ALMOY SPA con SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO REGIÓN COQUIMBO

ALMOY SPA Servicio Agrícola y Ganadero Recurso de protección Rol N° 6176-2022.

La Serena, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece don Hugo del Campo Venegas, abogado, en representación de ALMOY SPA., deduciendo acción constitucional de protección en contra del Servicio Agrícola y Ganadero Región de Coquimbo, en adelante SAG, por las actuaciones ilegales y arbitrarias cometidas respecto de la recurrente en la tramitación del expediente de subdivisión de un predio rústico y que singulariza concretamente en el libelo respectivo.

Explica que con fecha 28 de junio de 2022 se presentó por su representada ante la oficina del Servicio Agrícola y Ganadero de la ciudad de Ovalle, una solicitud de subdivisión de predio rústico, de conformidad al Decreto Ley N° 3.516 de 1980, adjuntando la documentación requerida para tales fines.

Agrega que el predio rústico cuya subdivisión se solicitó consiste en el LOTE F, resultante de la subdivisión del “Fundo El Pozo”, ubicado en el punto llamado El Toro, subdelegación comuna de Punitaqui, Provincia del Limarí, Cuarta Región, que tiene una superficie de 71,5 hectáreas y se encuentra inscrito a nombre de su mandante, a fojas 801v N° 1098 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Ovalle del año 2022.

Señala que con fecha 14 de julio de 2022, su representada recibió un correo electrónico de parte de don nombre reservado, técnico sectorial de recursos naturales renovables, de oficina SAG Limarí, Región de Coquimbo, cuyo tenor literal es: “Estimado: Junto con saludar, le informamos que la solicitud de subdivisión de Almoy SPA, está aprobada en su Etapa N.º 1, desde el 14-07-2022, quedando en este acto Ud., notificado en virtud de lo establecido en el Art 19 de la ley N.º 19.980 de 2003, para seguir con el proceso debe cancelar el ingreso a la Etapa N.º 2, en el plazo máximo de 30 días hábiles a partir de la fecha de esta notificación. Se solicita realizar el pago en la oficina SAG.”

Reseña que, de esa forma, se le informó a su mandante que su solicitud fue aprobada en su etapa N°1 o Etapa de verificación de antecedentes acompañados y que, a contar desde esta fecha, se entenderá notificado por correo electrónico, en virtud de lo establecido en el artículo 19 de la ley N°19.980 de 2003.

Agrega que en este mismo correo se informó a su mandante que debía realizar un pago, previo al ingreso a la etapa N°2 o Etapa de Análisis técnico de la documentación, dentro de un plazo máximo de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha de este correo, a saber, 14 de julio de 2022 y que el pago se debía hacer de manera presencial, en la oficina del SAG.

Indica que frente a esta última solicitud, su mandante solicitó el mismo día 14 de julio de 2022, la posibilidad de realizar el pago a través de transferencia electrónica o depósito, ya que ALMOY SpA., tiene sus oficinas en la comuna de Coquimbo, o sea, en una comuna distinta a la que se encuentra ubicada el SAG de Ovalle.

Explica que la solicitud fue derivada a doña nombre reservado, funcionaria de SAG Ovalle, quien señaló, vía correo electrónico, que se le permitirá hacer el pago de la suma adeudada, a saber, la suma de $ 87.372.- (ochenta y siete mil trecientos setenta y dos) a través de transferencia electrónica, a la cuenta corriente del Servicio Agrícola y Ganadero.

Reseña que el mismo día, 14 de julio de 2022, la sociedad ALMOY SpA., a través de su representante legal, doña nombre reservado, transfirió a la cuenta del Servicio Agrícola y Ganadero, la suma antes indicada.

Explica que posterior a esta fecha, no se volvió a tener noticias en cuanto a la tramitación del expediente de subdivisión, por parte del Servicio Agrícola y Ganadero.

Manifiesta que con fecha 8 de agosto de 2022, doña nombre reservado, en representación de ALMOY SpA., envió un correo a doña nombre reservado, la funcionaria del SAG Ovalle antes indicada, con el objeto de tener alguna información respecto del avance de la solicitud de subdivisión, recibiendo la respuesta el mismo día 8 de agosto de 2022, por doña nombre reservado quien contestó el correo electrónico, señalando lo siguiente: “Estimada, junto con saludar informo a usted q debido a las nuevas normativas dadas por el gobierno las carpetas de subdivisión se están atrasando mucho más que antes en su revisión...ruego a usted solicitar información a correo reservado para saber aproximadamente cuando podría estar lista.”

Destaca que con fecha 17 de agosto de 2022, su mandante envió un correo electrónico a don nombre reservado, revisor del Servicio Agrícola y Ganadero de Ovalle, a fin de poder obtener alguna respuesta del estado en que se encontraba la solicitud de subdivisión presentada por ALMOY SPA., atendido lo señalado por doña nombre reservado, en correo antes citado.

Explica que con fecha 19 de agosto de 2022, don nombre reservado, funcionario del SAG Ovalle, responde este correo electrónico, indicando lo siguiente:

“Estimada nombre reservado.

Adjunto le envío circular instruida desde Nivel Central. Según la circular, corresponde que su solicitud de subdivisión sea derivada desde nuestra oficina sectorial a la dirección regional para la tramitación de suspensión. En definitiva, la unidad de recursos naturales regional y jurídica, debe entregarnos a nosotros como oficina si corresponde o no suspender su SPR (En adelante, subdivisión de predio rústico).

Desconocemos el tiempo de respuesta, pero tan pronto la tengamos se la comunicaremos.

Me encontraba con días de vacaciones y justamente hoy, me reintegré a la oficina. Le pido disculpas por la demora en dar respuesta en los plazos correspondientes” (destacado es nuestro).

Hace presente que la circular que se adjuntó a este correo es la Circular N° 475/2022, que instruye sobre suspensión o rechazo de proyectos de certificación de subdivisión de predios rústicos y criterios complementarios de revisión determinadas por el análisis de la mesa SPR y una vez aprobada la 1° etapa de revisión de los antecedentes.

Expone que la citada circular fue dictada con fecha 18 de julio de 2022, es decir, en una fecha posterior al inicio de la tramitación del expediente que, a saber, ingresó al SAG de Ovalle el día 28 de junio de 2022, por ende, no era aplicable la circular a este caso, ya que las leyes administrativas, en general, no operan con efecto retroactivo.

Agrega que, además, había empezado a correr la segunda etapa, que es de la revisión técnica del plano, la cual se basa en parámetros objetivos y no subjetivos, como los que se establecen en la circular de marras.

Detalla que se debe tener presente que en la especie se está incumpliendo el plazo consagrado en la normativa sobre certificación de planos de subdivisión de predios rústicos, para la emisión del certificado de subdivisión correspondiente, que es de 20 días hábiles.

Destaca que, a la fecha de la comunicación por correo electrónico de la posible suspensión de la tramitación de SPR, que todavía no se decide, había ya transcurrido el plazo establecido para pronunciarse sobre la subdivisión correspondiente, con las consecuencias que esto tiene respecto de la aprobación de tramites por la aplicación de reglas acerca del silencio administrativo.

Sostiene que es evidente la poca formalidad del procedimiento de marras, el incumplimiento de los plazos legales y reglamentarios establecidos, el silencio del órgano administrativo y la suspensión de facto del asunto, hecho que evidentemente vulnera los derechos y garantías fundamentales de su representada.

Cita el artículo 20 de la Constitución Política de la República, transcribiéndolo íntegramente.

Explica que el recurso de protección es aquella acción constitucional que el afectado o cualquiera a su nombre, capaz de comparecer en juicio, aunque no tenga mandato legal para ello, puede interponer ante los tribunales superiores, a fin de solicitar se adopten inmediatamente las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el constituyente establece, sin perjuicio de los demás derechos que pueda valer ante la autoridad o tribunales correspondientes.

Afirma que la presente acción de protección resulta procedente porque concurren, copulativamente, los requisitos señalados por el artículo 20 de la Constitución, y el Acta 94-2015, que fija el texto refundido del auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, según se explicará.

Reseña que de acuerdo al artículo 20 de la Constitución Política de la República y el artículo 2° del Acta 94-2015, el recurso de protección puede ser interpuesto por el directamente afectado, o por cualquiera a su nombre.

Indica que, en este caso en particular, dado que las consecuencias de la acción u omisión arbitraria o ilegal cometida por el SAG, afectan directamente los derechos fundamentales y garantías constitucionales de la sociedad ALMOY SpA., interpone la presente acción en su representación.

Refiere que de conformidad al artículo 1° del Acta 94-2015, el recurso o acción de protección se interpondrá “dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

Señala que el día 19 de agosto de 2022 se recibió el correo electrónico por parte de don nombre reservado, funcionario del SAG Ovalle, adjuntando la Circular N° 475/2022, que instruye sobre suspensión o rechazo de proyectos de certificación de subdivisión de predios rústicos y criterios complementarios de revisión determinadas por el análisis de la mesa SPR, señalando que corresponde que la solicitud de subdivisión de su mandante sea derivada desde el SAG Ovalle a la Dirección Regional del SAG para la tramitación de suspensión del expediente, indicando que desconoce el tiempo de espera y que no había dado respuesta antes por encontrarse este funcionario de vacaciones, hechos que su parte denuncia como acción arbitraria e ilegal de parte de este órgano estatal.

Aclara que, por lo tanto, habiendo transcurrido menos de 30 días desde que se tuvo noticias o conocimiento cierto del acto arbitrario o ilegal, se encuentra dentro de plazo para la interposición de la presente acción de protección.

Específica que el acto ilegal y arbitrario contra el que se recurre de protección es el hecho de que, el día 19 de agosto de 2022 se recibió el correo electrónico por parte de don nombre reservado, funcionario del SAG Ovalle, en donde se cometen diversas infracciones a la ley.

Explica, en primer lugar, que hay omisión e incumplimiento del término de 20 días establecidos por la Resolución Exenta N° 3.904 de fecha 24 de mayo de 2019 del Ministerio de Agricultura.

Detalla que la Resolución Exenta N°3.904 de fecha 24 de mayo de 2019 del Ministerio de Agricultura, que “Determina Forma de Expedir Certificados de Subdivisión de Predios Rústicos y Deroga Resolución N°169 de 1994”, establece el procedimiento para la obtención del certificado de subdivisión de predios rústicos, disponiendo al efecto: “ El presente procedimiento tiene por objeto regular la tramitación a que debe someterse el Servicio, así como las personas que concurren a éste, planteando solicitudes de certificación sobre proyectos de subdivisión de predios rústicos, en el marco del Decreto Ley N.º 3.516 de 1980”.

Agrega que la misma Resolución Exenta N°3.904 establece claramente y sin espacio a dudas que: “El plazo para la emisión del certificado correspondiente o en su defecto el de devolución del expediente de la solicitud por incumplimiento de requisitos, será de 20 días hábiles, en los términos del artículo 25 de la ley N.º 19.880, entendiendo que son inhábiles los días sábados, domingos y los festivos. Este plazo se entenderá iniciado desde el momento en que dicho expediente sea recibido en la oficina que corresponda geográficamente al predio objeto de la solicitud de subdivisión.

Con todo, en aquellos casos de reingreso o a propósito del pago de la tarifa correspondiente a la etapa de análisis técnico de la documentación, este plazo se entenderá suspendido por el número de días que demore el usuario en realizar el referido reingreso o pago de tarifa.”

