nombre reservado con A.F.P. HABITAT S.A.

nombre reservado, nombre reservado

Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A.

Recurso de protección Rol Nº 626-2020 La Serena, ocho de junio de dos mil veinte.

VISTOS:

1°. Que el 18 de abril de 2020, comparece doña nombre reservado, cesante, domiciliada en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A. – en adelante AFP HABITAT-, representada por don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, por el acto ilegal, arbitrario y discriminador cometido al no garantizar el derecho a la Pensión de Invalidez y dada la negativa de entregarle sus fondos de la Cuenta de Capitalización individual, dando como fundamento la recurrida, que se rige por la Ley vigente, que entre otras cosas señala que la finalidad del Sistema Previsional es otorgar pensiones (vejez, invalidez, sobrevivencia, etc.), solicitando que se acoja el mismo adoptando de inmediato las providencias necesarias para permitir el pronto restablecimiento de sus derechos conculcados, ordenando a la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A. (AFP HABITAT) que le haga entrega del total de su saldo de su Cuenta de Capitalización Individual.

Expone que el 7 de abril de 2020 formuló a la recurrida una nueva petición, para que le hiciera entrega del saldo total de su cuenta de capitalización individual, obteniendo respuesta negativa el día 14 de abril del año en curso, donde se le señala que “Lamentablemente, y tal como le informamos en nuestra comunicación anterior enviada a su correo electrónico con fecha 04/09/2019, nuestra AFP está obligada a cumplir las normas legales establecidas, y para el caso de los fondos previsionales, la normativa vigente instruye que están destinados a financiar los beneficios que la Ley estipula y que son: Pensión de Vejez, Pensión de Invalidez, Pensión de Sobrevivencia, Cuota Mortuoria, Excedente de Libre Disposición, Herencia, entre otros, por lo que no es factible acceder a su solicitud de entrega de los fondos que registra en su cuenta individual en nuestra AFP, los que están destinados a financiar pensión. Conforme nuestro registros, con fecha 27/09/2018 usted suscribió Solicitud de Pensión por Invalidez, la cual fue rechazada mediante Dictamen N° 005.12/2019, en que la Comisión Médica Regional de La Serena determinó que las enfermedades alegadas como invalidante , no configuran una pérdida de a lo menos el 50% de la capacidad de trabajo; no obstante, si usted estima que su enfermedad ha aumentado el porcentaje de invalidez, le sugerimos, suscribir una nueva Solicitud de Pensión, a fin de ser evaluada por la Comisión Médica la cual determinará si corresponde le sea otorgada la pensión de invalidez y con ello hacer uso de sus fondos previsionales”.

Expresa, en cuanto a la pensión de invalidez, el 5 de febrero de 2019 le llega notificación de la Superintendencia de Pensiones, Comisión Médica Regional La Serena, Dictamen N° 005.12/2019 de 3 de enero de 2019, ejecutoriado el 2 de febrero del mismo año que señala: “CONSIDERANDO, Que las enfermedades alegadas como invalidantes están bajo observación y tratamiento médico, no habiéndose configurado aún la perdida de a lo menos del 50% de la capacidad de trabajo. POR LO TANTO ACUERDA: Rechazar Solicitud de Pensión de Invalidez”, pero a fin de conocer las verdades razones del por qué se le negó dicha pensión, requirió información a la Superintendencia, la que en principio le fue negada, debiendo recurrir a la Contraloría General de la República y así sólo el 6 de enero de 2020 recibió por correo, de la Superintendencia de Pensiones, una respuesta contenida en el Oficio N° 25153 que indica: “las Comisiones Médicas son entidades que gozan de autonomía en sus decisiones técnicas, estando la Superintendencia como una instancia de fiscalización de aquellas comisiones en cuanto a la correcta aplicación de los protocolos establecidos”, también se le señala que “la no configuración de un impedimento no significa un desconocimiento de una patología que pudiera afectarle por parte de las Comisiones Médicas, sino más bien que a la data de la evaluación no ha cumplido con los requisitos antes señalados, especialmente el agotamiento de los tratamientos al alcance y los tiempos de observación. Esto significa que la sola presencia de una enfermedad no es causal para que se le configure como impedimento. En su situación particular, la Comisión Médica Regional La Serena rechazó la invalidez con el Dictamen N° 005.12/2019 de 03/01/2019, debido a que ninguna de sus patologías invocadas estaba siendo tratada a la fecha de la evaluación, ya que la Fibromialgia había sido recientemente derivada a reumatología de su hospital y por su cuadro depresivo no había buscado ayuda, por lo que se consideró que los impedimentos se encontraban bajo observación y tratamiento médicos pendientes”.

