nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado, nombre reservado y otro Servicio Nacional de Migraciones Recurso de Protección Rol N°62-2022.- La Serena, catorce de febrero de dos mil veintidós.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 17 de enero pasado comparece el egresado de derecho nombre reservado, en representación de nombre reservado y nombre reservado, el primero estudiante menor de edad y el segundo empleado, ambos venezolanos, deduciendo recurso de protección en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, representado por don nombre reservado, Ingeniero Civil Industrial, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, por la omisión ilegal y arbitraria en el pronunciamiento sobre la solicitud de permanencia definitiva realizada el 18 de enero de 2021, por conculcar dicha omisión el principio de igualdad ante la ley, conforme a lo preceptuado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que sus representados arribaron al país con Visa de Responsabilidad Democrática, lo que les permitió asentarse de una manera más rápida y fácil, por lo que el menor pudo entrar a estudiar rápidamente y el padre encontró un trabajo estable y bien remunerado que les permitió asentarse de manera definitiva en Chile y así llevar adelante los proyectos del grupo familiar.

En vista de lo anterior, el 18 de enero de 2021, dentro del plazo señalado en el N° 3 del artículo 129 del Decreto Supremo N° 597 de 1984, estos postularon a la permanencia definitiva debido a que cumplían con todos los requisitos necesarios para dicho beneficio. Ambas solicitudes fueron acogidas a trámites sin que a la fecha las mismas hayan recibido reparo alguno.

Cabe destacar que a raíz de la demora de la recurrida en pronunciarse sobre el beneficio en cuestión mis representados se encuentran impedidos de renovar su cedula de identidad nacional, las cuales vencieron hace un año, así como también, en el caso del padre, se encuentra imposibilitado de postular a créditos o préstamos bancarios u obtener otros beneficios por parte de instituciones financieras, pues la gran mayoría de estos requieren que el solicitante posea permanencia definitiva.

En el caso del menor de edad, le es imposible, sin un carnet vigente, postular a distintos beneficios y becas estudiantiles, impidiendo que éste pueda acceder a dichos programas en igualdad de condiciones que el resto de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.

No obstante, habiendo transcurrido un año desde que se realizaron dichas solicitudes, la recurrida no se ha pronunciado sobre éstas, prolongando de manera ilegal y arbitraria el plazo establecido en la ley 19.880 para la resolución de los procesos administrativos.

Destaca que existe una conculcación al derecho a la integridad psíquica, ya que la omisión en el pronunciamiento de la solicitud de los afectados les impide, entre otra serie de cosas, renovar sus cédulas de identidad, documento indispensable no sólo para identificarse, sino para contratar diversos servicios de hogar como internet o tv satelital o suscribir documentos públicos o privados.

Solicita acoger en todas sus partes el recurso, con costas, y en consecuencia, ordenar a la recurrida a resolver la solicitud de permanencia definitiva de los afectados en un plazo no mayor de 5 días hábiles o el que la Corte prudencialmente fije desde que se encuentre ejecutoriado el fallo de la presente acción.

Acompaña: 1. Copia de solicitudes de Permanencia definitiva de los afectados que acredita el envío de la misma y las fechas en que fueron realizadas; 2. Expediente con los documentos personales, laborales y previsionales presentados por don nombre reservado a la recurrida para su solicitud de Permanencia Definitiva que contiene; 3. Expediente con los documentos personales presentados por el menor nombre reservado a la recurrida para su solicitud de Permanencia Definitiva; y, 4. Certificado de Egreso del apoderado, don nombre reservado, emitido por la Universidad de Chile en la que se acredita su capacidad para comparecer en juicio.

SEGUNDO: Que, con fecha 08 de febrero del año en curso, informando por la recurrida, comparece la abogada Bárbara Donoso Hernández, solicitando el rechazo del recurso.

Reconoce los hitos de tramitación de las solicitudes de permanencia definitiva referidos por los actores y señala que las solicitudes se encuentran en etapa de evaluación intermedia.

En cuanto a la situación migratoria, refiere que estando en tramitación la solicitud de los extranjeros se deriva que mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional, por lo que entiende que no existe actualmente un acto que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Agregando que no es posible configurar bajo ningún respecto alguna hipótesis de silencio administrativo, en los términos de los artículos 64 y 65 de la Ley 19.880.

Enseguida, expone que por el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial y el estado de emergencia en el cual se encontraba nuestro país.

Estima que la recurrida ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, por lo que entiende que no existe actualmente un acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el Artículo 19, y no existe por tanto perturbación alguna a los derechos del extranjero, toda vez que la solicitud del recurrente se encuentra actualmente en Análisis Resolutivo.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de permanencia definitiva presentada, lo cual califica la actora de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica.

Solicita que se ordene al recurrido acoger a trámite sin más demora su solicitud o bien adoptar las medidas que se estimen apropiadas para resguardar y restablecer el imperio del derecho.

SEXTO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N° 19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

SÉPTIMO: Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de permanencia definitiva, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N° 19.880 (SCS Rol N° 24.827-2020).

OCTAVO: Que, por tanto, la dilación del recurrido en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de los recurrentes en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

A mayor abundamiento, la duración del procedimiento, que se generó a propósito de la solicitud de permanencia definitiva de autos ha superado un año de tramitación, tiempo que a juicio de estos sentenciadores es evidentemente excesivo, toda vez que si bien es de público conocimiento que muchos trámites administrativos se han visto dilatados por la emergencia sanitaria que atraviesa el mundo entero, es preciso constatar que por lo menos durante el año 2021 la situación sanitaria se ha ido normalizando y los servicios estatales han desarrollado sus funciones cada vez con menores restricciones, de forma tal que no aparece justificado la extensión que ha tenido la tramitación de la solicitud de la recurrente, todo lo que transforma en arbitrario el proceder de la recurrida.

NOVENO: Que, además de lo anterior, cobra especial relevancia que uno de las recurrentes don nombre reservado, es un niño de diez años de edad, cuyo interés superior debe ser garantizado por el órgano administrativo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño, que prescribe en su numeral 1° que “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.”. Esto significa que todos los órganos estatales, incluido el recurrido de esta causa, deben velar por la satisfacción del interés superior del niño, lo que en este caso concreto implica remover los obstáculos que puedan dilatar el acceso del niño de esta causa a su permanencia definitiva.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado y nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Extranjería, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile y en consecuencia se dispone que la recurrida deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de las solicitudes de permanencia definitiva presentadas ante ella por los recurrentes, en un plazo no superior a treinta días contados desde la notificación de esta sentencia.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol 62-2022 Protección.