REC. DE PROTECCIÓN INT. POR ALTO ENSENADA SPA con PLAZA LA SERENA S.A.

Alto Ensenada S.p.A Plaza La Serena S.A.

Recurso de Protección Rol N° 636-2019.- La Serena, uno de agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha 10 de mayo de 2019, don Fernando Yung Moraga, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de “Sociedad Alto Ensenada SpA”, interpone recurso de protección constitucional, en contra de la sociedad Mall Plaza La Serena S.A, persona jurídica del giro de su denominación, representada por don nombre reservado y/o nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, solicitando se restituya el imperio del derecho, ordenando a la recurrida se abstenga de cometer los actos que vulneran los derechos de carácter constitucional de su representada.

Explica que el acto que se impugna como arbitrario, ilegal y vulneratorio de garantías constitucionales, es el corte de energía eléctrica del local arrendado por su mandante a la recurrida, ubicado en La Serena, domicilio reservado, el que se llevó a cabo el día 10 de abril de 2019, precisando que al interponer el recurso el día 10 de mayo, la acción constitucional se encuentra dentro del plazo de los 30 días señalados en la normativa vigente.

Sostuvo que los derechos constitucionales vulnerados a través de la acción arbitraria e ilegal de la recurrida son los siguientes numerales del artículo 19 de la Constitución Política de la República:

a. “N° 3 inciso, Sobre debido proceso de ley; vulneración al principio de juridicidad”. (sic)

b. “N° 3 inciso 5o, Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal que señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta”. (sic)

c. “Derecho al debido proceso y a una defensa (principio de legalidad)”. (sic)

d. “N° 21 Derecho a desarrollar en forma libre una actividad económica licita”. (sic)

e. “N° 24 El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”. (sic)

Relata que su representada es dueña del local comercial “Spell Café”, ubicado al interior de las dependencias de la recurrida, esto es, en domicilio reservado, de esta ciudad, en el cual se ofrecen productos comestibles y bebestibles al público en general, conforme a una carta de productos ofrecidos a la clientela Expresa que con fecha 05 de enero de 2016, las partes suscribieron un contrato de arrendamiento de bienes inmuebles de tipo urbano, celebrado entre la sociedad Mall Plaza La Serena S.A., representada en dicho acto por don nombre reservado, en calidad de arrendadora, y la firma Alto Ensenada SpA, representada legalmente por don nombre reservado en calidad de arrendataria.

Agregó que de acuerdo a la cláusula primera del contrato, el objeto del negocio fue la entrega en arrendamiento por parte de la recurrida a la recurrente de los locales ubicados en el centro comercial referido, en particular los locales comerciales BS-101BS 105/ 109 BS BS113, que están situados en el primer nivel, con una superficie total bruto de 212 metros que se divide en: a) 146 mts2 b) 66,13 mts2 de terraza.

Refiere que las partes acordaron suscribir dicho contrato con un plazo de duración hasta el día 08 de enero de 2022, iniciándose el día 08 de enero de 2016, pudiendo prorrogarlo por acuerdo mutuo, añadiendo que el precio de la renta fue pactada en el mayor valor que resulte entre el valor mínimo mensual reajustable y el valor proporcional correspondiente al mes, más el IVA o impuesto agregado, pactándose respecto al local zona interior la suma de 0.7 Uf por cada metro cuadrado de superficie bruta y respecto del local zona de terraza la suma de 0,2 UF por cada metro cuadrado de superficie bruta, valor que sería aumentado en un 10% cada 24 meses.

En cuanto a los servicios básicos, de electricidad y agua, conforme lo establece la cláusula octava del contrato, señala que serán de cargo de la parte arrendataria, cuyo valor se encuentra incluido en la facturación mensual del recurrido.

Refiere que es de público conocimiento, que tanto en el norte y centro de Chile, se ha sufrido una crisis económica muy grave, con bajo o casi nulos niveles de crecimiento durante casi cuatro años, a lo que se agrega que en el mes de enero de 2019, las ciudades de La Serena y Coquimbo, fueron afectadas por un terremoto grado 6,7 según la ONEMI, hecho que agravó la situación financiera de la región, afectando actividades económicas específicas como el comercio y en especial el rubro de restaurantes, sosteniendo que su representada, se vio imposibilitada de funcionar por un tiempo desde ocurrido el terremoto hasta el día 07 de febrero de 2019, en atención a los daños estructurales, impidiendo que el local "Spell Café la Serena", generase algún tipo de ingreso debiendo asumir de igual manera el canon de arrendamiento pues la recurrida en ningún momento dejo de cobrarlo a pesar de mantener el local cerrado de manera obligatoria, en atención a los daños provocados, mermando considerablemente el ingreso económico de la recurrente.

