nombre reservado con SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA ELQUI Y OTRO

nombre reservado

nombre reservado, nombre reservado y otra Recurso de protección Rol Nº621-2026 La Serena, diecisiete de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece el abogado Eduardo Cortés Toro, en favor de doña nombre reservado cédula de identidad N°RUT reservado, quien comparece en su calidad de madre y representante legal de su hijo de 16 años, A.H.G.R, cédula de identidad N°RUT reservado, deduciendo recurso de protección en contra de don nombre reservado, RUT N°RUT reservado, en su calidad de Director del Liceo Carlos Roberto Mondaca Cortés, y del SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA ELQUI, en su calidad de sostenedor del Liceo Carlos Roberto Mondaca Cortés, por el acto ilegal y arbitrario consistente en no permitir una asistente personalizada para su hijo en el establecimiento educacional, lo que afecta las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°2 y 10 de la Constitución Política de la República.

Expone que el hijo de su representada tiene 16 años, y presenta diagnósticos de Trastorno del Espectro Autista (TEA) y Miastenia Gravis Ocular Seronegativa, y que en ausencia de la mediación de un adulto de referencia capacitado y conocedor de su historia, el menor experimenta episodios agudos de angustia que pueden derivar en conductas de desregulación conductual, lo que se encuentra documentado por sus médicos tratantes; luego indica que, la Miastenia Gravis Ocular Seronegativa es una enfermedad neuromuscular que compromete la musculatura voluntaria, incluyendo las funciones de deglución, esta condición implica un riesgo permanente en actividades cotidianas como la alimentación, pudiendo derivar en episodios de asfixia o compromiso respiratorio. En este contexto, la presencia de su asistente personalizada, doña nombre reservado, quien además es su tía materna y lo conoce desde su infancia resulta indispensable, no solo como apoyo pedagógico, sino también como una medida de seguridad vital para el menor dentro del establecimiento educacional.

Comenta sobre la trayectoria escolar del joven, indicando estar marcada por años de exclusión, lo cual cambió radicalmente al recibir asistencia personalizada continua, en la Escuela Lucila Godoy Alcayaga de Vicuña (2024-2025), gracias a la autorización del DAEM y la posterior contratación de nombre reservado —primero por el DAEM y luego por el SLEP Elqui, que mantuvo el apoyo—, el estudiante participó activamente en actos, disertaciones y trabajos grupales, egresando de octavo básico plenamente integrado. Por ello, refiere que lo que solicita no es un beneficio nuevo, sino la continuidad de un apoyo que el propio SLEP Elqui ya financió y ejecutó durante el año escolar 2025.

Señala que, en diciembre de 2025, previo a matricular a su hijo en el Liceo Carlos Roberto Mondaca Cortés, su representada sostuvo una reunión con el director nombre reservado, a quien informó detalladamente sobre los diagnósticos de TEA y Miastenia Gravis del menor y la necesidad de contar con asistente personalizada durante toda la jornada, con costos asumidos por la familia. El director expresó no tener inconveniente, generando una confianza legítima que llevó a formalizar la matrícula, solicitando luego el certificado de inhabilidad y uno de capacitación en TEA para la asistente, requisitos que fueron cumplidos oportunamente por doña nombre reservado con documentos vigentes emitidos por el Registro Civil y la Fundación EduChile.

Alega que no obstante lo anterior el 27 de febrero de 2026, a dos días antes del inicio del año escolar, el coordinador del Colegio se comunicó con la madre y le informó que no podría aceptarse la asistente personalizada para su hijo, por lo que concurrió a la Superintendencia de Educación donde fue informada que la materia correspondía ser resuelta por el SLEP y el sostenedor, por lo que concurrió al Servicio Local de Educación Pública Elqui, donde fue atendida por el Coordinador de Programas de Inclusión Educativa, quien al conocer de los antecedentes autorizó el ingreso de la asistente al colegio, lo cual se materializó desde el 9 al 19 de marzo, sin incidente alguno.

Comenta que el 17 de marzo de 2026 el Coordinador de Programas de Inclusión del SLEP Elqui ordenó a los establecimientos no autorizar la presencia de "tutores sombra", confundiendo la figura financiada con subvención estatal —no contemplada en la normativa— con el ajuste razonable de permitir el ingreso de una asistente personalizada costeada por la familia, obligación que señala emanar directamente de la Constitución, la Convención de la ONU sobre Discapacidad y las leyes N°20.422 y N°21.545. Notificada la madre de esta revocación el 19 de marzo de 2026 por el director del liceo, sin ofrecerse alternativa de apoyo, debió retirar personalmente el material educativo para que el menor continúe su formación desde el hogar, pese a estar matriculado y a que el establecimiento sigue percibiendo la subvención diferencial asociada a sus necesidades educativas especiales.

