Protección contra DIRECCIÓN REGIONAL DEL COQUIMBO DEL SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES por vulnera

Eduardo y otros Servicio Nacional de Migraciones Recurso de Protección Rol N° 6264-2022.- La Serena, veintiuno de octubre de dos mil veintidós.

VISTOS Y CONSIDERANDO: 1°) Que, comparece nombre reservado PABLO TRONCOSO CAMBIASO, abogado, cédula nacional de identidad N° NUM000, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección en favor de las siguientes personas, todas de nacionalidad venezolana: Eduardo; Gastón; Amaia; acompañada de su progenitor Jeremy y Jhordan; Claudia; Cristina acompañada de su progenitor Luciano; nombre reservado su progenitor Milton; Nicanor; Giselle, Ramón ambos progenitores de los menores Jessica y Karen; Tobías; Yeral; Yulian; nombre reservado; Alejandro; Amir; Nathalie; Bautista, Paulina ambos progenitores de los menores Rebeca y Dastin; Deylan; Silvana;

Efraín; Tabata; nombre reservado,Facundo ambos progenitores de los menores Frank, Gerardo de nacionalidad peruana y Guillermo de nacionalidad peruana ; Horacio;

Alyson; Amélie, y en contra de la DIRECCIÓN REGIONAL DEL COQUIMBO DEL SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES por vulnerar las garantías constitucionales de los recurrentes relacionadas con la integridad síquica, la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, consagrados respectivamente en el artículo 19 N° 1, 2 y 3 de la Constitución Política de la República.

Afirma que con fecha 30 de agosto de 2022, siendo aproximadamente las 10:30 horas, los recurrentes comparecieron a dependencias de la Dirección Regional del Coquimbo del Servicio Nacional de Migraciones, ubicado en domicilio reservado, de la misma comuna y ciudad, con el objeto de manifestar sus intenciones de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado en Chile. A dicha comparecencia, cada uno de los recurrentes asistió portando lo siguiente: 1.- Documento de identidad otorgado por su país de origen. 2.- Formulario de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado en Chile, completado por cada uno de ellos. 3.-Certificado recepción de declaración de ingreso clandestino otorgado vía correo electrónico por la Policía de Investigaciones de Chile. 4.- Acta de nacimiento, en el caso de los menores de edad acompañados de al menos uno de sus progenitores. 5.- Hoja de Extranjero infractor entregada presencialmente por la Policía de Investigaciones de Chile, en el caso de los recurrentes nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y Facundo.

Agrega que los recurrentes no pudieron concretar dicha diligencia, pues se les señaló que debían contar con un certificado de autodenuncia (conocido como "Hoja de Extranjero Infractor") para acceder al procedimiento de la Ley de Refugio, alegando que se trataría de un trámite no contemplado en la ley para formalizar las respectivas solicitudes de ingreso al procedimiento de determinación de la condición de refugiado, salvo el caso de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y Facundo, quienes luego de unos minutos en su interior indicaron que la funcionaria les afirmó que sus situaciones no aplicaban para refugio y que había que ir con pruebas , y que sus situaciones no eran tan graves, por lo que les sugirió le remitieran una carta a la autoridad migratoria nacional con el fin regularizar su situación migratoria en Chile.

Refiere que después la funcionaria indicada salió, oportunidad en que se le manifestó que los otros extranjeros comparecientes (recurrentes en la presenta acción) habían realizado en su totalidad y de manera previa la declaración de ingreso clandestino a Chile en el portal dispuesto para tal efecto por la Policía de Investigaciones de Chile, lo que acreditaron exhibiendo el correo electrónico enviado por dicho órgano policial luego de haber completado y aportado los antecedentes de dicha circunstancia de manera digital, como está dispuesto. Sin embargo, la funcionaria les reiteró su negativa en acceder a la formalización de las solicitudes intentadas, debido a que no contaban con la hoja de extranjero infractor y que "debían esperar a que la Policía de Investigaciones de Chile los comunicara personalmente" (cuestión que a la fecha de la interposición de la presente acción no ha acontecido), para la obtención de la misma como resultado de su solicitud digital de declaración voluntaria de ingreso clandestino a Chile ya realizada, para luego recién poder comparecer ante dicho organismo a ser entrevistados para "determinar si aplicaban o no aplicaban para la formalización de las solicitudes de refugio en Chile." Concluye que ninguno de los recurrentes logró formalizar sus solicitudes para el reconocimiento de la condición de refugiado en Chile, mediante la entrega del formulario y recepción del mismo ante la autoridad recurrida, quien condicionó el legítimo ejercicio del derecho a solicitar refugio, a la ejecución de un acto por un tercero, esto es la Policía de Investigaciones de Chile mediante la entrega del documento denominado "hoja de extranjero infractor"- en el caso de quienes contaban con la declaración voluntaria de ingreso clandestino- por un lado, y por otro, indicando que no "aplicaban para el refugio en Chile" luego de ser entrevistados por funcionarios de la recurrida - en el caso de quienes portaban la hoja de extranjero infractor-, lo que es a todas luces contrario a la Ley 20.430 que regula la Protección de refugiado y su reglamento, el Decreto 837 del año 2011.

Refiere que el Recursos de Protección constituye una acción constitucional de carácter cautelar y eminentemente instrumental que se encuentra consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y su misión consiste en neutralizar los actos u omisiones arbitrarias o ilegales que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de los derechos establecidos en el artículo 19 de la Carta Fundamental. Del mismo modo, se dispone que el afectado o cualquiera a su nombre pueda concurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva, la que deberá adoptar de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Indica que para que sea procedente el recurso de protección, es necesario que se haya cometido un acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, amenace o perturbe el legítimo ejercicio de los derechos protegidos por esta acción constitucional, según lo establece el artículo 20 de nuestra Constitución; en el presente recurso se consideran, además, los estándares establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, puesto que los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado de Chile y que se encuentran vigentes forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Además, por mandato constitucional, tienen primacía por sobre las normas de derecho interno.

Señala que en el caso del recurso de protección se releva particularmente la importancia del Poder Judicial como un poder contra mayoritario que necesariamente debe actuar para la protección de los derechos fundamentales; la vinculación del órgano jurisdiccional a los derechos fundamentales puede calificarse como aquella que mayor relevancia presenta para el Estado de Derecho, lo que se explica por la doble faz de la judicatura, como destinataria de los derechos fundamentales, y como principal garante de estos.

Seguidamente reseña la Ley 20.430, que establece disposiciones sobre protección de refugiados, donde el concepto de refugiado tiene su origen en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados celebrado en Ginebra el 28 de julio del año 1951, concepto que se reitera y amplía en el Protocolo de dicho instrumento internacional, celebrado el 31 de enero del 1967 en la ciudad de Nueva York. El Estado de Chile se adhirió a ambos, el 28 de enero y el 27 de abril, ambos del año 1972, respectivamente. Hace presente que la primitiva concepción de refugiado fue restaurada en la Declaración de Cartagena del año 1984. Es ese concepto, aquel que utiliza nuestro legislador en la Ley 20.430, cual establece disposiciones sobre protección de refugiados en nuestro país, vigente desde el 15 de abril del año 2010. Luego transcribe diversas disposiciones de dicho texto legal.