Prosigue exponiendo que la ley es clara en señalar que el plazo para la emisión del certificado de subdivisión o la devolución del expediente respectivo es de 20 días hábiles administrativos, término que en la especie claramente se ha incumplido, toda vez que su mandante ingresó su solicitud el día 28 de junio de 2022, pero hasta la fecha no ha tenido una respuesta clara en cuanto a la aprobación o rechazo de la misma.

Aclara que, en este caso, no operó la suspensión por reingreso o a propósito del pago, contemplado en la Resolución Exenta N°3.904, por cuanto su mandante recibió el día 14 de julio de 2022 un correo electrónico informándole del pago de la tarifa y el mismo día realizó el pago vía transferencia, por lo tanto, este expediente no fue objeto de suspensión.

Advierte que estrictamente, su mandante debió haber tenido respuesta de su trámite máximo el día 26 de julio de 2022, ya sea que se aprobara su solicitud y se emitiera el certificado de subdivisión respectiva, o se procediera al rechazo de la misma.

Destaca que, hasta ahora su representada no ha tenido una respuesta formal en cuanto a su requerimiento, sino que únicamente se le indicó que “se desconocen los tiempos de espera” y que no se había dado respuesta antes por “encontrarse de vacaciones”, respuesta que no son válidas viniendo de un órgano estatal, que se encuentra sometido al estricto cumplimiento de plazos administrativos.

Detalla que se debe tener presente que el inciso final del artículo 8° de la Ley N° 18.575 o Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dispone que: “Los procedimientos administrativos deberán ser ágiles y expeditos, sin más formalidades que las que establezcan las leyes y reglamentos.”

Advierte que, en el mismo sentido, la Ley 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado (LBPA), consagra una serie de principios administrativos, que se han infringido en la especie.

Desataca que el Artículo 7º de la LBPA, consagra el Principio de Celeridad, señalando que: “Las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión.”

Indica que ese mismo cuerpo normativo consagra en su Artículo 8º el Principio conclusivo, señalando que: “Todo el procedimiento administrativo está destinado a que la Administración dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual exprese su voluntad.”

Prosigue exponiendo que este texto legal, en su Artículo 9º, el Principio de economía procedimental, indicando que: “La Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios.”

Hace ver que, en la especie todos estos principios administrativos han sido vulnerados, ya que se está dilatando la tramitación de la solicitud de su mandante, de manera arbitraria e ilegal.

Aclara, en segundo lugar, que se pretende aplicar la Circular N°475/2022, a un expediente iniciado antes de su dictación.

Detalla que la Circular N° 475/2022, fue dictada con fecha 18 de julio de 2022, por la señora directora nacional (S) del Servicio Agrícola y Ganadero Oficina Central, doña Andrea Collao Véliz.

Explica que en virtud de la misma, se instruyó a las distintas Direcciones Regionales del SAG, y a otras autoridades y funcionarios, decretar de forma inmediata la suspensión o rechazo de proyectos de certificación de subdivisión de predios rústicos (SPR), entregando criterios complementarios de revisión, determinados por el análisis de la mesa SPR.

Advierte que esa Circular lo que hace, en términos generales, es suspender las solicitudes de subdivisión en curso, estableciendo nuevos “criterios” de revisión y examinación de las solicitudes de subdivisión de predios rústicos que deben realizar las Direcciones Regionales del SAG.

Detalla que estos nuevos criterios van orientados a determinar -según la Circular- si el proyecto de subdivisión de acuerdo a su tipología, pudiere vulnerar la normativa vigente, por lo que se deberán reunir y analizar los antecedentes aportados por los solicitantes o por terceros, así como también los recabados por el SAG o los informados por otros servicios. Estos últimos se consideran como los criterios genéricos de suspensión.

Indica que en la práctica, los casos que describe la Circular del SAG impiden totalmente la presentación de nuevos proyectos, además de paralizar los ya ingresados, como sería el caso de su mandante.

Destaca que no obstante, se debe recordar que su representada ingresó su solicitud el día 28 de junio de 2022, es decir, mucho antes de la dictación de la Circular N° 475/2022 del Servicio Agrícola y Ganadero, que fue dictada el 18 de julio de 2022.

Afirma que, por lo tanto, dicha Circular afectaría la tramitación de un procedimiento iniciado antes de su dictación, acto que a todas luces es ilegal y arbitrario.

Estima que es más grave, que la circular se dicta una vez que la SPR, había sido aprobada en su primera etapa, que corresponde a la de revisión de los documentos, quedando solo pendiente la Etapa II, que es de la revisión técnica de los planos.

Destaca que entre los antecedentes que se mencionan en la Circular 475/2022, figura la Resolución Exenta SAG N° 3904/2019, de fecha 24 de mayo de 2019 que, como señala determina la forma de expedir certificados de subdivisión de predios rústicos. Dicha norma, actualmente vigente, establece la tramitación a que debe someterse el Servicio, así como las personas que concurren a éste, planteando solicitudes de certificación sobre proyectos de subdivisión de predios rústicos, en el marco del Decreto Ley N.º 3.516 de 1980.

Agrega que este procedimiento tiene una Etapa I, que comprende determinar por parte del SAG, si la solicitud cumple con los requisitos para certificar la subdivisión de predios rústicos. Se trata de un examen formal, en el que se comprueba que el expediente cuenta con los documentos exigidos, que los mismos son coherentes entre sí y que se acredite el pago de la tarifa respectiva.

Señala que una vez superado el examen anterior, se inicia la Etapa II, que comprende principalmente determinar por parte del SAG, si los planos presentados cumplen con los requisitos para certificar la subdivisión de predios rústicos solicitada por los usuarios.

Subraya que lo ilegal y arbitrario de esta suspensión de facto de la tramitación de la SPR, es que esta vulnera expresamente el Art. 52 de la Ley N° 19.880 o LBPA, norma que consagra irretroactividad de la ley administrativa, indicando: “Retroactividad. Los actos administrativos NO TENDRÁN EFECTO RETROACTIVO, salvo cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos de terceros.”

Destaca que una solicitud de SPR, presentada antes de la dictación de la ley, se le pretende aplicar una circular dictada con posterioridad, aún más, una vez aprobada la primera fase o etapa, que es de revisión de los antecedentes.

Explica que para la doctrina, el principio de irretroactividad de los actos administrativos es una de las manifestaciones más concretas del principio de seguridad jurídica y del respeto a los derechos adquiridos. La prohibición de retroactividad se fundamenta en la paz social, esto es, en la necesidad de no tensionar innecesariamente las relaciones entre el Estado, por un lado, y la sociedad y las personas, por el otro, a través de estados de incertidumbre jurídica.

Prosigue señalando que el art. 52 de la LBPA dispone, en carácter de prohibición general, que el acto administrativo produzca efectos para el pasado.

Reseña que, como materialización del principio “pro administrado”, el legislador permite que el acto pueda excepcionalmente producir efecto retroactivo si se reúnen las siguientes dos condiciones copulativas: 1) Que el acto administrativo produzca consecuencias favorables para terceros interesados, y 2) Que al mismo tiempo no afecte derechos de terceros.

Destaca que ninguno de los requisitos se cumple en la especie, toda vez que la aplicación de la Circular N° 475/2022 no produce consecuencias favorables para su representada, por el contrario, le perjudica, motivo por el cual la citada Circular no puede aplicarse a la solicitud de su mandante, con efecto retroactivo, ya que la ley lo prohíbe expresamente.

Agrega que la Ley 18755, que establece normas sobre El Servicio Agrícola y Ganadero, dispone en su artículo 46, inciso único parte final, lo siguiente: “Asimismo, para proceder a la subdivisión de predios rústicos, el Servicio certificará el cumplimiento de la normativa vigente”.

Especifica que el DL 3516, que establece normas sobre división de predios rústicos del Ministerio de Agricultura, en su artículo 1°, prescribe que: “Los predios rústicos, esto es, los inmuebles de aptitud agrícola, ganadera o forestal ubicados fuera de los límites urbanos o fuera de los límites de los planes reguladores intercomunales de Santiago y Valparaíso y del plan regulador metropolitano de Concepción, podrán ser divididos libremente por sus propietarios siempre que los lotes resultantes tengan una superficie no inferior a 0,5 hectáreas físicas.

Resalta que la Resolución Exenta Nº 3.904, de 2019, del SAG, que regula el procedimiento de tramitación a que debe someterse el Servicio así como las personas que concurren a éste, respecto de solicitudes de certificación sobre proyectos de subdivisión de predios rústicos, en el marco del decreto ley N.º 3.516 de 1980, esto es, que determina forma de expedir certificados de subdivisión de predios rústicos, establece expresamente que “en base a los planos del proyecto y demás antecedentes requeridos, el SAG, previo examen técnico, emitirá un certificado que señale que la subdivisión predial propuesta cumple con la normativa legal vigente”.

Concluye, de lo expuesto, que la solicitud de su mandante simplemente fue aplazada y suspendida, de manera arbitraria e ilegal. Asimismo, al informar los funcionarios del SAG Ovalle que se estaría ahora considerando la Circular N° 475/2022 en la tramitación de su mandante, este organismo está actuando fuera de toda lógica jurídica, haciendo una aplicación retroactiva, que le está expresamente prohibida por ley.

Sostiene que, en definitiva, el acto ilegal y arbitrario, vulneratorio de las garantías constitucionales de su mandante, no es el solo el retraso en la respuesta del SAG, sino que el hecho de que se le está aplicando con efecto retroactivo una norma que claramente no es favorable para su representado, en circunstancias que le ley es clara en prohibir la retroactividad de las normas administrativas en los casos en que afecte los derechos de los interesados.

Destaca que el cambio sustancial en las condiciones y, especialmente, al hecho de que se intenta aplicar al procedimiento de su mandante la Circular N° 475/2022, es que el SAG vulnera el principio de confianza legítima de la recurrente.

Subraya que, como se indicó, la norma a través de la cual la autoridad decidió establecer el procedimiento para otorgar los certificados de subdivisión está contenida en la Resolución Exenta SAG N° 3.904, del año 2019. Sin embargo, hoy su mandante se enfrenta a una situación de incertidumbre y cambios en las condiciones, por el hecho de aplicársele una nueva circular, dictada después de que inició la tramitación de su solicitud, lo que obviamente afecta la confianza legítima.

Explica que la confianza legítima es una garantía en el ámbito público, consistente en la defensa de los derechos del ciudadano frente al Estado y en la adecuada retribución a sus esperanzas en la actuación acertada de éste.

Sostiene que el principio de confianza legítima se deduce desde los principios constitucionales de Estado de Derecho, de los artículos 5, 6 y 7 de la CPR y de seguridad jurídica del artículo 19 N° 26 de la CPR. En virtud de él se entiende que existirá una permanencia en la regulación y aplicación del ordenamiento jurídico, situación que ahora se ve alterada por el actuar arbitrario e ilegal por parte del SAG.

Destaca que hoy se intenta alterar la situación de su representada, a través de nuevas exigencias de la Circular Nº475/2022, que se traducen en la paralización de su solicitud de subdivisión.

Afirma que el SAG mediante la aplicación de la Circular antes citada alteró la situación fáctica o estatus quo bajo el cual su mandante presentó su solicitud de subdivisión ante el SAG.