Explica que por lo anterior debió realizar una operación de renegociación de los términos del contrato de arrendamiento suscrito con la recurrida. En dicha operación se renegoció a través de la suscripción de un pagaré por la suma de $19.423.243.-, pagadero en una primera cuota de $1.145.087.-, más cinco cuotas de $3.665.539.-, monto en el cual se consideran los intereses devengados.

Señala que en ningún caso se produjo por parte de la recurrida una condonación o descuento del canon de arrendamiento por la crisis ocurrida quien procedió a exigir la suscripción de un pagaré sujeto a intereses por retraso, instrumento que se celebraría en forma paralela al contrato de arrendamiento.

Añadió que los intereses y reajustes no se encuentran contemplados en el contrato de arrendamiento, pero si se pactaron para los efectos de la renegociación a través de la celebración de un acto jurídico nuevo e independiente, estipulándose en el mismo reajustes y el máximo del interés convencional, conforme lo permitido para operaciones financieras, lo que reafirma su tesis que la suscripción de este pagaré es un acto jurídico separado e independiente del contrato de arrendamiento.

Adelanta que su representada por cuestiones netamente económicas no pudo pagar un saldo de $1.008.539.-, de una cuota del pagaré cuyo vencimiento correspondía al día 20 de febrero de 2019, más una cuota completa de $3.665.653.-, cuyo vencimiento estaba fijado para el día 20 de marzo de 2019, agregando que cumplió con estar al día con el canon arrendamiento correspondiente, más los gastos de consumos básicos de agua, y energía eléctrica, siendo el monto impago derivado únicamente de la suscripción del pagare ya aludido precedentemente.

Hace presente que el incumplimiento en las cuotas del pagaré no es antojadizo, y deviene de la situación económica de su representado, que a lo largo de la duración del contrato de arrendamiento ha ido en detrimento, esto en razón de que el corte de energía producido el día 10 de abril de 2019, no fue primera oportunidad en que la recurrida se valió de esta medida de presión, pues ésta fue llevada a cabo reiteradas veces, inclusive existiendo periodos de más de cuatro meses de corte de energía eléctrica, lo que trajo como consecuencia que en el lapso en que se mantuvo el corte de energía, su representado no pudo operar su negocio, lo que trajo como resultado la imposibilidad de generar ingresos con los cuales poder asumir el canon de arrendamiento.

Recalca que a pesar de mantener cortada la energía, la recurrida procedió a cobrar de igual manera la renta, lo que a su juicio permite concluir que la economía de su representada ha ido en detrimento en razón de estas prácticas arbitrarias, añadiendo que reconoce la existencia de un contrato de arrendamiento sobre un bien inmueble de propiedad de la parte recurrida en la cual su representada es la parte arrendataria, contrato que genera sus propios efectos, regulados en el Código Civil y en la Ley 18.101, señalando que existe un pagaré que es un instrumento separado e independiente del contrato.

Indica que el día 10 de abril de 2019, la recurrida a través de doña nombre reservado, remite una comunicación a funcionarios del Mall Plaza La Serena S.A, a través de un correo electrónico, en el cual ordena aplicar las "cláusulas del contrato", correo que fue conocido por su representado a través del personal de Mall Plaza.

Refiere que la recurrida hace referencia en su comunicación de corte a la frase "aplicación de cláusulas de contrato", evitando referirse al corte de energía eléctrica, pero sin perjuicio de ello, ordena derechamente el corte de energía eléctrica del local, el cual se hizo efectivo el mismo día sin mediar plazo de por medio.

Menciona que la recurrida a pesar de mantener el suministro de energía eléctrica del local cortado, a sabiendas que este acto conlleva la imposibilidad de producir ingresos con los cuales solventarse, cobra y percibe de igual manera la renta, lo que solo produce un mayor endeudamiento de su representada.

Arguye que una cláusula como la que pretende aplicar la contraria y en base a la cual sustenta el hecho del corte de energía eléctrica, no es reconocida por el ordenamiento jurídico, salvo en las relaciones de comunidad reguladas en la Ley 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria.

Luego, y refiriéndose a la denunciada infracción constitucional del articulo 19 numeral 3, a propósito del principio de juridicidad, expresa éste se encuentra consagrado en distintos preceptos de nuestra Carta fundamental, especialmente en los artículos 6 y 7, que en conjunto con el principio de primacía o supremacía constitucional del mismo artículo 6, forman el llamado Bloque de Constitucionalidad, ocupando un lugar de preeminencia en el ordenamiento jurídico, pues sustenta lo que jurídicamente se conoce como "seguridad jurídica", que es la expresión que imparte a la población en general la tranquilidad que los problemas o cuestiones derivadas de incumplimientos podrán ser resueltos por un ente externo e imparcial, y no derechamente por las partes involucradas pues constituiría una autotutela.

