nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de protección Rol N° 631-2024.- La Serena, veinticuatro de mayo de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el dieciocho de abril de dos mil veinticuatro comparece nombre reservado y Lillo, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso, en favor de doña nombre reservado, interponiendo acción de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), por el acto que acusa de ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta resolución N.º R-01-UME-54582, de fecha 2 de Abril de 2024, , que confirma el rechazo de las licencias médicas N°s. RUT reservado y RUT reservado, por no encontrarse el reposo justificado.

Funda el recurso indicando que, con anterioridad al nacimiento de la hija de la recurrente, nacida el 25 de septiembre de 2022 y de actuales 18 meses de edad, comenzó a experimentar varios episodios de molestia en lo que respecta a su salud mental.

Expone que frente a esta sintomatología, en el mes de julio de 2022, acudió a la consulta del médico psiquiátrico Dr. nombre reservado, profesional que luego de examinarla le diagnosticó trastorno de pánico. Posterior a ello, en Marzo de 2023, fecha en la cual finalizaba su postnatal, doña nombre reservado, decide acudir nuevamente a terapia psicológica con la psicóloga nombre reservado, donde fue diagnosticada con “Trastorno depresivo con inicio postparto”, a consecuencia de los síntomas que ella presentaba tales como, estado anímico decaído, falta de energía, irritabilidad, dificultades para dormir, baja autoestima, sentimientos de culpa e incapacidad para cuidar adecuadamente a su hija e incluso a ella misma. Conjuntamente, doña nombre reservado fue tratada por el Dr. nombre reservado, quien la diagnosticó con “Trastorno mixto de ansiedad y depresión”, para lo cual se le recetó medicamentos tales como la sertralina, iniciando un manejo interdisciplinario por psiquiatría y psicología hasta obtener una evolución favorable, más reposo laboral.

Así las cosas, en el mes de septiembre del año 2023, doña nombre reservado intentó por voluntad propia reintegrarse a su trabajo, pero la falta de concentración, negatividad y tristeza le impidieron cumplir sus funciones, en virtud de lo cual fue su mismo empleador quien le recomendó retomar su descanso y reintegrarse más adelante a sus funciones laborales.

También cabe tener presente que las licencias médicas que han sido presentadas por doña nombre reservado con anterioridad a las que son materia de estos autos, han sido aprobadas sin ninguna observación o reparo. Menciona que debido al rechazo de sus licencias médicas, y, por ende, la imposibilidad de recibir el subsidio laboral a que tenía derecho, el 15 de marzo de 2024, tuvo que poner término a su contrato de trabajo con su empleadora por mutuo acuerdo, recibiendo una suma de $1.253.958, por vacaciones proporcionales, cantidad que le ha permitido subsistir hasta la fecha.

Precisa que las licencias médicas que fueron otorgadas y que habrían sido rechazadas posteriormente son las N°s. RUT reservado y RUT reservado extendidas por un total de 44 días de reposo, a contar del 30 de septiembre de 2023.

Hace presente que el acto que se impugna por ilegal y arbitrario es la resolución N.º R-01-UME-54582, de 2 de abril de 2024, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social que confirmó el rechazo de las licencias médicas entregado por COMPIN, mediante la cual se indica “Esta conclusión se basa en que los informes médicos aportados no evidencian manifestaciones psicopatológicas de intensidad tal que determinen un compromiso severo de la capacidad funcional de la reclamante. Por las razones anteriores, los elementos aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá de los 180 días ya autorizados”.

Puntualiza que la recurrida SUSESO ha omitido analizar los certificados e informes médicos relativos a la condición de salud de doña nombre reservado y más aún han soslayado efectuar algún pronunciamiento a su respecto, pues no se les informa siquiera someramente, acerca de las razones por las qué los certificados e informes médicos acompañados no sirven o no son suficientes para justificar la Licencia Médica que se reclama, poniendo en duda los diagnósticos fehacientemente establecidos por profesionales de la salud.

Tampoco hizo uso de alguna de las facultades que le confieren el artículo 21 del Decreto Supremo N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, que contiene el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Compin e Instituciones de Salud Previsional, ello justamente a objeto de requerir antecedentes necesarios para determinar y establecer su situación de salud y la justificación de las licencias médicas que finamente fueron rechazadas.