Sobre las garantías conculcadas, en primer término, se refiere a la igualdad ante la ley, la que exige que toda diferencia de trato se funde en criterios objetivos, razonables y proporcionales, prohibiendo las discriminaciones arbitrarias —aquellas que carecen de justificación suficiente—, especialmente cuando se basan en la discapacidad (Ley N°20.609). En el caso de autos, la negativa del SLEP y del Director recae exclusivamente sobre el menor en razón directa de su discapacidad, excluyéndolo de facto de las condiciones que le permiten acceder efectivamente a la educación. Alega que, esta falta de razonabilidad se evidencia al considerar que: (i) el propio SLEP Elqui financió y contrató a la misma asistente durante 2025; (ii) el Director autorizó verbalmente su ingreso al momento de la matrícula; (iii) el coordinador del SLEP la autorizó expresamente en marzo de 2026; y (iv) durante nueve días de asistencia continua no se registró incidente alguno. Concluye, por tanto, que la decisión posterior de impedir su ingreso carece de coherencia, razonabilidad y proporcionalidad, configurando una discriminación arbitraria.

Luego sobre la garantía del derecho a la educación, refiere que este derecho no se agota en el acceso formal, sino que comprende la participación real, efectiva y continua en el proceso educativo en condiciones que permitan el desarrollo integral de la persona. Para el adolescente la asistencia personalizada no es un beneficio accesorio sino una condición indispensable para el ejercicio mismo del derecho, desde el punto de vista emocional, la ausencia de un adulto de referencia capacitado genera desregulación que hace inviable su permanencia en el aula; más grave aún, su Miastenia Gravis Ocular implica riesgo real de asfixia o compromiso respiratorio durante la alimentación, requiriendo respuesta inmediata de alguien que conozca su condición. Señala que, la negativa de los recurridos no solo dificulta su proceso educativo, sino que lo coloca en exclusión de facto del sistema escolar, impidiéndole acceder en condiciones de seguridad y estabilidad mínima. En consecuencia, refiere que la actuación impugnada importa una privación ilegítima del derecho a la educación, transformándolo en una mera declaración formal carente de eficacia real.

Señala la normativa internacional atingente al caso, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (art. 24) y la Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 2, 3 y 23), los que imponen a Chile la obligación de asegurar ajustes razonables y no discriminación en educación; luego se refiere a la normativa interna, la Ley N°20.422 (arts. 7, 8, 34, 36), Ley N°21.545 (art. 20), DFL N°2/2009, Ley N°21.430, Decreto N°170/2009, Decreto Exento N°83/2015 y Resolución Exenta N°586, las que refuerzan este deber, exigiendo adaptaciones curriculares, acompañamiento individualizado y la primacía del interés superior del niño. Afirma que la aplicación del principio del interés superior del niño conduce de manera inequívoca a resolver que resulta indispensable permitirle al adolescente cursar su enseñanza media en un establecimiento de educación regular con los apoyos que su condición requiere. No se trata de una opción entre varias alternativas igualmente válidas, sino de la única forma en que su derecho a la educación puede ejercerse de manera real y efectiva.

Alega que, la decisión adoptada por el SLEP Elqui, y ejecutada por el Director del establecimiento, se aparta completamente de este estándar, al privar al joven de su asistente personalizada sin justificación, sin ofrecer alternativa alguna y en abierta contradicción con su propio actuar previo. Dicha decisión no solo desconoce el principio del interés superior del niño, sino que además compromete directamente su integridad física y psíquica, su derecho al libre desarrollo de la personalidad y la continuidad de su trayectoria educativa, afectando dimensiones esenciales de su desarrollo. En consecuencia, afirma que la actuación de los recurridos no puede ser considerada compatible con el deber de protección reforzada que el ordenamiento jurídico impone respecto de niños, niñas y adolescentes, configurando una vulneración que debe ser corregida por esta vía constitucional.