Agrega que homologando estos principios al caso de marras, es la propia jurisprudencia que en casos similares ha declarado inconstitucional la facultad auto impuesta de un arrendador de cortar el suministro de consumos básicos de una vivienda, por considerarlo autotutela, citando la causa de la Corte de Apelaciones de Santiago Rol N°34867-2018.

Concluye, luego de citar los artículos 38 y 20 de la Carta fundamental, que la recurrida utiliza el corte de energía eléctrica como medida de presión para obtener el pago de una obligación anexa al contrato de arrendamiento aplicando una sanción o medida no contemplada por las partes en el contrato de arrendamiento, aun en circunstancias que el canon de arriendo se encuentra al día, arrogándose una facultad sancionadora que recae en entes externos e imparciales, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de la República, agregando que se ha vulnerado la garantía constitucional del artículo 19 numeral 3, al realizar una práctica calificable de autotutela, evitando recurrir a los tribunales de justicia competentes para conocer de la discusión de las partes.

En lo tocante a la denunciada infracción del artículo 19 numeral 2, 3 y 4 de la Carta Fundamental, a propósito del principio de legalidad, debido proceso y derecho a una debida defensa, sostiene que la autotutela vulnera todo derecho a oponer cualquier defensa, por ello es precisamente que se trata de una práctica prohibida por la legislación.

Manifiesta que el procedimiento ejecutado por la recurrida en todo momento se caracterizó por impedir sustancialmente el ejercicio adecuado de los derechos al libre desarrollo de una actividad lícita, la libertad de trabajo, y el derecho de propiedad de su representada, pero especialmente el derecho a tener un debido proceso y defensa, pues no obstante estar al día la renta mensual o canon de arrendamiento y las cuentas de consumos básicos, entre ellas, la de electricidad, procedió unilateralmente a interrumpir el servicio de energía eléctrica con la única finalidad de presionar el pago de una obligación anexa y diversa del contrato de arrendamiento.

Argumenta que la orden de corte energía eléctrica por la recurrida, si bien hace alusión al contrato, esto no es efectivo, pues las cláusulas, a propósito de las sanciones por incumplimiento, no contempla esta medida, y solo hace referencia a sanciones por incumplimientos derivados del pago de la renta de arrendamiento y cuentas de servicios básicos y no así del incumplimiento de actos jurídicos diversos celebrados entre las partes.

En tercer lugar, se reclama la vulneración de la garantía constitucional del derecho a ejercer o desarrollar una actividad lícita articulo 19 numeral 21, sosteniendo que el acto arbitrario e ilegal del corte de energía eléctrica, ejercido sin autorización y sin aviso previo formal, o acuerdo de las partes, constituye una vulneración del derecho a ejercer una actividad económica lícita, de manera libre, pues a través de esta medida se ha visto impedido de funcionar el local de mi representada privándola de ejercer la actividad económica que las partes tuvieron en mente al momento de celebrar el contrato de arrendamiento, agregando que se ha privado a su mandante de la ejecución y desarrollo de las actividades propias de su giro comercial, en los términos definidos por la propia empresa y sus trabajadores, expresado en el contrato de arrendamiento y contrato de trabajo suscrito entre el recurrente y sus trabajadores, así como el derecho de propiedad que tiene el recurrente respecto de estos establecimientos comerciales.

En cuarto lugar, se denuncia la infracción al derecho o garantía de propiedad, articulo 19 numeral 24 de la Carta fundamental.

Expresa que desde el momento de la suscripción del contrato de arriendo entre las partes y su contenido relacional, del cual se desprenden derechos y obligaciones que ingresaron al patrimonio de su representada, por lo que se está frente a derechos adquiridos respecto de estos.

Refiere que la Constitución dispone que "Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador".

Sostuvo que el corte de luz que se reclama, causa agravio a su representada, pues del contrato de arriendo emanaban derechos que se encontraban en la esfera y dentro del patrimonio de su representada, añadiendo que el derecho o garantía de propiedad del articulo 19 numeral 24 de la Constitución, también es aplicable al caso de marras, en lo relativo a las pérdidas económicas que se generan día a día, tanto para la recurrente como para los trabajadores del mismo establecimiento, señalando que al no poder ejercer la actividad económica licita que le es propia, también se ve privada de generar los ingresos que su actividad le provee, agregando que la recurrida, quien a pesar de no poder utilizar el inmueble para los fines que las partes tuvieron presente al suscribir el contrato de arrendamiento, cobra de igual manera la renta por este periodo, de manera indefinida, mientras se mantenga el corte de energía eléctrica tal como ha ocurrido en reiteradas oportunidades durante la vigencia.