En ese contexto, argumenta que el 23 de diciembre de 2019, la Directora (S) del Hospital de Coquimbo, Dra. nombre reservado le hace llegar la siguiente respuesta, que señala en el punto N° 2 que “el hospital de Coquimbo recibe desde el CESFAM Santa cecilia dos interconsultas, el día 5 de diciembre de 2017 ingresada directamente al Sistema Informático TrakCare, correspondiente a las especialidades de Traumatología y Medicina Física y Rehabilitación , ambas con diagnóstico de Esguince Tendón de Aquiles, las cuales fueron enviada a visación para su priorización y pertinencia diagnostica por parte del Médico jefe de cada especialidad, en conformidad a Protocolo de Referencia y Contrareferencia aprobado por REX N° 6605 de fecha 25 de agosto de 2016 y actualizado en REX N° 19449 de fecha 20-12-2018, se procede a agendar cita para médico traumatólogo para el 05 de octubre de 2018, realizada en conformidad. Respecto a la interconsulta de Medicina Física y Rehabilitación, ésta fue calificada como no pertinente por la jefatura médica respectiva, por tanto según Norma Técnica N° 118 del MINSAL, procede realizar egreso por Causal Administrativa N° 14 “no pertinente”, correspondiendo al CESFAM Santa Cecilia La continuidad de tratamiento, todo lo anterior, registrado en el Sistema TrakCare” (sic). En el punto N° 3 se señala: “Posteriormente, una vez atendida y evaluada por médico traumatólogo el 05 de octubre de 2018, el profesional genera una nueva interconsulta interna para la especialidad de reumatología, con diagnóstico de Fibromialgia. Usted canaliza la interconsulta el día 29 de octubre de 2018, agendándose cita para el 08 de enero de 2019, fecha que efectivamente fue atendida por el profesional reumatólogo, el que genera nueva interconsulta para Medicina Física y Rehabilitación con diagnóstico de Fibromialgia. Según protocolo se envía a priorización y pertinente diagnóstica a jefatura de dicha especialidad, quien con el fundamento diagnostico la deriva a la APS (CESFAM Santa Cecilia para continuidad de tratamiento con equipo multidisciplinario)”. En el punto N° 4 dice “La especialidad de Reumatología el día 22 de julio de 2019 genera nueva interconsulta para la especialidad de medicina física y rehabilitación, priorizándose y agendándose atención con médico fisiatra para el día 30 de julio de 2019…”.

Indica que dicha respuesta no se ajusta a la verdad, dada su compleja situación personal de vida y de salud, pues ha sido diagnosticada por diversos especialista, por una parte, según consta del certificado emitido por la Kinesióloga doña nombre reservado, el 12 de febrero de 2018, presenta diagnóstico de CERVICALGIA; por otro lado, la psicóloga del CESFAM Santa Cecilia doña nombre reservado certifica “..estuvo en el Programa de Salud Mental en este Centro de Salud con fecha 08 de noviembre de 2017 hasta marzo del presente año, por un cuadro de trastorno del ánimo”, certificado otorgado el 21 de agosto de 2018; asimismo fue atendida por la salud privada, gracias a la ayuda económica de amigos, donde se señaló que era portadora de FIBROMIALGIA DESCOMPENSADA, registrado en el certificado médico de 13 de septiembre de 2018, otorgado por la Fisiatra Dr. nombre reservado, diagnostico que fue confirmado el 8 de enero de 2019, por el Reumatólogo Dr. nombre reservado, médico que solicita MANEJO MULTIDISICIPLINARIO, dejando plasmado en su Ficha Clínica N° 492211 “Persistencia de mialgias generalizadas, compromiso del estado general y dificultad para realización de ABVD (Actividades básicas de la vida diaria). Puntos dolorosos 18/18” e incluso manifestó que debía mantener tratamiento psiquiátrico.