Estima que este acto ilegal y arbitrario constituye una perturbación o amenaza a los derechos fundamentales que fundamentan la acción de protección.

Sostiene que los hechos fundantes del recurso importan un infracción al artículo 19 N°2 de la Constitución, esto es, la igualdad ante la ley y la prohibición a la discriminación arbitraria.

Refiere al artículo 19 N° 2 de la CPR garantiza “la igualdad ante la ley”, estableciendo en su inciso segundo que “ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”.

Prosigue con una referencia al artículo 19 N°2 de la CPR, señala que: “La Constitución asegura a todas las personas: (…) N°2: La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley.

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”.

Señala que la doctrina ha definido la igualdad ante la ley como: “el sometimiento de todas las personas a un mismo estatuto jurídico fundamental para el ejercicio de sus derechos y para el cumplimiento de sus deberes, sin que sea procedente efectuar entre ellas distinciones favorables o adversas en razón de raza, nacionalidad, sexo, profesión, actividad u oficio y del grupo, sector social o categoría económica a que pertenezca”.

Afirma que la jurisprudencia, por su parte, ha entendido esta garantía, no como una igualdad absoluta, sino como una distinción razonable entre quienes se encuentran y quienes no se encuentran en la misma condición, de forma tal que “las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y, consecuencialmente, diversas para aquellas que se encuentren en situaciones diferentes”.

Estima que la aplicación de la Circular N°475/2022 a la solicitud de subdivisión de mi representada vulnera esta garantía constitucional, por cuanto el SAG incurre en una discriminación arbitraria que atenta directamente contra la garantía constitucional de igualdad ante la ley de su representada.

Destaca que ello en razón que se le pretenden imponer nuevos requisitos, que no fueron impuestos a otros solicitantes que ingresaron su expediente de subdivisión antes del 18 de julio de 2022, fecha en que se dictó la mencionada circular, en circunstancias que su representada también ingresó su solicitud antes de la dictación de esta norma administrativa, por ende, no debiese aplicársele esta Circular.

Sostiene que, por lo tanto, se deja en una situación de desigualdad abismal a dos personas que se encuentran en la misma circunstancia, es decir, se pone a su representada en una situación de desigualdad frente a cualquier otro particular que haya ingresado una solicitud de subdivisión antes de la dictación de la Circular 475/2022.

Afirma la existencia de una Infracción Al Artículo 19 N° 3 de la Constitución Política; el Debido Proceso.

Cita el artículo 19 N° 3 de la CPR, en su inciso 5°: “La Constitución asegura a todas las personas: (…) N° 3: (…) Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un único procedimiento y una investigación racionales y justos.”

Señala que el procedimiento de subdivisión se encuentra regulado por la Resolución Exenta N°3.904, norma que establece claramente y sin espacio a dudas que: “El plazo para la emisión del certificado correspondiente o en su defecto el de devolución del expediente de la solicitud por incumplimiento de requisitos, será de 20 días hábiles, en los términos del artículo 25 de la ley N.º 19.880, entendiendo que son inhábiles los días sábados, domingos y los festivos.”

Destaca que en la especie no se cumplió el plazo legal antes señalado, lo cual evidentemente constituye una infracción a la garantía constitucional del debido proceso.

Prosigue con una cita al inciso final del artículo 8° de la Ley N° 18.575 que dispone: “Los procedimientos administrativos deberán ser ágiles y expeditos, sin más formalidades que las que establezcan las leyes y reglamentos”, norma que también se infringe en la especie, por cuanto mi mandante se ha visto afectado por una dilación innecesaria de la tramitación de su solicitud.

Agrega que, a lo anterior, la aplicación de la Circular N° N°475/2022 vulnera expresamente la Ley N° 19.880, que en su Artículo 52, consagra la irretroactividad de la ley administrativa.

Reitera que, sin fundamento alguno, la solicitud en curso de su mandante simplemente en concreto fue aplazada, al aplicársele ahora la citada Circular, por ende, derechamente se está haciendo una aplicación retroactiva de la ley administrativa.

Manifiesta que la violación al precepto constitucional del Art 19 N°3, se ha manifestado con la incorporación de nuevas cargas y requisitos que debe cumplir su mandante, para que el SAG acceda a la subdivisión predial solicitada.

Afirma que ello no es admisible, pues vulnera el debido proceso, ya que no sólo somete a su mandante a dilaciones e incluso suspensiones que no corresponden, sino que además agrega trámites que no se contemplaban cuando se inició la tramitación de la solicitud de su representada.

Resalta que su representada inició su solicitud con “las reglas del juego claras”, no obstante, en medio de su tramitación fueron modificadas por la dictación de la Circular N° N°475/2022.

Destaca que lo anterior, resulta incompatible con el debido proceso y con el principio de confianza legítima, ya enunciado, fundamentalmente porque ahora el SAG cambió el procedimiento, afectando la solicitud de su representado, que ya se había iniciado.

Aclara que el hecho que la Administración del Estado no ejerza jurisdicción en el sentido más puro del término, no la releva en caso alguno de respetar el debido proceso al ejercer la potestad sancionatoria, que en este caso implicaría no modificar las reglas de tramitación de un determinado proceso administrativo a la mitad del camino.

Expone que así lo ha expresado la doctrina, al comentar la garantía constitucional en examen y su vinculación con las actuaciones sancionatorias de la Administración del Estado: “El texto exige, en seguida, que toda sentencia de un órgano que ejerce jurisdicción debe fundarse en un proceso previo, legalmente tramitado, correspondiendo al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento e investigación racionales y justos […] Aclaremos, primero, que se trata de un texto aplicable a cualquier autoridad, expresión sinónima de “órgano” en la Constitución, que ejerza jurisdicción, o sea, que deba cumplir funciones o ejercer atribuciones que afecten derechos de las personas. Además, dejamos establecido que la expresión sentencia no se refiere exclusivamente a la sentencia judicial, sino a cualquier resolución, de cualquier autoridad, que ejerciendo sus atribuciones afecte derechos constitucionales o legales. […] Sostener, por tanto, que “lo jurisdiccional” se inicia con la intervención del tribunal ordinario y negar que las autoridades políticas y administrativas son “órganos que ejercen jurisdicción” cuando afectan los derechos de las personas, es un grave error que desconoce la letra, el espíritu y la historia del precepto que nos ocupa (…)”.

Destaca que la garantía constitucional se ve vulnerada en la especie, ya no sólo se pretende suspender la tramitación de la solicitud de su mandante, sino que además con esta circular se agregan “nuevas etapas” de tramitación con la eventual solicitud de informe a otras entidades, que antes no se contemplaban, en circunstancias que la tramitación de su representada se encontraba ya en Etapa II, por ende, no puede ahora retroceder su tramitación, mucho menos aplicársele un procedimiento diferente, que no existía en el momento en que mi mandante ingresó su expediente.

Denota que la suspensión de facto, de la tramitación de la SPR, de su mandante, infringe el propio marco normativo, en que se funda la Circular 475/2022, del SAG, ya que, cita como referente legal, entre otros, los artículos 9° y 32 que transcribe en lo pertinente.

Concluye que se infringen las normas antes citadas, ya que, con su accionar la autoridad recurrida, no ha dictado la resolución fundada, que suspenda la tramitación administrativa de la SPR, y, además, en el hecho ha adoptado medidas provisionales que impliquen violación de los derechos amparados por las leyes, en favor de su representada.

Afirma la existencia de una infracción al artículo 19 N° 24 de la Constitución: el derecho de propiedad.

Cita el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política y refiere al Código Civil que “El ‘dominio’, que se llama también ‘propiedad’, es el derecho real que se tiene sobre una cosa corporal o incorporal, para usar, gozar y disponer de ella según lo resuelva su dueño, sin atentar contra la ley o el derecho ajeno (arts. 582 y 583 del Código Civil).

Explica que la propiedad es el más amplio y completo de los derechos reales porque otorga a su titular la plenitud de las facultades que se puede tener sobre una cosa.

Prosigue que la referida garantía constitucional se ve vulnerada en el presente caso, toda vez que las limitaciones al dominio sólo pueden ser constitucionales y, por lo tanto, son cargas públicas que necesariamente deben ser soportadas por el particular afectado, cuando una ley las establezca y provengan de alguna de las hipótesis regladas de función social de la propiedad, y como lo ha señalado la doctrina y jurisprudencia, cuando no afecte los atributos esenciales del dominio o que derechamente constituya una privación total o parcial del mismo.

Cita jurisprudencia, exponiendo: “(…) No sólo se produce privación del dominio cuando se despoja a su dueño totalmente de él o de uno de sus atributos o facultades esenciales, sino también, cuando ello se hace parcialmente o mediante el empleo de regulaciones que le impidan libremente ejercer su derecho o uno de sus atributos mencionados”.

Explica que los actos recurridos tienen evidentes consecuencias en la facultad de usar, gozar y disponer de la propiedad, toda vez que, su mandante ahora deberá someterse a una nueva tramitación, obstaculizando de manera ilegal y arbitraria el legítimo ejercicio del derecho de su propiedad, en este caso, subdividir un predio rústico precisamente porque es parte de sus facultades inherentes al dominio, la de gozar y disponer libremente de su inmueble.

Afirma que el derecho de propiedad de su representada queda enteramente sujeto a la discrecionalidad del SAG, con la suspensión perpetua e indefinida de su solicitud de subdivisión.

Manifiesta que, además, constituye una arbitrariedad e ilegalidad la aplicación de nuevos requisitos para la autorización de subdivisión del inmueble de su mandante, requisitos que no están en la ley general ni especial, como requiere la Constitución, sino solamente por la Circular antes citada.

Sostiene que imponer por medio de una Circular más requisitos que los que dispone la ley para autorizar la subdivisión, implica una perturbación a las facultades esenciales del dominio sobre un inmueble.

Explica que parte de las facultades del dominio son la libre disposición del bien, ya sea desprendiéndose de su propiedad o de parte de sus atributos. Una manifestación de la facultad de disponer se expresa a través de la subdivisión del predio, a fin de enajenar porciones menores del predio de mayor extensión.

Subraya que el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución expresamente señala que nadie puede ser perturbado en su derecho de propiedad o de las facultades del dominio, sino es en virtud de una ley general o especial.

Afirma que se esta frente en una perturbación al derecho de dominio ALMOY SpA., sobre sus Inmuebles, pues al establecer nuevos requisitos de manera ilegal y arbitrario para emitir el certificado de subdivisión, se restringe su derecho de propiedad sin ley dictada al efecto.

Solicita tener por presentado este recurso de protección en contra de SAG Región de Coquimbo y, previa tramitación, acogerlo, a fin de que se declare: a) Ordenar al SAG de la Región de Coquimbo que se abstengan de dar aplicación a la Circular 475 de 2022 y demás normas dictadas con posterioridad al ingreso de la solicitud de subdivisión de SPR, una vez aprobada la primera etapa de esta, de ALMOY SpA., tomando, en consecuencia, las medidas que en derecho correspondan para que los citados actos, así como cualquier otro acto administrativo dictado o ejecutado en conexión con aquellos, sean dejados sin efecto; b) Que se expida el Certificado de subdivisión del predio rústico, requerido por su representada, ALMOY SpA, atendido que venció el plazo para pronunciarse sobre la SPR, ingresada por su mandante, o en su defecto, que se efectué la revisión técnica del plano de subdivisión, presentado por este, de acuerdo a las normas establecidas de antemano, en la Resolución Exenta Nº 3.904, de 2019, que determina la forma de expedir certificados de subdivisión de predios rústicos; c) En subsidio, decretar cualquiera otra medida que se estime adecuada para reestablecer el imperio del Derecho y evitar la conculcación de los derechos constitucionales de la recurrente; y, d) Condenar en costas a la recurrida.

