nombre reservado con CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

nombre reservado y otros Contraloría Regional de Coquimbo Recurso de protección Rol Nº635-2025.- La Serena, veinticinco de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece el diecinueve de abril de dos mil veinticinco, don Nicolás Guillermo Russell Flores, abogado, en favor de (15) médicos cirujanos; nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Contraloría Regional de Coquimbo, por haber dictado la Resolución N°40.102/2025, folio 44677/2025, que valida descuentos en las remuneraciones de sus representados, alegando vulneración de sus garantías constitucionales del artículo 19 números 1, 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, el 24 de octubre del año 2024 se notifica a los recurrentes, todos funcionarios del Hospital San Juan de Dios de La Serena, que se realizarán una serie de descuentos en sus remuneraciones por inasistencia o atrasos por parte del equipo profesional médico, sin que exista emplazamiento legal, y fue constatada por las colillas de liquidación de cada uno de los actores, las que se continúan efectuando a la fecha de interposición del recurso.

Sostiene que estos descuentos son ilegales y arbitrarios, en cuanto a que, sin perjuicio de encontrarse prevista la sanción de destitución al efecto, se requiere de una investigación sumaria, lo que no ocurrió en la especie, más cuando no hubo acreditación de verificarse estas inasistencias.

Expone que, conforme lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley 18.834, fue interpuesto un reclamo de ilegalidad el 22 de enero del presente, dictándose el acto impugnado el 19 de marzo del presente año, en el que la Contraloría Regional de Coquimbo desestimó el reclamo interpuesto, en cuanto no se advierte reproche, mientras el reclamante no acredite el efectivo cumplimiento de la jornada laboral, invocando lo resuelto en dictámenes precedentes y que se sostiene en cuanto “la aplicación del sistema de descuentos procede no sólo cuando el incumplimiento de las labores consta del pertinente registro de asistencia, sino también en aquellos casos en que, para los mismos efectos remuneratorios, se cuenta con cualquier otro medio, antecedente o elemento de juicio que resulte de utilidad para comprobar, en forma objetiva, que no se han desarrollado las funciones para las cuales fue nombrado o contratado el servidor público, incluso en el evento que, no obstante asistir a su lugar de trabajo, no realizó las labores propias de su cargo”.

Agrega la resolución que, “en armonía con otros dictámenes resueltos, conviene hacer presente, que el empleado que cumple sus funciones, pero no acata los sistemas de control horario fijados al efecto, no infringe las obligaciones relativas al cumplimiento de la jornada de trabajo, y por ende no procede descontarle remuneraciones, en la medida que compruebe que efectivamente prestó sus servicios”, de lo que concluye que los recurrentes realizaron sus labores como corresponde y probablemente infringiendo la obligación de acatar el sistema de control de horario fijado por la autoridad, lo que no supone una inasistencia a su jornada, por lo que resulta improcedente el descuento en sus remuneraciones, puesto que se prestaron los servicios, sin que hubiese una instancia para dar cuenta de aquello.

Invoca lo dispuesto en el artículo 91 del Estatuto Administrativo, el que previene que “queda prohibido deducir de las remuneraciones del funcionario otras cantidades que las correspondientes al pago de impuestos, cotizaciones de seguridad social y demás establecidas expresamente por las leyes”, alegando que la autoridad debió comprobar si el registro de asistencia coincide con la realidad mediante un sumario o investigación sumaria, privándose a los afectados de ejercer sus derechos.

Arguye, asimismo, que si bien es cierto el control de asistencia es un medio para comprobar que un funcionario asistió a prestar servicios, esto no comprueba que un profesional funcionario hubiese efectivamente trabajado, citando jurisprudencia administrativa al efecto, privándose a los actores del derecho a ser retribuido íntegramente por las funciones realizadas, con el correlativo enriquecimiento injusto de la Administración.

En razón de lo expuesto, y alegando vulneración de sus garantías constitucionales, pide que se restablezca el imperio del derecho, haciendo pago efectivo total de la remuneración de sus representados, con costas.

SEGUNDO: Que, informa nombre reservado, contralor regional subrogante, quien pide el rechazo de la acción.