Agrega, que como se advierte, la atención del reumatólogo Dr. Jiménez, que confirma su diagnóstico, señalando que su situación era muy compleja y requería manejo multidisciplinario, es posterior a la negativa del pago de su pensión de invalidez, que data de 3 de enero de 2019 y que de acuerdo al tenor de la respuesta que recibió de la Superintendencia de Pensiones el pasado 6 de enero, se advierte que ésta no tiene idea que la Fibromialgia es una enfermedad que no tiene cura y requiere tratamiento multidisciplinario de por vida para aplacar los intensos dolores, pero no para hacer una vida normal y mucho menos para poder realizar un trabajo remunerado y establece en el tiempo.

Añade que frente a toda la situación y en espera de atención por parte del Hospital San Pablo de Coquimbo producto de la derivación del Dr. Jiménez, además, comenzó a insistir con otros especialistas y el 25 de marzo de 2019 la atendió el Neurólogo Dr. Oneto, por sus constantes cefaleas y sangrado de nariz y, el 24 de junio de 2019, la Dra. nombre reservado quien diagnostico Engrosamiento endometrial y metrorragia postmenopausia por lo que ordenó una histeroscopía quirúrgica y biopsia que realizó el 9 de octubre de 2019, sin que aun pueda recibir los resultados de la biopsia, para confirmar o descartar un cáncer de útero; en razón de ello, necesita urgente una mejor salud y para ello requiere ingresos económicos, por lo que teniendo en cuenta la negativa del pago de su pensión de invalidez, en agosto de 2019, escribió al Generante General de la AFP HABITAT solicitando le hiciera entrega del total del saldo de su Cuenta de Capitalización Individual, como parte de su patrimonio personal, lo que le fue negado, conforme expresó antes, en respuesta de 14 de abril pasado.

Insiste en que con todo lo que ha recopilado y realizado sólo queda en evidencia que el sistema previsional chileno es más perverso de lo que podemos imaginar, pues dentro de todas las cosas que ha realizado solicitó también una simulación de pensión donde se le señala que a sus 51 años ella recibiría una pensión de $41.731, pudiendo advertir evidentes perdidas que la Administradora de fondos no asume y no es capaz de informar a tiempo y así y todo le niega sus ahorros previsionales, de su cuenta de capitalización individual y la pensión de invalidez sin tener ningún argumento válido, veras, responsable y legal, pues a la fecha ha perdido de su cuenta la suma de $402.855, desde agosto de 2019 cuando solicitó sus ahorros previsionales, hasta noviembre del mismo año, dinero con el que perfectamente pudo haber iniciado un buen tratamiento médico para aliviar sus dolores y así cubrir las terapias que requiere, pues la Fibromialgia que padece es una enfermedad que no tiene cura y que la Organización Mundial de la Salud, en el año 1992, reconoce como una enfermedad invalidante. Añade, que todos los expertos en previsión social coinciden que el modelo existente en Chile no garantiza pensiones dignas por lo que vuelve a insistir y solicitar se ordene a la AFP HABITAT que le haga entrega del total de sus fondos previsionales, con la finalidad de resguardar sus intereses y tener una oportunidad cierta de mejorar su salud y tener una mejor calidad de vida.