Como peticiones concretas solicita que se acoja su recurso de protección, declarando que el actuar de la recurrida es arbitrario e ilegal, toda vez que vulnera las garantías constitucionales señaladas en su presentación, ordenando que ésta se abstenga de llevar a cabo cualquier acción o vía de hecho que resulte vulneratoria de las garantías constitucionales expresadas, en particular el corte de energía eléctrica de los locales arrendados a Mall Plaza La Serena S.A, específicamente en el Spell Café La Serena, ordenando que se restituya el servicio de energía eléctrica y se abstenga la recurrida de realizar medidas que impliquen la perturbación de los derechos señalados en el recurso, con costas, en caso de oposición.

SEGUNDO: Que la recurrente acompaña junto con su presentación contrato de prestación de arrendamiento suscrito entre las partes y en escrito de fecha nueve de julio de dos mil diecinueve, acompañó los siguientes instrumentos:

a) Sentencia de fecha 12 de junio de 2.019, dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.

b) Fotografías del local objeto del recurso.

c) Sentencia de fecha 10 de octubre de 2.018, dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó, en autos Rol N° 218-2.018.

d) Sentencia de fecha 10 de diciembre de 2.018, dictada por la Excelentísima Corte Suprema.

TERCERO: Que evacuando el informe solicitado, comparece por la recurrida don nombre reservado, abogado, solicitando que la pretensión de la contraria sea rechazada en todas sus partes, con condena en costas, por abusar de la acción de protección como mecanismo cautelar de garantías constitucionales, al haber planteado, a través de ella, una controversia que debe ser conocida en un juicio de lato conocimiento, por fundarla en consideraciones impertinentes e ineptas para una acción de protección y, en última instancia, porque no existe un acto ilegal o arbitrario que afecta alguna de las garantías constitucionales indicadas por la arrendataria.

Reconoce la relación entre las partes, atingente al presente procedimiento, el que nace con la celebración de un contrato de arrendamiento suscrito el 5 de enero de 2016, entre su representada y la sociedad Alto Ensenada, agregando que por medio del contrato, según lo pactado en las cláusulas 1.2 y 4, Mall Plaza La Serena entregó en arriendo a Alto Ensenada, los locales comerciales N° BS - 101 / BS - 105 / BS - 109 / BS 113, todos ubicados en el Centro Comercial Plaza La Serena, para explotarlos en el giro de la comercialización de comida internacional y pub, bajo la denominación "Spell Café".

Agrega que como contraprestación, la recurrente se obligó a pagar una renta de arrendamiento (cláusula 3°), precisando que frente a un posible incumplimiento de la arrendataria, las partes pactaron, una serie de mecanismos en favor de la arrendadora para resguardar el cumplimiento íntegro, exacto y oportuno de las obligaciones de la primera.

Refiere que entre dichas medidas, en la primera parte de la cláusula novena, las partes pactaron la siguiente facultad en favor de la arrendadora:

"En caso de incumplimiento por parte de la Arrendataria en el pago de los valores a que se encuentra obligada en virtud de este contrato, tanto las rentas de arrendamiento como los consignados en las cláusulas Sexta, Séptima y Octava precedente, estará la Arrendadora facultada para suspender en forma inmediata y por el término que se extienda dicho incumplimiento, el o los servicios cuyo suministro corresponda a la Administración del Centro Comercial. Lo anterior, sin perjuicio de lo señalado en el Reglamento Interno y en el capítulo Décimo Octavo de las Normas Generales de Arrendamiento, en relación a su facultad para perseguir el pago de lo adeudado..." Expresa que por medio del contrato, se pactó que ante el no pago de alguno de los valores a que estaba obligada Alto Ensenada, tales como las rentas o las demás obligaciones que se enumeran a modo ejemplar en dicha cláusula, la arrendadora podría, de forma inmediata, suspender en los Locales Arrendados alguno de los suministros, como el servicio eléctrico.

Como primera defensa sostiene que la controversia objeto de autos dice relación con los derechos y obligaciones emanados de un contrato de arrendamiento.

Hace presente que al contrario de lo sostenido en la acción de protección, Alto Ensenada, no sólo adeuda a su representada aquello que consta en el pagaré, que es el fundamento del recurso, sino además, las rentas de arrendamiento, tal como lo acreditan documentos que acompaña.