Añade que el inciso segundo del artículo 36 del Reglamento, establece la formalización de la solicitud debe realizarse en forma personal por el/ la interesado/a y en el caso que el extranjero haya ingresado a Chile de manera irregular, esto se encuentra regulado en el artículo 35 del Reglamento en los siguientes términos: " Los extranjeros que hubiesen ingresado en forma clandestina, indocumentada o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona podrán solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 bis, habiendo cumplido previamente con lo establecido en el artículo 8°, inciso primero, de este reglamento.".: A su vez, el artículo 36 bis, preceptúa que la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado deberá presentarse, por escrito o completando el formulario entregado por la autoridad competente, ante el Servicio Nacional de Migraciones. Este trámite deberá realizarse de forma personal por el interesado ante el aludido Servicio. En caso que el extranjero esté impedido de presentarse personalmente por motivo de fuerza mayor, debidamente justificado, dicho Servicio arbitrará las medidas para que un funcionario habilitado concurra al lugar donde éste se encuentre, le informe del procedimiento y le asista en la presentación de su petición.

Aduce que las disposiciones señaladas, deben ser conjugadas de manera estrecha con aquella contemplada en el artículo 37 del Decreto Nº 837, cual aprueba el Reglamento de la Ley 20.430, disponiendo que "se entenderá formalizada la solicitud una vez que el interesado complete el formulario proporcionado por la autoridad migratoria de extranjería, nace un imperativo a los funcionarios de la Administración del Estado que tuvieran conocimiento de ello, debiendo ponerla en conocimiento, en el más breve plazo, ante la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, conforme al artículo 27 de la Ley de Refugio. Hecho, debe informarse al solicitante respecto del procedimiento para la determinación de la condición de refugiado, sus derechos y obligaciones, así como informarle acerca de la posibilidad de contactarse con un representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, según reza el artículo 29 de la misma Ley. Adicionalmente, la Ley 20.430 y su reglamento establece la figura de la entrevista individual obligatoria a toda persona que formalice la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado con el objeto de que pueda exponer su caso, conforme dispone el artículo 30 de la misma Ley en relación al artículo 40 de su Reglamento, entrevista que debe ser realizada por personal idóneo que se desempeñe en el Ministerio del Interior especialmente capacitados a fin de identificar cualquier factor cultural, religioso, de género o de índole personal - tales como la edad y el nivel educativo- que pudieren afectar la habilidad de los solicitantes para presentar su caso.

Adicionalmente, esta puede ser realizada a personas que no fuesen solicitantes principales del reconocimiento de la condición de refugiado que sean miembros de su grupo familiar. La entrevista debe realizarse en un lugar que garantice su confidencialidad de conformidad a lo establecido en el inciso final del artículo 40 del Reglamento, donde la entrevista será considerada como un trámite esencial del procedimiento de determinación de la condición de refugiado".

Indica que paralelamente, y de conformidad a lo establecido en el artículo 31 de la Ley de Refugio en relación al artículo 41 del Reglamento, la Secretaría Técnica de la Comisión de reconocimiento deberá realizar una recopilación de información del país de origen o de residencia habitual del solicitante que sea relevante para analizar la solicitud presentada, en particular en lo referido a la situación del afectado ante la ley, sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; las costumbres sociales y culturales de dicho país, así como las consecuencias de su trasgresión; la prevalencia de prácticas tradicionales perjudiciales; la incidencia y formas de violencia contra algún grupo de personas; la protección de que disponen; las sanciones previstas para quienes ejercen violencia contra algún grupo de personas y los peligros que el afectado puede enfrentar si regresa a su país de nacionalidad o residencia habitual, después de haber presentado una solicitud de la condición de refugiado.

Destaca que, de conformidad lo establece el artículo 32 de la Ley de Refugio en relación con los artículos 39 y 42 del Reglamento, la autoridad competente extenderá al peticionario y a los miembros de su familia que lo acompañen, una visación de residente temporario, por el plazo de ocho meses, prorrogables por períodos iguales, en la forma que determine el reglamento de la presente ley.

Asimismo, pesa sobre la autoridad la obligación de notificar a los organismos correspondientes, con el fin que se provean al solicitante y su familia la asistencia humanitaria básica que pudieran requerir en virtud de su situación de vulnerabilidad, especialmente en lo referido a alojamiento, acceso a ayuda alimenticia, salud y trabajo.

Hace presente que todos y cada uno de los hechos y aspectos en los cuales se funde una solicitud de refugio, así como la misma identidad de los solicitantes, merecen ser expresados únicamente dentro del procedimiento para la determinación de la condición de refugiado en virtud de uno de los principios fundamentales de protección como lo es el de la confidencialidad, conforme lo garantiza el artículo 7 de la Ley de Refugio, en estricta relación con el artículo 9 de su Reglamento.

Estima que la negativa verbal o la omisión por parte de la recurrida en observar el Procedimiento de determinación de la condición de refugiado al establecer trabas a la formalización de su solicitud importa a su vez una vulneración al derecho que tiene todo ciudadano a impugnarla decisión adoptada por la administración. Lo precedentemente expuesto, tiene relevancia en cuanto a una evidente afectación de los principios del procedimiento administrativo establecido en la Ley 19.880, cuales son supletoriamente aplicables al caso de los recurrentes de conformidad a lo contemplado expresamente en el artículo 25 de la Ley 20.430, cual dispone que el procedimiento administrativo de determinación de la condición de refugiado se regirá por las siguientes disposiciones de la ley y su reglamento.