Acompaña en sustento de su acción de protección los siguientes documentos: 1.- Copia de los correos electrónicos sostenidos entre los funcionarios del SAG Ovalle y su representada, ALMOY SpA, y 2.- Circular N°475/2022, que se adjuntó al correo de don nombre reservado, funcionario del SAG Ovalle, de fecha 19 de agosto de 2022.

SEGUNDO: Que, comparece por el SAG doña nombre reservado, evacuando el informe de rigor sosteniendo que la referida entidad pública no ha ejecutado actuación, ni ha incurrido en omisión alguna, que puedan ser consideradas arbitraria o ilegal, en contra de las recurrentes, que le hayan hecho sufrir privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en nuestra Constitución Política, específicamente en el artículo 19 Números 2°, 3º y 24°, respecto de la garantía de igualdad ante la ley, el debido proceso y respecto al derecho de propiedad.

Niega la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal en los términos señalados por el recurrente.

Expone que el acto objeto del recurso de protección, que supuestamente habrían perturbado o amenazado el libre ejercicio del derecho de las recurrentes, específicamente el artículo 19 en sus numerales 2, 3 y 24, de la Constitución Política de la República, correspondería a la aplicación de la Circular N° 475/2022, de fecha 18 de julio de 2022, de la Dirección Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, que “Instruye sobre la suspensión o rechazo de proyectos de certificación de subdivisión de predios rústicos y criterios complementarios de revisión determinadas por el análisis de la mesa SPR”, conllevando con ello, la dilación excesiva de su procedimiento de subdivisión predial del predio denominado Lote F, resultante de la subdivisión del “Fundo El Pozo”, ubicado en el punto llamado El Toro, subdelegación comuna de Punitaqui, Provincia del Limarí, cuarta región, inscrita a fojas 801 v, N° 1098 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Ovalle del año 2022, incumpliendo el plazo establecido en la Resolución Exenta N° 3904/2019 del Servicio Agrícola y Ganadero.

Destaca la situación actual de la “Subdivisiones de Predios Rústicos” (en adelante SPR) y el aumento que, a partir del año 2020, ellas han tenido, lo que sumado a denuncias de contravención a las normas del Decreto Ley 3.516 han llevado a acciones mancomunadas de diversos servicios públicos y municipalidades en materia de subdivisión del terreno agrícola, exponiendo detalladamente una serie observaciones que han surgido del proceso de fiscalización con otros organismos, destacando: a.- Proyectos emplazados en lugares con valor agroproductivo o valor ecosistémico, bosque nativo, humedales, aledaños a parques nacionales, lugares con valor cultural, tales como centros ceremoniales y arqueológicos, o con peligro e remoción en masa; b.- Proyectos de gran cantidad de lotes, recibiendo solicitudes de hasta de 1200 lotes; c.- Proyectos que se desarrollan como una unidad de objeto, es decir, se promocionan como “Condominios” o “Comunidades”; d. Publicidad que invita directamente a la habitabilidad de los lotes, oferta de urbanidad, cableado soterrado, internet, bienes comunes, tales como club house, instalaciones deportivas, etc.; e.- Reglamentos de convivencia o copropiedad, que prohíben expresamente la actividad agrícola, estableciendo estándares de constructibilidad, administración de bienes de bienes comunes, todo lo propio de la ley de copropiedad; f.- Segundas o terceras etapas de condóminos consolidados, presencia de pórticos, casetas de guardia, caminos pavimentados; g.- Apertura de caminos sin las autorizaciones correspondientes, y h.- Posibles desviaciones de causes y rellenos de quebradas.

Agrega que lo anterior ha motivado el ejercicio de acciones ante diversos organismos tanto jurisdiccionales como administrativos, incluyendo acciones penales por infracción a lo previsto en el artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Señala que producto de denuncias y de lo observado por los mismos Servicios Públicos, se hizo patente un nuevo modo de operar de los desarrolladores de proyectos, esto es, se verificó que existían ofertas, publicidad, reserva y promesas de compra venta en blanco, de parcelas que aún no contaban con la certificación del SAG y cuya “destinación”, se señala explícitamente, corresponde a fines habitacionales. De esta nueva situación se hizo cargo el Ministerio de Agricultura y el Servicio Agrícola y Ganadero a través del Oficio y la Circular.

Prosigue analizando el contenido del recurso de protección de autos, su fundamento fáctico, el acto ilegal y arbitrario que le sirve de base, determinado por la Circular N° 475/2022 y otros aspectos.

Afirma la improcedencia de la acción de protección por cuanto es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas. De los antecedentes que son expuestos en el recurso por la recurrente ALMOY SpA, es posible apreciar que el actor no detenta, en caso alguno, derechos de carácter indubitados, desde que la Circular N° 475, de fecha 18 de julio de 2022, de la Dirección Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, se refiere a instrucciones propias de Organismos de la Administración del Estado, dentro de su competencia, y no son actos administrativos terminales en los términos de la ley 18.575, sino de trámite, por lo que mal puede considerarse a dichos actos como amenaza, privación o perturbación de derechos fundamentales a los recurrentes, además que dicha Circular obedece a las instrucciones del Oficio Ordinario N° 637, de 12 de julio de 2022, del Ministerio de Agricultura, el que indica en síntesis, que a objeto de preservar el suelo rural y su finalidad agrícola instruye a su representado Servicio Agrícola y Ganadero, en el sentido que si durante la solicitud de certificación de una subdivisión, advirtiera que tal proyecto eventualmente pudiese significar un cambio de uso de suelo o una vulneración de los artículos 55 y 56 de la ley General de Urbanismo y Construcción, debería proceder a suspender la tramitación y a requerir según corresponda, informes a: 1.- La Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo respecto al artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción; 2.- Si existe bosque nativo o se tratara de un predio con aptitud forestal, a la Corporación Nacional Forestal (Conaf); 3.- A la Subdirección de Agua Potable Rural de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, si el loteo puede provocar un impacto en el abastecimiento de agua potable en los comité o cooperativas de APR, situados en el área de influencia del proyecto; 4.- Informe a otro Servicio Público que sea competente. El mismo Oficio señala la base jurídica en la cual se funda lo anterior. En efecto, se señala el artículo 46 de la ley orgánica del SAG, en relación con el Decreto Ley 3.516, de 1980 y en los artículos 9° y 32, de la ley 19.880, todos los anteriores, ya reproducidos en la parte introductoria del presente informe.

Explica que dicho Oficio culmina con la frase “Al formular las presentes instrucciones, hemos tenido en cuenta que, las autoridades, en el cumplimiento de sus cometidos, deben proceder con apego al principio de juridicidad –previsto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política y el N° 2 de la ley N° 18.755-, según el cual los organismos de la administración del Estado deben actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico, y que aquellas también se encuentran vinculadas por el principio de coordinación – dispuesto en los artículos 3° y 5° de la misma ley-, en cuya virtud deben propender a la unidad de acción”.

Destaca que acentúa lo señalado precedentemente, el hecho que no se señala por parte de los actores, el acto administrativo específico que supuestamente haya causado privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de sus derechos fundamentales, sólo se limita a señalar que se le informó “verbalmente “de lo anterior, ni mucho menos la forma en la que dicho acto afectó sus derechos, sino se trata de la interposición de una acción cautelar dirigida a una instrucción general interna de la Administración Pública.

Manifiesta que por la acción de protección se pretende requerir pronunciamiento sobre una supuesta legalidad o arbitrariedad de acciones u omisiones, de actos administrativos que son inexistentes, y como tales no han nacido siquiera a la vida del derecho.

Prosigue con una lata explicación del marco normativo que posee el SAG, haciendo una referencia a su ley orgánica, N° 18.755 y a las competencias y facultades que se le otorgan, incluyendo una referencia a los principios de legalidad, competencia e investidura regular de los órganos del Estado contenidos en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental, destacando aquella atribución referida a contribuir al desarrollo agropecuario del país, mediante la protección, mantención e incremento de la salud animal y vegetal; la protección y conservación de los recursos naturales renovables que inciden en el ámbito de la producción agropecuaria del país y el control de insumos y productos agropecuarios sujetos a regulación en normas legales y reglamentarias y a las funciones que, por ley, se otorgan en su ámbito competencial.

Continúa con un análisis vinculado a la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y su aplicación al SAG, destacando en dicho análisis la exigencia de coordinación entre los órganos administrativos del Estado y el principio de unidad de acción administrativa.

Sigue con una referencia a la Ley 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado y los principios que regulan el procedimiento administrativo, destacando el de economía procedimental y citando el artículo 32 referido a las medidas provisionales.

Refiere en su informe al concepto de “predio rústico” de acuerdo con el artículo 1° del Decreto Ley 3.516 de 1980, que son “los inmuebles de aptitud agrícola, ganadera o forestal, ubicados fuera de los límites urbanos o fuera de los límites de los planes reguladores intercomunales de Santiago y Valparaíso y del plan regulador metropolitano de Concepción………”.

Enfatiza que no son terrenos “que se puedan usar o no para la agricultura la ganadería o actividades forestales”, sino que se “deben” usar para tales fines según nuestra legislación.

Sigue explicando el procedimiento de subdivisión de predios rústicos, la competencia que en ello le corresponde al Servicio Agrícola y Ganadero, por contemplarlo su ley orgánica 18.755, explicando detalladamente en base a la normativa referida, haciendo referencias a diversas disposiciones legales del referido cuerpo normativo, las que además transcribe.

Hace presente que la “normativa vigente” en materia de subdivisión de predios rústicos, la constituye el decreto ley N° 3516, de 1980, que Establece normas sobre división de predios rústicos, citando y transcribiendo el artículo 1° del mismo, destacando que conforme a dicha disposición: “Los predios resultantes de una subdivisión quedarán sujetos a la prohibición de cambiar su destino en los términos que establecen los artículos 55° y 56° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones”, para luego hacer una nueva transcripción ahora del artículo 2°.

Destaca que, “olvida” la empresa recurrente, que las parcelas residenciales o destinadas a vivienda, se encuentran fuera del marco normativo, por cuanto el artículo 1° del Decreto Ley 3516, de 1980, indica que los predios resultantes de la subdivisión, quedan sujetos a la prohibición de cambiar su destino, situación relacionada con el artículo 55 de la Ley general de Urbanismo y Construcción, la cual señala que no será permitido abrir calles, subdividir para formar poblaciones, ni levantar construcciones, citando y transcribiendo ahora el artículo 3° del mismo Decreto Ley. Vincula ello a lo prescrito en el artículo 55, de la ley General de Urbanismo y Construcción, disposición que también transcribe íntegramente.

Afirma, teniendo presente la normativa que latamente transcribió, que al examinar el contenido de los actos administrativos objeto del recurso con tal regulación necesariamente se concluirá que no ha existido acto u omisión arbitraria o ilegal.