Finalmente expresa, que al tenor de los hechos descritos se configura la vulneración a las garantías de los N° 1, 2, 3, 9, 14, 18 y 24 del artículo 19 de la Constitución Policita de la Republica, citando al afecto normativa internacional cuyo texto reproduce.

En apoyo de su pretensión acompaña: 1. Copia segunda carta enviada a don nombre reservado, Gerente General de AFP HABITATA el 7 de abril de 2020; 2. Copia carta respuesta de la anterior, de la Subgerente de Procesos doña nombre reservado, de 14 de abril de 2020; 3. Copia respuesta de la Contraria Regional de Coquimbo, con fecha 7 de marzo de 2020; 4. Copia de Certificado de Saldos emitido por AFP HABITATA con fecha 16 de abril de 2020 5. Copia Informe de Fundación Sol, de mayo de 2019, titulado ¿AFP para quién? Donde se invierten los fondos de pensiones en Chile; 6.- Copia Informe de Fundación Sol, de julio de 2019, titulado Pensiones bajo el mínimo resultados del sistema de capitalización individual en Chile; 7. Copia segunda carta enviada a don nombre reservado, Gerente General de AFP HABITATA el 20 de agosto de 2019 y legajo adjunto como medio de prueba de su situación de vulnerabilidad:

a) Carta de doña nombre reservado, Directora de CESAFAM Santa Cecilia de Coquimbo de 26 de diciembre de 2017;

b) Copias de Interconsulta o Derivación desde noviembre de 2017 a julio de 2019 a distintos especialistas;

c) Copia de Exámenes y certificados Médicos;

d) Copia de carta enviada a doña nombre reservado, jefa SOME Hospital San Pablo de Coquimbo, de fecha 19 de julio de 2019;