En lo no regulado por estas, se aplicará supletoriamente la ley N° 19.880, que Establece las Bases de los Procedimientos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. Así, del procedimiento de facto adoptado por la recurrida en contravención al procedimiento reglado, es posible desprender las siguientes afirmaciones: 1.- La recurrida no ha observado, en primer término, el principio de legalidad establecido en el artículo 6 de la CartaFundamental, cual constituye el límite del actuar de los órganos del Estado, ya que la omisión y/o negativa injustificada manifestada verbalmente a los recurrentes tiñe su accionar al no someterse a la Constitución y, en particular, a la Ley.20.430 y su Reglamento. 2.- La recurrida no ha observado el principio de trato más favorable, al impedirle al no procurar un trato no menos inferior que a cualquier extranjero en las mismas circunstancias. 3.- La recurrida no ha observado el principio de no discriminación, al condicionar la formalización de la solicitud de refugio de los recurrentes a un protocolo en circunstancias que otras personas en igual condición si han podido acceder al procedimiento establecido suficientemente por ley. 4.- La recurrida no ha observado el principio interpretativo de la Ley referido al no menoscabo, al señalar verbalmente la existencia de un protocolo de atención de fuente desconocida que impidió - y podría seguir impidiendo- entrega, recepción y formalización de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado en Chile de los recurrentes. 5.- La recurrida ha impedido el legítimo ejercicio del derecho a la ayuda administrativa de los ciudadanos extranjeros, ya que, al limitarle la entrega, recepción y formalización de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado en Chile a los recurrentes, estos no han sido informados sobre sus derechos y obligaciones, en la obtención de documentos, certificados o acreditación de su estado civil, títulos y demás actos administrativos. 6.- La recurrida ha vulnerado el mandato legal de entregar información respecto del procedimiento de la condición de refugiado en los términos establecidos en el artículo 29 de la Ley.20.430.- 7.- La recurrida ha vulnerado el mandato legal establecido en favor de los ciudadanos extranjeros en cuanto informarles sobre la posibilidad de contactarse con un representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. 8.- La recurrida no ha observado el principio de escrituración en todas sus formas, al expresar su decisión únicamente de manera verbal, por lo que sus omisiones se encuentran revestidas de arbitrariedad e ilegalidad. 9.- La recurrida no ha observado el principio de celeridad al no impulsar de oficio los trámites realizados por los recurrentes al manifestar su intención de formalizar sus solicitudes para el reconocimiento de su condición de refugiado de manera verbal y escrita, por lo que sus omisiones se encuentran revestidas de arbitrariedad e ilegalidad. 10.- La recurrida no ha observado el principio conclusivo aplicable a todo procedimiento administrativo, al no dictar un acto decisorio formal que se haya pronunciado ante la intención de los recurrentes de formalizar sus solicitudes para el reconocimiento de la condición de refugiado. 11.- La recurrida no ha observado el principio de imparcialidad al no respetar el principio de probidad del cual deben estar revestido el ejercicio legítimo de sus funciones en relación a las intenciones manifestadas oral y escritamente (sic) por las recurrentes en el sentido de solicitar formalizar sus solicitudes para el reconocimiento de la condición de refugiado. 12.- La recurrida no observa los principios de impugnabilidad, transparencia y publicidad, toda vez que a los recurrentes se les ha denegado verbalmente la posibilidad de formalizar su solicitud para el reconocimiento de la condición de refugiado, por lo que no conocen el contenido y fundamentos de la decisión adoptada. 13.- La recurrida no ha observado con su omisión y/o negativa los principios establecidos en el artículo 3° y 5° de la Ley 18.575, cual corresponde a la Ley orgánica constitucional de bases generales de la administración del estado, en particular los de eficiencia, eficacia y probidad, al impedir que el procedimiento para la determinación de la condición de refugiado logre su finalidad de manera injustificada.

Hace hincapié que la legislación aplicable al efecto y expuesta precedentemente se encuentra plenamente vigente, pues del cotejo de los hechos y la reglamentación advierte que la actitud omisiva y/o negativa por parte de la recurrida dista exponencialmente de las reglas establecidas por le Ley y su Reglamento referidas al Procedimiento de determinación de la condición de refugiado, afectándose íntegramente el legítimo derecho de los y las recurrentes de solicitar refugio en nuestro país.

Señala que en todos los casos, la conducta omisiva y/o negativa de la recurrida en cuanto a condicionar la recepción de los formularios, de los cuales ha hecho referencia, la realización de una actividad por parte de un tercero, como lo es la Policía de Investigaciones de Chile, respecto del cual se desconoce - y a la fecha no lo ha hecho- cuando entregará la hoja de extranjero infractor, documento que dicho sea de paso, no se encuentra regulado - al no hacerse referencia a él- en el artículo 8° que se encuentra actualmente cuestionado por ambiguo.

Lo anterior, mantiene en la actualidad en una situación de vulnerabilidad a las personas afectadas, pues no tienen una resolución que controvertir, y en la incertidumbre de lo que pueda pasar con ellos y ellas al tener conciencia de que no pueden retornar a su país de origen. En resumen, el procedimiento contenido en la Ley y en el Reglamento de Refugio establece como requisito habilitante ( artículo 8 del Reglamento de la Ley )para solicitar refugio a aquellas personas que ingresaron de manera irregular a Chile el hecho de haber puesto en conocimiento de aquello ante la autoridad migratoria correspondiente, siendo que aquí se ha comparecido digitalmente ante la PDI en el portal que tiene dispuesto para tal efecto y presencialmente ante el Servicio de Migraciones recurrido y, que la presentación de la solicitud deberá presentarse por escrito o completando el formulario entregado por la autoridad competente ante el Servicio Nacional de Migraciones, lo que se ha pretendido realizar frustradamente y que es materia de cuestionamiento mediante la presente acción de protección.

Hace presente que, en referencia a la última parte del párrafo precedente, incluso la Contraloría General de la República, mediante decreto N° 74.076 de 14 de noviembre del año 2017, determinó que inclusive el extranjero que solicite el reconocimiento de la condición de refugiado podrá concretarlo mediante la presentación de un escrito que contenga todas las prescripciones señaladas en los artículos 28 de la ley N° 20.430 y 37 de su reglamento, y en su caso, las del artículo 30 de la Ley N° 19.880. Con todo, en el supuesto que la persona requiera del citado formulario, aquella tendrá que proporcionárselo sin más trámite.

Reitera que tan pronto un funcionario toma conocimiento de una Solicitud de Reconocimiento de la Condición de Refugiado debe informar a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, no entregando la recurrida justificación alguna para tal incumplimiento, lo que causa una vulneración a los derechos de los extranjeros solicitantes de refugio al no poder ejercer su derecho a solicitar refugio y al ser evaluados por una comisión distinta a la establecida en la Ley 20.430 que Establece Disposiciones sobre Protección de Refugiados y su reglamento.

Aduce que la actuación y omisiones de las recurridas constituyen una afectación del derecho a integridad síquica de los recurrentes, la Igualdad ante la ley y a la Igualdad en el ejercicio de los derechos, garantías respectivamente consagradas en el artículo 19 Nº 1, 2 y 3 de la Constitución Política de la República, al no permitir el derecho de las personas a solicitar refugio. Sobre la afectación a la garantía constitucional que protege el derecho a la integridad síquica de los recurrentes, consagrados en favor de todas las personas en el artículo 19 N° 1°, esto es, "El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.", dice que el legítimo goce y ejercicio de esta garantía se encuentra amenazado y perturbado por la recurrida, mediante la obligación de dar respuesta oportuna a personas que buscan protección internacional y dejarlos en una situación de completo desamparo e incertidumbre, lo que afecta sin lugar a dudas su estabilidad psíquica al no encontrarse protegidos por el principio de no devolución, conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley en relación al artículo 6 de su Reglamento, y eventualmente tener que volver al lugar de donde señalan huir en busca de protección internacional.

