nombre reservado con JEFATURA NACIONAL DE EXTRANJERÍA Y POLICÍA INTERNACIONAL

nombre reservado, nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones y otros Recurso de Protección Rol N° 63-2023.

La Serena, seis de marzo de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha diecisiete de enero del año en curso comparece el abogado Sebastián Troya Gonzáles, interponiendo acción de protección a favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, pasaporte N° RUT reservado, en contra del MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, y de la POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, por las omisiones que estima privan y perturban en forma ilegal o arbitraria los derechos de la recurrente establecidos en los N°s 2° y 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile.

Expone que la recurrente, de 64 años, actualmente reside en domicilio reservado; don nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, ambos naturales de Venezuela; se encuentran en nuestro país con Residencia Definitiva y trabajo estable e indefinido.

Explica que ésta ingresó a Chile con fecha 06 de noviembre del año 2021 por un paso no habilitado. Con fecha 09 de noviembre del año 2021, por medio de la página web PDI Chile “Cero Filas” realizó la declaración voluntaria de ingreso clandestino signada con el N° 27085374 la cual fue recepcionada de manera exitosa.

Añade que la recurrente quedó a la espera que un funcionario de PDI lo contactara para verificar y ratificar la información entregada por parte de la recurrente, y proceder a la entrega de la tarjeta de identificación de extranjero infractor, en el cual se debía establecer que la extranjera individualizada está sometida al control policial, por infringir el Decreto Supremo N°597 del 14 de junio de 1984, del Ministerio del Interior y el art. 165 del Reglamento de extranjería, lo cual a la fecha de la interposición de la acción judicial no ha ocurrido.

Manifiesta que han transcurrido más de 13 meses desde el momento en que la recurrente realizó la declaración de ingreso clandestino vía online y desde esa fecha se encuentra a la espera de la entrega de la tarjeta de extranjero infractor o de la resolución administrativa que establezca la orden de expulsión, tal como se consagra en la Ley. Sin embargo, hasta la fecha, no ha recibido avance o información respecto de ninguno de los procesos, por parte de la recurrida.

Sostiene que habiendo transcurrido más de seis meses, plazo fijado por Ley para resolver los actos administrativos, a la fecha de la presentación de esta autodenuncia o declaración voluntaria de ingreso clandestino, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Servicio Nacional de Migraciones y Policía de Investigaciones de chile, como partes recurridas han mantenido un clima de incertidumbre para nombre reservado, puesto que además de no obtener la orden de expulsión, no se ha entregado la tarjeta de extranjero infractor, por lo tanto el proceso no se está desarrollando en torno a las disposiciones de este procedimiento administrativo, siendo además discriminatorio para ella ya que los demás extranjeros que ingresan por Pasos no habilitados han recibido su tarjeta de extranjero infractor, se encuentran con firma mensual como dictamina el procedimiento de regularización migratoria y en su defecto con orden de expulsión en tiempo y forma.

Adiciona que la recurrente se encuentra en Chile junto a sus hijos, ya individualizados quienes tienen residencia definitiva siendo ellos los que ayudan a solventar los gastos, necesidades básicas y economía del hogar. Todo lo mencionado con anterioridad asegura que la recurrente no supone una carga económica para el Estado.

Menciona que la recurrente no posee antecedentes penales desde su país de origen. Ella tiene como proyecto de vida regularizar su situación para poder conseguir empleo estable y aspirar a un mejor futuro en el aspecto laboral; de igual manera desea mantenerse con su núcleo familiar, poder apoyarse, y en definitiva tener una mejor calidad de vida.

En virtud de todos los hechos expuestos anteriormente, resulta notorio que los actos son ilegales y arbitrarios por parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Servicio Nacional de Migraciones y de Policía de Investigaciones de Chile, al no otorgar la tarjeta de extranjero infractor aun cuando ya realizó la declaración voluntaria de ingreso clandestino, o en su defecto emitir la resolución que ordena la expulsión de la recurrente ya individualizada.