Refiere a la Circular N° 475, de 18 de julio de 2022, de la Dirección Nacional del Servicio Agrícola, para hacer presente que en ella, se han establecido criterios de análisis y evaluación del proceso de revisión de solicitudes de certificación de proyectos de subdivisión de predios rústicos.

Explica que tales instrucciones, se resumen en ordenar la suspensión de toda tramitación de solicitudes de certificación de proyectos de subdivisión de predios rústicos en forma previa a la emisión del correspondiente certificado, en las que se advierta de situaciones que pudieren dar cuenta que el proyecto importa un eventual cambio de destino de los lotes, una vulneración de la prohibición asociada a los artículos 55 y 56 de la LGUC, o una inviabilidad en su ejecución conforme la normativa que deba respetar, requiriendo en tal caso de los informes que sean pertinentes, como los de SEREMI, MINVU o CONAF, a fin de mejor resolver rechazar de plano la solicitud o continuar su tramitación regular.

Manifiesta que respecto a la facultad de la administración de suspender el procedimiento administrativo, aquella es una herramienta que permite que la decisión que adopte el SAG, sea tomada en base a buenas razones, las que deben ser debidamente expuestas y sometidas a discusión, evitando así que primen intereses contrarios al interés general, teniendo siempre presente que en el derecho administrativo, el contexto resulta relevante, ya que las decisiones de la Administración Pública y de los procedimientos que esta genera se adoptan con preeminencia del interés general sobre el particular, por tanto, no dependen de los deseos de los particulares, depende del contexto, por lo que el contenido de sus decisiones está condicionado entre otros, por la naturaleza de los impactos que estas provocan en las personas, en quienes deban cumplirlas y en las circunstancias fácticas que rodean el caso.

Alega que de acuerdo a lo establecido en el artículo 53 de la 18.575 el interés general se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas y en lo razonable e imparcial de sus decisiones.

Expone que se debe resolver una solicitud administrativa, habiendo tomado conocimiento de todos los antecedentes de otros organismos públicos respecto de la misma materia, analizando éstas y recabando los mayores antecedentes, a modo de evitar que dicha decisión sea dotada de la imparcialidad necesaria ordenada por la Ley.

Sostiene que el recurrente señala en parte de su Recurso, que el SAG se ha abstenido de pronunciarse, infringiendo con ello el artículo 41° de la ley 19.880, no cumpliendo su obligación de resolver la solicitud dentro del plazo fijado por la ley. Confunde el recurrente en su presentación la suspensión de un procedimiento administrativo con la abstención de resolver, y por tanto, confunde también sus efectos.

Explica que la suspensión no es más que detener el desarrollo de un procedimiento administrativo, el cual se reanudará una vez terminado el hecho que motiva la suspensión y cuya finalidad es proteger y resguardar la eficacia de la decisión administrativa, que se adoptará en definitiva, una vez que la autoridad haya formado convicción suficiente para resolver en un sentido o en otro, en base a los antecedentes presentados por el solicitante y aquellos recabados durante la tramitación del procedimiento.

Señala que la suspensión se realizará caso a caso, mediante resolución exenta fundada, la cual está sujeta al principio de impugnabilidad, mediante los recursos de reposición y jerárquico, regulados por la Ley 19.880, sin perjuicio del recurso extraordinario de revisión.

Asevera que la abstención es derechamente no intervenir pudiendo, o no resolver el procedimiento aduciendo pretextos para ello.

Afirma que el recurrente señala que el SAG ha agregado requisitos infundados e inexistentes en la certificación de la subdivisión de un predio rústico, vulnerando el principio de igualdad ante la ley, por agregar discrecionalmente antecedentes que nada dicen en relación a la solicitud a la cual está por Ley obligada a certificar, una vez constatando que esta cumple la normativa vigente. Nuevamente yerra el recurrente, al interpretar que la suspensión del procedimiento es un requisito agregado al procedimiento, yerra por ser esta una facultad de la autoridad administrativa que está lejos de ser vulneradora de alguna garantía constitucional, por el contrario, su finalidad es ajustar el procedimiento a la legalidad, evitando vulnerar los derechos de todos los interesados en el procedimiento administrativo.

Analiza el contenido de la Circular N° 475, de la Dirección Nacional del SAG, explicitando que contiene instrucciones a las Direcciones Regionales, respecto a las solicitudes de certificación de proyectos de subdivisión de predios rústicos, haciendo una referencia a las diversas hipótesis que el instrumento normativo reseñado regula, transcribiendo lo pertinente:

I.- CASOS QUE AMERITAN SUSPENSIÓN Y/O RECHAZO DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS SPR DURANTE LA EVALUACION DE UNA SOLICITUD. Se exponen tipologías de casos que ayudan al análisis y fundamentación del acto administrativo correspondiente, el que, en todo caso, deberá tener la conformidad de la Unidad Jurídica Regional. Además, en los casos en que sea requerido, la Región podrá contar con el apoyo desde el Nivel Central, tanto técnico, como jurídico.

1.1 - CASOS GENÉRICOS DE SUSPENSIÓN: En la Circular se exponen situaciones genéricas respecto de las cuales corresponde suspender la tramitación de una solicitud SPR, previo análisis de la Dirección Regional con apoyo de las Unidades Regionales de Recursos Naturales y la Unidad Jurídica, para su correspondiente verificación: a.- Denuncia de particulares o de otros Servicios Públicos respecto del carácter vulneratorio del proyecto sobre la normativa sectorial aplicada al proceso de SPR y/o la normativa ambiental y, b.- Constatación de hechos que ameriten fundadamente la suspensión del procedimiento, en base a los antecedentes asociados al proyecto SPR.

1.2 CASOS ESPECÍFICOS DE SUSPENSIÓN Y/O RECHAZO: En este caso, la Circular también señala una tipología es descriptiva, según la experiencia recogida desde regiones, pudiendo encontrarse casos donde confluyan varias de ellas. Lo relevante en consecuencia, es que la resolución exenta que suspenda o rechace la solicitud de certificación SPR esté suficientemente fundamentada, alejándose de cualquier arbitrariedad.

1.- Proyectos de parcelación (cualquiera sea el número de lotes resultantes) que incluyan en el plano, elementos propios de un condominio, tales como garitas de control de acceso, vialidad interior con rotondas, miradores, embarcaderos, áreas de trekking, zona infantil, entre otros.

a.-Acciones del Servicio: Suspender y requerir informe a SEREMI MINVU – Municipalidad, solicitando pronunciamiento si el proyecto de subdivisión se asimila a un proyecto habitacional tipo condominio y si éste vulnera la normativa vigente.

b.- En base a pronunciamientos de SEREMI MINVU y/o Municipalidad, resolver rechazar solicitud o continuar tramitación en forma regular.

2.- Plano de parcelación que contemple un diseño del proyecto incompatible con el destino agrícola, ganadero o forestal de los lotes resultantes.

Todo proyecto que en su diseño de subdivisión genere en todo o en parte lotes para los que su forma impida o dificulte el uso agropecuario efectivo de éstos, debe ser rechazado. Sin embargo, la determinación objetiva del impedimento del uso agropecuario efectivo del lote, a propósito de su forma, depende de una serie de atributos o características que se complementan entre sí, muchas veces difíciles de evaluar con los antecedentes disponibles en la solicitud, circunstancia que amerita un estudio caso a caso. Una excepción de esto último, lo constituiría la figura de los denominados "lotes fideos", los que su sola incorporación en el diseño del proyecto es causal suficiente para su rechazo.

Acción del Servicio: a.- Análisis caso a caso; b.- Hoja de Envío al Encargado Regional de la Unidad Jurídica con informe del “impedimento del uso agropecuario” de todos o parte de los lotes resultantes, para el caso específico. Considerar apoyo de Nivel Central en aquellos casos señalados en el numeral 10 de la resolución exenta N° 3904/2019 de este Servicio y, c.- Rechazo del proyecto SPR mediante resolución exenta o continuación de tramitación regular, según el mérito de lo resuelto en el análisis del plano.

3.- Proyectos de parcelación (cualquiera sea el número de lotes) con parcelas de 5.000 m2 o más en que se constata una situación de hecho constituida por: apertura de calles, caminos interiores, veredas, rotondas, áreas comunes, canchas de fútbol, embarcaderos, postación eléctrica, etc. Tener presente que el SAG puede tomar conocimiento de esta situación por medio de una denuncia ciudadana, comunicación de otro Servicio y/o de oficio, por ejemplo, utilizando algún SIG o imagen satelital.

Acciones del Servicio: a.- Visita a terreno y elaboración de informe; b.- De haberse verificado situación de hecho, se procede a la suspensión del trámite mediante resolución exenta; c.- Una vez suspendido el trámite, se procede a oficiar a otros organismos con atribuciones en la materia, tales como: CDE, SEREMI-MINVU, SMA, Municipalidad (eventual paralización de obras a través de la DOM), CONAF, DGA, Dirección de Vialidad, Subdirección de Agua Potable Rural de la DOH según el caso, y d.- En virtud de las dos primeras acciones, efectuar denuncia (directamente o, a través de la SEREMI-MINVU, por ejemplo) ante el Juzgado de Policía Local competente. En caso de sentencia condenatoria del Juez de Policía Local, rechazar mediante resolución exenta del Director(a) Regional.

4.- Proyectos de parcelación (cualquiera sea el número de lotes) con parcelas resultantes de 5.000 m2 o más, que presentan una oferta al público en redes sociales, portales inmobiliarios, otros sitios web u otros elementos que permitan atribuir características propias de un destino urbano o habitacional, tales como, el giro del propietario, el diseño del plano, etc.

Acciones del Servicio: a.- Revisión de los antecedentes que vinculan la publicidad con el predio donde se va a desarrollar el proyecto de subdivisión; b.- De haberse verificado publicidad u otros elementos que den cuenta del destino urbano o habitacional de la subdivisión, se procede a la suspensión de la tramitación de la solicitud SPR; c.- Una vez suspendido el trámite, se procede a oficiar a otros organismos con atribuciones en la materia, tales como: SEREMI-MINVU, SMA, Municipalidad (paralización de obras), CONAF, DGA, Dirección de Vialidad, Subdirección de Agua Potable Rural de la DOH, según el caso, y d.- En base a pronunciamientos de los organismos consultados, resolver rechazar solicitud o continuar tramitación en forma regular.

5.- Proyectos de parcelación que consideran la generación de 80 o más lotes. Acciones del Servicio: a.- Suspensión mediante resolución exenta; b.- Requerir informes a SEREMI MINVU, Municipalidad, SMA, SEA; c.- En base a pronunciamientos de los organismos consultados, resolver rechazar solicitud o continuar tramitación en forma regular.

6.- Proyectos de parcelación que consideren en su diseño la habilitación de caminos sobre superficie que constituya bosque. Todo proyecto de subdivisión debe dar cuenta de las vías internas de acceso a cada lote generado, sea a través del diseño de "lotes-camino" o "servidumbres de tránsito". Estos caminos son evaluados en su diseño y pertinencia por el Servicio, aunque actualmente en forma mínima, como por ejemplo respecto de su ancho. No obstante, corresponde también evaluarlos a propósito de su real factibilidad de implementación, en específico, su viabilidad en el marco del cumplimiento de la normativa forestal. Asimismo, en la medida que en el terreno de la subdivisión que se analiza, existiere bosque nativo o vegetación esclerófila, o fuere calificado un predio de aptitud forestal, deberá requerirse informe a CONAF, respecto de la viabilidad de los caminos proyectados en el marco del cumplimiento de la normativa forestal.