Indica que es de público conocimiento la fragilidad y precariedad de las democracias de los países de origen de los recurrentes y el efecto inmediato es la insostenibilidad general de sus habitantes que termina por atentar contra el derecho de cada persona a no migrar, a no tener que emigrar de la tierra, costumbres, amistades, familia, proyecto de vida: a inclusive renunciar a enterrar a sus propios difuntos: Sólo en Venezuela, han debido emigrar ya más de seis millones de personas, siendo la migración forzada, debido a las amenazas, limitaciones y perturbaciones a la vida, libertad y seguridad de sus habitantes generadas por las violaciones masivas a los derechos humanos, situación ampliamente reconocida por la transversalidad de los organismos internacionales competentes.

Insiste en que las omisiones realizadas generan a diario perturbadores temores en los recurrentes sobre la posibilidad de ser devueltos a su país de origen o residencia habitual, lugar donde su vida o libertad se encuentran en una constante amenaza, considerando situaciones que ocurren actualmente en América Latina y el Caribe y que originan el éxodo de miles de personas que ingresan a nuestro país buscando protección respecto de la cual no pueden o no quieren acogerse en su Estado de origen o país de residencia habitual.

En cuanto a la afectación a la Igualdad ante la Ley, Articulo 19 Nº 2 "La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias", expone que la actuación de la recurrida ha vulnerado el derecho de las personas señaladas, pues no les ha recepcionado su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado pese a que las leyes y los Convenios internacionales ratificados y vigentes en Chile, que regulan el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, señalan que debe permitirse la formalización ante la solicitud manifestada por las personas que se encuentren en el territorio Nacional, tal y como acontece al caso incoado, el Servicio de Migraciones recurrido manifestó caprichosamente y de manera antojadiza que la presentación y recepción de las solicitudes para el reconocimiento de la condición de refugiado en Chile se encuentra condicionado a la exhibición previa de una "hoja de extranjero infractor", esto es aquel documento que otorga la PDI a aquellas personas que se "autodenuncien" ( concepto jurídico sin una fuente legal) del cual no se tiene fecha cierta de su entrega aun cuando cada uno de los recurrentes realizó y le exhibió a la funcionaria de la recurrida un formulario de declaración de ingreso clandestino, cual es el medio idóneo digital que ha dispuesto la autoridad policial para evitar comparecencias personales a la unidad policial. Entonces, aun cuando este procedimiento para la determinación de la condición de refugiado pretende dar protección de emergencia a quienes se lo requieran, este se encuentra caprichosamente condicionado a un documento no establecido en la ley otorgado por una autoridad no señalada expresamente, lo que claramente viene a darle una interpretación antojadiza a la Ley de Refugio y su Reglamento en perjuicio de los recurrentes, lo que vulnera la igualdad ante la ley en la aplicación de los principios interpretativos de no menoscabo, no discriminación y trato más favorable, sin perjuicio de las vulneraciones de igual naturaleza realizadas a la Ley 19.880 y 18.575. El mismo procedimiento señala, que una vez se tome conocimiento de una solicitud por parte de la recurrida se debe poner en conocimiento de la autoridad en el más breve plazo posible, por lo que habiendo presentado las personas individualizadas solicitudes verbales y escritas de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, la autoridad administrativa que debe dar trámite a su solicitud, una vez realizada la misma, de acuerdo al artículo 24 de la Ley de Bases de la Administración del Estado, que establece los plazos de respuesta para las providencias de mero trámite, los mismos se encuentran vencidos, sin tener a la fecha respuesta alguna. De esta forma, la administración omite dar respuesta a los/las interesados/as, configurándose a lo menos una omisión arbitraria e ilegal que vulnera el Derecho a Buscar Asilo. Dicho derecho reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 22.7 que señala lo siguiente: "Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales." Del mismo modo La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 14 que "en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país".

También La Declaración Americana de los derechos del hombre en su artículo 27 "Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero, en caso de persecución que no sea motivada por delitos de derecho común y de acuerdo con la legislación de cada país y con los convenios internacionales." Alude y transcribe la Opinión Consultiva N.º 25, de mayo del año 2018 sobre la materia ha establecido que, el primer instrumento en reconocer el Derecho a solicitar asilo.

Repite que la Constitución Política de la República consagra varios derechos que están siendo afectados en este caso: El principio de igualdad y no discriminación, consagrado en el artículo 19 N° 2, al no pronunciarse la autoridad respecto a la solicitud de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, sin expresar fundamento alguno y estableciendo un trato diferenciado con el resto de las personas que si han podido acceder al procedimiento de determinación de la condición de refugiado.

En cuanto a la vulneración al derecho de Igualdad en el ejercicio de los derechos, el artículo 19 Nº 3, precisamente su inciso quinto consagra los derechos a la defensa jurídica, la debida intervención del letrado y asistencia jurídica gratuita y el derecho a que la jurisdicción se funde en un proceso previo legalmente tramitado que respete las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos. Dice que el inciso quinto de la norma constitucional referida, indica que: "Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho". Al analizar los hechos descritos en este recurso de protección y al análisis de la norma, es concluyente que los funcionarios administrativos que no aceptan condicionan y/o rechazan una solicitud de refugio se han constituido en una comisión especial, ya que la autoridad legalmente facultada para rechazar una solicitud de refugio es el Subsecretario del Interior.

Consigna que la Corte Interamericana ha clarificado y determinado los derechos que les corresponden a los solicitantes de refugio durante el proceso, por lo que de este modo, los parámetros del debido proceso, asentados por la jurisprudencia, que se debe seguir durante las etapas de solicitud, análisis y reconocimiento propiamente tal de la condición de refugiado es aquella que transcribe, emanada de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Agrega que la indiferencia -o intrascendencia- en la existencia de una orden de expulsión recaída por sobre un extranjero que manifieste su intención de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado tiene su fuente en la Ley 20.430 -Ley de Refugio- así como en el Decreto 837- su Reglamento-.

Existe un importante principio que impregna y reviste de seguridad jurídica al refugiado y al solicitante de la condición de refugiado respecto de quien recaída una orden de expulsión: El principio de No devolución. Artículo 4°. Ley 20.430, en cuanto no procederá la expulsión o cualquier medida que tenga por efecto la devolución, incluyendo la prohibición de ingreso en frontera, de un solicitante de la condición de refugiado o refugiado al país donde su vida o libertad personal peligren. La protección en los términos enunciados precedentemente comprenderá, asimismo, cualquier forma de devolución hacia las fronteras de un país donde estuviere en peligro la seguridad de la persona o existieren razones fundadas para creer que podría ser sometida a tortura, a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. A los efectos de determinar si existen tales razones, se tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda, la existencia en el territorio de una situación persistente de violación manifiesta, patente o masiva de los derechos humanos. Complementa esta disposición los incisos 4° y 5 del artículo 6° del Reglamento de la Ley de Refugio, en los siguientes términos: "El principio de no devolución se aplicará desde el momento en que el extranjero manifieste de forma oral o escrita ante la autoridad contralora de frontera o el Departamento de Extranjería y Migración o Gobernaciones Provinciales, su intención de formalizar una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. El Ministerio del Interior, a través del Departamento de Extranjería y Migración, se encargará de velar por el cumplimiento del principio de no devolución." Añade que, con el objeto de complementar los efectos del principio de no devolución señalado, el legislador -en el artículo 5° de la Ley 20.430 y artículo 7 del Reglamento- ha señalado que la expulsión de un solicitante de la condición de refugiado o refugiada que se halle en el territorio nacional, no podrá disponerse sino de manera excepcional, cuando razones de seguridad nacional o de orden público así lo justifiquen. Para cerrar la idea de la indiferencia de la orden de expulsión vigente versus el principio de no devolución, el artículo 32 del Reglamento de la Ley de Refugio establece la siguiente regla: "Podrá solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado toda persona que se encuentre dentro del territorio de la República de Chile sea que su ingreso o residencia en el país fuere regular o irregular. En caso de ingreso o residencia irregular en el país, se estará a lo dispuesto en artículo 8º del presente reglamento. (ya señalado).