Concluye solicitando que, se acoja el recurso y se ordene al Director del Liceo Carlos Roberto Mondaca Cortés y al Servicio Local de Educación Pública Elqui adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la educación efectiva, continua e inclusiva del joven, lo que comprende, de manera expresa y no taxativa: 1. Permitir el ingreso y permanencia de doña nombre reservado, en calidad de asistente personalizada, durante toda la jornada escolar del menor; 2. Diseñar, en coordinación con la madre y con los profesionales tratantes del menor, un Plan de Apoyo Individual (PAI) y un Plan de Adecuación Curricular Individual (PACI), que aseguren su participación real y efectiva en el proceso educativo; 3. Capacitar al personal del establecimiento en materia de Trastorno del Espectro Autista y estrategias de inclusión, en conformidad a lo dispuesto en la Resolución Exenta N°586, de 27 de diciembre de 2023, de la Superintendencia de Educación; 4. Dar cumplimiento íntegro y efectivo a las obligaciones que impone la Ley N°21.545 y la normativa vigente en materia de educación inclusiva. Lo anterior con condena en costas.

SEGUNDO: Que, a folio 18, comparece la abogada Rocío Alcayaga Mondaca, en representación convencional del Servicio Local de Educación Pública Elqui, evacuando el informe ordenado, solicitando el rechazo del recurso.

Expone que el acto recurrido fue dictado por autoridad competente, dentro del ámbito de sus atribuciones y en conformidad con la normativa vigente, así conforme a lo dispuesto en la Ley N°21.040, que crea el Sistema de Educación Pública, le corresponde adoptar decisiones relativas a la organización pedagógica, a la implementación de apoyos educativos y al funcionamiento interno de los establecimientos, incluyendo la regulación de la intervención de terceros en el aula. Y que, en este contexto, la dictación del instructivo de 17 de marzo de 2026, que regula las solicitudes de acompañamiento de personas externas denominadas "tutores sombra", constituye una manifestación legítima de dichas potestades, orientada a establecer criterios uniformes y coherentes en la prestación del servicio educativo, resguardando tanto el adecuado desarrollo del proceso pedagógico como el cumplimiento de los principios que informan el sistema educativo.

Sostiene que su decisión de restringir el ingreso de la asistente personalizada se ajusta estrictamente al marco normativo vigente. Al respecto, argumenta que la Ley General de Educación, D.F.L. N°2/2009, consagra el principio de inclusión, el cual se satisface mediante la provisión de apoyos institucionales como el Programa de Integración Escolar (PIE), contando el establecimiento con recursos humanos, adecuaciones curriculares y planes individualizados. Enfatiza que el ordenamiento jurídico no consagra un derecho a exigir un mecanismo específico de apoyo externo, como un "tutor sombra", figura que, según el pronunciamiento N°05/1698 de la División de Educación General, no se encuentra contemplada en la normativa educacional, no puede financiarse con subvención de educación especial, ni permite el ingreso de particulares al aula por implicancias pedagógicas, de seguridad y de supervisión. En consecuencia, concluye que su actuar no vulnera norma alguna, sino que ejerce facultades legítimas de organización del servicio, dando cumplimiento a los criterios de la autoridad central y evitando incorporar figuras no reguladas.

Descarta que los actos impugnados puedan ser calificados de arbitrarios, pues indica que la decisión de no autorizar la presencia permanente de una persona externa en calidad de asistente personal del estudiante no obedece a una negación de apoyos, sino a la determinación de que dichos apoyos deben ser canalizados a través de las formas institucionales existentes, conforme a criterios técnicos y en resguardo de la coherencia del proceso educativo. Así, la medida adoptada responde a una finalidad legítima y se encuentra racionalmente vinculada con ella, lo cual se ve reforzado por los antecedentes técnicos que dan cuenta de la efectiva existencia de un sistema de apoyos institucionales suficientes, estructurados y especializados para atender las necesidades educativas de todos los estudiantes del establecimiento. Indica que, conforme al Informe Técnico del Programa de Integración Escolar 2026, el establecimiento cuenta con profesionales especializados, docentes diferenciales, psicólogo, terapeuta ocupacional, kinesiólogo, fonoaudiólogo, asistentes de aula, que trabajan articuladamente mediante co-docencia, adecuaciones curriculares, planes de apoyo individual (PAI y PACI), apoyos visuales y acompañamiento individualizado dentro del aula, con frecuencias determinadas en las áreas socioemocional, del lenguaje, motora y de integración sensorial. Sobre esa base, el propio informe concluye que los recursos disponibles permiten dar respuesta adecuada a las necesidades educativas del estudiante, sin requerir apoyos externos adicionales de carácter individual permanente.