Expone que, previo requerimiento de los actores, mediante oficio folio N°E44677, de 19 de marzo de 2025, resolvió el reclamo planteado, considerando, por una parte, que el Hospital de La Serena informó que los atrasos que sustentan los descuentos reclamados -sancionados por la Resolución Exenta No. 12.972, de 24 de septiembre de 2024, correspondientes al periodo comprendido entre abril y diciembre de 2023- constan en el registro de asistencia de cada uno de los funcionarios afectados, que se efectúa mediante el marcaje del horario de ingreso y salida y, por otra, que el interesado no acompañó antecedente alguno que diera cuenta del efectivo cumplimiento de la jornada laboral, por lo que, en armonía con lo regulado en los artículos 61, letra d), 65 inciso final del Estatuto Administrativo, se desestimó el reclamo de ilegalidad.

Agrega que, se dispuso que no existe disposición expresa que obligue a los organismos públicos a ordenar la instrucción de un proceso disciplinario para materializar la rebaja en las remuneraciones por ausencias injustificadas, lo que no obsta su instrucción para efectos de determinar la responsabilidad administrativa de los funcionarios implicados.

En razón de lo anterior, opone excepción de falta de legitimación pasiva, por cuanto el acto que supuestamente produce agravio a los recurrentes es la materialización de los descuentos en la liquidación de remuneraciones de los profesionales afectados, efectuados por el Hospital en que se desempeñan, más cuando se requirió en el petitorio el pago efectivo total de las remuneraciones.

Asimismo, para fundar su pretensión de rechazo, invoca lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 19.880, que previene que, interpuesta por un interesado una reclamación ante la Administración no podrá el mismo reclamante deducir igual pretensión ante los tribunales de justicia, por lo que debió recurrir en contra del Hospital de La Serena y no el ente contralor.

Agrega que, la materia escapa de la acción cautelar, en cuanto los actores pretenden la restitución de remuneraciones, constituyendo una acción de cobro de pesos, descartando una necesidad de cautela urgente, más cuando trata de una discusión sobre el cumplimiento de la jornada laboral de los actores, sin que, con ocasión del reclamo, no se advirtiera reproche alguno en el actuar del empleador, puesto que no se acreditó el cumplimiento de las labores que desempeñan los interesados, no siendo ésta una instancia declarativa de derechos.

Afirma que, su injerencia en la materia se limitó a que, en el marco de sus atribuciones, resolvió el reclamo de ilegalidad interpuesto, careciendo su actuación de ilegalidad o arbitrariedad, conforme lo previsto en el artículo 160 del Estatuto Administrativo, realizando un estudio acabado de los antecedentes, de la interpretación de la normativa vigente sobre la materia y en el ejercicio de una actuación legítima en uso de sus facultades, y dentro del marco jurídico que reglamenta sus atribuciones, dando lugar a un acto administrativo que fue motivado en derecho.

En cuanto al fondo, refiere que, conforme las letras a) y d) del artículo 61 de la Ley 18.834, serán obligaciones del funcionario cumplir con la jornada de trabajo y desempeñar en forma permanente su cargo en dicho periodo, previniendo el artículo 72, en cuanto a las consecuencias jurídicas que acarrea para el empleado, tanto la inobservancia del cumplimiento efectivo de la jornada prevista para el ejercicio de sus labores, como los atrasos y ausencias reiteradas, sin causa justificada, se traduce en no percibir íntegramente su respectiva remuneración.

Sostiene que lo anterior constituye un principio básico en el orden estatutario, que es la correspondencia entre el pago de las remuneraciones y el desarrollo efectivo de las labores para las cuales el personal ha sido designado, de manera que no resulta procedente efectuar el pago de los estipendios correspondientes al lapso en que el servidor no se hubiere desempeñado efectivamente, lo que ha sido recogido en la jurisprudencia del ente contralor, destacando que, el empleado que cumple sus funciones, pero no acata los sistemas de control horario, no infringe sus obligaciones relativas al cumplimiento de la jornada de trabajo, y no procede descontarle remuneraciones, en la medida que compruebe que efectivamente prestó sus servicios, tal como precisó el dictamen 39.496 de 2016.