e) Copia de carta respuesta enviada por la Superintendencia de Pensiones negando la pensión de sobrevivencia tras la muerte de cónyuge; f) Copia de la notificación de Rechazo de pensión de invalidez por parte de la Superintendencia de Pensiones, cuyo dictamen tienen fecha 3 de enero de 2019 y fue ejecutoriado el 2 de febrero de 2019; g) Copia respuesta de la Contraloría Regional de Coquimbo, de fecha 24 de enero de 2018, Resolución N° 316; h) Copia carta respuesta de doña nombre reservado, Jefa del Departamento de Financiamiento Estudiantil, Ministerio de Educación, que informa que tanto ella como su hija no fueron preseleccionadas para beneficio de gratuidad para poder ingresar a la universidad; i) Copia de sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 30 de julio de 2019; j) Copia carta respuesta del Banco Estado, de 13 de marzo de 2019, que niega crédito; k) Copia de carta derivación del Jefe de Gabinete-Subsecretario de Hacienda al Presidente del Banco del Estado de Chile, de 27 de febrero de 2019; l) Copia de carta enviada al Ministro de Hacienda, don Felipe Larraín Bascuñán, con fecha 17 de enero de 2019; 8. Copia de la carta repuesta de la Subgerente de Procesos, doña nombre reservado, de 4 de septiembre de 2019; 9. Copia de carta enviada al Contralor Regional de Coquimbo, don Hugo Segovia Saba, con fecha 21 de agosto de 2019; 10. Copia respuesta del Contralor Regional de Coquimbo al Director del Hospital San Pablo de Coquimbo, de fecha 29 de agosto de 2019, ingreso N° 4.614; 11. Copia respuesta del Contralor Regional de Coquimbo al Director del Hospital San Pablo de Coquimbo, de fecha 24 de octubre de 2019, ingreso N° 5.570; 12. Copia enviada al Superintendente de Pensiones, don Osvaldo Macías Muñoz, de 30 de septiembre de 2019; 13. Copia de acuso de recibo de solicitud de acceso a la Información Ley de Transparencia de la Superintendencia de Pensiones; 14. Copia Oficio Ordinario N° 23335 de 28 de octubre de 2019, de don nombre reservado, Superintendente de Pensiones; 15. Copia de respuesta de correo electrónico enviado por don nombre reservado, Encargado de Trasparencia de la Superintendencia de Pensiones, de fecha 30 de octubre de 2019; 16. Copia de carta enviada al Contralor General de la República don nombre reservado, con fecha 15 de noviembre de 2019; 17. Copia respuesta de la Contraloría general de la República, con fecha 27 de noviembre de 2019, Oficio N° 13.822; 18. Copia de respuesta del Hospital San Pablo de Coquimbo, con fecha 23 de diciembre de 2019, en la persona de la Directora (S) Dra. nombre reservado; 19. Copia de correo electrónico, con fecha 6 de enero de 2020, enviado por doña nombre reservado, Asistente Administrativa División Comisiones Médicas y Ergonómicas de la Superintendencia de Pensiones, con copias adjuntas de Oficio N° 27484 de 19 de diciembre de 2019 y copia de Oficio Ordinario N° 25153 de 25 de noviembre de 2019; 20. Copia de Informe Simulación de Pensión, otorgado por AFPA Hábitat, con fecha 8 de octubre de 2019; 21. Copia de Certificado de Saldo de la Cuneta de Capitalización Individual de la recurrente, de fecha 10 de agosto de 2019, cuyo saldo era $12.378.831. Fondo E; 22. Copia de Certificado de Saldo de la Cuneta de Capitalización Individual de la recurrente, de fecha 30 de octubre de 2019, cuyo saldo era $12.366.206. Fondo E; 23. Copia de Certificado de Saldo de la Cuneta de Capitalización Individual de la recurrente, de fecha 22 de noviembre de 2019, cuyo saldo era $11.975.978. Fondo E; 24. Copia Historia y Evolución Clínica de la Ficha N° 49.2211 del Hospital San Pablo de Coquimbo de la recurrente, desde 14 de diciembre de 2017 hasta agosto de 2019; 25. Copia Receta Pacientes Crónicos de la Farmacia del Hospital San Pablo de Coquimbo, con fecha 9 de agosto de 2019; 26. Copia Comprobante Medicamentos pendiente, Farmacia del Hospital San Pablo, con fecha 9 de agosto de 2019; 27. Copia Servicio de Atención Primaria de urgencia, Hospital de Salamanca, de fecha 8 de enero de 2020, que indica que la salud de la recurrente sigue en constante deterioro.

2°. Evacuando el informe, la recurrida solicita el rechazo de la acción de protección intentada, alegando en primer término, su extemporaneidad, puesto que no es creíble ni verosímil que la recurrente sólo con la respuesta negativa otorgada el día 14 de abril de 2020, a su solicitud de devolución de los fondos previsionales, haya tomado conocimiento de la imposibilidad legal de acceder a dicha pretensión, pues como es de público conocimiento, desde mayo del año 1981, esto es, desde que inició su vigencia el DL 3500, no es posible legalmente acceder a una petición de esa naturaleza, aceptar lo contrario iría contra una norma básica como la del artículo 8° del Código Civil, que establece que nadie puede alegar ignorancia de la ley después que esta haya entrado en vigencia, menos aun si la recurrente realizo su primera cotización hace más de 30 años, aceptando la regulación del referido sistema de pensiones. Al efecto cita el fallo Rol N° 468-2020 de la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazo un recurso de la misma naturaleza al presente y en el que, uno de los Ministro, recoge el referido criterio de extemporaneidad de la acción. Además, hace presente que la recurrente el 22 de enero de 2020 presentó un recurso idéntico en sus fundamentos al presente (Rol N° 121-2020) que fue rechazado por extemporáneo, confirmado por la Corte Suprema, por lo que resulta evidente que la nueva consulta formulada a la recurrida el 7 de abril de 2020 y respondida el 28 del mismo mes y año, sólo tuvo por objeto revalidar el plazo para volver a presentar el mismo recurso.