En relación con la alegada contradicción en el actuar del establecimiento, el SLEP Elqui sostiene que el hecho de haberse permitido inicialmente el ingreso de la asistente personal y luego restringirlo no configura arbitrariedad, sino que responde al principio de jerarquía administrativa consagrado en la Ley N°18.575. Explica que la actuación inicial del Director fue una medida provisional y transitoria, adoptada antes de la plena implementación de los lineamientos del sostenedor, carente de fundamentación jurídica y sujeta a revisión superior. La posterior intervención del SLEP, en ejercicio de sus facultades de dirección y supervisión conforme a la Ley N°21.040, tuvo por objeto corregir dicha situación ajustándola a la normativa vigente y a los criterios técnicos institucionales. En consecuencia, la decisión de impedir el ingreso no constituye un cambio arbitrario de criterio, sino la adopción de la decisión que jurídicamente correspondía desde un inicio, en ejercicio legítimo de las potestades de dirección y corrección del sostenedor.

Precisa que, no existe impedimento alguno para que el estudiante asista al establecimiento, pues cuenta con una red de apoyos institucionales suficientes, pertinentes y efectivamente implementados que permiten su integración real al sistema escolar. Señala que, conforme a los antecedentes técnicos, se le ha incorporado al Programa de Integración Escolar (PIE), con Plan de Apoyo Individual (PAI), adecuaciones curriculares, presencia permanente de educadora diferencial mediante co-docencia, apoyo directo de asistentes de aula, e intervenciones periódicas de profesionales de psicología, kinesiología, terapia ocupacional y fonoaudiología. Estas medidas se encuentran operativas dentro del aula, configurando un entorno estructurado con mediación adulta constante y apoyos visuales. En consecuencia, la falta de asistencia regular del estudiante no obedece a una imposibilidad institucional, sino a una decisión familiar en discrepancia con la modalidad de apoyos definida, por lo que no existe privación del derecho a la educación, sino una controversia respecto de una modalidad específica de apoyo no amparada como derecho exigible.

En cuanto al principio del interés superior del niño, sostiene que este no impone la obligación de acceder a cualquier medida solicitada por la familia, sino el deber de adoptar aquellas decisiones que, desde una perspectiva técnica, integral y conforme a derecho, resulten más adecuadas para el desarrollo y bienestar del menor. Afirma que su actuación se ajusta plenamente a dicho principio al disponer un conjunto de apoyos institucionales multidisciplinarios orientados a garantizar la inclusión, participación y progreso del estudiante dentro del marco normativo vigente. Por ello, la decisión de no autorizar la presencia de una asistente externa no implica desatender el interés superior del niño, sino resguardarlo dentro de un marco institucional que asegura coherencia pedagógica, supervisión profesional de los apoyos y adecuada integración escolar.

Por lo que solicita rechazar en todas sus partes el recurso interpuesto, con condena en costas.

TERCERO: Que, a folio 19, comparece el abogado Fernando Bonacic Vera, en representación convencional de don nombre reservado, Director del Liceo Carlos Roberto Mondaca Cortés de la comuna de Vicuña, solicitando el rechazo del recurso.

Afirma que, el Director del establecimiento no adoptó una decisión autónoma ni definitiva, sino que permitió de manera transitoria una situación excepcional mientras el SLEP Elqui definía el criterio institucional aplicable; una vez impartidas las directrices, se limitó a ajustar el funcionamiento a dichas instrucciones en cumplimiento del principio de jerarquía administrativa. Su actuación en ningún caso tuvo por objeto excluir al estudiante basado en su discapacidad, manteniendo su matrícula y los apoyos del Programa de Integración Escolar, por lo que actuó en todo momento dentro de sus funciones y ajustado a las directrices del sostenedor competente.

Precisa que, la situación que originó el presente recurso se enmarca en una actuación inicial del Director del establecimiento, quien, amparado en las facultades de dirección y coordinación que le confieren los artículos 9 y 10 de la Ley N°21.040, permitió de manera transitoria y prudencial el ingreso de una persona externa en funciones de acompañamiento mientras el SLEP Elqui definía el criterio institucional aplicable. Dicha autorización provisoria no constituyó una decisión definitiva ni el reconocimiento de un derecho adquirido, sino una medida orientada a resguardar la continuidad del proceso educativo del estudiante necesariamente sujeta a revisión por el sostenedor, órgano competente para definir los lineamientos generales del servicio. Una vez que el Servicio Local impartió las directrices formales mediante el instructivo "Regulación de solicitudes de tutor sombra efectuadas por familias", el Director se limitó a ajustar su actuación a dichas instrucciones en estricto cumplimiento del principio de jerarquía administrativa consagrado en la Ley N°18.575. En consecuencia, el acto reprochado no corresponde a una decisión adoptada al margen del ordenamiento jurídico, sino al cumplimiento de instrucciones institucionales obligatorias emanadas de la autoridad competente.