De lo anterior se desprende que el fundamento expuesto por la recurrida para el rechazo de las licencias médicas resulta arbitrario, abusivo e ilegal, dado que carece de todo tipo de fundamentación real que permita entender y comprender de forma fundada y coherente el motivo real del rechazo a las licencias médicas presentadas, toda vez que el fundamento del rechazo simplemente hace alusión a antecedentes aportados, no refiriéndose cómo esos antecedentes llevan a la conclusión de rechazar las licencias médicas presentadas ni tampoco se requirieron, conforme ya se señaló, antecedentes médicos o informes complementados a su médico tratante, menos aún la realización nuevos exámenes o interconsultas, la realización de visitas a su domicilio o se requirieron antecedentes complementarios, lo que torna arbitraria la actuación de la recurrida y vulnera la garantía de igualdad ante la ley, pues dicha carencia de motivación supone una discriminación arbitraria en su perjuicio.

Adiciona que la recurrida Superintendencia de Seguridad Social le ha afectado los derechos fundamentales previstos en el artículo 19 N°s 1, 2, 9 y 24 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones solicita se deje sin efecto la resolución administrativa de la Superintendencia y, en definitiva, resolver que se deberá autorizar dicha licencia médica, disponiendo su pago.

Acompaña los siguientes documentos: 1°.- Copia de la Resolución Exenta N.º R-01-UME-54582, de 2 de Abril de 2024, emitida por la Superintendencia de Seguridad Social. 2º.- Copia Informe Médico de 11 de agosto de 2022, emitido por el Dr. nombre reservado. 3º.- Copia Informe Psicológico de 03 de agosto de 2023, emitido por nombre reservado. 4°.- Copia Informe Médico de 29 de septiembre de 2023, emitido por el Dr. nombre reservado. 5º.- Copia Certificado de atención psicológica en el CESFAM de Tierras Blancas de 26 de enero de 2024, emitido por la Dra. nombre reservado. 6°.- Copia del finiquito de contrato de trabajo de fecha 10 de marzo de 2024.

SEGUNDO: Que, evacuó informe Francisco Ortega Bello, abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Solicita en primer lugar, se declare la improcedencia de la presente Acción de Protección, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio informa en cuanto al fondo de lo debatido, indicando que consta en expediente administrativo que el interesado recurrió a su representada el 11 de enero de 2024, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región de Valparaíso, que rechazó las licencias médicas N°s RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 44 días, a contar del 30 de septiembre de 2023, por reposo no justificado. Reclamo que fue rechazado por Resolución Exenta N° R-01-UME-54582-2024, de 02 de abril de 2024, la que indica “… que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los informes médicos aportados no evidencian manifestaciones psicopatológicas de intensidad tal que determinen un compromiso severo de la capacidad funcional de la reclamante. Por las razones anteriores, los elementos aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá de los 180 días ya autorizados.” Concluye dicha Resolución que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, de acuerdo con lo anteriormente expuesto”.

A continuación, efectúa un análisis de la normativa que regula el derecho a licencia médica y las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, concluyendo que licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Alega que facultativos de su representada informaron lo siguiente en la Ficha Médica del expediente administrativo: “Fundamentos de la resolución: R-21644-2024 / RUT reservado-227 años, ADMINISTRATIVA, afiliada a FONASA. Con 180 días autorizados y 104 rechazados por patología psiquiátrica. Reclama por LM RUT reservado, RUT reservado por 44 días, a partir del 30/09/2023, otorgada por Médico general, en modalidad libre elección. El IMC emitido por el tratante, no logra esclarecer severidad del cuadro, sin descripción de criterios de gravedad que impacten en la funcionalidad de la reclamante, sin GAF, sin descripción de evolución sintomática, sin descripción de ajustes o modificaciones en el tratamiento farmacológico indicado, no se adjunta informe de evaluación o seguimiento por psiquiatría, no se indica FPA o de reintegro laboral, no se adjunta constancia de ingreso página 46 de 111 a PSM de su CESFAM por previsión FONASA. Se sugiere no acoger, aparenta reposo sin rol curativo.”. A mayor abundamiento, la resolución impugnada señala los antecedentes que sirvieron de base para la decisión adoptada y los necesarios para la justificación del reposo “…los informes médicos aportados no evidencian manifestaciones psicopatológicas de intensidad tal que determinen un compromiso severo de la capacidad funcional de la reclamante…”.

Manifiesta además que los médicos tratantes de la Sra. nombre reservado, don nombre reservado y doña nombre reservado, quienes han emitido las licencias reclamadas, no poseen la especialidad de psiquiatría, incumpliendo el D.S. Nº 7, de 2013, del Ministerio de Salud, que prescribe que por la extensión de esta debe ser otorgada por médico psiquiatra.

Conforme a lo anterior la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras y por las cuales le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

Alega en otro orden de ideas que, interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, por cuanto en el caso de la Sra. nombre reservado, claramente su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de las licencias médicas reclamadas.

