nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES.

Del nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de Protección Rol N° 6260-2022.- La Serena, cuatro de noviembre de dos mil veintidós.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°) Que, se interpuso acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, C.I. RUT reservado, ocupación asesora de hogar, domiciliada para los efectos de este recurso en, Río Rahue 3861 terrazas de peñuelas Coquimbo, Coquimbo, dirigida en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la omisión de pronunciamiento sobre la solicitud de permanencia definitiva, lo que vulnera el derecho fundamental de igualdad ante la ley, reconocido en el artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los hechos, afirma que con fecha 23 de diciembre de 2021 pidió la permanencia definitiva. Luego, se emitío la Resolución Exenta Nro. 22091698 de 26 de febrero de 2022, que aprueba avance de estado de trámite de solicitud de permanencia definitiva, encontrándose en la etapa de “Inicio – en trámite”.

Agrega que, a la fecha de interposición de la presente acción, no ha recibido ninguna respuesta por parte de la recurrida, lo que lo mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre.

En cuanto al derecho, destaca lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de la Ley Nº 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, en particular los artículos 7 y 27 que regulan el principio de celeridad, con la obligación de impulsar el procedimiento de oficio. Del mismo modo, hace referencia al artículo 9 del mismo cuerpo legal, en cuanto al principio de economía procedimental, que establece que la Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por lo anterior, pide que se acoja la acción interpuesta, y se ordene a la recurrida que se pronuncie respecto de la solicitud de permanencia definitiva, con costas.

Acompaña a su presentación: ✓ Pasaporte emitido por la República de Cuba a nombre reservado°J655928. ✓Antecedentes penales legalizado y apostillado de la República de Cuba de nombre reservado. ✓ Certificado de antecedentes penales de la República de Chile de nombre reservado. ✓ Estampado de Visa Consular, otorgada en la Habana – Cuba a nombre reservado, Nro. de documento SAC1943856, emitido 19 de noviembre de 2018 valido por 30 días, hasta el 17 de febrero de 2019. ✓ Contrato de trabajo, empleador Doña nombre reservado, R.U.N RUT reservado. ✓ Vigencia de contrato de trabajo de nombre reservado. ✓ Estampado de visa sujeta a contrato de nombre reservado emitida el 30 de diciembre del 2019 hasta el 30 de diciembre del 2020, por la Resolución Exenta N°9348 del 26 de diciembre de 2019. ✓ Cedula de identidad otorgada a nombre reservado.U.N RUT reservado. ✓ Resolución Exenta N°26801, emitido el 30 de enero de 2021 por cálculo de multa por permanecer días irregular en el país. ✓ Comprobante de pago de Multa, Banco Estado, equivalente a $69.452 pesos. ✓ Estampado electrónico otorgado por el GOB ELQUI, N°188986 bajo la Resolución Exenta N°1951 de fecha el 09 de julio de 2021, visa valida hasta 30 de diciembre de 2021. ✓ Solicitud de permanencia definitiva en trámite, emitida el 23 de diciembre del 2021 bajo el número de trámite N°37178424 e indicando que puede seguir desarrollando actividades lícitas remuneradas autorizada por su permiso de residencia anterior. ✓ Resolución Exenta N°22091698, emitida el 26 de febrero de 2022 indicando que su solicitud es aprobaba y se encuentra en etapa de Inicio-en trámite. ✓ Ampliación de solicitud de permanencia definitiva en trámite N°37178424, emitida el 23 de junio de 2022. ✓ Certificado de cotizaciones AFP Modelo. ✓ Certificado de cotizaciones Fonasa.

2°) Que, la recurrida SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES presentó un informe en el cual se refirió a la situación migratoria del recurrente, indicando que con fecha 23 de diciembre de 2021 solicito permiso de permanencia definitiva mediante plataforma digitales disponibles al efecto. Y, con fecha 06 de febrero del 2022, se dicta Resolución Exenta N°22091698, que indica el estado de su solicitud del beneficio migratorio de permanencia definitiva: INICIO EN TRAMITE.

Junto con su informe acompañó los siguientes antecedentes: 1. Resolución Exenta N°21408030 de fecha 09 de diciembre de 2021, del Servicio Nacional de Migraciones. 2. Circular N°12 del Servicio Nacional de Migraciones 3°) Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

4°) Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

5°) Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de permanencia definitiva, lo cual califica el actor de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica.

6°) Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N° 19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

7°) Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de permanencia definitiva, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N° 19.880 (SCS Rol N° 24.827-2020).

8°) Que, por tanto, la dilación del recurrido en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra del recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

A mayor abundamiento, la duración del procedimiento, que se generó a propósito de la solicitud de permanencia definitiva ha cumplido más de 11 meses de tramitación, y 6 meses desde la última resolución, tiempo que a juicio de estos sentenciadores es evidentemente excesivo, toda vez que si bien es de público conocimiento que muchos trámites administrativos se han visto dilatados por la emergencia sanitaria que atraviesa el mundo entero, es preciso constatar que por lo menos a partir del año 2021 la situación sanitaria se ha ido normalizando y los servicios estatales han desarrollado sus funciones cada vez con menores restricciones, de forma tal que no aparece justificado la extensión que ha tenido la tramitación de la solicitud de la recurrente, todo lo que transforma en arbitrario el proceder de la recurrida.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se ACOGE sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, C.I. RUT reservado, y en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, y, en consecuencia, se dispone que la recurrida deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de permanencia definitiva presentada ante ella, dentro del plazo de 30 días corridos desde la notificación de la presente sentencia.

Acordada con el voto en contra de la Ministra (I) sra. Castillo, quien fue del parecer de rechazar el presente arbitrio, por considerar que en este caso, aun en el evento que se estimase que la tardanza en resolver la solicitud de la recurrente es una omisión que puede ser considerada, “prima facie” infundada o arbitraria, fácticamente no lo es, por lo que no se configuran todos los requisitos para conceder la protección requerida, desde que es un hecho no discutido en esta causa que mientras dure la tramitación de la solicitud de permanencia definitiva, la parte recurrente se encuentra en situación migratoria regular, con cédula de identidad vigente y permiso para realizar actividades remuneradas y sin prohibición de desplazamiento en Chile o para entrar o salir del país, tópicos omitidos por el actor, que incluso pugnan con su planteamiento, por lo que no se constata una eventual privación, perturbación o amenaza a alguno de los derechos constitucionales que ampara la acción constitucional del artículo 20 de la Carta Magna, recurrible por esta vía.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 6260-2022.-