Destaca que, la actuación del Director no puede calificarse de arbitraria o caprichosa, pues respondió en todo momento a criterios institucionales, técnicos y administrativos vinculados al adecuado funcionamiento del establecimiento. La autorización transitoria inicial del ingreso de una persona externa se produjo en un contexto previo a la definición institucional del SLEP Elqui, sin constituir una decisión definitiva ni el reconocimiento de un derecho adquirido. Señala que el establecimiento cuenta con mecanismos institucionales de apoyo, profesionales especializados, adecuaciones curriculares, trabajo multidisciplinario, y el Director actuó de buena fe permitiendo transitoriamente el acompañamiento mientras se definía el criterio aplicable. En consecuencia, la decisión posterior de restringir el ingreso permanente no es arbitraria ni contradictoria, sino la necesaria adecuación a las directrices de la autoridad competente.

Concluye solicitando el rechazo del recurso con costas.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que el acto recurrido es la decisión de no autorizar una asistente personalizada para el hijo de la recurrente, en el establecimiento escolar en el cual se encuentra matriculado, en atención a diagnósticos de Trastorno del Espectro Autista (TEA) y Miastenia Gravis Ocular Seronegativa, lo cual fue aceptado durante los años 2024 al 2025, lo que obstaría a la inclusión efectiva del adolescente al sistema escolar.

A su turno los recurridos, señalan que el “tutor sombra” no se encuentra regulado por ley, y que se cuentan con los profesionales como programas especializados para dar apoyo al joven en aula, por lo que su decisión no ha sido ilegal o arbitraria.

SÉPTIMO: Que, para resolver la controversia, debe tenerse presente que la Ley N°21.545 Establece la Promoción de la Inclusión, la Atención Integral, y la Protección de los Derechos de las Personas con Trastorno del Espectro Autista en el Ámbito Social, de Salud y Educación, la que en su artículo 18, en lo pertinente, prescribe que “Es deber del Estado asegurar a todos los niños, niñas, adolescentes y personas adultas una educación inclusiva de calidad y promover que se generen las condiciones necesarias para el acceso, participación, permanencia y progreso de los y las estudiantes, según sea su interés superior.

Esto implica que el Estado resguardará que los niños, niñas, adolescentes y personas adultas con trastorno del espectro autista accedan sin discriminación arbitraria a los establecimientos públicos y privados del sistema educativo.

Los establecimientos educacionales velarán por el desarrollo de comunidades educativas inclusivas. Asimismo, efectuarán los ajustes necesarios en sus reglamentos y procedimientos internos, que consideren la diversidad de sus estudiantes y permitan el abordaje de desregulaciones emocionales y conductuales.”

OCTAVO: Que, las recurridas argumentan que en términos normativos la figura de tutor sombra para un o una estudiante en particular no está contemplada entre los recursos humanos posibles de contratar con los recursos asociados a subvención de educación especial, subvención que cubre la exigencia de horas de profesionales mínimas para dar los apoyos. Esto porque los profesionales que se contratan para implementar la modalidad de educación especial conforman un equipo multiprofesional que brinda apoyos especializados.

Sin embargo, estos apoyos se deben distinguir según la intensidad requerida y no corresponden a una labor de asistencia permanente durante todos los momentos de la jornada escolar, por ejemplo, a un estudiante con discapacidad motora se le pueden dar apoyos para desplazarse o para resolver algunas de sus necesidades personales de alimentación o rutinas de baño. Los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales de carácter permanente podrían requerir más o menos horas de apoyo, o apoyo individual, por ejemplo, para la alimentación como en el caso del joven de autos.

A la par el SLEP refiere en su instructivo sobre regulación de solicitudes de tutor sombra efectuado por familias, que el acompañamiento o asistencia por un tercero o familiar al alumno con una condición especial, genera diversas dificultades para el establecimiento, entre las que se encuentran: la afectación de la autonomía profesional de los docentes y equipos de apoyo; la alteración del clima de aula y de la convivencia escolar; la exposición de otros estudiantes y sus familias a personas externas al equipo del establecimiento, con los consiguientes riesgos en materia de resguardo de la integridad física, psíquica y de la confidencialidad de la información; y la ausencia de vínculos laborales y jerárquicos que permitan a la dirección ejercer supervisión y responsabilidad sobre las acciones de dichos adultos.