Al caso, si a través del análisis de imágenes satelitales y los archivos KMZ, KML o SHP aportados por el solicitante, se evidencia el diseño de caminos sobre superficie que constituya bosque, se deberá suspender la tramitación de la solicitud y oficiar a CONAF para que ésta, con los antecedentes pertinentes aportados por el Servicio, se pronuncie respecto de la referida viabilidad. En el mérito del pronunciamiento de CONAF se resolverá seguir con el curso normal de la evaluación de la solicitud o rechazarla de plano.

Acciones del Servicio: a.- Suspensión mediante resolución exenta; b.- Requerir pronunciamiento a CONAF y, c.- En base al pronunciamiento de CONAF, resolver rechazar solicitud o continuar tramitación en forma regular.

7.- Proyectos de parcelación que corresponden al desarrollo de nuevas etapas de proyectos previos, consolidados con destino inmobiliario. La presentación de la solicitud que involucre una nueva etapa de un proyecto ejecutado bajo esa modalidad y habiendo antecedentes que presuman que las etapas previas han tenido un fin urbano o habitacional, es causal de suspensión.

Lo anterior con la finalidad de recabar mayores antecedentes que permitan seguir con el curso normal de la evaluación de la solicitud o rechazarla de plano. Acciones del Servicio: a.- Suspensión mediante resolución exenta; b.- Requerir informe a SEREMI MINVU y Municipalidad solicitando la revisión de los antecedentes aportados y su pronunciamiento, en función de la posible generación de núcleo urbano o la destinación efectiva de las etapas previas a fines urbanos o habitacionales y, c.- En base a pronunciamientos de SEREMI MINVU y/o Municipalidad, resolver rechazar solicitud o continuar tramitación en forma regular.

8.- Proyectos de parcelación cuyos antecedentes documentales dan cuenta del destino inmobiliario de los lotes. La existencia de un reglamento de copropiedad o de cualquier otro documento que prohíba o limite la actividad agropecuaria de las parcelas resultantes o señale un destino urbano o habitacional de éstas, resultaría en un antecedente suficiente para sustentar el rechazo de la solicitud. Acción del Servicio: Rechazo del proyecto SPR mediante resolución exenta.

9.- Proyectos de parcelación emplazados en áreas protegidas. Todo proyecto de subdivisión que durante su evaluación se haya tomado conocimiento de encontrarse en áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación o humedales protegidos, en los términos del artículo 8° del D.S. 40/2012 (RSEIA), corresponde también analizar su real factibilidad de implementación, específicamente, respecto de la normativa ambiental vigente. Al caso, si a través del análisis de imágenes satelitales y los archivos KMZ, KML o SHP aportados por el solicitante, se evidencia un diseño de proyecto sobre superficie que constituya área protegida, sitio prioritario o humedal protegido, se deberá suspender la tramitación de la solicitud y oficiar a CONAF, MMA, BBNN y/o SEA para que estas instituciones, con los antecedentes pertinentes aportados por el Servicio, se pronuncien respecto a la viabilidad del proyecto de subdivisión respecto al cumplimiento de las normativas correspondientes. En el mérito del pronunciamiento de la o las instituciones pertinentes, se resolverá seguir con el curso normal de la evaluación de la solicitud o rechazarla de plano. Acciones del Servicio: a.- Suspensión mediante resolución exenta; b.- Requerir pronunciamientos a CONAF, MMA, SEA, BBNN y, c.- En base al pronunciamiento de la o las instituciones pertinentes, resolver rechazar solicitud o continuar tramitación en forma regular.

10.- Proyectos de parcelación cuyos deslindes se superpongan con terrenos fiscales. Para casos de proyectos de subdivisión predial, cuyos antecedentes sugieren que existe superposición de deslindes con terrenos fiscales. Acciones del Servicio: a.- Suspensión mediante resolución exenta; b.- Requerir informe a BBNN sobre si el proyecto de subdivisión está fuera de los limites prediales de la propiedad fiscal y, c.- En base al pronunciamiento de BBNN, resolver rechazar solicitud o continuar tramitación en forma regular.

11.- Proyectos de parcelación presentados por un titular cuyo giro se encuentra ligado a las siguientes actividades económicas: construcción de edificios para uso residencial, compra, venta y alquiler; y/o su objeto social sea preeminentemente de tipo inmobiliario. Si durante el análisis de antecedentes de un proyecto de subdivisión se establece que el solicitante posee giro que se encuentre ligado a la construcción de edificios para uso residencial, compra, venta y alquiler; y/o su objeto social sea preeminentemente de tipo inmobiliario, se deberá suspender la tramitación de la solicitud y oficiar a MINVU , para que éste se pronuncie respecto de la generación de núcleos urbanos al margen de la planificación territorial de la destinación efectiva del proyecto a fines urbanos o habitacionales. En el mérito del pronunciamiento del MINVU, se resolverá seguir con el curso normal de la evaluación de la solicitud o rechazarla de plano. Acciones del Servicio: a.- Suspensión mediante resolución exenta; b.- Requerir informe a MINVU y, c.- En base a los pronunciamientos resolver rechazar solicitud o continuar tramitación en forma regular.

12.- Proyectos de parcelación que se emplacen en Áreas de Desarrollo Indígena o que se encuentren en el Catastro de Tierras Indígenas de CONADI. Si durante el análisis de antecedentes de un proyecto de subdivisión se establece que éste se emplazaría en terrenos indígenas, deberá oficiarse a la CONADI para que en el mérito de su normativa específica y pronunciamiento, el SAG resuelva seguir con el curso normal de la evaluación de la solicitud o rechazarla. Acciones del Servicio: a.- Suspensión mediante resolución exenta; b.- Requerir informe a CONADI, y c.- En base al pronunciamiento de CONADI, resolver rechazar solicitud o continuar tramitación en forma regular.

1.3 INFORMES COMPLEMENTARIOS Respecto de los casos precedentemente señalados, podrá requerirse a otros servicios públicos los informes que resulten pertinentes en el mérito de las singularidades de cada proyecto en función de los antecedentes acompañados a la solicitud o aportados por terceros.

Prosigue señalando que los efectos de estas instrucciones son de carácter general para aplicar a todas las solicitudes de certificación de proyectos de subdivisión de predios rústicos. En aquellas situaciones que se encuentren dentro de las hipótesis señaladas, el SAG procederá fundadamente a solicitar antecedentes a las Instituciones pertinentes, tomando en cuentas las facultades legales de cada una de ellas. Es dable mencionar, que la Circular 475/2022, del Servicio Agrícola y Ganadero, fue dictada en el marco de las Instrucciones del Ministro de Agricultura, plasmadas en el Oficio Ordinario 637 de fecha 125 de julio de 2022, por lo que resulta necesario, ser analizado en cuestión.

Refiere al Oficio ordinario 637, de 12 de julio de 2022, del Ministro de Agricultura, explicando que el SAG está sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Agricultura (artículo 1° ley 18.755), explicando que el mismo instruyó al SAG sobre la aplicación de la facultad del artículo 46, de la ley 18.755, en relación a lo previsto en el Decreto Ley 3516, de 1980. El citado Oficio indica en síntesis, que a objeto de preservar el suelo rural y su finalidad agrícola instruye a mi representado Servicio Agrícola y Ganadero, en el sentido que si durante la solicitud de certificación de una subdivisión, advirtiera que tal proyecto eventualmente pudiese significar un cambio de uso de suelo o una vulneración de los artículos 55 y 56 de la ley General de Urbanismo y Construcción, debería proceder a suspender la tramitación y a requerir según corresponda, informes a: 1.- La Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo respecto al artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción; 2.- Si existe bosque nativo o se tratara de un predio con aptitud forestal, a la Corporación Nacional Forestal (Conaf); 3.- A la Subdirección de Agua Potable Rural de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, si el loteo puede provocar un impacto en el abastecimiento de agua potable en los comité o cooperativas de APR, situados en el área de influencia del proyecto y, 4.- Informe a otro Servicio Público que sea competente.

Agrega que el mismo Oficio señala la base jurídica en la cual se funda lo anterior. En efecto, se señala el artículo 46 de la ley orgánica del SAG, en relación con el Decreto Ley 3.516, de 1980 y en los artículos 9° y 32, de la ley 19.880, todos los anteriores, ya reproducidos en la parte introductoria del presente informe.

Destaca que culmina dicho Oficio, con la frase “Al formular las presentes instrucciones, hemos tenido en cuenta que, las autoridades, en el cumplimiento de sus cometidos, deben proceder con apego al principio de juridicidad –previsto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política y el N° 2 de la ley N° 18.755-, según el cual los organismos de la administración del Estado deben actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico, y que aquellas también se encuentran vinculadas por el principio de coordinación – dispuesto en los artículos 3° y 5° de la misma ley-, en cuya virtud deben propender a la unidad de acción”.

Afirma que el Ministerio de Agricultura no hace otra cosa más que instruir a los Servicios Públicos que participan en la materia objeto del Recurso, para que se coordinen ante una solicitud de subdivisión, y puedan cumplir de mejor manera su mandato legal, cada uno dentro de la competencia que la misma ley les confiere. Es un hecho de la causa, que los proyectos inmobiliarios de gran magnitud, pueden eventualmente significar una amenaza a los sistemas agroproductivos, al ecosistema y al equilibrio socio-ecológico de las localidades en las cuales éstos se emplazan.

Refiere a la sentencia la Excma. Corte Suprema de Justicia Rol N° 3640-2022, rechazó un Recurso de Protección interpuesto ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Rancagua, Rol N°12.582-2021, cuyo recurrente fue la empresa Inversiones S y S Spa., en contra de la Dirección Regional del SAG O´ Higgins, que se acompaña al presente Informe, confirmando la sentencia del tribunal a quo, respecto de similar situación al objeto del presente Recurso, transcribiendo íntegramente la sentencia de primera instancia desde su considerando primero, incluido lo decisorio.

Afirma que el fallo ya referido, no hace más que confirmar que en materia de solicitud de certificaciones de subdivisión de predio, la Administración se encuentra obligada a solicitar todos los antecedentes que considere oportunos, a objeto de evitar la vulneración de la normativa sectorial que lo ampara.

Destaca que los Organismos de la Administración del Estado, deben actuar de manera coordinada en aquellas materias que son intersectoriales, a objeto de prevenir la toma decisiones a través de actos administrativos que puedan causar infracción a determinados bienes jurídicos que la ley les encarga su custodia.

Sostiene que el acto administrativo consistente en el Oficio Ordinario N°637, de fecha 12 de julio de 2022, del Ministerio de Agricultura, constituye una “instrucción administrativa”, que en ningún caso constituye un acto administrativo terminal, que puedan afectar derechos constitucionales determinados.

Explica que los actos administrativos recién mencionados, no consiste en la suspensión de toda solicitud de certificación de subdivisión de un predio agrícola, sino que sólo en aquellos casos que exista la posibilidad que un proyecto pudiera importar un cambio de destino de los lotes, y de una vulneración de la prohibición de los artículos 55° y 56° de la LGUC, para el sólo efecto de solicitar Informes a los demás Instituciones Públicas competentes.