Los extranjeros afectados por una medida de prohibición de ingreso, expulsión vigente o que se encuentren obligados a abandonar el país, sólo podrán formalizar una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado siempre que dichas medidas hayan sido previamente suspendidas o dejadas sin efecto.

En todo caso, se garantizará el Principio de No Devolución al extranjero que, no obstante encontrarse afecto por las señaladas medidas manifieste la intención de formalizar una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, mientras se resuelve al respecto." Dice que si se tuviere la incertidumbre sobre la interpretación del último inciso, es la misma Ley de Refugio -y su Reglamento- la que establece el principio interpretativo del "no menoscabo", en virtud del cual "ninguna disposición de la Ley 20.430 podrá interpretarse en el sentido de menoscabar cualquier otro derecho, libertad o beneficio reconocido a los refugiados." Reseña jurisprudencia sobre la materia de Tribunales Superiores de Justicia.

Afirma que los hechos señalados en esta acción cautelar constituyen una actitud sistemática por parte de la recurrida, así como de su superior jerárquico, pues hechos de similar/idéntica naturaleza fueron objeto de investigación por parte de la Contraloría General de la República, según se indica en el informe final de investigación especial N° 828 de 2019, organismo a quien se le requirió revisar las actuaciones de las autoridades nacionales y locales del cuestionado Departamento de Extranjería y Migraciones que estuvieren relacionados con la tramitación de solicitudes de la condición de refugiados y que hubieren incurrido en dilaciones o presuntas negativas en su formalización durante el período comprendido entre el 1de julio del año 2018 y 30 de junio del año 2019.

Destaca que en el informe final de la investigación señalada se consigna - dentro de otros resultados- que "se advirtieron demoras y/o el requerimiento de trámites no contemplados en la norma para acceder a la formalización de la condición de refugiado, tales como, dilación a través del otorgamiento de fecha de atención- que implica una espera superior a 3 meses para acceder al trámite-, evaluación improcedente de la necesidad de protección por parte del funcionario que efectúa la atención inicial en las oficinas migratorias, mediante entrevista; y solicitar instrucciones por parte de las autoridades migratorias regionales al nivel central respecto si proceder o no a la formalización, condicionando así su inicio".

Concluye pidiendo que se tenga por interpuesta la presente acción de protección en favor de las personas ya individualizadas, en contra de la Dirección Regional del Maule del Servicio Nacional de Migraciones, a fin de que esta Corte de Apelaciones, acogiéndolo, con costas, adopte de inmediato las providencias que estime necesarias para el restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados a fin que a la luz de la Ley 20.430, los recurrentes puedan formalizar su solicitud para el reconocimiento de la condición de refugiado, por lo que pide que se declare la ilegalidad de la acción u omisión del recurrido, que no ha permitido formalizar la solicitud refugio de los afectados y afectadas; se declaren infringidos los derechos constitucionales consagrados en el artículo 19 N° 1, 2 y 3 respectivamente, de la Constitución Política de la República y como consecuencia de lo anterior, se adopte todo tipo de medidas dirigidas a restablecer el imperio del Derecho y asegurar la tutela de todos los derechos fundamentales violados, poniendo fin a los actos ilegales descritos con antelación respecto del/la afectado/a. En términos prácticos, se ordene a la recurrida la inmediata formalización, y sin más trámite, de las solicitudes para el reconocimiento de la condición de refugiado en Chile de cada uno de los recurrentes; que se impartan instrucciones al recurrido, a fin de que tanto sus protocolos de actuación como sus actuaciones se adecuen a lo establecido en las leyes, en la Constitución Política del Estado y en los tratados internacionales de derechos humanos; se ordene al recurrido que instruya las investigaciones y/o sumarios internos respectivos que permitan dilucidar las responsabilidades administrativas involucradas y adoptar las medidas necesarias para impedir que se repitan actos que importen atentados a la Igualdad ante la Ley y la Igual Protección en el Ejercicio de los Derechos.

Acompaña: 1.- Fotografías que dan cuenta de la diligencia realizada en la Dirección Regional del Coquimbo del Servicio Nacional de Migraciones con fecha 30 de agosto del 2022. (cada fotografía indica en la esquina inferior derecha la fecha y hora en la que fueron tomadas). 2.- Correos electrónicos remitidos por la Policía de Investigaciones de Chile a cada uno de los recurrentes no indicados en el número 4 del presente otrosí y que da cuenta de la recepción digital su solicitud de "DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE INGRESO CLANDESTINO". Se hace presente que dichos documentos fueron exhibidos a la funcionaria de la recurrida en la oportuna comparecencia personal realizada por los respectivos recurrentes. A su vez, hago presente que los recurrentes no han sido contactados por la autoridad policial para materializar presencialmente el trámite iniciado a la fecha de interposición de la presente acción. 3.- Transcripción del formulario de "declaración voluntaria de ingreso clandestino"- cual fuera completado por todos los recurrentes - disponible en el portal https://pdivirtual.cerofilas.gob.cl/ etapas/ejecutar/32416270/1. de la Policía de investigaciones de Chile. 4.- Hoja de extranjero infractor de los recurrentes nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y Facundo. 2°) Que comparece Roberto Ignacio Castillo Toro, abogado de la Dirección Regional de Coquimbo del Servicio Nacional de Migraciones, quien informa señalando que de acuerdo con la información proporcionada por la Policía de Investigaciones de Chile, luego de consultar la base de datos de su Sistema Institucional de Gestión Policial, en su ítem vista única de viajes, se obtuvo como resultado que los recurrentes no registran movimientos migratorios en el sistema referido. La información anterior -correspondiente al registro general de viajes que mantiene la Policía de Investigaciones de Chile- se refiere a todos los pasos fronterizos controlados por dicha institución, por lo que, si la entrada al país del extranjero no se encuentra en sus registros, éste necesariamente ha realizado ingreso al territorio nacional por un paso no habilitado, eludiendo los controles migratorios. Al haber ingresado los extranjeros al territorio nacional por un paso no habilitado, eludiendo el control de las autoridades contraloras de fronteras, su situación migratoria es irregular, al no haber cumplido con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 21.325 y por no mantener un permiso de residencia vigente que autorice su permanencia en Chile.

