nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado, nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol Nº6318-2022 La Serena, nueve de noviembre de dos mil veintidós.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Pablo Javier Cancino Valenzuela, abogado, interponiendo recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad colombiana, cédula de identidad número RUT reservado, número de pasaporte RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, dirigida en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representada por don nombre reservado, sociólogo, con domicilio en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la omisión de pronunciamiento sobre la solicitud de residencia temporaria, solicitada con fecha 24 de julio de 2021, señalando que dicha omisión vulnera el derecho fundamental de la igualdad ante la ley del artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente solicitó visa de residencia temporaria con fecha 24 de julio de 2021, adjuntando todos los documentos solicitados.

No obstante, indica que a la fecha su solicitud de visa temporaria no ha sido concedida, pese a cumplir con todos los requisitos para ello, lo que lo mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre, situación que vulnera su derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 Nº2 de la Constitución Política.

En este sentido, destaca lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de la Ley Nº 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, en particular los artículos 7 y 27 que regulan el principio de celeridad, con la obligación de impulsar el procedimiento de oficio. Del mismo modo, hace referencia al artículo 9 del mismo cuerpo legal, en cuanto al principio de economía procedimental, que establece que la Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por lo anterior, solicita acoger la acción interpuesta, y ordenar a la recurrida que se pronuncie inmediatamente sobre la solicitud de residencia temporaria, otorgándola, proveyéndole de todos los certificados y estampados que correspondan hasta que obtenga efectivamente su cédula de identidad, con condena en costas.

Acompaña a su presentación: a) Estampado Electrónico N° 15778 que da cuenta que la recurrente solicitó su visa temporaria el año 2020 vigente hasta el 09 de octubre de 2021. b) Comprobante de envío de Correos de Chile, de fecha 24 de julio de 2021, enviado a nombre reservado, Santiago, que acredita que la recurrente de autos realizo solicitud de visado. c) Cédula de identidad de la parte recurrente; d) Pasaporte de la parte recurrente.

SEGUNDO: Que, a folio 7 compareció la recurrida SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES (ex Departamento de Extranjería y Migración), informando al tenor del recurso, y solicitando el rechazo de la acción por improcedente, al no existir acción u omisión ilegal o arbitraria, que pueda atentar contra alguno de los derechos constitucionales garantizados en el artículo 20 de la Carta Política.

Aclara que con fecha 24 de julio de 2021, la recurrente solicitó ante el beneficio migratorio de Residencia Definitiva y no como indica en el recurso “VISA TEMPORARIA”.

Agrega que con fecha 19 de octubre de 2022, en relación a su solicitud de Residencia Definitiva se le comunica que se le requiere que remita los siguientes documentos: Copia de la orden de giro pagada, copia del contrato de trabajo, vigencia de contrato legalizada ante notario y copia del certificado histórico de cotizaciones actualizado (AFP y SALUD).

También se le solicitó adjuntar copia de la carta con la que fue notificada, indicando que los antecedentes solicitados deberán enviarse por CORREO CERTIFICADO, dirigido a: SAN ANTONIO N°580, comuna de Santiago, Oficina de Partes. En caso de no presentar esta documentación en un plazo máximo de 60 días a contar de esta fecha (19 de octubre de 2022), su solicitud será rechazada, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 81 N°1 de la Ley de Migraciones y Extranjería.

Agrega que encontrándose en tramitación la solicitud de nombre reservado del recurrente, éste mantiene una situación migratoria regular en el territorio nacional, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 38 y 45 de la Ley de Migración y Extranjería, como también en su artículo 43, conforme a los cuales la residencia regular se acredita con el Certificado de Residencia en trámite.

Añade, que conforme al artículo 45 de la Ley de Migración y Extranjería, los extranjeros pueden acreditar su situación regular con su cédula de identidad vigente, la que conforme al artículo 43 de la Ley mantiene su vigencia con el mérito del Certificado de nombre reservado en trámite.

En cuanto al tiempo de tramitación, indica que no es efectivo que se esté dando un trato desigual al recurrente, ya que su solicitud ha seguido la misma tramitación para cualquier extranjero. Agrega, además, que el plazo previsto en el artículo 27 de la Ley 19.880, conforme a diversos fallos que cita, no es de carácter fatal, y que al solicitante se le ha otorgado el documento que acredita su residencia legal.

Agrega, que la vía idónea para alegar la falta de respuesta de la Administración, es la figura del silencio administrativo, establecido en los artículos 64 y 65 de la Ley Nº19.880, invocando para ello el voto disidente contenido en sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema con fecha 7 de julio de 2022.

Finalmente, alega que el abuso de la vía judicial ha vulnerado la garantía de la igualdad ante la ley de los demás solicitantes de permisos de residencia que, siguiendo la tramitación regular del procedimiento, no han utilizado la vía de la acción de protección para obtener la aceleración en la tramitación de su solicitud, circunstancia que pugna con la garantía de igualdad ante la ley.

Por lo anterior, solicitó el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de dicha autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20.

Acompañó a su presentación: 1. Copia de escritura pública de mandato judicial Repertorio N°1361/2022, otorgada ante la Notaría de Coquimbo, de don nombre reservado. 2. Publicación de Resolución Exenta N°50.422, de fecha 9 de junio de 2022, del Director Nacional del Servicio nacional de Migraciones en el Diario Oficial del día 22 de junio de 2022.

3. Circular N° 12 del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 24 de noviembre de 2021.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de nombre reservado presentada, lo cual califica el actor de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica.

Solicita que se ordene al recurrido acoger a trámite sin más demora su solicitud o bien adoptar las medidas que se estimen apropiadas para resguardar y restablecer el imperio del derecho.

SEXTO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

SÉPTIMO: Que, no obstante, de acuerdo a los antecedentes que obran en autos, aparece que con fecha 19 de octubre de 2022, el Servicio recurrido informó a la actora una serie documentos que debía cumplir con remitir por correo certificado a la entidad, con el objeto de poder continuar la tramitación de sus solicitud de residencia, sin que se haya dado cuenta en autos que la actora haya cumplido con dicha carga.

OCTAVO: Que, conforme a lo expuesto, no se advierte la existencia de alguna omisión en el actuar de la recurrida, pues ésta se ha pronunciado en relación a la solicitud de residencia de la recurrente.

Así las cosas, se ha verificado que el impulso en la prosecución de la tramitación administrativa actualmente se radica en la actora, quien no ha acreditado en autos haber cumplido con la obligación de remitir los antecedentes solicitados por el Servicio. Por lo señalado, es que la acción de protección deberá desestimarse, al no existir una omisión ilegal o arbitraria de parte de la recurrida.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones (ex Departamento de Extranjería y Migración) dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 6318-2022 (Protección).