Expone lo marginal que ha sido la aplicación -respecto a la suspensión- de las citadas instrucciones sobre ante solicitudes de certificación de proyectos de subdivisión.

Detalla, a título ejemplar, que estando vigentes las instrucciones contenidas tanto en el Oficio Ordinario como en la Circular recurridas, las diversas Direcciones Regionales del SAG entre los días 18 de julio de 2022 y el 26 de agosto del mismo año, ha expedido 1.017 certificados de subdivisiones.

Prosigue reiterando que el SAG debe desplegar toda la actividad necesaria que le permita verificar si con la subdivisión de los terrenos se constituirá una urbanización ilegal del suelo rústico. Solo desplegando una actividad orientada a dicho objetivo, el SAG velará adecuadamente por el respeto a la regla conforme a la cual, fuera de los limites urbanos de los planos reguladores no será permitido abrir calles, subdividir para formar poblaciones, ni levantar construcciones.

Sostiene que la autoridad administrativa, conforme a sus deberes legales, debe evitar certificar la subdivisión de inmuebles rústicos, impidiendo la proliferación de proyectos inmobiliarios que urbanizan el suelo rústico en la forma de verdaderos condominios de facto, generando consecuencias nocivas tanto para el medio ambiente –por el deterioro del suelo agrícola que ello implica-, como para la planificación urbanística – por la proliferación de núcleos urbanos no proyectados, ni planificados por la autoridad-.

Resalta que no se trata en ningún caso, de actos que produzcan lesiones en los derechos fundamentales de la actora del presente Recurso, sino de la utilización por parte de la Administración de elementos que le confiere el ordenamiento jurídico para proceder a la mejor toma de decisiones en base a las competencias legales de cada organismo, precaviendo la vulneración de lo señalado en el Decreto Ley N° 3516 de 1980.

Refiriéndose a la solicitud de subdivisión predial presentada por la recurrente, explica que la recurrente, con fecha 30 de junio de 2022, presentó en las dependencias de la Oficina Sectorial Limarí, la solicitud de subdivisión predial, respecto del predio denominado Lote F, resultante de la subdivisión del Fundo El Pozo, comuna de Punitaqui, de propiedad de ALMOY S.p.A., inscrito a Fojas 801 vta., N° 1098 del año 2022 del Conservador de Bienes Raíces de Ovalle.

Detalla que tras la dictación de la Circular N° 475/2022 de la Dirección Nacional del SAG, la cual establece nuevos criterios de revisión, e instruye la suspensión de los procedimientos para casos determinados y que fueron indicados precedentemente, hubo un incremento considerable de ingreso de solicitudes de subdivisión, lo que conllevo a un retraso en los plazos de certificación respectiva o de suspensión, según sea el caso, además de la internalización de los nuevos criterios, en los funcionarios del Servicio.

Señala que la solicitud de subdivisión de la recurrente, tras un análisis jurídico y técnico en el marco de la Circular indicada, fue suspendida a través de la Resolución Exenta N° 610, de fecha 27 de septiembre de 2022, emitida por el Director Regional (S) del SAG Coquimbo, la cual se notificó mediante correo electrónico, previa solicitud del interesado, con fecha 12 de octubre de 2022.

Expone que la suspensión se fundamenta en palabras propias del Encargado Regional de la Unidad de Recursos Naturales Renovables en lo siguiente: “Tras la revisión de los antecedentes presentados, es necesario proceder a la suspensión del procedimiento de narras ya que se requiere de informe o pronunciamiento de otros Servicios Públicos, para un mejor resolver, en el sentido de si el proyecto amerita continuar su tramitación o debe ser rechazado, ya que, a criterio de esta unidad, se presentan los siguientes antecedentes: a.- El proyecto de parcelación presentado por el titular, señala textualmente en su escritura de constitución que su objeto será la compraventa, comercialización, arrendamiento, subarrendamiento, corretaje u otra forma de explotación, loteo, subdivisión, construcción y urbanización de bienes raíces, urbanos o rurales, por cuenta propia o ajena; la adquisición y enajenación de efectos de comercio y valores mobiliarios; la formación y participación en sociedades, comunidades y asociaciones, cualquiera que sea su naturaleza o giro; y cualquier otro acto o negocio lícito que derive de los anteriores, los complemente o sea una consecuencia de los mismos, u otros que los socios acuerden; b.- El proyecto de parcelación tiene como resultado la generación de 80 o más lotes. Complementado lo anterior, puedo indicar a Ud., que adicionalmente, indicar que revisado el plano físico del proyecto se constata una propuesta de subdivisión consistente en 88 lotes resultantes con una superficie individual de 5.000 metros cuadrados casi en la totalidad de los lotes, observándose además ensanchamiento en las servidumbres asociadas a los lotes 17 y 18, y 66 y 67. Estos antecedentes que en conjunto a los identificados en HE 7611/2022 hacer presumir una destinación distinta a la permitida por la normativa”.

“De acuerdo a lo anterior, y en opinión de ésta unidad técnica, es procedente la suspensión y requerir pronunciamiento a MINVU y a DOM de la Municipalidad de Punitaqui, respecto a: i) si la eventual materialización del proyecto de división generará un núcleo urbano al margen de la planificación urbana intercomunal; ii) Si el plano y demás antecedentes del proyecto consultado contienen elementos que evidencien una destinación a fines urbanos o habitacionales de los futuros predios resultantes del proyecto de división; y iii) si en general los antecedentes asociados a la solicitud dan cuenta del posible cambio de destino de la totalidad o parte de los futuros lotes resultantes de la división, en los términos de los artículos 55° y 56° de la LGUC”. En razón de lo mismo, es que se requirió tras la debida suspensión, informes complementarios tanto a la SEREMI MINVU de la región de Coquimbo y a la Municipalidad de Punitaqui, a través de los ORD. N° 1706 y 1707 respectivamente, ambos de fecha 07 de octubre de 2022, siendo despachados por Oficina de partes del SAG con fecha 13 de octubre de 2022, encontrándose el Servicio Agrícola y Ganadero a la espera de dichos Informes”.

Resalta que el SAG al suspender la solicitud de subdivisión predial de la recurrente, lo hace dentro de sus competencias, con mérito suficiente, fundamento plausible y en el ejercicio propio de sus funciones legales otorgadas por distintos cuerpos normativos, su Ley Orgánica 18.755, la Ley 18.575, 19.880 y Decreto Ley 3.516.

Refiere al artículo 59 de la Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, disposición que transcribe, ello para explicar que habiendo sido notificado mediante correo electrónico, previo requerimiento del interesado, la recurrente no interpuso en las dependencias del Servicio Agrícola, ni mediante algún medio digital, algún Recurso Administrativo en contra de la Resolución que suspende su solicitud de Subdivisión predial, dejando pasar una instancia para alegar algún tipo de vulneración o vicio del procedimiento en cuestión, manifestando con ello, implícitamente que, la suspensión no adolece de vicios, ni le estaría afectando dicha institución jurídica.

Analizando los derechos fundamentales que se afirman afectados expone que la afectación alegada no existe ello por los motivos ya señalados en esta presentación Expone que en relación a la igualdad ante la ley, se hace presente que tal como se ha manifestado previamente, la Circular N° 475/2022, tiene el carácter de instrucciones internas que contienen criterios aplicables erga omnes, respecto a solicitudes de certificación de subdivisión de predios rústicos, en ningún caso a todas las solicitudes de certificación.

Detalla que por el principio de coordinación entre todos los organismos públicos que intervienen en la materia, el SAG eventualmente podría suspender o rechazar solicitudes previas consultas a las Instituciones cuya competencia recae.

Afirma que no ha existido en este caso, ni discriminación, ni diferencias arbitrarias en el trato, son instrucciones generales, de público conocimiento, que se adoptan en vista del interés general y para el cumplimiento que debe observar el SAG a su mandato legal.

Sostiene, en relación a la garantía del debido proceso, que el SAG, ha ajustado sus procedimientos al cumplimiento de todas las normativas, ejecutando el principio de coordinación ya mencionado precedentemente, sin afectar a los usuarios de este tipo de solicitud, en razón de establecer criterios internos y no nuevos requisitos, como muchos creen entender con la dictación de la tan ya mencionada Circular N° 475/2022. Además, que como ya se indicó, la solicitud de subdivisión predial en cuestión, fue efectivamente suspendida mediante Resolución Exenta N° 610/2022 emitida por el Director Regional de Coquimbo, siendo notificada a través de correo electrónico previa solicitud del interesado con fecha 12 de octubre de 2022, sin ser interpuestos los recursos establecidos en el artículo 59° de la Ley N° 19.880 sobre Procedimientos Administrativos, como también fueron derivadas las consultas a los demás organismos públicos para que se pronuncien en el ámbito de su competencia sobre el proyecto de subdivisión, a saber, la Municipalidad de Punitaqui y la SEREMI MINVU de la región de Coquimbo, a través de los Ordinarios N° 1707 y 1706, respectivamente, ambos de fecha 07 de octubre de 2022.

Detalla que en relación a la garantía constitucional reconocida y consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad, no se ha visto afectado por el actuar del Servicio Agrícola y Ganadero en esta materia, sino que no ha hecho más que ejercer las atribuciones y misiones entregadas por la legislación para el cumplimiento de sus objetivos.

Insiste en que el SAG no está privando del derecho de propiedad a los actores en la presente materia. Éstos siguen teniendo las facultades de goce, uso y disposición sobre sus predios.

Finalmente, el Servicio Agrícola y Ganadero no ha incurrido en ningún acto u omisión arbitrarios o ilegales que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguna garantía constitucional de la recurrente, esto debido a que ha actuado con estricto apego y en pleno cumplimiento del Principio de Juridicidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de las República, y de las facultades legales otorgadas por distintos cuerpos normativos, su Ley Orgánica 18.755, la Ley 18.575, 19.880 y Decreto Ley 3.516.

Concluye que debe rechazarse el recurso, con expresa condena en costas, esto debido a que la Circular N° 475/2022, obedece al cumplimiento de un mandato legal encomendado de manera expresa por el legislador.

Agrega que no se acredita de manera fehaciente como el actuar del Servicio Agrícola y Ganadero ha provocado una real y efectiva afectación a los derechos y garantías constitucionales consagrados, toda vez que lo obrado por el Servicio, ha sido encuadrado dentro de las acciones tomadas en el ámbito de las materias propias de competencia del SAG.

Solicita que se rechace la acción de protección, con expresa condena en costas.