Respecto de los hechos denunciados señala que esta autoridad guarda un estricto y completo registro de todas las atenciones de extranjeros que realiza, lo que queda de manifiesto en el hecho que, cada vez que esta Corte ha requerido informar sobre antecedentes migratorios de personas que efectivamente han realizado presentaciones ante esta Dirección, se han aportado todos los antecedentes disponibles sobre la fecha de atención y respuesta otorgada.

Consultadas la funcionaria del área de Refugio y Reasentamiento de esta Dirección Regional de Coquimbo del Servicio Nacional de Migraciones acerca de los hechos fundantes de la presente acción de protección, y revisados los registros de atención de usuarios del área de refugio, se puede informar lo siguiente:

Respecto de nombre reservado:

La persona fue atendida por las funcionarias del Área de Refugio y Reasentamiento de esta Dirección Regional del Servicio Nacional de Migraciones.

Cuando se le consultó el motivo de su presencia en dependencias de la Dirección Regional del Servicio, manifestó libre y espontáneamente que había ingresado clandestinamente al territorio nacional y que su intención era solicitar refugio para regularizar su situación migratoria en el país y poder trabajar.

Cumplía con lo establecido en el artículo 8° del Decreto Supremo 837, Reglamento de la ley N° 20.430, esto es, haberse presentado ante la Policía de Investigaciones de Chile dentro de los 10 días siguientes de producida la infracción, alegando una razón justificada para ello.

Cabe hacer presente que esta autoridad no ha decretado alguna medida de abandono, de expulsión o alguna sanción de cualquier naturaleza en contra del recurrente.

Respecto de doña nombre reservado:

La persona fue atendida por las funcionarias del Área de Refugio y Reasentamiento de esta Dirección Regional del Servicio Nacional de Migraciones.

Cuando se le consultó el motivo de su presencia en dependencias de la Dirección Regional del Servicio, manifestó libre y espontáneamente que había ingresado clandestinamente al territorio nacional por motivos económicos y que su intención era regularizar su situación migratoria en el país para poder trabajar. se pudo constatar que, además, no cumplía con lo establecido en el artículo 8° del Decreto Supremo 837, Reglamento de la ley N° 20.430, esto es, haberse presentado ante la Policía de Investigaciones de Chile dentro de los 10 días siguientes de producida la infracción, alegando una razón justificada para ello.

Cabe hacer presente que esta autoridad no ha decretado alguna medida de abandono, de expulsión o alguna sanción de cualquier naturaleza en contra de la recurrente.

Respecto de doña nombre reservado:

La persona fue atendida por la funcionaria del Área de Refugio y Reasentamiento de esta Dirección Regional del Servicio Nacional de Migraciones.

Cuando se le consultó el motivo de su presencia en dependencias de la Dirección Regional del Servicio, manifestó libre y espontáneamente que había ingresado clandestinamente al territorio nacional y que su intención era solicitar protección por medio de la institución del refugio.

Tras constatar que no cumplía con lo establecido en el artículo 8° del Decreto Supremo 837, Reglamento de la ley N° 20.430, esto es, haberse presentado ante la Policía de Investigaciones de Chile dentro de los 10 días siguientes de producida la infracción, alegando una razón justificada para ello, se le orientó para que concurriera a la Policía de Investigaciones para cumplir con dicho requisito legal previo.

Cabe hacer presente que esta autoridad no ha decretado alguna medida de abandono, de expulsión o alguna sanción de cualquier naturaleza en contra de la recurrente.

Respecto de Facundo La persona fue atendida por la funcionaria del Área de Refugio y Reasentamiento de esta Dirección Regional del Servicio Nacional de Migraciones.

Cuando se le consultó el motivo de su presencia en dependencias de la Dirección Regional del Servicio, manifestó libre y espontáneamente que había ingresado clandestinamente al territorio nacional y que su intención era solicitar protección por medio de la institución del refugio.

Tras constatar que no cumplía con lo establecido en el artículo 8° del Decreto Supremo 837, Reglamento de la ley N° 20.430, esto es, haberse presentado ante la Policía de Investigaciones de Chile dentro de los 10 días siguientes de producida la infracción, alegando una razón justificada para ello, se le orientó para que concurriera a la Policía de Investigaciones para cumplir con dicho requisito legal previo.

Hace presente que esta autoridad no ha decretado alguna medida de abandono, de expulsión o alguna sanción de cualquier naturaleza en contra de la recurrente.

Finalmente, respecto del resto de los extranjeros, no existen registros que den cuenta de que las personas hayan concurrido a las dependencias de este Servicio a realizar algún trámite.

De lo expuesto, y a modo de resumen, es posible señalar que:

Todos los extranjeros recurrentes que fueron atendidos, esto es: nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y Facundo, ingresaron irregularmente al territorio nacional, por pasos no habilitados, eludiendo los controles migratorios.

De la totalidad de los extranjeros recurrentes, consta que solo doña nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y Facundo, manifestaron su intención de solicitar la protección internacional por medio del reconocimiento de la condición de refugiados. Sin embargo, al constatarse que no cumplían con los requisitos establecidos en la Ley 20.430, que Establece Disposiciones Sobre Protección de Refugiados, y su reglamento, no se procedió a formalizar su requerimiento y se les informó que, previamente, debían dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 inciso 1° del Decreto 837.

Finalmente, respecto del resto de los extranjeros, no existen registros que den cuenta de que las personas hayan concurrido a las dependencias de este Servicio a realizar algún trámite.

Resulta particularmente relevante, en lo tocante a la situación de los extranjeros indicados y atendidos, hacer presente que las normas del Refugio no contemplan dicha institución como una vía para regularizar la situación migratoria en que se pueda encontrar un extranjero en el país, sino como una instancia migratoria reservada para casos graves en que una persona -o su familia- se encuentra sujeta a un riesgo o amenaza evidente a su vida u otros derechos fundamentales, que exige que deba recurrir a la protección de un tercer Estado, de acuerdo a los casos mencionados en el artículo 2° de la Ley N° 20.430.

En tal sentido, lo manifestado clara, libre y espontáneamente por los extranjeros al momento de presentarse en las oficinas del Servicio permite descartar alguna necesidad de protección internacional que diga relación con la institución del refugio, circunstancia que no puede ser soslayada por el funcionario encargado de brindarles la atención.

En este orden de ideas, resulta importante lo resuelto por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago en su sentencia de fecha 17 de diciembre de 2020, dictada en la causa rol Amparo N° 2903-2022, confirmada por la Excma. Corte Suprema, donde -si bien los hechos que motivaron dicha resolución presentan diferencias con los fundantes de este recurso- en su considerando octavo se reconoce la exigencia de una mínima coherencia en el actuar de las personas, contemplado en todo el estatuto de la ley de refugiados1.

Así las cosas, de acuerdo con lo expuesto, no ha existido acción u omisión ilegal o arbitraria alguna por parte de la administración en relación a los hechos desarrollados el día de 30 AGOSTO de 2022, mencionados en el recurso, limitándose la encargada de la Sección Refugio y Reasentamiento de esta Dirección a dar aplicación a las normas legales y reglamentarias vigentes.