Al mérito de lo anterior pide desestimar el recurso, por el cuanto el actuar de la Superintendencia en caso alguno ha sido arbitrario o ilegal por cuanto la resolución en comento contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo y fue dictada dentro del ámbito de sus facultades.

En cuanto a las garantías indicadas como vulneradas, expresa que; respecto del numeral 1 y 9 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solo se limitó a ejercer las facultades que la ley le ha conferido y en caso alguno ha causado las afecciones que supuestamente padece el recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, verificándose a su respecto los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso de la recurrente a la salud.

Tocante al derecho de propiedad, refiere que una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso.

Finaliza solicitando rechazar el recurso en todas sus partes, con costas.

Acompaña los siguientes documentos: copia del expediente administrativo, relativo al caso de la Sra. nombre reservado.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción en materias de seguridad social, fundada en que el artículo 20 de la Carta Fundamental no establece dentro del catálogo taxativo de garantías constitucionales protegidas aquella prevista por el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Magna, cabe señalar que si bien es efectivo lo sostenido por la recurrida, no es menos cierto que ello sólo implica que por este acápite no podrá, si correspondiere, ser acogido el presente recurso.

SEXTO: Que, de los antecedentes aportados por las partes, aparece que la decisión de la recurrida, en orden a rechazar las licencias médicas del recurrente, formalmente se asienta en los siguientes fundamentos: “CONSIDERANDO: Que, ha recurrido con fecha 11 de enero de 2024 a esta Superintendencia doña nombre reservado, RUN RUT reservado, reclamando por cuanto la SUBCOMISIÓN VALPARAÍSO - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 44 días a contar del 30 de septiembre de 2023, por reposo no justificado. Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los informes médicos aportados no evidencian manifestaciones psicopatológicas de intensidad tal que determinen un compromiso severo de la capacidad funcional de la reclamante. Por las razones anteriores, los elementos aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá de los 180 días ya autorizados. RESUELVO: Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

SÉPTIMO: Que, en relación a los argumentos expuestos por la recurrida, el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas, contenido en el Decreto Supremo N° 3, del Ministerio de Salud, de 1984, señala que en caso de rechazo de una licencia, la resolución o pronunciamiento respectivo debe, en lo pertinente, dejar constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida.

Del mismo modo, el artículo 11 de la ley 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la sustanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, y “los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada y pormenorizada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez de este. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

OCTAVO: Que, en relación con los argumentos expuestos por la recurrida, el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas, contenido en el Decreto Supremo N° 3, del Ministerio de Salud, de 1984, señala que, en caso de rechazo de una licencia, la resolución o pronunciamiento respectivo debe, en lo pertinente, dejar constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida.

Del mismo modo, el artículo 11 de la Ley 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la sustanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, y “los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada y pormenorizada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley.

De esta manera, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicitando al solicitante las razones del acto, su sustento material y las normas jurídicas aplicables a la situación que debe resolver.

NOVENO: Que, la fundamentación de la resolución recurrida resulta evidentemente escueta y acotada, limitándose a indicar que el reposo no se encuentra justificado, y que el informe médico aportado no permite establecer incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado, sin indicar en forma clara cuáles son los aspectos o condiciones que el plan de tratamiento debe cumplir para justificar el reposo.

De esta forma, al mantener una fundamentación basada en aseveraciones generales y negativas, como lo es, “no presenta ajustes concordantes con la extensión del reposo reclamado”, impiden comprender la razón del rechazo, tratándose en definitiva de una respuesta meramente formal.

DÉCIMO: Que, en conformidad a las normas legales precedentemente referidas, aparece que la resolución recurrida dictada por la Superintendencia de Seguridad Social carece de la fundamentación exigida por el ordenamiento jurídico, en la medida que su decisión contenida en el acto administrativo objeto de la presente acción, es arbitraria al no expresar razones concretas en base a las cuales se califica el reposo como no justificado.

UNDÉCIMO: Que, de esta manera, se vulnera el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, así como el derecho a la propiedad, al negarse al actor el respectivo subsidio por incapacidad, por lo que corresponde acoger la acción intentada y disponer la protección solicitada, como se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se declara:

I.- Que, SE RECHAZA la alegación de improcedencia de la acción.

II.- Que, SE ACOGE, con costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), y en consecuencia se declara que se deja sin efecto la Resolución Exenta N.º R-01-UME-54582, de 2 de Abril de 2024, emitida por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, debiendo en consecuencia la recurrida autorizar el pago de las licencia médicas N°s RUT reservado y RUT reservado, dentro del plazo máximo de quinto día, desde ejecutoriado el presente fallo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 631-2024 (Protección).-