Añade que, en cualquier caso, el pagaré suscrito entre las partes no es un documento independiente e inconexo del contrato de arrendamiento que celebraron, sino que fue otorgado precisamente para documentar deudas emanadas con ocasión del incumplimiento de dicho contrato, precisando que, en su exposición de los hechos, la contraria trata de disfrazar esta circunstancia, repitiendo incansablemente que dicho título de crédito sería un acto jurídico distinto e independiente del referido contrato, añadiendo que sobre la base de esta falsa afirmación, construye todo su relato, y sostiene la totalidad de su acción de protección.

Expone que, tal como la contraria reconoce en su escrito, en el mes de enero de 2019, cesó en el pago de la renta, incurriendo en mora, razón por la cual, y buscando una solución no jurisdiccional a dicho incumplimiento, se renegoció la deuda de la Arrendataria, documentándola mediante un Pagaré, de fecha 31 de enero de 2019.

Puntualiza que luego, en los meses siguientes, tampoco pagó oportunamente los valores documentados en el pagaré, precisando que respecto de la cuota que venció el 20 de febrero de 2019, no pagó un saldo de $1.008.539, y no pagó la totalidad de la cuota de marzo de 2019, ascendente a $3.665.653, tan solo un mes y medio después de haber repactado la deuda.

Argumenta que de estos hechos, ciertos y probados, se desprenden dos circunstancias relevantes: “(i) el conflicto promovido por Alto Ensenada dice relación con el alcance del ejercicio de la facultad contractual de Plaza La Serena, de suspender el suministro eléctrico frente a un incumplimiento de la primera; y (ii) la suscripción del Pagaré no se dio como un acto jurídico aislado y sin ninguna relación con el contrato, sino que por el contrario, el motivo preciso de su otorgamiento se encuentra en que Alto Ensenada incumplió el Contrato, razón por la cual, con el fin de repactar la deuda, esta se documentó en dicho título de crédito”.(sic)

Reclama que la recurrente intenta ocultar estas circunstancias y hacer creer que la disputa se referiría a una supuesta lesión a garantías constitucionales. Sostiene dicha imputación en que, como el pagaré sería un título de crédito independiente y separado del contrato, la arrendadora habría tomado la justicia en sus propias manos al suspender la energía eléctrica, ya que el contrato solo contempla esa facultad para el incumplimiento de obligaciones que emanen de él, en circunstancias que las únicas obligaciones que incumplió fueron las del pagaré.

Además cuestiona la validez de la cláusula novena, en aquella parte en que se confiere a la Arrendadora la facultad de ordenar la suspensión inmediata de un servicio frente a un incumplimiento de la Arrendataria.

Sostiene que quitando el "maquillaje" con el cual la contraria ha adornado los hechos de la causa, la realidad de las circunstancias, es que la presente controversia no puede ser resuelta en sede cautelar, sino que requiere de un juicio declarativo de lato conocimiento, agregando que en cualquier caso, no existe arbitrariedad alguna, toda vez que la arrendadora no ha hecho más que ejercer una facultad contractual frente a los temerarios, múltiples y flagrantes incumplimientos de Alto Ensenada.

Adiciona que además de lo anterior, resta definir si la pretensión hecha valer por Alto Ensenada dice relación, con una afectación a derechos preexistentes e indubitados, o si, por el contrario, demanda un análisis pormenorizado que dé pie a una declaración de derechos.

Expresa que los siguientes hechos no se encuentran discutidos:

“i.

Las partes celebraron el contrato, y este, en su cláusula 9°, confiere a la Arrendadora la facultad de suspender el suministro eléctrico frente al no pago, por parte de la Arrendataria, de alguno de los valores a que está obligada en virtud del contrato.

ii.

Las partes, además, suscribieron un pagaré. La suscripción del Pagaré se debió, como lo relata Alto Ensenada, a que se atrasó en el pago de la renta del mes de enero de 2019, razón por la cual se renegoció la deuda, incluyendo los intereses por el retardo, documentándolo en el pagaré.

iii.

Alto Ensenada cesó en el pago íntegro de las cuotas del Pagaré.

iv.

Plaza La Serena ordenó la suspensión del servicio eléctrico en los locales arrendados, en abril de 2019, debido a que Alto Ensenada arrastraba una situación de incumplimiento del Pagaré desde febrero de 2019”.(sic)

Indica que debe efectuarse un análisis de la relación entre el contrato y el Pagaré, en el sentido de si este último es un título de crédito abstracto y completamente inconexo con el contrato, de modo que la arrendadora habría hecho un ejercicio abusivo al extender un derecho contractual a un supuesto de hecho al que no sería aplicable o si, por el contrario, el contrato y el pagaré son conexos, de modo que la regulación contenida en el primero es extensiva a los derechos y obligaciones del segundo.