En cuanto al derecho, sostiene que solicita rechazar, en todas sus partes, la acción de protección dirigida contra este Servicio, toda vez que no ha existido acción u omisión ilegal o arbitraria alguna en el caso de marras, que pueda resultar en la privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de alguno de los derechos tutelados por la acción constitucional de protección, como se expondrá a continuación: 1. Primeramente, es importante tener presente que conforme lo dispuesto en el inciso primero del artículo 24 de la ley 21.325, de Migración y Extranjería, "la entrada de personas al territorio nacional y salida de él deberá efectuarse por pasos habilitados, con documentos de viaje y siempre que no existan prohibiciones legales a su respecto." 2. Por su parte, el artículo 166 de la Ley N° 21.325, de Migración y Extranjería, ubicado dentro del Párrafo V "Autoridad Policial de Control Migratorio", del Título XIV, dispone en lo pertinente: Autoridad contralora. Corresponderá a la Policía en el ejercicio de su función de control migratorio: 1. Controlar el ingreso y egreso de extranjeros del territorio nacional y registrar dichos hechos en el Registro Nacional de Extranjeros, sin perjuicio de las facultades del Servicio Nacional de Aduanas." La norma citada se encuentra en armonía con lo establecido en el artículo 5° del D.L. N° 2.460, Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile. 3. Para el caso de extranjeros infractores a las condiciones legales de ingreso mencionadas y que pretendan realizar una solicitud vinculada al refugio, la normativa vigente, en concordancia con las disposiciones internacionales sobre la materia exige como condición o requisito previo a su formalización, poner la infracción en conocimiento de la Policía de Investigaciones de Chile, autoridad competente -como se indicó- en materia de control de fronteras, cuestión que se encuentra reglamentada en las disposiciones siguientes: - Artículo 6° de la Ley N° 20.430, inciso primero. Artículo 8° del Decreto N° 837, Reglamento de la Ley N° 20.430, art. 14 de la ley 20.430 y en el art. 18 de su reglamento, artículo 2º de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.

Agrega que el no establecer medidas de orden y seguridad pública como condición a este tipo de procedimientos, generaría un incentivo a la migración irregular al país, poniendo en riesgo tanto la seguridad personal de quienes cometen dichas infracciones, como también poniendo en riesgo el orden social del país.

El cumplimiento de dicha condición, entonces, es una obligación del extranjero que, habiendo cometido una infracción migratoria como es el ingreso clandestino, desee ingresar al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado.

Y, por otro lado, desde la perspectiva de la autoridad migratoria, se encuentra obligada a exigir esta condición a los extranjeros que no registren ingreso regular al territorio nacional. Formalizar la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, sin verificarse el cumplimiento de la condición establecida por el legislador en el artículo 6°, inciso primero, de la Ley de Refugio, importaría entonces una actuación ilegal de parte de la administración, reprochable por esta vía constitucional y además anulable en conformidad al artículo 7° de la Constitución Política de la República. En ese mismo orden de ideas, el requisito establecido en el artículo 8° del Reglamento de la Ley de Refugio, es común a todo extranjero que hubiere ingresado de manera clandestina al territorio nacional, y que pretenda formalizar una solicitud de refugio en este país. Por tanto, en el evento de que, hipotéticamente se hubiese accedido a la formalización de su solicitud sin exigir los requisitos legales, se habría permitido que el recurrente se salte requisitos y exigencias que legítimamente se han establecido en la ley respecto de todos los extranjeros que se encuentren en el presupuesto fáctico de ingreso clandestino. 4. A mayor abundamiento, es menester tener presente que lo expresado resulta concordante con lo dispuesto en el artículo 31.1 de la Convención de Ginebra de 1951, que establece la imposibilidad de imponer sanciones a aquellos solicitantes de la condición de refugiado que provengan directamente del país donde su vida corre peligro y que se hayan presentado sin demora a la autoridad alegando causales justificadas para hacer ingreso ilegal al país 5. De acuerdo con lo anterior, la propia Convención de Ginebra de 1951, (en base a la que se dicta la actual Ley de Refugio) reconoce la condición de autodenuncia ante la autoridad del país en el que se pretende solicitar refugio como un requisito previo a la formalización de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, cuestión que por lo demás ha sido reconocida por la Jurisprudencia de nuestros Tribunales2. En ese sentido, podemos mencionar la reciente sentencia de la Excma. Corte Suprema, de fecha 15 de septiembre de 2022, dictada en los autos rol N° 24.753-2022, mediante la cual se revocó la sentencia apelada y, en su lugar, se declaró el rechazo del recurso de protección interpuesto contra este Servicio. 6. En ese orden de ideas, y como previamente se expresó, revisados los registros de atención de usuarios del área de Refugio y Reasentamiento de esta Dirección Regional, existe constancia de que los recurrentes que efectivamente concurrieron a las dependencias de este Servicio, es decir, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y Facundo fueron atendidos por la encargada de dicha área, limitándose ésta a dar aplicación a las normas legales y reglamentarias vigentes, solicitando a los demás extranjeros que supuestamente fueron a solicitar refugio, dar cumplimiento a una obligación legal que constituye un requisito previo para el trámite que pretendían realizar, informando los pasos que se debían desarrollar para posibilitar el proceder a su formalización; y en el caso de los extranjeros que manifestaron querer regularizar su situación migratoria, entregándoles la información acerca de la vía establecida en la ley para tal efecto. 7. Cabe reiterar que las normas nacionales del Refugio lo contemplan como una instancia migratoria reservada para casos graves en que una persona -o su familia- se encuentra sujeta a un riesgo o amenaza evidente a su vida u otros derechos fundamentales que exige que deba recurrir a la protección de un tercer Estado, de acuerdo a los casos mencionados en el artículo 2° de la Ley N° 20.430. 8. Así las cosas, de acuerdo con la Ley de Refugio y su Reglamento, la formalización de la condición de refugiado es un procedimiento reglado que exige la realización de ciertos actos determinados, el cumplimiento de plazos y otras formalidades específicas, que los recurrentes no observaron. De acuerdo con lo expuesto, no ha existido acción u omisión ilegal o arbitraria alguna por parte de la administración en relación a los hechos desarrollados el día 30 de agosto de 2022, mencionados en el recurso, limitándose la Encargada de la Sección de Refugio y Reasentamiento de esta Dirección a dar aplicación a las normas legales y reglamentarias vigentes, por lo que el recurso de protección no puede prosperar.