Agrega a su informe en sustento de sus defensas y alegaciones, los siguientes documentos: 1.- Oficio Ordinario N° 637, de fecha 12 de julio de 2022, emanado del Ministerio de Agricultura; 2.- Circular 475, de fecha 18 de julio de 2022, de la Dirección Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero; 3.- Sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Rancagua, recaída en autos sobre Recurso de Protección caratulados “Inversiones S y S Spa. con Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero Región de O” Higgins”, que rechazó dicha acción cautelar; 4.- Sentencia de la 3° Sala de la Excma. Corte Suprema de Justicia, Rol N° 3640-2022, que confirmó la sentencia señalada en el número anterior; 5.- Resolución Exenta N° 3904/2019, de la Dirección Nacional del SAG; 6.- Resolución Exenta N° 610, de fecha 27 de septiembre de 2022, emitida por el Director Regional (S) del SAG Coquimbo; 7.- Notificación de la Resolución Exenta N° 610, mediante correo electrónico; 8.- ORD. N° 1706, de fecha 07 de octubre de 2022, dirigido a la SEREMI MINVU de la región de Coquimbo y, 9.- ORD. N° 1707, de fecha 07 de octubre de 2022, dirigido a la Municipalidad de Punitaqui.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, ello mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo analizado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, la controversia que motiva la acción de protección dice relación concreta con la solicitud de subdivisión del predio rústico de propiedad de la actora de protección, proceso de división regulado por el Decreto Ley N° 3.516 de 1980 y la aplicación de los parámetros determinados por la Circular N° 475/2022 de 18 de julio del año 2022 del Servicio Agrícola y Ganadero dirigido a los funcionarios de la dicha entidad que establece criterios complementarios de revisión y examinación de las solicitudes de subdivisión de predios rústicos, en adelante SPR. En el último documento, mediante la técnica de determinación de tipologías de casos frente a una SPR, se disponen los actos administrativos que los funcionarios públicos que conocen de la misma deben disponer o implementar a fin de procurar que se cumpla íntegramente con la normativa vinculada al suelo agrícola y la prohibición de uso para fines residenciales del mismo, incluyendo la apertura de nuevos núcleos urbanos en contravención a las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la materia. Conforme a ello, se dispone la posibilidad de suspender la tramitación del procedimiento administrativo respectivo y las acciones de coordinación con otros organismos públicos competentes como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Servicio de Vivienda y Urbanismo, las Municipalidades, ello en base a “Casos Genéricos de Suspensión” y “Casos Específicos de Suspensión y/o Rechazo”.

SEXTO: Que, la Resolución Exenta N° 610/2022, del SAG Coquimbo decreta la suspensión del procedimiento de subdivisión predial iniciado por la recurrente el día 28 de junio de 2022, suspensión que se fundamenta, por una parte, en la citada Circular N° 475/2022 y en los parámetros en ella establecidos y, por otro, en lo que disponen los artículos 9 y 32 de la Ley N° 19.880. La primera de las referidas disposiciones, referida al principio de economía procedimental, dispone en su inciso final: “Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, a menos que la Administración, por resolución fundada, determine lo contrario”. El artículo 32, citado, se refiere, en cambio, a las denominadas “Medidas provisionales” que puede adoptar el órgano administrativo y que, en base a la misma disposición legal pueden ser concebidas como aquellas medidas que el órgano administrativo competente puede adoptar, de oficio o a solicitud de parte, se encuentre o no iniciado el procedimiento administrativo y que procuran asegurar la eficacia de la decisión que pudiera recaer en el asunto o proteger provisionalmente los intereses involucrados cuanto estos requieren protección urgente y siempre que existiesen elementos de juicio que lo justifiquen.

SÉPTIMO: Que, la Resolución Exenta N° 610/2022, del SAG Coquimbo, que fundamenta la suspensión del procedimiento administrativo de subdivisión a que se refiere la motivación precedente, aparece, de su análisis y lectura como un acto administrativo fundado, teniendo en especial consideración que, por una parte, el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones dispone en su inciso primero que: “Fuera de los límites urbanos establecidos en los Planes Reguladores no será permitido abrir calles, subdividir para formar poblaciones, ni levantar construcciones, salvo aquellas que fueren necesarias para la explotación agrícola del inmueble, o para las viviendas del propietario del mismo y sus trabajadores, o para la construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de 1.000 unidades de fomento, que cuenten con los requisitos para obtener el subsidio del Estado” y que en su inciso segundo prescribe: “Corresponderá a la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo respectiva cautelar que las subdivisiones y construcciones en terrenos rurales, con fines ajenos a la agricultura, no originen nuevos núcleos urbanos al margen de la Planificación urbana intercomunal”.

OCTAVO: Que, el artículo 5° de la Ley N° 18.575, dispone en su inciso segundo que “Los órganos de la Administración del Estado deberán cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones”, de forma tal que, dada la naturaleza del asunto de fondo que dice relación con una solicitud de subdivisión de un predio rústico resulta coherente, conforme a la ley, la existencia de un procedimiento en que otros órganos del Estado, con competencia en materia de planificación urbana y uso del suelo agrícola sean, al menos, escuchados en el ámbito propio de su competencia para efectos de determinar si, en definitiva, una SPR puede importar o no una infracción a la ley, al marco normativo que regula el uso del suelo o que, eventualmente, importe generar una infracción al citado artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones o, incluso, que en definitiva se pueda estar frente a un eventual delito de loteo irregular contemplado en el artículo 138 del mismo cuerpo legal.

NOVENO: Que, determinado el marco normativo antes analizado, cabe entonces abocarse, primeramente, a analizar si el SAG, al dar aplicación en procedimiento administrativo incoado para obtener la SPR a la Circular N°475/2022, ya singularizada, ha incurrido en una acción u omisión calificable de ilegal o arbitraria. Es efectivo que la Resolución Exenta N° 3.904, de fecha 24 de mayo de 2019, del Ministerio de Agricultura determina el procedimiento administrativo para expedir certificados de subdivisión de predios rústicos a que se refiere el Decreto Ley Nº 3.516 de 1980, procedimiento que consta de dos fases o etapas. La primera etapa (etapa I) comprende determinar por parte del SAG, si la solicitud cumple con los requisitos para certificar la subdivisión de predios rústicos, cuya revisión de los antecedentes acompañados estará a cargo de los funcionarios de la unidad de Protección de los Recursos Naturales Renovables del nivel regional o sectorial con apoyo de la Unidad Jurídica Regional, según corresponda, quienes procederán a verificar: 1.- Que el expediente de la solicitud cumpla con todos los requisitos señalados en este documento; 2.- Que los antecedentes resulten coherentes entre sí, y 3.- Que el solicitante haya pagado la tarifa correspondiente. Terminada dicha etapa, luego del pago de la tarifa respectiva, se abre la etapa II que comprende principalmente determinar por parte del SAG, si los planos presentados cumplen con los requisitos para certificar la subdivisión de predios rústicos solicitada por el usuario y la revisión de los aspectos que la resolución singulariza. Culmina ambas etapas se dicta el certificado de subdivisión con el formato establecido en el mismo documento.

DÉCIMO: Que, en el caso concreto, el procedimiento referido quedó suspendido en su etapa I, luego del pago de los derechos, de forma que la etapa II no ha transcurrido, dándose aplicación a la Circular N° 475/2022 y, procediendo conforme lo permiten los artículos 9 y 32 de la Ley N° 19.880 a suspender el procedimiento mientras se recaban la opinión de otros órganos del Estado y de la Administración, ello en base al citado principio de coordinación a que se ha hecho referencia, a fin de analizar la SPR del recurrente, ello, justamente, a fin de velar por la adecuada aplicación de la normativa legal y reglamentaria en la materia en relación al uso del suelo y evitar que, por vía de tal solicitud, se infrinja la misma o, en definitiva, se creen verdaderos núcleos urbanos en terrenos agrícolas en infracción al artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y al propio D.L. N° 3.516, dado que conforme lo dispone el artículo 1° del referido cuerpo legal: “Los predios resultantes de una subdivisión quedarán sujetos a la prohibición de cambiar su destino en los términos que establecen los artículos 55° y 56° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones” y, por otro, en razón que la prohibición de uso de cambio del suelo o del destino, conforme se desprende del mismo cuerpo legal, no es meramente formal, sino también cuando ello se hace de facto, atendiendo lo que dispone el artículo 2° del mismo al establecer que: “Quienes infringieren lo dispuesto en el presente decreto ley, aun bajo la forma de comunidades, condominios, arrendamientos o cualquier otro cuyo resultado sea la destinación a fines urbanos o habitacionales de los predios señalados en el artículo primero, serán sancionados con una multa a beneficio fiscal, equivalente al 200% del avalúo del predio dividido, vigente al momento de pagarse la multa”.

UNDÉCIMO: Que, como se desprende, el SAG, en el ámbito concreto de su competencia, debe dar aplicación al referido D.L. N° 3.516, actuando coordinadamente con otros organismos del Estado y de la Administración a fin de procurar el cumplimiento de la normativa que regula esta materia, lo cual, evidentemente, dado el principio de legalidad, puede hacerlo en el curso del procedimiento administrativo que regula el otorgamiento de una SPR, más atendiendo a que, como ocurre en el caso concreto, no se está frente un acto administrativo afinado, sino trámite en atención a que, justamente, no ha habido pronunciamiento definitivo de la solicitud y, por tanto, no se está ante un acto administrativo final, de forma tal que, en la especie, no existe infracción al artículo 52 de la Ley N° 18.880, por cuanto, no se ha dado aplicación retroactiva a la Circular N° 475/2022, tantas veces citada, en razón que el procedimiento administrativo estaba en curso al momento de determinarse su aplicación, sin que la fecha de ingreso anterior permita sostener su falta de aplicación, justamente en razón de estar frente a un acto trámite.

DUODÉCIMO: Que, como se analiza, no se observa en el actuar del SAG o de alguno de sus funcionarios, una acción u omisión ilegal o arbitraria que amenace o lesione alguno de los derechos fundamentales alegados por el recurrente, especialmente el derecho de propiedad, garantía que, hasta el momento, se mantiene incólume, al igual que la de igualdad ante la ley y el del debido proceso, todos alegados como afectados, por cuanto, por una parte, la tanta veces referida Circular N° 475/2022 se aplica a todas las solicitudes de SPR ingresadas desde que entró en vigencia y, por otro, en razón que no existe una aplicación retroactiva del mismo que haya afectado el debido proceso administrativo, el cual, en todo caso, tampoco fue impugnado por vía administrativa justamente considerando que se está ante un procedimiento en tramitación y no ante un acto administrativo terminal. Cosa distinta podría ser, en caso de mantenerse la suspensión del procedimiento por un plazo que excediera los 6 meses y no existiera pronunciamiento alguno sobre la SPR, dado que si bien efectivamente en este momento existe una suspensión del procedimiento adoptado por la Resolución Exenta N° 610/2022, del SAG Coquimbo, esa suspensión no podría mantenerse indefinidamente, dado que ello si implicaría una amenaza al ejercicio del derecho de propiedad sobre el predio cuya subdivisión se solicita y, no habiendo un plazo determinado que limite la suspensión decretada como medida provisional, parece razonable que ello no puede exceder el plazo a que se refiere el artículo 27 de la Ley N° 19.880, considerando que el propio artículo 32 del texto legal referido dispone que: “No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados, o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes”.

DÉCIMO TERCERO: Que, como se viene analizando, forzoso resulta rechazar el recurso de protección deducido en razón de no existir, en el caso concreto, una acción u omisión ilegal o arbitraria del SAG en la tramitación de la solicitud subdivisión predial rural de la actora y recurrente, siendo, por tanto, innecesario el análisis de los restantes requisitos de procedencia de la acción de protección.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don Hugo del Campo Venegas, abogado, en representación de ALMOY SPA., en contra del Servicio Agrícola y Ganadero Región de Coquimbo.

Redacción del abogado integrante, señor Enrique Labarca Cortés.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 6176-2022 (Protección).

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por la Ministra interina señora Ingrid Castillo Fuenzalida, la Fiscala Judicial señora nombre reservado y el abogado integrante señor Enrique Labarca Cortes. No firma la señora nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por haber cesado en su cometido.

En La Serena, a veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.