Lo anterior debe ser necesariamente ponderado con el caso particular del joven A.H.G.R, atendiendo a sus características y requerimientos propios, toda vez que está afectado por una condición que reconoce intensidades y matices. Por otra parte, lo afirmado en el informe, contrasta con aquello que tanto el psicólogo y sicopedagoga tratantes, han relevado en cuanto a los beneficios que reporta para A.H.G.R la asistencia de la tutora sombra y lo nocivo de su supresión.

NOVENO: Que, sentado lo anterior, la circunstancia de que la figura del “tutor sombra” no se encuentre expresamente tipificada como recurso humano financiable con cargo a la subvención de educación especial —cuestión efectiva y no controvertida— no resuelve por sí sola el asunto sometido a esta Corte. En efecto, la pretensión de la recurrente no consiste en exigir que el Estado contrate y remunere a la asistente con fondos públicos, sino en que se permita el ingreso de una persona ya conocida por la comunidad escolar, costeada íntegramente por la familia, en calidad de ajuste necesario para el ejercicio efectivo del derecho a la educación del adolescente.

La ausencia de regulación legal expresa de un determinado mecanismo de apoyo no equivale a su prohibición, ni exime a los recurridos del deber de adoptar los ajustes razonables que el caso concreto demande, obligación que emana directamente del artículo 8° de la Ley N°20.422 —que define los ajustes necesarios como aquellas medidas de adecuación del ambiente físico, social y de actitud que, de forma eficaz y práctica y sin que suponga una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de una persona con discapacidad en igualdad de condiciones— y del artículo 2° de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que consagra en idénticos términos los ajustes razonables, cuya denegación constituye, conforme al mismo instrumento, una forma de discriminación por motivo de discapacidad.

Que, planteada así la controversia, conviene precisar la naturaleza de los intereses en juego. De una parte se sitúa el derecho del adolescente a una educación inclusiva, a su integridad física y psíquica y a no ser discriminado en razón de su discapacidad, garantías de rango constitucional reconocidas en el artículo 19 numerales 1, 2 y 10 de la Carta Fundamental. De otra parte, los recurridos invocan la potestad de organización pedagógica del sostenedor; potestad que, por sí sola, no constituye un derecho fundamental equiparable, sino una competencia legal funcionalmente ordenada a la realización del propio derecho a la educación. No obstante, en cuanto dicha potestad se ejerce, según se expone en los informes, para resguardar bienes que cuentan con anclaje constitucional —la integridad y los derechos del resto de los estudiantes de la comunidad escolar, la convivencia escolar y el adecuado funcionamiento del servicio educativo como condición del ejercicio del derecho a la educación de todo el alumnado, conforme al mismo artículo 19 N°10—, es posible reconocer en su base una tensión entre bienes de relevancia constitucional, lo que habilita un ejercicio de ponderación.

Que, así entendidos, tales bienes no se encuentran ordenados de modo absoluto, sino que revisten la estructura de principios que, cuando entran en colisión, no se resuelven por exclusión de uno de ellos, sino determinando, a la luz de las circunstancias particulares del caso, cuál debe preceder al otro. A ello cabe añadir que, en la medida en que la actuación impugnada importa además una restricción de derechos fundamentales adoptada por un órgano de la Administración, ésta queda igualmente sujeta a un control de proporcionalidad.

En ambas dimensiones —ponderación de los bienes en tensión y control de la restricción administrativa— resulta aplicable el principio de proporcionalidad, integrado por los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, para examinar si la negativa impugnada constituye una restricción justificada.

En cuanto a la idoneidad, la medida adoptada por los recurridos —canalizar exclusivamente los apoyos a través del Programa de Integración Escolar, excluyendo a la asistente personalizada— persigue un fin legítimo, cual es la organización del servicio educativo y la supervisión institucional de quienes intervienen en el aula. Hasta aquí la finalidad invocada por los recurridos resulta admisible. Sin embargo, el examen no puede detenerse en este punto, pues la legitimidad del fin no comunica, sin más, legitimidad al medio empleado para alcanzarlo.