Precisa que, al respecto, el Hospital de La Serena informó, a través del oficio ordinario 939 de 19 de marzo de 2025, que los descuentos en las remuneraciones se fundan en atrasos a su jornada laboral correspondientes al periodo comprendido entre abril a diciembre del año 2023, que constan en el registro del reloj biométrico dispuesto por la autoridad para verificar el efectivo cumplimiento de la jornada laboral contratada, fundada en Resolución Exenta 287, de 12 de junio de 2020, que aprueba instrucciones y orientaciones aplicables al cumplimiento de la jornada laboral, previniendo el punto 7 que todos los funcionarios deben marcar la entrada y salida en su jornada normal y extraordinaria del trabajo y, el punto 8, refiere que las inasistencias no justificadas, darán lugar a la realización de descuentos por tiempo no trabajado en forma automática.

Sobre la inexistencia de un sumario, argumenta que no existe disposición expresa que obligue a los organismos públicos a ordenar la instrucción de un proceso disciplinario para materializar la rebaja en las remuneraciones por ausencias injustificadas, resultando inaplicable lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 18.834, por cuanto dicho precepto distingue, por una parte, los descuentos que tienen su origen en un mandato legal, respecto de los cuales tanto la obligación como el monto de la misma se encuentran expresamente señalados en la norma, y en su determinación no incide la voluntad del deudor; y por otra, las rebajas que deriven de la sola decisión de este último en situaciones, que como es posible advertir son diversas al descuento por incumplimiento de jornada laboral, cuya regulación se encuentra expresamente prevista en el artículo 72 del Estatuto Administrativo, que previene que, “por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado no podrán percibirse remuneraciones, salvo que se trate de feriados, licencias, permiso postnatal parental o permisos con goce de remuneraciones, previstos en el presente Estatuto, de la suspensión preventiva contemplada en el artículo 136, de caso fortuito o de fuerza mayor. Mensualmente deberá descontarse por los pagadores, a requerimiento escrito del jefe inmediato, el tiempo no trabajado por los empleados, considerando que la remuneración correspondiente a un día, medio día o una hora de trabajo, será el cuociente que se obtenga de dividir la remuneración mensual por treinta, sesenta y ciento noventa, respectivamente (…)”

Así, concluye que, en la especie, la instrucción de un proceso disciplinario perseguiría la responsabilidad administrativa derivada de las inasistencias y no la acreditación de la efectividad de las mismas, la que consta en este caso en el registro del reloj control, resultando innecesario la instrucción de un proceso disciplinario, descartando, en suma, ilegalidad y arbitrariedad en el pronunciamiento en el reclamo interpuesto y, en consecuencia, vulneración de garantías constitucionales.

Solicita la desestimación del recurso.

Acompaña a su informe: 1. Oficio N°E44677, de 2025 y su respectivo expediente administrativo; y 2. Dictámenes N°s. 39.496 de 2016, 74.876 de 2011 y 67.855 de 2015, de la Contraloría, documentos bajo custodia según consta a folio 10 del expediente digital.

TERCERO: Que, a folio 19 fue requerido informe por parte del Hospital de La Serena, el que fue emitido por nombre reservado, en su representación, quien pidió el rechazo del recurso.

Alega su extemporaneidad, en cuanto el acto impugnado es la Resolución Exenta 12.972, dictada por el Hospital San Juan de Dios de La Serena, de 12 de septiembre de 2024, transcurriendo en exceso los 30 días corridos que establece el Auto Acordado para su interposición, más cuando los descuentos comenzaron a aplicarse desde octubre de 2024 y se reiteraron en noviembre y diciembre, sin que los actores recurrieran a la vía constitucional.

En cuanto al fondo, alega que el actuar de su representado se ajusta a derecho, toda vez que su fundamento se encuentra en el artículo 72 del Estatuto Administrativo, que establece expresamente que “por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado no podrán percibirse remuneraciones, salvo que se trate de feriados, licencias, permiso postnatal parental o permisos con goce de remuneraciones, previstos en el presente Estatuto, de la suspensión preventiva contemplada en el artículo 136, de caso fortuito o de fuerza mayor. Mensualmente deberá descontarse por los pagadores, a requerimiento escrito del jefe inmediato, el tiempo no trabajado por los empleados, considerando que la remuneración correspondiente a un día, medio día o una hora de trabajo, será el cuociente que se obtenga de dividir la remuneración mensual por treinta, sesenta y ciento noventa, respectivamente.

Las deducciones de rentas motivadas por inasistencia o por atrasos injustificados, no afectarán al monto de las imposiciones y demás descuentos, los que deben calcularse sobre el total de las remuneraciones, según corresponda. Tales deducciones constituirán ingreso propio de la institución empleadora.