Acompaña: 1. Copia de escritura pública de mandato judicial Repertorio N° NUM001, otorgada ante la Notaría de Coquimbo, de don nombre reservado

nombre reservado. 2. Publicación de Resolución Exenta N° NUM002, de fecha 9 de junio de 2022, del Director Nacional del Servicio nacional de Migraciones en el Diario Oficial del día 22 de junio de 2022. 3°) Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio. 4°) Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso. 5°) Que del mérito de los antecedentes acompañados por las partes, es posible concluir que de los 37 solicitantes, 4 de ellos iniciaron formalmente el proceso de refugio (nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y Facundo), sin que su requerimiento haya prosperado, producto de la interpretación del Servicio recurrido, contenida en su informe a páginas cinco en adelante, en cuanto a que no se cumpliría con la exigencia del artículo 8vo del Decreto Supremo 837, Reglamento de la Ley 20.430, es decir, "haberse presentado ante la policía de investigaciones de Chile dentro de los 10 días siguientes de producido la infracción, alegando una razón justificada para ello" (página 8 de libelo). Dicha exigencia la hace consistir en la necesidad de contar, al momento de iniciar el trámite, con la denominada "auto- denuncia" ante funcionarios policiales referida a su ingreso a nuestro país.

Este reconocimiento expreso constituye el basamento jurídico invocado por el Servicio para no dar continuidad a esos 4 requerimientos. Sin embargo, aquella interpretación, a juicio de esta Corte, constituye un acto que deviene en arbitrario, pues no se encuentra como una exigencia de admisibilidad, esto es, para ingresar la solicitud, el contar con esta documentación, al no ser un requisito legal y sin que el artículo 8vo del Reglamento lo establezca expresamente. Ahora bien, aunque así fuera, dicho reglamento no constituye un texto que empezca a los ciudadanos, debido a que por su naturaleza propia, se trata de instrucciones internas, impartidas por la autoridad.

De esta manera, siendo una interpretación basada en normativa interna y que no cuenta con respaldo legal, la exigencia cursada a los 4 requirentes individualizados adolece de arbitrariedad. 6°) En efecto, los únicos requisitos contemplados en la ley son aquellos del artículo 4 de la Ley 20.430 sobre extranjería. A saber: "Presentación de la Solicitud. Podrá solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado toda persona que se encuentre dentro del territorio de la República de Chile, sea que su residencia fuere regular o irregular. La solicitud podrá presentarse en cualquier oficina de Extranjería. Al ingresar a territorio nacional, los extranjeros también podrán hacerlo ante la autoridad migratoria que se encuentre en un paso habilitado de la frontera, quien le proporcionará la información necesaria sobre el procedimiento. La señalada autoridad requerirá al interesado declarar las razones que lo forzaron a dejar su país de origen. Las personas deberán informar acerca de su verdadera identidad, en caso de no contar con documentos para acreditarla, o manifestar si el documento de identidad o pasaporte que presenten es auténtico".

Por su parte el artículo 27 del mismo cuerpo legal, estatuye: "Recepción de la Solicitud. Los funcionarios de la Administración del Estado que tuvieran conocimiento de la presentación de una solicitud para el reconocimiento de la condición de refugiado de un extranjero deberán ponerla en conocimiento, en el más breve plazo, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado".

En la misma línea, el artículo 28 indica los datos e información que deberá contener la solicitud y los artículos 29 y siguientes del mismo cuerpo legal detallan los trámites posteriores del procedimiento.

Por su parte, el artículo 36 del Reglamento de la Ley N° 20.430 dispone que: "La solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado deberá formalizarse en cualquier oficina de Extranjería de las Gobernaciones Provinciales o en el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior".

A continuación, el inciso primero de su artículo 37 dispone: "Datos del solicitante.

Se entenderá formalizada la solicitud una vez que el interesado complete el formulario proporcionado por la autoridad migratoria de extranjería, el que contendrá, a lo menos, los siguientes datos: (...)". 7°) El criterio plasmado -la inexistencia de la auto-denuncia para iniciar el trámite- ha sido el utilizado por la Excelentísima Corte Suprema recientemente en autos Rol 99.047-22, cuando sostuvo que "...la Ley N° 20.430 no contiene ninguna disposición que obligue a aquellos extranjeros que hubieren ingresado clandestinamente al país a "autodenunciarse" como condición previa para formalizar la solicitud de refugio. Por su parte, la disposición citada por el Servicio recurrido -artículo 10 de la Ley de Extranjería- tampoco lo señala de manera expresa y, aunque fuere el caso, no cabe duda que debe prevalecer la normativa especial por sobre la general, sin perjuicio de aplicarse también el criterio de temporalidad. En el caso de marras, la Ley N° 20.430 no sólo es especial por cuanto trata específicamente sobre la protección de los refugiados, sino que es una ley posterior al Decreto Ley N° 1.094. Por consiguiente, debe prevalecer en caso de antinomia o conflicto normativo que, cabe reiterar, no existe en la especie." 8°) De esta forma, el recurso será acogido en los términos que se indicará en lo resolutivo respecto de estos 4 ciudadanos migrantes, por haber incurrido el servicio en un acto arbitrario. 9°) Ahora bien, respecto de los restantes solicitantes, lo primero que resulta relevante observar es la impertinencia de la solicitud en los términos planteados.

En efecto, de su simple vista y revisión del texto de folio 1, aparecen fotografías de diversas personas, muchos de ellos niños y niñas, sin el debido cuidado a la imagen e identidad de un menor de edad, derecho protegido no sólo por la Convención sobre Derechos del niño y niña, sino por la Ley 21.430 de garantías.

Debe existir el mayor respeto hacia nuestra infancia y, en ese sentido, el máximo cuidado con el tratamiento de imágenes cuando hay entre las personas niños y niñas, lo que se espera pueda considerar el profesional recurrente en lo sucesivo.

De lo contrario, el mecanismo utilizado para restituir derechos en favor de niños y niños vulnerados produce un efecto iatrogénico, en términos de que el remedio resulta ser aún más vulnerador.

Dicho lo anterior, respecto de estas 33 personas en condición de movilidad, esta Corte considera que no resultó acreditado el hecho que a su respecto se plasma en el libelo, en cuanto a que les fue expresamente prohibido presentar la solicitud para iniciar el trámite de rigor. No consta en autos elemento probatorio alguno que permitiera satisfacer aquella falta y, asimismo, fue imposible requerir aclaración en la audiencia del día de hoy, dada la inasistencia del apoderado representante.

Así, al no encontrarse a su respecto acreditado el acto del cual emana la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de su derecho a solicitar refugio ante nuestro país, el libelo será desechado, sin perjuicio de los efectos positivos que igualmente, entendemos, les traerá la decisión a la que está Corte arribará.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se resuelve:

I.- Que, se ACOGE parcialmente el recurso de protección, solo en cuanto se resuelve que el trámite de refugio iniciado por nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado Y Facundo debe proseguir la tramitación regular, debiendo acogerse a tramitación, absteniéndose el Servicio recurrido de exigir, para el inicio de dicho trámite, la documentación que fuera requerida en autos.

II.- Que se RECHAZA el libelo, en todo lo demás.

III.- Que NO SE CONDENA EN COSTAS al recurrido, por no haber sido totalmente vencido.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacto el Ministro Titular de esta Corte, don Felipe Pulgar Bravo.

Rol N° 6264-2022 Protección.-