Por otra parte, sostiene que el recurso de protección es inaplicable en este caso y ha de rechazarse, con costas, ya que si bien pueden ser atendibles las razones de salud que invoca la recurrente para solicitar la devolución de sus fondos previsionales, lo cierto es que no ha sufrido privación, perturbación o amenaza alguna de carácter arbitrario o ilegal de sus derechos por parte de AFP Hábitat, no cumpliéndose entonces con los requisitos de emergencia o urgencia para asegurar el respeto y vigencia de derechos fundamentales que supone una acción como la intentada. Agrega que la recurrente sólo pretende por esta vía ejercer un derecho, cuyo ejercicio y características están claramente definidos en nuestro ordenamiento jurídico de manera distinta a lo que pretende y, en todo caso, si existiera alguna duda o controversia respecto a si corresponde o no acceder a su solicitud, ello requeriría de un juicio de lato conocimiento o de una acción legislativa que modificara el Sistema de Pensiones vigente en el país. Además, tal como ha dicho la Corte Suprema, para interponer legítimamente la acción de protección es necesario que quien la ejerza acredite ser titular de un derecho indubitado, lo que no ocurre en este caso. Cita al efecto jurisprudencia de los tribunales superiores.

Argumenta, que el actuar de la recurrida, al no aceptar la petición de la señora nombre reservado, se encuentra totalmente ajustado a derecho y no ha existido arbitrariedad alguna ni tampoco ilegalidad. Al efecto invoca, reproduciendo su contenido, lo dispuesto en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política de la República y en los artículos 1°, 2°, 4°, 17°, 23, 34, inciso primero del 51, 61, 72 y 93 del Decreto Ley 3.500, además de algunas sentencias del Tribunal Constitucional, como aquellas pronunciadas en el Rol N° 3404-17-INA de 16 de marzo de 2017 (C9°-11°, 12°) y Rol N° 334 de 21 de agosto de 2001 (C5°). Señala que de ello queda en evidencia, que para que el Sistema de Pensiones de capitalización individual que rige en Chile pueda existir, es de primordial importancia que las cotizaciones previsionales, de propiedad de cada afiliado, se destinen única y exclusivamente al pago de sus pensiones, pues si bien esas cotizaciones son descontadas mes a mes de sus remuneraciones, tienen un destino o afectación concebido dentro del marco de la Seguridad Social garantizado a los chilenos por mandato constitucional y, por ello, aceptar la entrega, total o parcial, de los fondos previsionales por una causa o razón distintas a las contempladas en la ley, como pretende la recurrente, sería actuar en contravención a ella, de todo lo cual se advierte que AFP Hábitat ha actuado de conformidad a la Constitución, al DL. 3500 de 1980 y a la normativa previsional dictada por la Superintendencia de Pensiones.

Por último indica, que AFP Hábitat no tiene facultades legales para determinar la procedencia de una pensión de invalidez, pues esa es facultad exclusiva de las Comisiones Médicas, encontrándose regulados legalmente su funcionamiento y procedimiento de apelación, por lo que no le es imputable que se haya negado dicha pensión a la recurrente, de manera que no existe ninguna vulneración de garantías a ese respecto tampoco.

Acompaña para fundar sus alegaciones: 1. Certificado de afiliación de la recurrente; 2. Cartas de 04 de septiembre de 2019, 07 de abril de 2020, 28d e abril de 2020 dirigidas a la recurrida por doña nombre reservado; 3. Sentencia de 3 de julio de 2019 de la Corte de Apelaciones de Temuco, Rol N° 5105-2019; 4. Sentencia de 26 de julio de 2019 de la Corte de Apelaciones de Concepción, Rol N° 15957-2019; 5. Sentencia de 25 de julio 2019 de la Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 62.688-2019; 6. Sentencia de 24 de julio de 2019 de la Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 62673-2019; 7. Sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica, Rol N° 679-2019; 8. Sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 62687-2019, confirmada por la Corte Suprema; 9. Sentencia de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, Rol N° 526-2019, confirmada por la Corte Suprema; 10. Sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Rol N° 7723-2019, confirmada por la Corte Suprema; 11. Sentencia del Tribunal Constitucional 334-01; 12. Sentencia del Tribunal Constitucional 3404-17, y; 13. Dos sentencias del Tribunal Constitucional, Ingresos N° 7548-2019 y 7442-2019, que se pronuncian respecto de recursos similares al de autos.