Los atrasos y ausencias reiterados, sin causa justificada, serán sancionados con destitución, previa investigación sumaria”

Sostiene que la norma citada no exige la tramitación de un procedimiento disciplinario para su aplicación, sino que basta con que el incumplimiento conste de manera objetiva y verificable.

Precisa que los descuentos se basaron en los registros de asistencia obtenidos mediante sistema biométrico, el cual arroja información fehaciente sobre atrasos e inasistencias de los funcionarios durante el período comprendido entre abril y diciembre de 2023, información que fue objeto de revisión por parte del equipo de gestión del establecimiento, generando el acto administrativo que motivó la controversia, concurriendo una causal objetiva, siendo innecesario recurrir a mecanismos propios del derecho sancionador.

Hace presente que la existencia de un sistema de control horario aplicable a todos los funcionarios del Hospital, establecido en la Resolución Exenta 2887 de 12 de junio de 2020 del Hospital de La Serena, da cuenta de una política institucional general, no arbitraria ni discriminatoria, que ha sido debidamente difundida y conocida por los trabajadores, existiendo un procedimiento interno para justificar inasistencias y atrasos, lo que no fue ejercido por los actores.

Conforme lo expuesto, afirma que no se configura ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar del Hospital de La Serena, se trata de una actuación administrativa fundada, coherente con las normas previstas en el Estatuto Administrativo, dictada dentro de las competencias propias de establecimiento y conforme a criterios objetivos, razonables y proporcionales, sin que esta acción sea una instancia idónea para debatir la procedencia de descuentos remuneracionales o para solicitar devoluciones de sumas de dinero, lo que descarta la vulneración de garantías alegada.

Solicita la desestimación del recurso interpuesto.

Acompaña a su informe: Resolución Exenta N°2887 de fecha 12 junio de 2020 del Hospital de La Serena; y Resolución Exenta N°12.972 de fecha 12 de septiembre de 2024 del Hospital de La Serena.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, el objeto del presente recurso dice relación con declarar ilegal y arbitraria lo resuelto por la Contraloría General de la República, en cuanto resolvió por medio de un reclamo de ilegalidad que los descuentos en las remuneraciones de los recurrentes realizados por el Hospital de La Serena no eran reprochables, realizados en el contexto de faltas a la jornada de trabajo de éstos ante el Hospital de La Serena, por lo que, solicitan sea ordenado a la recurrida el reintegro de sus remuneraciones indebidamente descontadas, a partir de septiembre de 2024, por no haber sido emplazadas con lo cual no tuvieron posibilidad de defenderse, y además, el Hospital de La Serena no inició el correspondiente sumario administrativo para proceder al descuento que se alega.

SÉPTIMO: Que, en relación a la alegación de falta de legitimación pasiva interpuesta por la Contraloría Regional, deberá tenerse presente que efectivamente del petitorio del recurso de protección, el cual fue dirigido sólo en contra del ente contralor, se solicita el pago efectivo total de la remuneración de los recurrentes, respecto de lo cual no se encuentra facultada la recurrida, toda vez que la empleadora de los actores es el Hospital San Juan de Dios Peni de la Serena, contra la cual no se dirigió la acción cautelar, por lo que efectivamente la recurrida carece de legitimación pasiva a lo solicitado por los actores, por lo que la alegación formulada deberá ser acogida como se dirá en lo resolutivo.

OCTAVO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad señalada por el Hospital de La Serena, no podrá prosperar, toda vez que el nosocomio no es parte recurrida en el presente recurso, por lo que el informe que bajo folio 19 de la carpeta digital le fue solicitado, tenía por finalidad recabar mayores y mejores antecedentes que permitieran a esta Corte tomar una decisión sobre la acción cautelar interpuesta.

Que, sin perjuicio de lo anterior, y a mayor abundamiento, se estima por estos sentenciadores, que los descuentos realizados por el Hospital, no recurrido en estos autos, se ajustaron a la normativa señalada, esta es, el artículo 72 de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, lo cual hace justificable y legal la dictación por el Hospital de la Resolución Exenta N°12.972, de 24 de septiembre de 2024, la que ordenó los descuentos, de forma progresiva, de las remuneraciones de los recurrentes.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se RECHAZA por falta de legitimación pasiva, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado en contra de la Contraloría Regional de Coquimbo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°635-2025 (Protección).-