Estima que las mencionadas omisiones privan y o perturban las garantías de la recurrente establecidas en los numerales 1°, 2°, 3° y 16° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En definitiva, solicita que, acogiendo la acción interpuesta, se ordene a las recurridas emitir la resolución ordenando la expulsión del país para doña nombre reservado, ordenando a las partes recurridas, que cumplidos como han sido todos los extremos de la Ley de Extranjería y su Reglamento, se le otorgue sin más demora a la recurrente, la orden de expulsión, o en su defecto la resolución con la cita respectiva para la ratificación de la Declaración Voluntaria de Ingreso Clandestino y entrega de la Tarjeta de Extranjero Infractor en consecuencia pueda continuar con sus trámites para mejorar su situación migratoria, ya que ésta ha demostrado ánimo y buena fe, además cuenta con arraigo familiar y social; que se adopten todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del Derecho, o según lo que esta Corte considere más pertinentes.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Pasaporte de nombre reservado; 2. Antecedentes penales venezolanos de nombre reservado; 3. Cédulas de identidad para extranjeros de nombre reservado Y nombre reservado; 4. Partidas de nacimiento de nombre reservado Y nombre reservado; 5. Comprobante Declaración Voluntaria de Ingreso Clandestino de nombre reservado.

SEGUNDO: Que con fecha tres de febrero del corriente evacúa informe el SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, quien solicita el rechazo de la acción interpuesta, en virtud de que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, y que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Señala que mediante Informe Policial N°188, de fecha 25 de Julio de 2022, se denuncia por parte de Policía de Investigaciones de Chile el ingreso por paso no habilitado de la recurrente al territorio nacional, no constando solicitud alguna del recurrente en tramitación ante el servicio informante.

Añade que dicho servicio no ha dictado sanción migratoria alguna contra la recurrente, ya sea de multa, orden de abandono, expulsión, ni cualquier otra sanción migratoria.

Sostiene que no habiendo sanción migratoria alguna dispuesta por la informante en contra de la recurrente, y no habiéndose presentado solicitud alguna que actualmente esté pendiente, es que evidentemente no ha existido acción u omisión de aquella que prive, perturbe o amenace las garantías constitucionales incoadas por la parte recurrente, debiendo ser rechazado en todas sus partes.

TERCERO: Que con fecha ocho de febrero del año en curso evacúa informe el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quien señala que la informante no ha intervenido en lo relativo a la emisión de la Tarjeta de Extranjero Infractor, pues no se encuentra dentro de sus competencias, y es un trámite que la recurrente realizó directamente ante la Policía de Investigaciones. Por consiguiente, no vislumbra de qué manera la informante puede haber actuado en forma ilegal o arbitraria, ya que lo solicitado no dice relación con materias de su competencia, ni tampoco existe alguna presentación realizada directamente por la recurrente ante el Ministerio en el sentido indicado.

CUARTO: Que con fecha dieciocho de febrero del actual evacúa informe la Policía de investigaciones de Chile, la que en lo pertinente indica que la recurrente registra una denuncia por infracción al artículo 32 N° 3, en relación con el artículo 127 N° 1, ambos de la Ley 21.325, Ley de Migración y Extranjería, de fecha 25.JUL.022, esto es, ingreso por un paso no habilitado, del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Illapel, direccionada al Servicio Nacional de Migraciones.

Hace presente que la tarjeta de extranjero infractor es un documento otorgado por la Policía de Investigaciones de Chile, a todos los extranjeros que son denunciados por diferentes infracciones migratorias, y quedan sujetos a una medida de control establecidas en el artículo 137 de la Ley 21.325, de Migración y Extranjería, la cual sólo tiene validez para uso interno de esa institución policial, no correspondiendo a un documento de identidad u homologable para dichos efectos, siendo necesario precisar que la recurrente, puede solicitar una copia del mencionado documento en el Departamento de Migraciones y Policía Internacional Illapel.

Indica que, por tanto, no ha existido algún actuar ilegal o arbitrario por parte de funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, razón por la cual el recurso de autos no puede prosperar.

QUINTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEXTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SÉPTIMO: Que, en atención a lo expuesto por las partes y revisados los antecedentes acompañados, no se aprecia un acto u omisión cometido por las recurridas que pueda ser tildado de arbitrario o ilegal, en tanto no se señalan hechos específicos ni se acompañan antecedentes suficientes de los cuales se pueda desprender la existencia de alguna vulneración concreta a algún derecho del recurrente, tutelado por la presente acción.

OCTAVO: Que, conforme a lo razonado, no configurándose los presupuestos de la acción de protección, se rechazará, según se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, La Policía de Investigaciones de Chile y el Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°63-2023 Protección.