En cuanto a la necesidad, este subprincipio exige verificar que, entre las medidas igualmente idóneas para alcanzar el fin perseguido, se haya optado por aquella menos lesiva para el derecho fundamental afectado. Y es precisamente aquí donde la decisión de los recurridos no resiste el examen. En efecto, frente a la exclusión de la asistente Sra. nombre reservado, podían concebirse alternativas menos gravosas para el derecho del adolescente; entre ellas, y a modo de ejemplo, la permanencia de dicha asistente, acompañada de un plan de retiro progresivo, diseñado en coordinación con los profesionales tratantes y los equipos del establecimiento, que permitiera al estudiante transitar gradualmente hacia los apoyos institucionales del Programa de Integración Escolar sin la supresión abrupta de la figura de referencia que lo ha acompañado por dos años. Una vía de esa naturaleza, a lo menos como posibilidad, podría conciliar ambos intereses, pues resguarda la autonomía organizativa del sostenedor —al someter el acompañamiento a las prescripciones que el establecimiento determine y a una salida planificada— sin sacrificar de modo inmediato la seguridad y la estabilidad emocional del adolescente, tanto más si se tiene presente que la asistente ha sido parte proceso educativo del joven por a lo menos dos años. Cabe hacer presente que lo determinante al analizar la necesidad de la medida no es que estos sentenciadores impongan una solución técnica determinada, cuestión que excede a sus competencias, sino que los recurridos, antes de adaptar la medida más lesiva disponible, no hayan explorado fórmulas intermedias, lo que resulta suficiente para tener por incumplida la exigencia de necesidad.

En cuanto a la proporcionalidad en sentido estricto, cuanto mayor es el grado de afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro. Contrastados los términos de la colisión, el grado de afectación del derecho del adolescente no resulta posible de soslayar pues, la supresión de su asistente compromete no sólo la continuidad de su trayectoria educativa, sino también su integridad física —atendido el riesgo de asfixia o compromiso respiratorio derivado de su condición de salud— y su estabilidad emocional, según han relevado sus profesionales tratantes al advertir lo nocivo de la supresión del acompañamiento. Frente a ello, el grado de satisfacción que la medida reporta a los bienes invocados por el sostenedor —la convivencia escolar, la integridad de los demás estudiantes y el adecuado funcionamiento del servicio— es, en el caso concreto, leve, ya que el acompañamiento no irroga costo fiscal alguno por ser asumido por la familia, recae sobre una persona que cuenta con certificado de inhabilidad y de capacitación en TEA, que ya fue parte -como se ha dicho- de la dinámica escolar del protegido durante los años 2024 y 2025 y durante los nueve días de marzo de 2026 sin que se registrara incidente alguno, de modo que los riesgos abstractos invocados en el instructivo —afectación del clima de aula, exposición de terceros, ausencia de supervisión— no se han verificado en la realidad ni han sido acreditados respecto de este caso particular. Así, el grado de satisfacción de tales bienes no alcanza a justificar la intensidad del sacrificio impuesto al derecho del adolescente, lo que conduce a concluir que, en la ponderación, debe primar el derecho a la educación inclusiva, a la integridad y a la no discriminación del niño.

A mayor abundamiento, tratándose de una decisión que recae sobre un niño con discapacidad —categoría sospechosa en los términos del artículo 2° de la Ley N°20.609— y que viene a revertir una situación de hecho previamente reconocida, autorizada e incluso financiada por los propios recurridos, la justificación exigible no era la de un acto administrativo ordinario, sino una de especial justificación, capaz de demostrar que la exclusión constituía la única vía para resguardar un interés de mayor entidad. No obstante, los recurridos se han limitado a invocar la falta de regulación de la figura y la suficiencia abstracta de los apoyos del Programa de Integración Escolar, sin hacerse cargo de los antecedentes clínicos específicos del adolescente ni explicar por qué dichos apoyos institucionales resultarían, en su caso concreto, equivalentes a la figura de referencia cuya eficacia ya había sido comprobada en la práctica.

DÉCIMO: Que, según lo razonado precedentemente, es posible calificar la actuación de los recurridos como arbitraria, entendiéndose por tal aquel acto que denota una desproporción entre los motivos y el fin a alcanzar, una ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objeto a obtener o inexistencia de hechos que fundamenten un actuar, lo que pugna con la lógica y la recta razón o un acto es arbitrario cuando no existe razón que lo fundamente, el arbitrio no es sino la voluntad no gobernada por la razón sino por un impulso instintivo o por una idea o propósito sin motivación aparente, fuera de las reglas ordinarias y comunes. Para que haya arbitrariedad debe haber, entonces, carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos el o la finalidad a alcanzar... (Henríquez, M. Acción de protección, Der, 2018, pp. 15-16).

Por tanto, el actuar de las recurridas, materia del presente recurso ha resultado carente de razones que lo justifiquen, como se aprecia de la respuesta dada a la actora y teniendo presente la situación vital del adolescente de autos, la negativa que se reprocha por la presente vía ha tenido un componente discriminatorio. Pues el hijo de la recurrente posee una condición perteneciente al espectro autista, además de padecer Miastenia Gravis Ocular Seronegativa, ello imprime una alta exigencia argumentativa en quien recae la sospecha a fin de eliminar toda sombra de discriminación en su actuar, lo que no se ha logrado por las recurridas.