Alega que para ello es necesario indagar cuál fue la intención de las partes al momento de otorgar el pagaré, y, a su vez, será necesario proceder a calificar jurídicamente el ejercicio de la facultad de suspender el servicio eléctrico, en el sentido de determinar si existió o no un abuso de un derecho contractual.

Expresa que lo anterior supone, por un lado, aplicar las reglas de interpretación de los contratos contenidas en los artículos 1560 a 1566, para así determinar si la causa del Pagaré se encuentra o no en la ejecución e incumplimiento del contrato. Por otro lado, será también necesario aplicar las reglas sobre responsabilidad civil y buena fe, en orden a ponderar si el ejercicio del derecho a suspender el suministro eléctrico es o no abusivo, y si constituye o no un incumplimiento contractual o un ilícito civil, según cual sea el estatuto de responsabilidad que se determine aplicable.

En consecuencia, plantea que las operaciones y análisis que deben realizarse no versan sobre derechos indubitados y preexistentes, ya que demanda, precisamente, una declaración de derechos. Sostiene que la presente acción de protección no resulta un mecanismo idóneo para efectuar tales pronunciamientos, precisamente por su carácter cautelar.

En segundo lugar, y en subsidio a las consideraciones expuestas en el capítulo anterior, expresa que de los antecedentes y declaraciones hechas por la contraria, así como de los documentos que se acompañan, de todas formas debe rechazarse la acción de protección, ya que el acto que Alto Ensenada califica como arbitrario no lo es, y la lesión que dice sufrir en sus garantías constitucionales es ficticia.

Señala que es un hecho asentado de la causa que la recurrente incumplió su principal obligación derivada del contrato de arrendamiento, esta es, el pago del canon de arriendo. También ha quedado suficientemente claro que el Pagaré suscrito encuentra su causa y justificación precisamente en razón del contrato, repactando mediante ese instrumento la deuda que Alto Ensenada mantenía con Plaza La Serena, reiterando que su representada tenía una clara facultad para suspender el suministro eléctrico, de conformidad a lo estipulado en la cláusula novena del contrato celebrado por las partes.

Explica que un acto arbitrario según la “RAE”, es aquel "Sujeto a la libre voluntad o al capricho antes que a la ley o a la razón." A su vez, la jurisprudencia ha indicado que "el arbitrio no es sino la voluntad no gobernada por la razón, sino por un impulso instintivo o por una idea o propósito sin motivación aparente, fuera de las reglas ordinarias y comunes." Reclama que no es posible señalar que la arrendadora haya cometido un acto arbitrario e ilegal al cortar el suministro de electricidad de los locales arrendados, pues tiene un probado fundamento contractual y fáctico: las expresas facultades conferidas por el contrato y los reiterados incumplimientos de la arrendataria.

Agrega que no es cierto que el único incumplimiento de la recurrente sea el no pago del pagaré, pues, tampoco ha pagado las rentas de arrendamiento que se han ido devengando después de la suscripción de dicho documento, tal como da cuenta el Estado de Cuenta al 24 de marzo de 2019.

Puntualiza que Plaza La Serena S.A. en ningún caso ha violado la ley, cumpliendo a cabalidad con todas las normas constitucionales, legales, reglamentarias y contractuales que regulan la materia.

Recalca que la acción de protección ha sido dispuesta como un remedio y mecanismo para quienes, ejerciendo legítimamente sus derechos y garantías constitucionales, ven conculcada su práctica. Sin embargo, esta acción no se encuentra prevista para aquellas personas que se encuentran al margen del derecho, precisando que Alto Ensenada se encuentra en una gravísima situación de incumplimiento, lo que conlleva a afirmar que la arrendataria se encuentra en una posición contraria a derecho..

CUARTO: Que la recurrida, acompaña junto con su informe los siguientes documentos: a). Contrato de Arrendamiento celebrado entre Plaza La Serena S.A. y Alto Ensenada SpA, de fecha 5 de enero de 2016; b). Pagaré N° 0000789, de fecha 31 de enero de 2019, por medio del cual Alto Ensenada se obligó a pagar a Plaza La Serena S.A. la suma de UF 705,2440; c). Estado de Cuenta, de fecha 10 de marzo de 2019, que da cuenta de la deuda de Alto Ensenada SpA con Plaza La Serena S.A.; d). Estado de Cuenta, de fecha 17 de marzo de 2019, que da cuenta de la deuda de Alto Ensenada SpA con Plaza La Serena S.A.; e). Estado de Cuenta, de fecha 14 de abril de 2019, que da cuenta de la deuda de Alto Ensenada SpA con Plaza La Serena S.A., y; f). Estado de Cuenta, de fecha 21 de abril de 2019, que da cuenta de la deuda de Alto Ensenada SpA con Plaza La Serena S.A.