3°. Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición y que, por actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

4°. Que en la especie ha acudido a sede jurisdiccional por la presente vía, doña nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A., en razón de que la recurrida no le ha garantizado el derecho a una Pensión de Invalidez y le ha negado la entrega de sus ahorros previsionales de la Cuenta de Capitalización individual.

5°. Que, antes de analizar el fondo de lo discutido, esta Corte se hará cargo de la alegación de extemporaneidad promovida por la institución emplazada, la que se basa en que la actora ya habría tomado conocimiento de la decisión denegatoria el día cuatro de septiembre del año dos mil diecinueve -fecha del correo electrónico por el cual se comunica a la recurrente dicha decisión desfavorable-, época desde la cual, a juicio de estos sentenciadores, ha de computarse el plazo de treinta días para presentar el recurso de protección, y considerando la presente acción constitucional se ha interpuesto el día catorce de abril de los corrientes, es que se deduce que, en la especie, han transcurrido más de treinta días entre la interposición del arbitrio y la fecha en que se tuvo conocimiento del acto que se reclama, por ello, y considerando lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y N° 2 del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, esa sola circunstancia permite rechazar la presente acción al ser esta extemporánea.

No es óbice para lo antes razonado, la circunstancia alegada por la actora, que habría tomado conocimiento de la negativa el 14 de abril pasado, toda vez que aquella, no hace sino reiterar la negativa de septiembre de dos mil diecinueve, por lo que malamente puede entenderse que genera un nuevo plazo para recurrir, puesto que se refiere a una misma solicitud y misma decisión denegatoria, tanto es así, que la propia recurrente reconoce que nuevamente ha solicitado este retiro de dinero, refiriéndose a la decisión de abril pasado, manifestando que ya, antes, es decir en septiembre de dos mil diecinueve, ya se le había también rechazado la petición.

6°. Que, sin perjuicio que lo anterior basta para rechazar el recurso, esta Corte analizará el mérito de la decisión cuestionada por la recurrente, recalcando que su petición es obtener el total de los fondos que mantiene en la AFP recurrida, fondos que derivan de la seguridad social protegida por el N° 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y su procedimiento se encuentra establecido en el Decreto Ley Nº 3.500.

Que las normas citadas han establecido una limitación al derecho de propiedad con el fin de asegurar a los afiliados una vida digna, luego de su desempeño laboral. Esta limitación, como se ha señalado, establecida por ley, deriva precisamente del derecho a la seguridad social.

7°. Que, en virtud de lo establecido en el artículo 23 del Decreto Ley N° 3.500, las llamadas a administrar los fondos de pensiones y otorgar las prestaciones y beneficios que establece el decreto en mención, son precisamente las AFP, las que deben respetar la legislación vigente, incluidas las limitaciones al dominio antes indicadas, esto es, no pueden entregar el total de los fondos, en los términos solicitados por el recurrente, razón por la cual no se aprecia cómo habría una ilegalidad en el actuar de ésta, sobre todo si se tiene presente que se encuentra en tramitación la pensión por invalidez, es decir, conforme al sistema previsional vigente.

8°. Que, de acuerdo a lo relacionado precedentemente, la recurrida no ha actuado de manera ilegal ni arbitraria al negarse a devolver los fondos previsionales al recurrente, sino que lo ha hecho en cumplimiento al mandato legal que se le ha impuesto, por lo que necesario será desestimar el arbitrio deducido en la forma planteada, según se dirá en la parte resolutiva de esta sentencia.

Por las consideraciones dichas y de acuerdo además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 626-2020.-