En el plano interno la prohibición de discriminación en base a la discapacidad, está recogida en la Ley N°20.609, que en su artículo 2 hace alusión a estas categorías indicando: “Definición de discriminación arbitraria. Para los efectos de esta ley, se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la maternidad, la lactancia materna, el amamantamiento, la orientación sexual, la identidad y expresión de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad. Las categorías a que se refiere el inciso anterior no podrán invocarse, en ningún caso, para justificar, validar o exculpar situaciones o conductas contrarias a las leyes o al orden público. Se considerarán razonables las distinciones, exclusiones o restricciones que, no obstante fundarse en alguno de los criterios mencionados en el inciso primero, se encuentren justificadas en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental, en especial los referidos en los números 4, 6, 11, 12, 15, 16 y 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, o en otra causa constitucionalmente legítima.”

A su turno, la Ley N°20.422 que establece Normas Sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, señala en su artículo 6 que “Para los efectos de esta ley, se entiende por: a) Discriminación: Toda distinción, exclusión, segregación o restricción arbitraria fundada en la discapacidad, y cuyo fin o efecto sea la privación, perturbación o amenaza en el goce o ejercicio de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico.”

UNDÉCIMO: Que, por otra parte e imbricado con el tema que nos ocupa, el contenido del interés superior del niño, niña y adolescente se puede articular señalando que se refiere a una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño/a o grupo de niños/as (Guía para la evaluación y determinación del interés superior de los niños, niñas y adolescentes en casos de medidas de protección especialmente vinculadas al cuidado alternativo, UNICEF, 2022, p. 5).

Por su parte la jurisprudencia ha señalado que “…en estas materias cabe considerar como una regla de interpretación el interés superior del niño y, aun cuando el concepto es jurídicamente indeterminado, puede afirmarse que alude a asegurar el ejercicio y protección de los derechos fundamentales de los menores niños, niñas y adolescentes, y a posibilitar la mayor satisfacción de todos los aspectos de su vida orientados a asegurar el libre y sano desarrollo de su personalidad...” (SCS Rol 1.384.2008 de 14 de abril de 2008).

A lo anterior se añade que, la citada Ley N°20.422 prescribe en su artículo 10 que: “En toda actividad relacionada con niños con discapacidad, se considerará en forma primordial la protección de sus intereses superiores.”

DUODÉCIMO: Que, del modo indicado, y conforme al ejercicio de ponderación desarrollado en el motivo noveno, no se vislumbran razones justificadas que avalen la negativa que mediante la acción tutelar de protección se reprocha a las recurridas, pues la restricción impuesta no superó los subprincipios de necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, por lo que asistimos a un actuar carente de razonabilidad, de carácter arbitrario y con un componente discriminatorio fundado en la discapacidad del adolescente. Dicho actuar conculca, a su turno, las garantías de la integridad física y psíquica del adolescente protegido, su derecho a no ser discriminado arbitrariamente y su derecho a la educación, previstos en el artículo 19 numerales 1, 2 y 10 de la Constitución Política de la República, por lo que el arbitrio intentado deberá necesariamente ser acogido en los términos que se dirán.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE la acción de protección intentada en favor del adolescente A.H.G.R, en contra del Director del Liceo Carlos Roberto Mondaca Cortés, y del Servicio Local de Educación Pública Elqui, y se dispone que el establecimiento educacional permitirá la asistencia en aula, de la asistente personalizada del adolescente, doña nombre reservado, debiendo esta cumplir las prescripciones establecidas por el Ministerio de Educación y siempre que el interés superior del adolescente de autos lo demande. Con todo, dentro del plazo de treinta días hábiles contado desde que esta sentencia quede ejecutoriada, el establecimiento, en coordinación con la madre del adolescente y sus profesionales tratantes, deberá diseñar e implementar un plan de retiro progresivo del acompañamiento, orientado a que el estudiante transite gradualmente hacia los apoyos institucionales del Programa de Integración Escolar, sin que dicha transición pueda significar la supresión abrupta de la asistente ni comprometer la seguridad y estabilidad emocional del adolescente, debiendo todo avance en tal sentido supeditarse a la evolución favorable que verifiquen sus tratantes.

Redacción de la Abogado Integrante Pía Paulina Bustos Fuentes.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°621-2026 (Protección)