Asimismo, en presentación de fecha 08 de julio de 2.019, acompaña los siguientes documentos:

1.- Correo electrónico de fecha 18 de febrero de 2.019, cuyo asunto es “MP02 NUEVO AVISO 18-02-2019 SPELL CAFÉ AREA MESAS”, ENVIADO POR correo reservado a correo reservado

2.- Correo electrónico de fecha 25 de febrero de 2.019, cuyo asunto es “MP03 COBRANZA 25-02-2019 SPELL CAFÉ PLS”, ENVIADO POR correo reservado a correo reservado

3.- Correo electrónico de fecha 25 de marzo de 2.019, cuyo asunto es “MP03 COBRANZA 25-03-2019 SPELL CAFÉ (AREA MESAS)”, ENVIADO POR correo reservado a correo reservado

4.- Cadena de correo electrónico de fecha 27 de marzo de 2.019, cuyo asunto es “SPELL CUOTA PENDIENTE PAGARE MAS FACTURAS VENCIDAS”, ENVIADO POR correo reservado a correo reservado

5.- Correo electrónico de fecha 22 de abril de 2.019, cuyo asunto es “MPO0 NUEVO AVISO 22-04-2019 SPELL CAFÉ PLS”, ENVIADO POR correo reservado a correo reservado

6.- Estado de Cuenta de Alto Ensenada SPA, de fecha 21 de mayo de 2.019, por un total de $32.135.499.- QUINTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEXTO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEPTIMO: Que, según se ha expuesto, la recurrente estima como ilegal y arbitraria la actuación de la sociedad Mall Plaza La Serena, representada por nombre reservado, ya que le ha cortado el suministro eléctrico en los locales comerciales que le arrienda, ubicados en domicilio reservado, de esta ciudad, sin causa justificada.

OCTAVO: Que, atendido lo expuesto por la recurrente y recurrida, y los antecedentes que se han aportado a esta Corte, se han logrado establecer los siguientes hechos: a) Que Plaza La Serena S.A., representada por nombre reservado y nombre reservado y la sociedad Alto Ensenada SpA, representada por nombre reservado, cuyas firmas fueron autorizadas por el Notario Público Suplente don nombre reservado, celebraron un contrato de arrendamiento, con fecha 05 de enero de 2016, respecto de los locales comerciales que se singularizan en dicho contrato, por la renta que se indica en la cláusula segunda; b) Que en la cláusula novena, se estableció que en caso de incumplimiento por parte de la Arrendataria en el pago de los valores a que se encuentra obligada en virtud de este contrato, tanto de las rentas de arrendamiento, como las consignadas en las cláusulas Sexta, Séptima y Octava, se facultaba a la Arrendadora para suspender en forma inmediata y por el término que se extienda dicho incumplimiento, el o los servicios cuyo suministro corresponda a la Administración del Centro Comercial; c) Que la recurrente incumplió la obligación de pagar oportunamente las rentas de arrendamiento, de conformidad al contrato de arrendamiento celebrado por las partes, y con el fin de repactar la deuda, Alto Ensenada SpA, representada por nombre reservado, suscribió un Pagaré, con fecha 31 de enero de 2019, por la suma de 705,2440 Unidades de Fomento, pagadero en 06 cuotas, la primera, por 41,58 U.F., con vencimiento el 07.02.2019 y las restantes por 132.73 U.F., cada una, con vencimientos el 20.02.2019, 20.03.2019, 20.04.2019, 20.05.2019 y 20.06.2019, respectivamente; d) Que la recurrente se encuentra en mora en el pago íntegro de las rentas y de las obligaciones contraídas en el Pagaré antes referido; e) Que Plaza La Serena, en abril del año 2019, ordenó la suspensión del servicio eléctrico en los locales arrendados, debido a que la recurrente no había cumplido, desde febrero del año en curso en adelante, con las obligaciones contraídas en el contrato de arrendamiento celebrado y en el Pagaré, suscrito con fecha 31 de enero de 2019, para documentar la deuda.

NOVENO: Que no resulta controvertida la relación contractual que vincula a las partes, sustentada en un contrato de arrendamiento. Tampoco sería controvertida la existencia de obligaciones pendientes por parte de la recurrente Alto Ensenada SpA.

