5. Resolución Exenta Nº24044178604, de 22 de abril de 2024, emitido por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo; 6. Resolución Exenta Nº24044178605, de 3 de mayo de 2024, emitido por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo; 7. Reportes de fiscalización nacional, emitidos por el software TABLEAU; 8. Copia de licencias médicas emitidas antes del inicio del proceso, durante el proceso y hasta la fecha, que da cuenta del uso de la casilla electrónica correo reservado; 9. Circular SUSESO Nº3523, de 21 de julio de 2020; y 10. Publicación realizada por FALMED en su página web www.falmed.cl, ¿Cuáles son las sanciones que arriesgan los profesionales que emiten licencias médicas sin fundamento médico?

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por el presente recurso se cuestiona la Resolución Exenta N°24044178602, de 14 de marzo de 2024, emitida por la recurrida, en cuya virtud se sancionó al recurrente con una multa de 10 Unidades Tributarias mensuales y la suspensión de 15 días para emitir licencias médicas y venta de talonarios por no haber cumplido, reiteradamente, la solicitud de antecedentes por las licencias médicas detalladas en la resolución, alegando el recurrente que no fue debidamente notificado respecto del procedimiento de fiscalización.

SEXTO: Que según lo dispone el artículo 2 de la Ley N°20.585 las “Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrán solicitar a los profesionales que por ley emitan licencias médicas que se encuentren sometidas a su conocimiento, la entrega o remisión de los antecedentes o informes complementarios que las respalden y, en casos excepcionales y por razones fundadas, los citará a una entrevista para aclarar aspectos de su otorgamiento. Dichos requerimientos se realizarán por carta certificada o medios electrónicos, bajo apercibimiento de aplicar las multas y suspensiones señaladas en el siguiente inciso.”

A su vez el inciso segundo de la referida disposición señala que “La inasistencia injustificada y repetida a las citaciones, como también la negativa reiterada a la entrega o la no remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, los que no podrán exceder de siete días corridos, habilitarán a la Comisión para que, mediante resolución fundada, sancione al profesional con multas a beneficio fiscal de hasta 10 unidades tributarias mensuales. Además, en casos calificados, podrá suspenderse tanto la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas, hasta por 15 días. Dicha suspensión podrá renovarse mientras persista la conducta del profesional. Las notificaciones de las resoluciones que apliquen las referidas sanciones se realizarán mediante carta certificada, entendiéndose practicadas a contar del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda. A este procedimiento se aplicarán supletoriamente las normas de la ley N°19.880.”

Enseguida el inciso tercero de la misma norma señala que “Una vez que el profesional proporcione los antecedentes requeridos o acuda a la citación, la Comisión, de oficio o a petición de parte, dictará una resolución que ponga término a la suspensión indicada. Asimismo, en caso que el reclamo señalado en el inciso tercero sea resuelto a favor del profesional, se dejarán sin efecto las multas cursadas y cesará la suspensión aplicada.”

SÉPTIMO: Que analizados los antecedentes fundantes del arbitrio deducido en esta sede, fluye que las misivas remitidas al recurrente para efectos de incorporar los antecedentes solicitados a propósito del proceso de fiscalización, así como la notificación de las sanciones aplicadas no han sido debidamente emplazadas, por cuanto a pesar de las alegaciones que efectuó el actor, la recurrida, al momento de evacuar su informe, sólo indicó que la casilla de correo electrónico corresponde a aquella que se encuentra registrada en la plataforma respectiva sin aludir a la notificación del acto administrativo sancionatorio de la forma que indica la ley, ni tampoco acreditar el envío de la misiva por las vías correspondientes, por lo que atendido el claro tenor del artículo 2 inciso 2° de la Ley N°20.585 conduce a acoger el presente arbitrio de la forma en que se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en favor de don nombre reservado, en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ REGIÓN DE COQUIMBO, sólo en cuanto se retrotrae el procedimiento al estado de notificar como en derecho corresponde al actor respecto de la solicitud de antecedentes, quedando sin efecto, en consecuencia, todo lo obrado en el proceso a partir de la referida notificación.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N°640-2024 Protección.-