Sobre ello, la recurrente alega que por razones netamente económicas, no pudo pagar un saldo por la suma de $1.008.539., correspondiente a una cuota del Pagaré suscrito, que vencía el 20 de febrero de 2019 y una cuota completa por la cantidad de $3.665.653, con vencimiento el 20 de marzo de 2019. Por el contrario, la recurrida reconociendo haber practicado el corte de energía, arguye que se debe a una serie de incumplimientos sostenidos en el tiempo por parte de la recurrente y que su actuar se sustenta en una facultad conferida contractualmente.

DECIMO: Que para dilucidar la controversia, asumiendo las limitaciones propias de su extensión probatoria, corresponde determinar si la facultad que se arroga la recurrida Plaza La Serena S.A., de suspender el suministro eléctrico a los locales comerciales arrendados a la recurrente, tiene sustento de oponibilidad formal, luego determinar si ello se encuadra en los parámetros de legalidad y proscripción de la arbitrariedad con la confrontación de los derechos cuyo amparo se exige por esta vía.

Sobre lo primero, basta apreciar el contenido de la cláusula novena, pactada en el contrato de arrendamiento celebrado por las partes, por la cual se facultó a la Arrendadora para que en caso de incumplimiento por parte de la Arrendataria en el pago de los valores a que se encuentra obligada en virtud de este contrato, tanto de las rentas de arrendamiento, como las consignadas en las cláusulas Sexta, Séptima y Octava, para suspender en forma inmediata y por el término que se extienda dicho incumplimiento, el o los servicios cuyo suministro corresponda a la Administración del Centro Comercial.

En esa medida, las partes en el ejercicio de la autonomía de la voluntad, han permitido que frente a ciertas conductas, que en este caso, asumen la forma de omisión, no pago de las obligaciones contraídas en el contrato de arrendamiento celebrado por las partes, se permita a una de ellas suspender el suministro eléctrico que como señala la recurrida, es controlado de manera exclusiva por la Administración del Centro Comercial Mall Plaza La Serena, sin que el acto o ejercicio de dicha facultad adolezca de ilegalidad alguna, por tratarse de aquellos que conforme lo dispone el artículo 1545 del Código Civil, las partes han elevado al carácter de ley entre las partes, y con ello dotado de la fuerza obligatoria suficiente para exigirlo y ejercerlo contra la recurrente.

Determinar la arbitrariedad de la medida, se demostraría en el ejercicio de dicha facultad sin correlato en el supuesto fáctico contenido en la cláusula novena del contrato de arrendamiento celebrado por las partes, como por ejemplo, de haber cumplido íntegramente las obligaciones de pago de rentas, la Arrendadora procediera al corte de suministro de manera antojadiza, por desidia o turbación incausada. En los hechos, y tal como se señaló por las partes, constituye un hecho que al tiempo del recurso, la sociedad recurrente tenía deudas correspondientes a rentas y por el no pago íntegro de las cuotas del Pagaré suscrito por Alto Esenada SpA, con fecha 31 de enero de 2109, por la suma de 705,2440 Unidades de Fomento, para documentar lo adeudado, de modo que el ejercicio de la facultad contractual de corte de suministro eléctrico, se vinculaba con el incumplimiento de obligaciones de la recurrente, lo que en si resta arbitrariedad a su actuar, obligaciones que eran exigibles y estaban pendientes, de modo que ante dicho actuar avalado por el ordenamiento jurídico, en tanto, se trata de una facultad entregada voluntariamente por las partes vinculadas, el recurso no puede prosperar y corresponde sea rechazado, ya que en tal caso mal pueden invocarse como vulnerados los derechos constitucionales que invoca la recurrente.

UNDECIMO: Que, en todo caso, debe considerarse que este procedimiento cautelar constitucional es excepcional y exige derechos indubitados, de lo que no es posible concluir en este proceso, por tratarse de efectos del cumplimiento de un contrato de arriendo que requieren un pronunciamiento jurisdiccional, previo a un debido proceso, para que cada una de las partes hagan valer sus pretensiones que justifiquen el cumplimiento alternativo o imperfecto del contrato de arrendamiento celebrado por las partes, situaciones que deben conocerse en un juicio y no en un procedimiento cautelar como el actual.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado don Fernando Yung Moraga, actuando en representación de “Alto Ensenada SpA”, en contra de la sociedad “Mall Plaza La Serena S.A.”.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactado por el Ministro Interino don Jorge Sergio Corrales Sinsay.

Protección Rol N° 636-2019.